El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el proceso electoral de 2025. De los 13 mil millones de pesos solicitados, el presupuesto quedó reducido a 7 mil millones, lo que ha llevado a su presidenta, Guadalupe Taddei, y a la consejera Claudia Zavala a expresar preocupación por las posibles consecuencias.
Las declaraciones de Guadalupe Taddei
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, subrayó que el Instituto cumplirá con su mandato constitucional a pesar de los ajustes, aunque señaló que las condiciones de las votaciones cambiarán debido a la reasignación presupuestal. En sus propias palabras:
“También con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso para que se nos haga una ampliación presupuestaria, si así se requiere. No dejará el Instituto de hacer absolutamente ningún esfuerzo por cumplir con este mandato constitucional.”
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | ¡Los que pagan el precio siempre son los mexicanos!: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del #INE, anuncia que, como no le dieron todo el presupuesto que solicitó para la elección judicial, recortará el número de casillas electorales. pic.twitter.com/wf9pQmi1As
Taddei explicó que, de los recursos recortados, 4 mil millones de pesos estaban destinados de manera precautoria para consultas populares, mismas que no han sido solicitadas. A pesar de esto, indicó que el ajuste impactará en la instalación de las 172 mil casillas y la contratación de 52 mil supervisores y capacitadores electorales, ya que el presupuesto ahora es considerablemente menor al solicitado inicialmente.
“La cantidad prevista para ello implicaba el otro presupuesto. El Instituto tendrá que hacer una revisión de su propia estructura de proyectos para ver en cuáles vamos a dar prioridades o no vamos a dar prioridades.”
Taddei enfatizó que las áreas técnicas del INE ya están trabajando para ajustar los planes y cumplir con el mandato constitucional de organizar las elecciones, aunque bajo nuevos parámetros financieros.
¿Prioridades mal definidas o presupuesto inflado?
Las declaraciones de Taddei ponen al centro la necesidad real de los recursos solicitados por el INE. Por un lado, la reducción presupuestal refleja un llamado a la austeridad en un proceso electoral atípico, en el que no habrá participación de partidos políticos. Por otro lado, el discurso del organismo sugiere que sin un aumento presupuestario, se podrían afectar aspectos clave del proceso.
La solicitud inicial de 13 mil millones de pesos, que incluía 4 mil millones precautorios para consultas populares inexistentes, ha sido señalada como excesiva. El recorte podría ser una oportunidad para que el INE reorganice sus prioridades y optimice recursos en beneficio de los ciudadanos.
¿Recuerdan a Patricia Aguayo?. Ella fue una de las más aferradas opositoras de la Reforma al Poder Judicial de la Federación y ya sabemos cómo terminó eso, el Pueblo de México y la 4T triunfó. Al ver perdido su principal objetivo, Aguayo pensó que sería una buena idea postularse para participar en la Elección Judicial de junio del 2025.
Según ella reunía todos los requisitos, pero no contaba con su falta de pericia en asuntos tan cotidianos como comprimir archivos PDF, entonces argumentó que al no saber hacerlo se le fue el tiempo límite para subir los archivos necesarios para su registro a través de la plataforma del Poder Judicial. Rechazada y humillada, interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aguayo pensaba que con una rabieta bastaría y ya se veía haciendo campaña para ser la persona juzgadora que México esperaba, pero otra vez falló. El TEPJF desechó su queja pues, créanlo o no, Patricia Aguayo olvidó firmar los documentos enviados junto a su queja. Esta señora tiene serios problemas de pericia documentativa.
El Magistrado Felipe Fuentes planteó declarar improcedente la queja de Aguayo, debido a la torpeza de la supuesta líder de los trabajadores del Poder Judicial; en su defensa salió el magistrado calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, obviamente, él dijo que sí podría ser procedente la queja y pues que aunque no haya cumplido los requisitos, merecía una ¡tercera oportunidad!
En fin, que por unanimidad el TEPJF mandó a la goma la queja de Aguayo, así que Patricia queda fuera de la Elección Judicial. Adoro los finales felices.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó los pasos del mecanismo para el proceso de elección de personas juzgadoras en el marco de la elección extraordinaria de 2025.
Se destacó que el 14 de diciembre es la fecha límite para verificar si los aspirantes inscritos en el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo cumplen con los requisitos establecidos. El 15 de diciembre se publicará el listado oficial de quienes podrán participar, y el 31 de enero de 2025 se determinará qué personas estarán habilitadas para la elección.
#MañaneraDelPueblo | La presidente @Claudiashein explicó que a más tardar el 14 de diciembre se verificará que las personas registradas en el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo cumplan con los requisitos de elegibilidad, para que el 15 de diciembre se publique el listado de… pic.twitter.com/QLRZIRH8ko
Restricciones en el financiamiento y sobre los legisladores interesados
Sheinbaum también señaló que los aspirantes podrán utilizar los medios públicos gubernamentales para sus campañas, pero no tendrán acceso a financiamiento por parte de empresas o particulares.
En cuanto a los legisladores que inicialmente decidieron no participar y ahora buscan hacerlo, Arturo Zaldívar indicó que no se ampliará el plazo de inscripción, dado que sería injusto para quienes cumplieron en tiempo y forma. Sin embargo, señaló que se revisará su proceso.
Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, informó desde Palacio Nacional que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo registra un avance del 84% en la verificación de requisitos de elegibilidad de las personas aspirantes para la elección de jueces, magistrados y ministros. Este proceso busca garantizar la transparencia y profesionalismo en el que será el nuevo sistema judicial al servicio del pueblo mexicano.
De acuerdo con Zaldívar, se han inscrito 18,447 personas al Comité de Evaluación, de las cuales ya se han revisado 15,533 expedientes, quedando 2,914 pendientes por analizar.
Sobre los expedientes evaluados, el coordinador detalló lo siguiente:
Personas elegibles: 8,626
Personas descartadas: 5,796
Expedientes en observación: 1,112
Este trabajo corresponde a los aspirantes que participarán en la elección extraordinaria de 2025, un evento clave para la consolidación de la Reforma Judicial.
Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, destacó que los Congresos estatales ya están avanzando en las reformas necesarias para armonizar la Reforma al Poder Judicial con las constituciones locales. Esto representa un paso crucial para garantizar la aplicación uniforme de los cambios en todo el país.
En otro intento más por frenar lo imparable, la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa con sede en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, emitió el primer amparo para invalidar la Reforma al Poder Judicial.
Aunque el proceso rumbo a la Elección Judicial 2025 ya inició y de hecho culminó la etapa de registro de aspirantes a candidaturas de personas juzgadoras, la jueza Ruiz Márquez concedió un amparo a 8 miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), los que impugnaron la Reforma impulsada por el Pueblo de México y la supermayoría de la 4T en el Poder Legislativo.
La jueza Ruiz Márquez justificó su decisión asegurando que durante el proceso de aprobación hubo “vicios” como la coacción y el soborno.
Esto produjo un ‘efecto corruptor’, en la forma en que lo denomina la parte quejosa, o un condicionamiento de la percepción global e individual de las personas integrantes del cuerpo legislativo, que provoca la nulidad del procedimiento legislativo”, argumentó.
También aseguró que desde el Poder Ejecutivo se implementó una campaña de ataques contra las personas juzgadoras que se expresaron en defensa de sus privilegios, como los altos salarios, la absurda bolsa de beneficios a través de todo tipo de prestaciones, los fideicomisos millonarios, entre otros.
… (la reforma) se desarrolló en un marco de ataques sistemáticos del Poder Ejecutivo en contra del Judicial, financiado con recursos públicos y mediante canales oficiales de comunicación”, sentenció.
Finalmente denunció la falta de reconocimiento de elementos de la Constitución, lamentando que el Poder Judicial haya perdido independencia. Todas estas palabras no son nuevas, es lo que hemos venido escuchando de voz de la oposición desde hace un año. Ellas y ellos se resisten a transformar el Poder Judicial en uno que deje de estar al servicio de intereses del poder económico y las élites, para pasar a ser uno que en verdad garantice la justicia para el Pueblo de México.
Se trata del primer amparo contra la Reforma al Poder Judicial, tras la serie de suspensiones otorgadas por juezas y jueces, en desesperación por conservar sus privilegios, de todo el país.
Lenia Batres, mejor conocida como la “Ministra del Pueblo”, destrozó el informe ofrecido por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien a pesar de haber fracasado en todos los intentos por conservar sus privilegios, insiste en dejar en claro su postura contra la Transformación emprendida por el Pueblo de México.
Piña presentó su último informe anual de labores en sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó – inclusive de manera violenta- cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, se quejó Norma Piña.
Fue entonces que la Ministra del Pueblo respondió, lo hizo respetando los espacios y protocolos, así que decidió publicar un certero comentario en la red social X, donde todas y todos pueden leerlo y compartirlo.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN: Ninguna información de acciones jurisdiccionales. Mensaje de oposición política. Negación democrática. Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”, escribió la ministra Lenia Batres en su cuenta de la red social X.
Y el Pueblo siempre da la razón a quien la tiene, pues a pesar de las infundadas denuncias de “persecución política” emitidas por Piña, la gente reaccionó apoyando la respuesta de Batres.
… frente a decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’”, acusó Piña.
Bueno, efectivamente eso es lo que piensa el Pueblo de México de la ministra Norma Piña y sus secuaces. Por eso exigieron, impulsaron y apoyaron la Reforma al Poder Judicial, misma que surtirá sus primeros resultados en junio del 2025 cuando se lleve a cabo la Elección Judicial, que acabará con décadas de personas juzgadoras al servicio del poder económico y de otros intereses ajenos a los prioritarios para las mexicanas y mexicanos.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN:
Ninguna información de acciones jurisdiccionales.
Mensaje de oposición política.
Negación democrática.
Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (CEPL) ha anunciado este 7 de diciembre el listado preliminar de 10 mil 959 aspirantes que participarán en el proceso electoral del próximo 1 de junio de 2025. Este evento será clave para renovar diversas posiciones en la estructura judicial del país, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de diversas instancias.
El registro oficial de aspirantes cerró el pasado 24 de noviembre, habiendo recibido 11 mil 646 solicitudes a través de su portal, además de 258 expedientes físicos entregados en la Oficialía de Partes del Congreso y más de 15 mil correos electrónicos. Tras un exhaustivo análisis que priorizó la paridad de género, la inclusión, la accesibilidad, el profesionalismo, la ética y la transparencia, el comité depuró las solicitudes y determinó el listado preliminar de participantes que ahora se someterán a una nueva fase de evaluación.
Entre los nombres que figuran en esta etapa destacan personajes reconocidos como Jaime Cárdenas Gracia, quien fuera consejero electoral, y Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. También sobresalen aspirantes con trayectorias diversas, como Estela Fuentes Jiménez, actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; Paula María Villegas Sánchez Cordero, diputada de Morena e hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero; y Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón.
El listado definitivo será dado a conocer el próximo 15 de diciembre, una vez que se compruebe que todos los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y legales necesarios. A partir de entonces, se procederá a evaluar la idoneidad de los aspirantes para ocupar los diversos cargos contemplados por la reforma al Poder Judicial.
Este proceso será particularmente relevante debido a la magnitud de los cargos a elegir, que incluyen nueve ministros de la SCJN, cinco magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quince magistrados regionales en diferentes sedes del país, así como 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
La jornada del 1 de junio de 2025 marcará un hito en la historia judicial del país, no solo por la cantidad de puestos que se renovarán, sino por el énfasis en garantizar un proceso basado en principios de equidad y transparencia.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se quedó prácticamente sola durante la inauguración de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Con el telón de fondo de la exitosa convocatoria de la 4T para registrarse en el proceso de selección de candidaturas para la Elección Judicial, los que antes se apiñaban por un saludo de Norma Piña, hoy brillaron por su ausencia en el evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo.
El hecho de que muchos de los Magistrados y Jueces integrantes de esta Asociación que en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto, ahora es patente su ausencia, naturaleza humana”, chilló la ministra Piña.
Los únicos que sí acompañaron a la desolda, derrotada y triste Piña, fueron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek, así como la y el consejero de la Judicatura Federal: Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez.
La ministra presidenta, advirtió que ella y los pocos amigos que le quedan en el Poder Judicial, son víctimas de una narrativa que ha convertido la mentira en verdad, dijo, y que la Reforma por la que han perdido sus privilegios es parte de la “post verdad” que se vive actualmente en México. Luego no le quedó más que aceptar la real y contundente verdad y aceptó que habrá una Elección Judicial el próximo año.
Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, por el bien de la sociedad a la que servimos, y que sea mejor que el que ahora tenemos”, deseó Piña.
En fin, ya es más que obvio que el incipiente liderazgo que ostentaba Norma Piña, se ha diluido por completo. No supo defender sus privilegios, pero sobre todo no supo pasarse al lado correcto de la historia, acompañando al pueblo de México en su proceso transformador.
Carlos Loret de Mola, conocido por sus opiniones críticas hacia el gobierno actual, volvió a generar polémica tras publicar una columna donde acusó que la reforma al Poder Judicial es producto de un supuesto “fraude electoral”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con una amplia mayoría de usuarios señalándolo por desinformar y manipular sobre un proceso que calificaron como legítimo y democrático.
En su texto, Loret aseguró que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, contemplada en la reforma judicial, es una estrategia de Morena basada en “prácticas mafiosas y mañosas”. Argumentó que se ha manipulado la campaña, que hubo acarreo masivo de aspirantes y que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) será recortado para afectar los resultados. Además, señaló una supuesta cooptación de órganos electorales y compra de votos en el Senado, lo que calificó como un “fraude de Estado”.
Sin embargo, en redes sociales, muchos usuarios desmintieron al periodista, acusándolo de tergiversar los hechos para atacar al gobierno y la reforma. “Los va a elegir la gente, no Morena, no el PAN, ni los jueces, ni Claudio X…. Los fachos, o sea ustedes, son subnormales…”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “Ya las columnas de Carlitos son una basura, bueno, siempre lo han sido, solo que ahora son mucho peores.”.
Los comentarios también señalaron que Loret tiene antecedentes de desacreditar procesos democráticos en beneficio de agendas políticas particulares. Algunos recordaron que el periodista ha sido relacionado con campañas mediáticas polémicas, como el montaje del caso Florence Cassez. “Ya deberias de estar bien guardadito en el bote por mentiroso y corrupto…”, publicó un usuario, reflejando el sentir de muchos en la plataforma.
Lejos de aportar un análisis objetivo, los críticos de Loret de Mola consideran que sus columnas están diseñadas para sembrar desconfianza en las instituciones democráticas y desacreditar cualquier avance promovido por el actual gobierno. Las respuestas en redes enfatizaron que la reforma judicial busca transparentar la elección de jueces y dar voz directa a la ciudadanía en la designación de cargos clave del sistema de justicia.
