Etiqueta: Emilio Lozoya

  • FGR busca revertir amparo de Gilda Lozoya por presunto lavado ligado a Agronitrogenados

    FGR busca revertir amparo de Gilda Lozoya por presunto lavado ligado a Agronitrogenados

    La hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya enfrenta una investigación por operaciones con recursos ilícitos relacionadas con 3.4 millones de dólares; permanece en libertad mientras continúa el proceso.

    La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión definitiva concedida a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra su vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.

    El recurso será revisado por un tribunal colegiado, que deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución. Mientras se resuelve la controversia sobre el amparo, un juez ordenó suspender el procedimiento correspondiente, por lo que la audiencia constitucional prevista para el 29 de octubre queda sujeta a la decisión judicial.

    Gilda Susana promovió el amparo el 29 de julio contra el auto de vinculación a proceso dictado el 7 de julio de 2026, dentro de la causa penal 211/2019. En agosto, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire le concedió la medida cautelar, aunque posteriormente se declaró incompetente y remitió el expediente a otro juzgado federal.

    La investigación sostiene que, en 2012, se habrían lavado 3.4 millones de dólares que Emilio Lozoya presuntamente recibió como soborno de Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para favorecer la adquisición de Agronitrogenados por parte de Pemex. La FGR acusa a Gilda Susana de conocer y participar presuntamente en las operaciones; sin embargo, las imputaciones deberán acreditarse durante el proceso judicial.

    La jueza de control Nora Ileana García Peralta la vinculó a proceso al considerar que había elementos para investigarla, pero le permitió continuar en libertad con medidas cautelares. La juzgadora señaló que la Fiscalía no acreditó haber agotado durante los tres años previos acciones para localizarla o citarla, ni presentó elementos suficientes para justificar la prisión preventiva. Lozoya Austin fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

    Con la impugnación, la FGR busca que se revise la protección judicial otorgada a la imputada. El caso sigue abierto y no existe una sentencia que determine la responsabilidad penal de Gilda Susana Lozoya por los hechos investigados.

  • SCJN revisará pruebas bancarias de Suiza contra Emilio Lozoya

    SCJN revisará pruebas bancarias de Suiza contra Emilio Lozoya

    La Corte analizará si los registros bancarios enviados desde Suiza pueden utilizarse como prueba en el proceso contra el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Emilio Lozoya Austin para determinar si los registros bancarios enviados desde Suiza pueden ser utilizados como pruebas dentro del proceso penal que enfrenta el exdirector de Pemex. El tema central será establecer si esos documentos requerían control o autorización judicial en México para ser admitidos.

    Los registros financieros habían sido excluidos durante la etapa intermedia del proceso, después de que la defensa de Lozoya argumentara que su incorporación vulneraba derechos relacionados con la privacidad y el secreto bancario. Ante esa resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión y solicitó que la SCJN ejerciera su facultad de atracción.

    La Corte deberá determinar si la información obtenida mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre México y Suiza cumple con los requisitos para ser considerada prueba en territorio mexicano, o si además era necesario contar con una autorización judicial previa. La decisión podría definir el futuro de una parte central de la acusación contra Lozoya.

    La FGR acusa a Lozoya de haber recibido más de 10.5 millones de dólares en presuntos sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente durante su gestión al frente de Pemex. De acuerdo con la acusación, los recursos habrían sido canalizados mediante empresas y cuentas bancarias en distintos países, entre ellos Suiza.

    Los documentos financieros que ahora revisará la SCJN incluyen información sobre cuentas vinculadas con empresas relacionadas con familiares de Lozoya y transferencias atribuidas a Odebrecht. Si la Corte determina que las pruebas son válidas, el proceso podrá continuar con esos elementos; si establece que no pueden utilizarse, la FGR tendría que enfrentar el juicio sin esa parte de su evidencia. La resolución no implica por sí misma una condena contra el exfuncionario.

  • SCJN deja a Lozoya sin mansión de 51.7 mdp; propiedad pasará al Estado

    SCJN deja a Lozoya sin mansión de 51.7 mdp; propiedad pasará al Estado

    La Suprema Corte cerró la última vía legal del exdirector de Pemex para conservar el inmueble de Lomas de Bezares, cuya adquisición fue señalada por la FGR por presunto uso de recursos ilícitos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el revés para Emilio Lozoya Austin y dejó firme la extinción de dominio de una mansión ubicada en Lomas de Bezares, valuada en 51.7 millones de pesos, por lo que el inmueble quedará definitivamente en manos del Estado mexicano.

    El máximo tribunal desechó el recurso de revisión presentado por la defensa del exdirector de Pemex para impugnar la sentencia que permitió recuperar la propiedad. La Corte determinó que el recurso no planteaba una cuestión novedosa de interpretación constitucional que justificara su análisis, con lo que se agotó la última instancia legal para intentar frenar el procedimiento.

    El litigio comenzó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso para recuperar la residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Residencial La Retama, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Fiscalía sostuvo que el inmueble habría sido adquirido con recursos de procedencia ilícita y vinculó el dinero utilizado en la operación con la venta a sobreprecio de una planta durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

    Aunque una jueza federal inicialmente rechazó la acción de extinción de dominio, la FGR impugnó y logró que un tribunal revocara esa determinación. Posteriormente, Lozoya promovió un amparo, pero su intento también fue rechazado. En mayo pasado, la Fiscalía informó que la resolución favorable a la recuperación del inmueble había quedado firme; ahora, la decisión de la SCJN pone punto final al litigio.

    El caso se suma a otro golpe judicial contra el patrimonio relacionado con el exfuncionario. En marzo pasado, un tribunal federal determinó que una propiedad de Marielle Helene Eckes, exesposa de Lozoya, ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, también pasara a la Federación. La FGR señaló que ese inmueble habría sido adquirido con dinero proveniente de sobornos vinculados al caso Odebrecht.

  • Niegan amparo a hermana de Emilio Lozoya y sigue latente posible captura

    Niegan amparo a hermana de Emilio Lozoya y sigue latente posible captura

    La FGR mantiene abiertas investigaciones contra Gilda Susana Lozoya por presunta asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

    Un juez de distrito negó la suspensión definitiva solicitada por Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para evitar una eventual orden de aprehensión o presentación relacionada con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

    La hermana del exfuncionario promovió el pasado 12 de agosto un juicio de amparo “buscador”, con el objetivo de conocer si la Fiscalía había solicitado su captura dentro de una carpeta relacionada con el caso Odebrecht. Sin embargo, el juzgado resolvió en su contra, aunque todavía puede impugnar la decisión ante un tribunal colegiado.

    Gilda Susana Lozoya se encuentra vinculada a proceso por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a su presunta participación en movimientos de dinero relacionados con recursos que habría recibido Emilio Lozoya del empresario Alonso Ancira, en el contexto de la operación de Agronitrogenados, empresa vendida a Pemex a sobreprecio.

    El caso también permanece activo por las investigaciones sobre Odebrecht, en las que están involucrados Emilio Lozoya y su madre, Gilda Margarita Austin y Solís. Durante una audiencia celebrada en julio, el Ministerio Público Federal informó que existe una nueva carpeta de investigación contra Gilda Susana, actualmente en trámite y pendiente de judicialización.

    De acuerdo con la FGR, Emilio Lozoya habría recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht entre 2010 y 2014. La Fiscalía sostiene que una cuenta utilizada para esas operaciones también fue empleada en movimientos relacionados con Agronitrogenados y era manejada por Gilda Susana Lozoya.

  • Huachicol fiscal viene del PRIAN, acusa Ariadna Montiel

    Huachicol fiscal viene del PRIAN, acusa Ariadna Montiel

    La líder de Morena responsabilizó al PRI y al PAN por abrir la puerta a la importación irregular de combustibles desde 2013.

    La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó este martes que el contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal tiene su origen en la reforma energética que impulsaron el PRI y el PAN. Durante su conferencia de prensa, explicó que esa reforma abrió la puerta a la importación de hidrocarburos por parte de empresas privadas.

    Montiel recordó que el 12 de diciembre de 2013 se aprobaron cambios constitucionales que permitieron negocios privados bajo el amparo del poder público. Según su versión, esa modificación vulneró la soberanía energética del país y benefició a particulares por encima del interés nacional.

    La dirigente morenista señaló que desde 2008 Felipe Calderón ya buscaba privatizar la industria energética. Ese intento se frenó gracias a la resistencia del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, liderado entonces por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presidenta de México.

    Montiel afirmó que en 2013 su movimiento exigió una consulta popular sobre la reforma energética, petición que nunca se concretó. Aseguró también que el PRI y el PAN utilizaron corruptelas y sobornos para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

    La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena mencionó las declaraciones del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, quien señaló a Ricardo Anaya por recibir dinero para inclinar el voto panista. Con estas palabras, Montiel reforzó su narrativa sobre una red de corrupción que involucra a ambos partidos.

    Además, la funcionaria detalló que Enrique Peña Nieto otorgó mil 377 permisos de importación de hidrocarburos durante su gobierno. Entre los beneficiarios figuró Ingemar, empresa vinculada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

    López Obrador canceló ese permiso por irregularidades detectadas en su administración. No obstante, el Poder Judicial de entonces otorgó un amparo que permitió a la empresa continuar operando pese a las observaciones.

    Montiel indicó que actualmente existen 96 pruebas contra estas compañías, expediente que mantiene a Ruffo Appel en prisión. Calificó estas prácticas como parte de una trama de corrupción construida por el PRI y el PAN durante años de gobierno.

    La dirigente morenista rechazó que los señalados se asuman como perseguidos políticos ante las acusaciones en su contra. Insistió en que se trata de responsables directos de delitos comprobados y no de víctimas de persecución.

    Finalmente, Montiel informó que el partido continúa con sus asambleas informativas por la defensa de la transformación. Precisó que hasta ahora se han realizado 2 mil 124 reuniones en distintos puntos del país.

  • Juez otorga suspensión definitiva a Gilda Lozoya en caso Agronitrogenados

    Juez otorga suspensión definitiva a Gilda Lozoya en caso Agronitrogenados

    La FGR mantiene la posibilidad de impugnar el fallo ante un tribunal colegiado federal.

    Un juez federal concedió este miércoles una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex Emilio Lozoya. La medida protege a la implicada frente a su vinculación a proceso.

    Lozoya Austin presentó el amparo el pasado 29 de julio ante el juzgado octavo de distrito en materia penal de la Ciudad de México. Impugnó ahí el auto de vinculación dictado el 7 de julio de este año.

    El juez Rubén Darío Noguera Gregoire resolvió el incidente de suspensión a favor de la quejosa. Sin embargo, no reveló públicamente el alcance completo de esta medida cautelar.

    La Fiscalía General de la República conserva la opción de impugnar esta determinación judicial. El caso podría entonces trasladarse a un tribunal colegiado para su revisión final.

    La jueza de control Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Lozoya Austin el mes pasado. Consideró que existían elementos suficientes para investigar su participación en el caso.

    La Fiscalía la imputó por presuntamente conocer y participar en el lavado de 3.4 millones de dólares en 2012. Ese dinero llegó como soborno de Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex.

    Pese a vincularla a proceso, la jueza García Peralta permitió que Lozoya Austin continuara el caso en libertad. Argumentó que la Fiscalía no demostró haber buscado su paradero durante los últimos tres años.

    Las autoridades detuvieron a Gilda Susana Lozoya el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La captura respondió a una orden de aprehensión emitida previamente en su contra.

  • Gilda Lozoya promueve amparo por filtración de imágenes tras su captura

    Gilda Lozoya promueve amparo por filtración de imágenes tras su captura

    La hermana de Emilio Lozoya acusa que la publicación de fotografías y videos de su detención vulneró su presunción de inocencia, mientras enfrenta un proceso por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de Agronitrogenados.

    Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, promovió un nuevo juicio de amparo para denunciar la presunta filtración de imágenes, videos e información confidencial difundida tras su detención, ocurrida el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La defensa sostiene que la difusión del material por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) violó sus derechos fundamentales y el debido proceso.

    La demanda fue presentada el 24 de julio ante un juzgado federal en materia penal. Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire otorgó a la quejosa un plazo de cinco días para precisar los actos que pretende impugnar; de no hacerlo, el recurso será desechado. El juzgador solicitó que detalle, bajo protesta de decir verdad, los hechos relacionados con la supuesta actuación irregular de las autoridades.

    El caso de Gilda Lozoya está vinculado a la investigación por la compra irregular de Agronitrogenados. A principios de julio, la FGR la imputó por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que conocía y colaboró en el movimiento de 3.4 millones de dólares que, según la acusación, recibió Emilio Lozoya como soborno del empresario Alonso Ancira, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), para concretar la adquisición de la planta por parte de Pemex en 2012.

    Aunque una jueza federal la vinculó a proceso, determinó que enfrentara el procedimiento en libertad condicional, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgo de fuga ni demostró haber agotado previamente mecanismos para citarla voluntariamente ante la autoridad. La detención fue considerada legal, pero no existieron elementos suficientes para imponerle prisión preventiva.

    El abogado Alejandro Rojas Pruneda aseguró que la difusión de las imágenes de su representada esposada y custodiada por agentes federales constituye una violación a la presunción de inocencia, la protección de datos personales, la privacidad y el derecho de defensa. Sostuvo que la comparecencia de Gilda Susana pudo haberse realizado de forma voluntaria, sin necesidad de ejecutar una orden de aprehensión ni exhibir públicamente su captura.

    Mientras el proceso penal continúa, el nuevo amparo busca determinar si la actuación de la FGR durante y después de la detención vulneró derechos constitucionales, en un caso que forma parte de las investigaciones por uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con Pemex y Agronitrogenados.

  • Reactivan proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

    Reactivan proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

    Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados, tras casi tres años de suspensión de la causa.

    El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal emitió un fallo unánime que confirma la sentencia previa del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en la materia, el cual había negado a Emilio Lozoya la protección de un amparo.

    Con ello, la causa por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados retoma su curso.

    Integraron el fallo la magistrada Lorena Oliva Becerra, el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez y la secretaria en funciones de magistrada Guadalupe Rocío Neri Reynaga.

    Los magistrados determinaron que Emilio Lozoya no puede ampararse en el acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para librarse del proceso.

    Según la resolución de la magistrada Oliva Becerra, al firmar un acuerdo de cumplimiento diferido, Alonso Ancira optó por una obligación mancomunada y no solidaria, lo que significa que cada deudor responde solo por su parte de la reparación del daño; por lo tanto, el pago de Alonso Ancira no exime a Emilio Lozoya.

    El 31 de agosto de 2023, un juez de control federal del Reclusorio Norte suspendió el proceso contra Emilio Lozoya, argumentando que los 216 millones de dólares que Alonso Ancira pagaba como reparación del daño beneficiaban también al exfuncionario.

    La Fiscalía General de la República apeló esa decisión, señalando que la tesis aplicada no correspondía al caso y que Alonso Ancira solo había cubierto dos de los pagos acordados, faltando el 50% restante.

    En noviembre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación resolvió no ampararlo y ordenó continuar el procedimiento.

    La Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, por haber recibido en 2013 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a cambio de que Pemex adquiriera con sobreprecio la planta productora de fertilizantes.

    Tanto Emilio Lozoya como Alonso Ancira enfrentan cargos por lavado de dinero en este caso, que hasta ahora permanecía congelado.

  • FGR abre nueva investigación contra Gilda Lozoya por sobornos del caso Odebrecht

    FGR abre nueva investigación contra Gilda Lozoya por sobornos del caso Odebrecht

    La hermana de Emilio Lozoya es señalada por su presunta participación en la red de triangulación de recursos ilícitos; actualmente enfrenta otro proceso en libertad condicional.

    La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta participación en la red de sobornos del caso Odebrecht. De acuerdo con las investigaciones, habría obtenido beneficios económicos derivados de los recursos entregados por la constructora brasileña a cambio de contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    Según la FGR, Gilda Lozoya habría formado parte del esquema de triangulación y ocultamiento de dinero proveniente de los más de 10 millones de dólares que Odebrecht presuntamente entregó a Emilio Lozoya. Las autoridades sostienen que la indagatoria busca determinar si participó directamente en el lavado de esos recursos y en la obtención de beneficios económicos.

    Hasta el momento, no existe una imputación formal ni una orden de aprehensión por este nuevo expediente relacionado con Odebrecht. El abogado de Gilda Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, aseguró que la defensa únicamente tiene conocimiento del proceso penal que enfrenta su clienta por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados.

    En ese procedimiento, la FGR sostiene que Gilda Lozoya habría participado en el presunto lavado de aproximadamente 3.5 millones de dólares enviados por Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira. De acuerdo con las investigaciones, el dinero habría sido canalizado a través de la empresa Tochos Holding Limited, de la cual era beneficiaria, para adquirir una residencia de lujo en la Ciudad de México.

    Actualmente, la hermana de Emilio Lozoya lleva su proceso en libertad condicional, luego de que una jueza determinara que no era necesario imponer prisión preventiva. Sin embargo, permanece bajo estrictas medidas cautelares, entre ellas portar un dispositivo de geolocalización, entregar su pasaporte, no salir de la Ciudad de México ni del país y presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial.

  • Ancira sigue sin pagar 216 millones de dólares por caso Agronitrogenados, confirma la FGR

    Ancira sigue sin pagar 216 millones de dólares por caso Agronitrogenados, confirma la FGR

    Dos apelaciones pendientes frenan la reanudación del proceso penal contra el exempresario y Emilio Lozoya.

    La Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, todavía debe completar la devolución de 216 millones de dólares. Ese monto corresponde al fraude cometido durante la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.

    Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, le confirmó este pendiente esa misma mañana. El tercer y último pago de Ancira debía realizarse en diciembre de 2023, pero nunca llegó.

    En 2025 la FGR advirtió que retomaría el proceso penal contra el exempresario por este incumplimiento. Después, la dependencia explicó que un tribunal negó un amparo promovido por Emilio Lozoya, extitular de Pemex, el 18 de noviembre de ese año. Lozoya autorizó originalmente la compra de la planta durante su gestión.

    Ante esa negativa, Lozoya presentó un recurso de revisión. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió el caso el 19 de junio de 2026 y confirmó la decisión anterior. Aun así, dos procedimientos de apelación siguen pendientes en un tribunal colegiado, lo que impide avanzar contra Lozoya y Ancira.

    El origen del sobreprecio

    Un dictamen contable citado por la FGR reveló que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta. En cambio, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales calculó que una planta nueva costaría apenas 58 millones 335 mil 960 dólares.

    Esa diferencia generó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad fijada como reparación del daño. A petición de Ancira, las autoridades propusieron un acuerdo reparatorio por ese monto. El exempresario ofreció como garantía el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

    El Consejo de Administración de Pemex aprobó el acuerdo el 9 de febrero de 2021. Un Juez de Control lo ratificó el 19 de abril del mismo año. El convenio estableció tres pagos: el primero de 50 millones 040 dólares se cubrió en noviembre de 2021, y el segundo, de 54 millones 166 mil 10 dólares, se pagó en noviembre de 2022.

    Con esos dos abonos, Ancira cubrió 104 millones 166 mil 50 dólares en total. La tercera parcialidad, de 112 millones 497 mil 990 dólares, venció el 30 de noviembre de 2023 y quedó sin pagar.

    Las prórrogas y el amparo de Lozoya

    La FGR pidió reanudar el proceso penal el 5 de diciembre de 2023. Ancira solicitó entonces una prórroga y argumentó que un proceso de capitalización en su empresa le impidió cumplir con el pago.

    El Consejo de Administración de Pemex aceptó extender el plazo hasta noviembre de 2024. Un Juez de Control autorizó la medida en enero de ese año y, en marzo, se firmó un convenio modificatorio.

    Sin embargo, en junio de 2024 el juez decidió reservar la aprobación definitiva del convenio. La razón fue una suspensión derivada del amparo que Lozoya había promovido, ya que no podía cerrarse el caso mientras ese recurso siguiera activo.

    Tras la negativa del amparo en noviembre de 2025 y la confirmación del tribunal colegiado en junio de 2026, el camino legal parecía despejarse. Pero las dos apelaciones que aún están pendientes mantienen congelado el proceso penal contra ambos implicados.