Años después de la elección de 2012, el caso Odebrecht sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción política en México. Emilio Lozoya aseguró que más de 100 millones de pesos provenientes de la constructora brasileña fueron utilizados para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, revelando una trama de financiamiento ilícito.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó en agosto de 2020 una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que reveló que los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 fueron el doble de lo que hasta entonces se conocía públicamente.
Mientras que exdirectivos de Odebrecht habían confesado ante autoridades brasileñas haber transferido alrededor de 4 millones de dólares —equivalentes a unos 50 millones de pesos— a cuentas ligadas a Lozoya, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que la denuncia del exfuncionario señalaba un monto superior a los 100 millones de pesos. Ese dinero, según Lozoya, fue canalizado al pago de asesores electorales extranjeros que trabajaron para la campaña del entonces candidato priista.
En su declaración, Lozoya detalló que entre abril y junio de 2012, Odebrecht realizó siete transferencias por un total de 3 millones 150 mil dólares a una cuenta del banco suizo Gonet & Cte. Parte de ese dinero se destinó a 11 consultoras y firmas de asesores extranjeros vinculados a la campaña; el propio Lozoya admitió haberse quedado con cerca de 1.5 millones de dólares del remanente.
Los señalados en la denuncia son el propio expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes Lozoya identificó como los autores intelectuales de la operación. La FGR abrió carpeta de investigación y anunció el análisis de recibos, videos y testimonios aportados por el denunciante.
Un patrón que va más allá de Odebrecht
El caso Lozoya–Odebrecht no es un hecho aislado. La misma lógica de financiamiento ilícito de campaña a través de empresas extranjeras vuelve a aparecer en otro escándalo: en 2025, el diario israelí The Marker reveló que Peña Nieto habría recibido sobornos de hasta 25 millones de dólares de parte de empresarios israelíes a cambio de beneficiar a sus compañías con contratos gubernamentales. El expresidente negó las acusaciones, aunque el caso reavivó el debate sobre la opacidad del financiamiento político durante su administración.
Más allá del financiamiento de campaña, la declaración de Lozoya también reveló que entre 2013 y 2014 se distribuyeron alrededor de 120 millones de pesos adicionales para sobornar a legisladores del PAN y del PRI con el fin de garantizar los votos necesarios para la aprobación de la Reforma Energética. El mecanismo quedó documentado en videos en los que un funcionario de Pemex entregaba efectivo a operadores de senadores en oficinas de Montes Urales, en Ciudad de México.
Lo que emerge del conjunto de estas denuncias es un sistema de corrupción estructural: empresas extranjeras como proveedoras de fondos ilícitos; Pemex como eje de distribución; y funcionarios de alto nivel como intermediarios entre el dinero y el poder político. La FGR, hasta la fecha, no ha logrado judicializar ninguna condena en firme contra los principales implicados.
