La hermana de Emilio Lozoya acusa que la publicación de fotografías y videos de su detención vulneró su presunción de inocencia, mientras enfrenta un proceso por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de Agronitrogenados.
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, promovió un nuevo juicio de amparo para denunciar la presunta filtración de imágenes, videos e información confidencial difundida tras su detención, ocurrida el pasado 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La defensa sostiene que la difusión del material por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) violó sus derechos fundamentales y el debido proceso.
La demanda fue presentada el 24 de julio ante un juzgado federal en materia penal. Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire otorgó a la quejosa un plazo de cinco días para precisar los actos que pretende impugnar; de no hacerlo, el recurso será desechado. El juzgador solicitó que detalle, bajo protesta de decir verdad, los hechos relacionados con la supuesta actuación irregular de las autoridades.
El caso de Gilda Lozoya está vinculado a la investigación por la compra irregular de Agronitrogenados. A principios de julio, la FGR la imputó por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que conocía y colaboró en el movimiento de 3.4 millones de dólares que, según la acusación, recibió Emilio Lozoya como soborno del empresario Alonso Ancira, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), para concretar la adquisición de la planta por parte de Pemex en 2012.
Aunque una jueza federal la vinculó a proceso, determinó que enfrentara el procedimiento en libertad condicional, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgo de fuga ni demostró haber agotado previamente mecanismos para citarla voluntariamente ante la autoridad. La detención fue considerada legal, pero no existieron elementos suficientes para imponerle prisión preventiva.
El abogado Alejandro Rojas Pruneda aseguró que la difusión de las imágenes de su representada esposada y custodiada por agentes federales constituye una violación a la presunción de inocencia, la protección de datos personales, la privacidad y el derecho de defensa. Sostuvo que la comparecencia de Gilda Susana pudo haberse realizado de forma voluntaria, sin necesidad de ejecutar una orden de aprehensión ni exhibir públicamente su captura.
Mientras el proceso penal continúa, el nuevo amparo busca determinar si la actuación de la FGR durante y después de la detención vulneró derechos constitucionales, en un caso que forma parte de las investigaciones por uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con Pemex y Agronitrogenados.
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