La Fiscalía General de la República (FGR) condenó la actuación de las y los Jueces de Distrito y Magistrados Federales que, han evidenciado notoriamente su parcialidad y actuación ilegal a favor de Emilio Lozoya, y actuar en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
La institución federal señaló al Poder Judicial de desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional del artículo 133, al ser consideradas por un juez como no válidas por haberlas obtenido sin orden judicial.
Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio “L”, que artículos expresos de la legislación, le niegan. Cada vez es más evidente la conducta indebida.
Señaló la dependencia en un comunicado.
Al respecto, la FGR indicó que, constantemente se realizan acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las que incluso, señaló que, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto como legales estas acciones de colaboración.
Cabe recordar que, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el desechamiento de las pruebas presentadas por la FGR en contra de Emilio Lozoya por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, por no ser obtenidas
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue imputado por un delito en el caso Agronitrogenados. Este jueves 31 de agosto por la tarde, la defensa de Lozoya anunció que un juez había suspendido el caso para que Lozoya ya no tuviera que pagar la reparación de los daños.
La decisión la tomó Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal Norte. Este argumentó que Alejandro Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, ya comenzó a pagar la reparación de daños por un monto de al menos 216 millones de dólares.
Cabe recordar que Alejandro Ancira, quien fue detenido en Mallorca en 2019 y luego trasladado a una prisión en México en 2021 acusado de lavado de dinero por la venta inflada de una planta de Agronitrogenados a Pemex, donde Emilio Lozoya supuestamente aceptó un soborno de 3,55 millones de dólares para realizar el negocio.
Si bien el coste real de la operación se acercó a los 58 millones de dólares, se llevó a cabo con un monto de 278 millones de dólares. Ancira logró llegar a un acuerdo tras su extradición a México y se oficializó para poder salir de prisión y contribuir a la reparación de los daños.
“La postura de Emilio Lozoya ha sido la misma que desde hace tres años, que es la de colaborar con el estado mexicano para llegar a un acuerdo reparatorio en este caso. Después las cosas se fueron complicando y no se había materializado ese acuerdo, sin embargo, el día de hoy, pues de la causa se tomó una decisión acorde a los derechos humanos”, dijo Miguel Ontiveros, abogado defensor de Lozoya a la salida de esta audiencia.
Sólo queda pendiente el caso Odebrecht, y aunque las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre una cifra de reparación de daños, la defensa de Emilio Lozoya dijo que intentarán llegar a un entendimiento nuevamente para que el exdirector de Pemex pueda salir de prisión.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”,no logró un acuerdo con el gobierno federal por el caso de corrupción de la planta chatarra de Agronitrogenados.
El juez de control Gerardo Alarcón López, tras cinco horas de audiencia, aplazó la audiencia para el próximo 31 de agosto.
Esto se dio luego de que el Gobierno Federal solicitara 30 millones de dolares al exdirector de Pemex para concretar el acuerdo de conciliación por la compraventa de la planta de fertilizantes.
Esta cantidad es tres veces más del monto que ofreció la defensa de Emilio “L” en abril pasado.
El exfuncionario se comprometió a pagar 10.7 millones de dólares. Es decir, más de 220 millones de pesos en concepto de indemnización. También garantizaría cinco propiedades adicionales, entre ellas:.
La residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México.
Un departamento de su esposa en Ixtapa, Zihuatanejo.
La casa de su padre en la colonia Bosques del Pedregal, Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio “L” habría recibido 10 millones de dólares por la transacción.
Al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien había pedido su libertad a través de un juicio de amparo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta le fue negada una vez más.
Debido al rechazo del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones, el exfuncionario federal continuará su proceso judicial en el Reclusorio Norte, donde está vinculado al caso desde el 3 de noviembre de 2021.
Antes de que se presentara el recurso de defensa del exjefe paraestatal, el dictamen del sentenciador solo confirmó lo ya decidido el 26 de enero de 2022 por José Artemio Ziga, juez de control del Reclusorio Norte, quien se había negado a modificar la prisión preventiva solicitada en el caso Odebrecht.
Cabe recordar que el exempleado apeló la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones en su resolución del 10 de abril al reafirmar la sentencia de enero el 3 de mayo.
Si bien en su momento un juez local accedió a la solicitud de suspensión provisional de Lozoya Austin para garantizar su libertad, un magistrado federal rechazó su pedido de medida cautelar argumentando que violaría el principio de contradicción que subyace en el proceso penal acusatorio.
Los abogados del exdirector de la petrolera mexicana han manifestado en numerosas ocasiones que el proceso penal que lleva su cliente ante las autoridades mexicanas es impropio porque la denuncia fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la Fiscalía.
Este lunes 12 de junio, una jueza de distrito dio un nuevo revés al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, al desechar un juicio de amparo con el que buscaba que un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte analizara y resolviera los argumentos planteados sobre la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan por el proceso que enfrenta del caso Odebrecht.
La titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, precisó que en este caso se actualiza la causal de improcedencia debido a que el juez de control resolvió que el recurso de revocación promovido por el exservidor público, es improcedente.
La juzgadora recordó que el pasado 9 de marzo del presente año, Lozoya Austin solicitó día y hora para analizar la figura de la prescripción, motivo por el cual el 10 de mayo se llevó a cabo la audiencia, en la que el juez de control solicitó que se establecieran los estándares de procedencia de la petición, fecha en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la procedencia de la demanda formulada respecto del estudio de la prescripción.
Cabe destacar que Lozoya Austin interpuso un recurso de revocación en la diligencia, el cual ya fue resuelto por el Juez de control, por lo que ya cesaron los efectos de los actos reclamados.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el miércoles por la noche que los procedimientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por posible financiación ilegal de campañas dentro del caso Odebrecht, es “infundado”.
Por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que ya había declarado infundado el procedimiento sancionador, en materia de fiscalización, en contra de Peña Nieto y Del Mazo Maza, por recibir supuestas aportaciones en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante sus campañas como candidatos a la presidencia del 2012 y la gubernatura del Estado de México del 2017, respectivamente.
Dicha controversia se originó en la presentación de diversas quejas en las cuales, se señaló que la empresa brasileña Odebrecht financió diversas campañas de candidaturas del PRI, a través de Emilio Lozoya Austin, durante los procesos electorales 2011-2012 y 2016-2017.
El INE declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, al considerar que “no se demostraron las infracciones denunciadas”.
Por esto, el pleno del TEPJF confirmó la decisión y consideró que la autoridad electoral valoró correctamente las pruebas allegadas.
Tampoco se encontraron elementos que corroboraran la existencia de recursos de procedencia ilícita en los procesos denunciados, aseguró la Sala Superior, y no se identificó el traspaso de estos por parte de la empresa Odebrecht a Emilio Ricardo Lozoya Austin o alguna persona vinculada con los procesos electorales. “Por esa razón, no fue posible acreditar infracción alguna”, indicó el Tribunal Electoral en un comunicado donde informó de la votación
Se le acusa a EPN de varios delitos
La FGR informó que en agosto de 2022, se abrió una carpeta de investigación en contra del ex presidenteEnrique Peña Nieto por diversos delitos federales, como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
La institución, a través de un comunicado, dio a conocer que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del ex priista fue por denuncias en las que se encuentra la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
“Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales hacendarios y fiscales”, informó la FGR.
A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.
Este viernes, tras su regreso a las conferencias matutinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña NIeto, y señaló que el ex funcionario deberá delatar a quienes lo presionaron para cometer actos de corrupción, si es que quiere llegar a un acuerdo.
En la conferencia mañanera rechazó nuevamente la propuesta de que el acuerdo económico sea por 10.7 millones de dólares, sin embargo, mencionó que concretarlo será una decisión de las dependencias involucradas como la UIF, Pemex y la Fiscalía General de la República.
“Sí es testigo protegido, criterio de oportunidad, se hace por dos cosas, a partir de dos elementos, uno que devuelvan, que ese para mí es el más importante y dos que dé más información sobre los actos de corrupción, en este caso quién le ordenó lo de nitrogenado, quiénes fueron los que participaron junto con él porque él sí tiene responsabilidad era el director de Pemex y quién compra esta empresa chatarra es Pemex, pero quién le ordenó comprar. Él puede decir quién hizo el trato, si intervino Salinas, si intervino Peña, si fue un negocio en las alturas, pero él sabe”.
Fue ayer, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, aseguró que en un periodo de 15 días se podría concretar la firma de un acuerdo reparatorio entre el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo que el ex funcionario quedaría en libertad.
AMLO también consideró que 10.7 millones de dólares como reparación del daño es poco, siendo esta la cifra que ofreció la defensa de Emilio Lozoya.
“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco, es que 10 millones son 200 millones de pesos, cuánto entregó a los legisladores, fue muchísimo más que eso y de dónde salió ese dinero, entonces que hagan bien las cuentas, cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de Agronitrogenados”.
La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de la FGR, la UIF y Pemex se manifestaron a favor de suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados, a fin de llegar a un acuerdo con Emilio Lozoya.
Emilio Lozoya Austin seguirá en prisión, dentro del Reclusorio Norte, hasta que se formalice el convenio de reparación del daño con UIF y Pemex y el criterio de oportunidad con la Fiscalía y se avale judicialmente.
Durante la diligencia, la defensa del ex director de Pemex hizo un recuento de los momentos que ha vivido la negociación que permitirá el retiro de los cargos y que mantienen en prisión desde noviembre de 2021 a Lozoya Austin.
El abogado Miguel Ontiveros Alonso mencionó que desde enero de 2022 estuvieron en posibilidad de formalizar ante la autoridad judicial el acuerdo que concedería el criterio de oportunidad y el pago exigido por Pemex y UIF.
Para esto también dijo que “Emilio Lozoya no reconoce responsabilidad penal ni se considera culpable en ninguno de los dos casos”. Hay ánimo y voluntad para proceder con la firma del acuerdo.
El litigante pidió a los representantes del gobierno federal que tienen que participar en la negociación que se mantengan dos condiciones, la primera de ellas que se mantengan los montos repositorios solicitados por Pemex y UIF y que ascienden en total en ambos procedimientos penales a 10 millones 736 mil 351 dólares.
La segunda petición consistió en que se beneficien de estos acuerdos, su madre, Gilda Austin, su esposa, Marielle Heckes, y su hermana, Gilda Susana.
Explicó que al igual que hace un año el monto exigido como reparación del daño se garantizará con diversos inmuebles.
En su exposición, Ontiveros Alonso mencionó que durante la conferencia de prensa en esta mañana en Palacio Nacional el secretario de gobernación, Adán Augusto López, mencionó que Emilio Lozoya tiene derecho a un acuerdo reparatorio.
En su oportunidad los representantes de las instituciones federales señalaron que llegaron a esta audiencia con la instrucción de no oponerse al diferimiento de la diligencia y restablecer las negociaciones.
Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron “no existe oposición en caso de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio”.
Los representantes de Pemex y de la UIF se manifestaron a favor del diferimiento para “llevar acabo las pláticas conciliatorias” y se llegue a un acuerdo reparatorio.
En respuesta la defensa del ex director de Pemex se manifestó a favor de que esto se alcance con los montos ya convenidos con anterioridad y se formalice el criterio de oportunidad, y aunque solicitaron que los representantes gubernamentales se comprometieran a los puntos con los defensores, el juez Alarcón López les respondió que la sola manifestación de esa voluntad en la audiencia no tendría ninguna obligatoriedad pues tiene que establecerse en el convenio que alcance.
Ante esta situación, Lozoya participó en la audiencia y declaró: “Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos”.
“Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, ello va contra mis derechos”.
Ontiveros Alonso agregó que se requiere el compromiso de las instituciones federales que hasta ahorita no tienen garantías objetivas “para que se mantenga el monto que se determinó con peritaje y que constan en las actuaciones realizadas en el poder judicial”.
Sin embargo, los defensores de Lozoya señalaron estar a favor “de un acuerdo justo, establecido en las constancias judiciales” y que tanto Lozoya Austin como su familia “han aceptado pagar el 100 por ciento de lo que ellos han pedido”.
La próxima audiencia para revisar si ya hubo un acuerdo o continúa el proceso de Agronitrogenados contra Lozoya Austin se fijó para el próximo 18 de julio a las 12:30 horas.
Este jueves, el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros dio a conocer que alcanzó un dialogo con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la reparación de daños en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En este mismo contexto dijo que en cuanto a las acusaciones contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, existen las condiciones para que sea extraditado desde España a México y responda sobre lo que se le acusa.
#Vídeo I Abogado de Emilio Lozoya asegura que hay condiciones para que Enrique Peña Nieto sea extraditado de España a México.
“Hay suficientes condiciones para que sea extraditado desde España. Que vuele desde el campo de golf al AIFA y hasta este centro de justicia para que… pic.twitter.com/bWi5gtPJxN
“También en este caso hay sus condiciones para que el ex presidente México, Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España y vuele directamente del campo de golf al AIFA y directamente a este centro de justicia para que reforme en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya”, dijo el abogado a periodistas.
Asimismo añadió que la denuncia que presentó es pública y sólida, tal como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La denuncia que es pública y que creemos que es sólida tal y como lo confirmó el Sr. Presidente de México, en el sentido de que esta probado que senadores, diputados y otros actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética”, aseguró la defensa de Emilio Lozoya.
Gilda Margarita Austin de Solís, madre de Emilio Lozoya, señalada en el caso de Odebrecht, obtuvo en recientes horas su libertad provisional, sin embargo hay ciertas medidas que deberá cumplimentar, como lo es el uso de un brazalete electrónico.
El juez Genaro Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, se basó en el decreto respecto a la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Convención Interamericana, publicado el 10 de enero de este año, el cual establece que los adultos mayores tienen derecho a vivir plenamente y sin violencia.
Tras más de 11 horas de audiencia, el juez dio a conocer su decisión y le impuso a Gilda Austin otra serie de restricciones tras eliminar la prisión domiciliaria en la que permaneció por más de tres años.
El juez determinó que la madre de Lozoya no podrá salir de la Ciudad de México ni del país sin orden judicial, sumado a que deberá entregar su pasaporte y le impuso vigilancia policiaca permanente las 24 horas en su domicilio
Por su parte, Gilda Austin, quien consideró “injusta” la medida de vigilancia policial permanente, además de que habŕa un plazo de tres días hábiles para que se le coloque el brazalete.
Cabe recordar que la madre de Emilio Lozoya fue detenida en julio de 2019 en Alemania y extraditada a México, acusada de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
