Etiqueta: Enrique Peña Nieto
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Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España
El expresidente Enrique Peña Nieto se une a un torneo de golf en Madrid para recaudar fondos contra el cáncer de mama, rodeado de figuras destacadas.
Enrique Peña Nieto, expresidente de México, participó en un torneo de golf este jueves en San Lorenzo de El Escorial, España. Este evento busca recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.
Peña Nieto, quien reside en Madrid desde 2018, completó un recorrido de 18 hoyos junto a personalidades como el extenista Rafael Nadal y el futbolista Iker Casillas. También estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.
El torneo, organizado por la Fundación Clínica Menorca, tiene 24 años de historia y se enfoca en la lucha contra el cáncer de mama. A pesar de su participación en el evento benéfico, Peña Nieto enfrenta investigaciones por corrupción en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga desde 2022 por supuestos sobornos y enriquecimiento ilícito. A pesar de los problemas legales, el expresidente continúa involucrándose en actividades sociales en su nuevo hogar.
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Guanajuato: “norteamericanización” de la seguridad
Guanajuato se ha convertido en un símbolo de violencia sostenida desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Los homicidios dolosos se dispararon 192.8% durante su sexenio y 59% con Enrique Peña Nieto, muestra del impacto de políticas de seguridad militarizadas.
De acuerdo con la investigación de Aníbal García Fernández para Contralínea, la Iniciativa Mérida canalizó recursos estadounidenses a México para reforzar la seguridad, modernizar el Poder Judicial y financiar proyectos locales. Uno de los más relevantes fue el Proyecto Escudo, aprobado en 2012, que destinó más de 2 mil 700 millones de pesos a infraestructura y tecnología de vigilancia en Guanajuato.
El plan incluyó arcos detectores, cámaras, fibra óptica, centros de emergencia municipales y el C5i, además de servicios especializados como 911, SIAM 0-7-5 y atención en inglés y japonés. La empresa Seguritech ejecutó los contratos mediante adjudicación directa, lo que acumuló más de 12 mil millones de pesos solo en Guanajuato.
Expertos advierten sobre la “norteamericanización de la seguridad”, donde la militarización y la vigilancia tecnológica predominan sobre estrategias integrales que atiendan las causas del crimen. Aunque, por un lado, la infraestructura ha mejorado la supervisión, por el otro, la violencia continúa elevada en el estado.
El caso de Guanajuato también revela un monopolio en la videovigilancia nacional y la importancia del aval estadounidense en la ejecución del Proyecto Escudo, un factor clave que muchos medios omiten al analizar los nexos con exgobernadores y empresas de seguridad.
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PAN reconoce que Calderón generó “violencia sin precedente”
Una investigación interna del Partido Acción Nacional (PAN) concluyó que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) resultó profundamente fallida, ya que generó una espiral de violencia sin precedente en México.
De acuerdo con información recopilada por Néstor Jiménez para La Jornada, el documento detalla que, aunque Calderón logró capturar líderes criminales y debilitar algunas estructuras del narcotráfico, su estrategia basada en militarización sin control provocó violaciones a derechos humanos y fragmentación de los cárteles, lo que generó organizaciones más pequeñas y violentas. Como resultado, los homicidios casi se triplicaron durante su sexenio.
Sobre el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el PAN señaló que subestimó el problema del narcotráfico y careció de una estrategia integral, mientras que la Agencia Federal de Investigación (AFI) creada en su mandato fue rápidamente corrompida por lo que perdió credibilidad.
En cuanto al mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se menciona que su estrategia de seguridad no representó un cambio real respecto a la de Calderón. La violencia resurgió en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, mientras la corrupción entre gobernadores, policías y cárteles debilitó los esfuerzos de seguridad.
La investigación también reconoce que, aunque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron los máximos niveles de ciertos delitos, el incremento más significativo en violencia y homicidios ocurrió bajo el gobierno de Calderón, como consecuencia de su guerra contra el narcotráfico.
El PAN concluyó que la estrategia militarizada sin protocolos claros, la fragmentación de cárteles y la corrupción sistemática marcaron un ciclo de violencia que aún impacta a México.
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Investigan legalidad de pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza
Durante la conferencia mañanera de este 29 de agosto, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló la existencia de casos aislados de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y PEMEX que reciben pensiones que superan el millón de pesos mensuales. En total, 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza concentran 28 mil millones de pesos, mientras que, por otro lado, en Pemex decenas perciben entre 260 mil y 340 mil pesos al mes.
La funcionaria señaló que estas pensiones equivalen en promedio a 39 veces el salario de un trabajador promedio, por lo que se realizan mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG para revisar la legalidad y regular los requisitos del pase de supervivencia y los expedientes de pensionados.
Además, se firmarán convenios con RENAPO y registros civiles estatales para agilizar la información y fortalecer el control de las pensiones millonarias.
En paralelo, Buenrostro destacó que los sobornos en Pemex realizados por algunos empleados, identificados en investigaciones de EE.UU., son actos individuales y fuera de la ley. Para impedoir esto ya se promueven medidas preventivas para que incumplir la ley sea más costoso que cumplirla.
El gobierno hace un llamado a denunciar irregularidades de manera gratuita y anónima en side.buengobierno.gob.mx o a los teléfonos 01 800 1128 700 y 2000 2000/2000 3000, extensión 2164.
La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las pensiones exorbitantes de trabajadores de Pemex y Luz y Fuerza del Centro fueron otorgadas en los periodos de mandato de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero ya se están revisando otros casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal.
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Los políticos que sobornó “El Mayo” Zambada
Es oficial: Ismael “El Mayo” Zambada se ha declarado culpable de 14 cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno estadounidense quería su cabeza con la pena de muerte y, a cambio de una declaración, Zambada consiguió oxígeno para alargar su vida. Tras el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido 14 los narcotraficantes que decidieron pactar con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el caso de Zambada es único, no solo por tratarse del narco que se creía intocable —que pensaba morir en libertad e impunidad—, sino por la pieza de ajedrez en la que se convirtió para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Zambada fue secuestrado por Estados Unidos con ayuda de los hijos de Guzmán. La sustracción ilegal del narcotraficante marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cabe resaltar que el secuestro no sucedió bajo la administración de Trump, sino en la de Biden. Da igual si la Casa Blanca está pintada de azul o de rojo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
¿Por qué Estados Unidos no ofrece información a México sobre El Mayo Zambada? Porque, ante los ojos de nuestros vecinos, México cometió una ofensa imperdonable: detener y expulsar a los agentes de la DEA que se paseaban en nuestro país como “Juan por su casa”. Fue el PRI quien les abrió la puerta, y el gran problema de las potencias es que, una vez que entran, ya no quieren salir.¿Quién le apostó a la soberanía y autodeterminación para combatir el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador. La DEA y el gobierno estadounidense guardan un enorme recelo hacia el tabasqueño por su política antiintervencionista. De hecho, expulsar a los agentes de la DEA ni siquiera fue la mayor ofensa, sino exhibir en la mañanera el expediente contra el Gral. Salvador Cienfuegos. Washington aseguraba que contenía pruebas contundentes para encarcelarlo; al mostrarlo, López Obrador los humilló, pues no había una sola evidencia sólida. Desde entonces juraron que algún día se la cobrarían a AMLO, y ese día llegó con el secuestro de Zambada.
En su declaración de culpabilidad, Zambada afirmó que incursionó en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años de edad. Reconoció ser fundador del Cártel de Sinaloa y haber traficado más de un millón de kilogramos de cocaína en el mundo. Pero lo más relevante fue su confesión de haber sobornado y corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad.
Para Estados Unidos, aquello se presentó como si hubieran descubierto el “hilo negro”. Para los mexicanos, no fue más que la confirmación de lo sabido: siempre hemos estado gobernados por políticos aliados al crimen. La gran omisión fue no revelar nombres. Sin identidades, su confesión solo alimenta la narrativa estadounidense del “narco-Estado” sin señalar a los responsables.
Ahora bien, si Zambada asegura que sobornó durante 30 años a políticos y militares, y considerando que su arresto ocurrió en 2024, basta retroceder tres décadas. Aunque resulta inverosímil que sus sobornos a gran escala empezaran en 1994, supongamos que así fue:
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994): más de un periodista y narcotraficante han evidenciado los nexos de Raúl Salinas, el “hermano incómodo”, con el crimen organizado. Bajo Salinas, el neoliberalismo se consolidó… y el narcotráfico también. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Ernesto Zedillo (1994–2000): las grabaciones del Gral. Gutiérrez Rebollo exhibieron que la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, tenía vínculos con el Cártel de Colima. Presidencia no solo colaboraba con el narco, era el narco. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Vicente Fox (2000–2006): bajo su mandato se fugó El Chapo Guzmán, socio de Zambada. El Cártel de Sinaloa se fortaleció como nunca. ¿Se les combatió? No: fueron aliados.
Felipe Calderón (2006–2012): el juicio de Genaro García Luna en Nueva York dejó en claro la complicidad del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): capturó a Guzmán solo para que se fugara de nuevo. Finalmente lo entregó a Trump como “gesto de buena voluntad”. ¿Se tocó a Sinaloa? No, siguió operando.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): con él sí hubo un choque frontal. El “Culiacanazo” de 2019 fue la prueba. Después, en 2023, la captura de Ovidio Guzmán intensificó la guerra interna entre las facciones de Zambada y los Chapitos.
En resumen: de los 30 años de sobornos que reconoce Zambada, 24 corresponden a gobiernos del PRI y del PAN, y solo 6 a Morena. Pero sin nombres, todo queda en especulación. Su abogado, Frank Pérez, declaró que “la información del Mayo se queda con el Mayo”.
Posdata: Estados Unidos y Zambada pactaron un pago de 15 mil millones de dólares (unos 270 mil millones de pesos), casi todo el presupuesto anual del Estado de México. Ese dinero debería corresponderle a México, pues aquí quedaron la sangre y el dolor. Al final, es un asunto de colores: México puso el rojo y Estados Unidos se lleva el verde.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
A la memoria de mi gran amigo y compañero Christian López-Vega
El ex presidente Enrique Peña Nieto ha reaparecido para hablar sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, para el documental Texcoco. La decisión del Presidente, el cual se puede ver en el canal de YouTube del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción” dijo el ex mandatario en su participación.
En un artículo publicado por El Financiero, el nuevo aeropuerto pretendía ser el tercero más grande del mundo con una capacidad para 70 millones de pasajeros al año y conectaría con distintos países, tanto en el norte como del sur del continente americano. Sus impulsores emplearon como argumento, que se trataba de una “trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico”. No obstante, omitieron la consideración de los efectos negativos mencionados, la seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada, para un país con las carencias que tiene México.
En el libro Hacia una economía moral de López Obrador, aparte de señalar todos los costos que implicó rescindir los contratos pendientes con las empresas involucradas, menciona algunas de las razones para cancelar la construcción del aeropuerto, “en ese sitio la terminal aérea habría estado condenada a sufrir hundimientos; se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias; no se cerrarán ni el actual aeropuerto ni el de Santa Lucia, como estaba previsto en el proyecto de Texcoco, dada la tarea en que se trazaron las nuevas pistas y por la invasión del espacio aéreo; la saturación del actual aeropuerto se resolverá en tres años, que será menos tiempo que el que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco, con una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción, con cinco pistas en vez de tres y con un ahorro de más de 100 000 millones de pesos para el pueblo de México. Con este propósito, estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez, la plena utilización del de Toluca y la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía”.
¿Cómo se conceptualiza la infraestructura? A menudo, implica la producción de bienes públicos o procesos de producción. Genera beneficios colectivos difíciles de restringir, y su uso simultaneo por múltiples personas no disminuye significativamente su disponibilidad, salvo en situaciones de saturación. Aparte, genera un efecto positivo en la calidad de vida, al mejorar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, movilidad. Durante el neoliberalismo en México, se redujo drásticamente la inversión pública en infraestructura, lo cual profundizo las brechas territoriales entre norte y sur. Más aún, que se promovió la participación del sector privado, en la construcción de supuestas obras orientadas a la exportación, en beneficio de este sector. Así, por ejemplo, el caso de la participación de la empresa brasileña Odebrecht con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Emilio Lozoya, para la construcción de obras, incluyendo gasoductos y modernización de refinerías, a menudo con sobreprecios y adjudicaciones directas. No obstante, todo formaba parte de un esquema criminal diseñado y ejecutado por corruptos empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional, para llevar a cabo financiamiento ilegal de campañas políticas.
El objetivo es que el Estado debe liderar la inversión en infraestructura, garantizando su función como motor de equidad y desarrollo. Así mismo, la inversión pública busca reducir las desigualdades y conectar con las regiones marginadas. Con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se invirtió 2.5 veces más que en el último año del sexenio de Peña Nieto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un proyecto integral para detonar el desarrollo en el norte del Valle de México, ya que contribuye a descongestionar el sistema aeroportuario y requilibrar el desarrollo metropolitano. Más aún, el Corredor Interoceánico busca activar el potencial productivo del sur-sureste, reducir desigualdades, así trasformando al Istmo de Tehuantepec en un eje logístico, productivo y social.
La inclusión de las comunidades es una prioridad para la toma de decisiones, ya que todo proyecto de infraestructura tiene un impacto ambiental. Las consultas indígenas para la construcción del Tren Maya cumplieron con lo establecido en la Constitución y los estándares internacionales, así como la protección del patrimonio histórico y antropológico mexicano. Gracias a las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se logró la preservación de ocho zonas arqueológicas y se realizaron hallazgos significativos en las ciudades mayas de Cansacbé, Calakmul de Tenabo, Sacamukuy, Pocboc y Santa Cruz N, un sitio identificado y registrado por primera vez, bajo ese nombre clave.
A pesar que el modelo neoliberal en México abandonó la inversión en infraestructura estratégica, la decisión política y económica de cancelar el NAIM representó un acontecimiento importante en el que los grandes proyectos deben de ajustarse a los requisitos que marca la Constitución y a las necesidades, los recursos y los intereses de la Nación. La Cuarta Transformación tiene la tarea de seguir con su cambio estructural para superar las desigualdades territoriales para el crecimiento económico del país con equidad e inclusión.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.