Ambos partidos cuestionan el momento de la captura del exgobernador panista y la vinculan con el caso de Marina del Pilar.
La Fiscalía General de la República detuvo este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por delincuencia organizada y contrabando de combustible. Horas después, dos partidos exigieron su liberación inmediata.
El partido Somos México, que acaba de obtener su registro, calificó la detención como “un atropello inaudito”. La organización aseguró que Ruffo, su consejero consultivo, enfrenta una acusación fabricada para distraer a la opinión pública.
Según el comunicado, el gobierno federal busca desviar la atención de otros escándalos. Mencionaron directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El PAN, partido donde Ruffo militó gran parte de su carrera política, emitió una postura más cautelosa. El comunicado panista señaló que la detención ocurre justo cuando crece el escrutinio público sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Los panistas recordaron que existen audios donde la mandataria reconoce negociaciones con agentes estadounidenses fuera del marco legal. Por ello, expresaron confianza en que Ruffo aclarará su situación conforme avance la investigación.
Además, el partido pidió que la ley se aplique sin criterios políticos ni “jueces de acordeón”. Insistieron en que la justicia debe usar el mismo rasero para todos los señalados por corrupción.
El comunicado panista contrastó la rapidez con la que actuaron contra Ruffo frente a la lentitud en otros casos. Citaron específicamente las acusaciones contra Rocha Moya y Marina del Pilar, que hasta ahora no han derivado en acciones judiciales.
Por su parte, Somos México defendió la trayectoria empresarial de Ruffo. Aseguraron que la empresa señalada cuenta con avales de aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
El partido acusó también a la fiscal Ernestina Godoy de actuar con dureza selectiva. Según su comunicado, la FGR ignora evidencia de fraude fiscal que involucra a la Secretaría de Marina y a gobernadores morenistas en funciones.
La FGR confirmó que la orden de aprehensión se ejecutó en Ensenada la tarde del jueves. El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el llamado huachicol ferroviario, que involucra el contrabando de combustible desde Estados Unidos.
