Autoridades de México y Estados Unidos acordaron continuar con la cooperación en seguridad “con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, tras la visita del jefe del FBI a nuestro país.
Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvieron este 22 de enero reuniones de trabajo con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, como parte del mecanismo de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Los encuentros se realizaron en un ambiente de respeto institucional y contaron también con la participación del embajador estadounidense en México.
Durante las conversaciones, las autoridades de ambos países reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a México y a Estados Unidos, y acordaron mantener y fortalecer esa colaboración, con especial énfasis en el intercambio de información y la cooperación técnica.
Un elemento tangible del acercamiento fue que Patel regresó a Estados Unidos acompañado de dos sujetos definidos como objetivos prioritarios: uno detenido por autoridades mexicanas y otro ciudadano extranjero que se entregó voluntariamente en la Embajada estadounidense en México.
Desde el Gobierno mexicano se subrayó que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de ambas naciones será un principio rector para la colaboración en seguridad, al tiempo que se avanza en resultados concretos para combatir el crimen transnacional y reforzar la seguridad de la población.
La Presidenta adelantó que la Fiscalía General de la República prepara una reforma interna de fondo, mientras se afinan nuevas acciones contra la desaparición de personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) alista una reforma integral a su estructura interna, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y fortalecer la procuración de justicia en todo el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que este proceso de reorganización es la razón por la cual la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, aún no se ha incorporado formalmente a las sesiones del gabinete de seguridad.
Durante la Mañanera del Pueblo ofrecida en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum detalló que uno de los ejes centrales de la reestructura será el fortalecimiento de las delegaciones estatales de la FGR, con el fin de mejorar la capacidad de investigación, atención a víctimas y coordinación con autoridades locales.
En otro tema prioritario, la Presidenta reiteró que en los próximos días se presentará el informe nacional sobre personas desaparecidas, el cual se encuentra en proceso de integración. Explicó que el diagnóstico se construye a partir de las denuncias formales, para identificar cuántas carpetas de investigación están abiertas y en qué casos los expedientes carecen de información suficiente para avanzar en las indagatorias.
Sheinbaum subrayó que la atención a la desaparición de personas forma parte de la estrategia nacional de seguridad, la cual busca fortalecer la coordinación entre dependencias del gobierno federal, la FGR, el Poder Judicial de la Federación, así como con gobiernos estatales, fiscalías locales y corporaciones policiacas.
Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a quienes se busca integrar de manera activa en la construcción de soluciones. En ese sentido, adelantó que el objetivo es atender las denuncias por desaparición en un plazo máximo de 48 horas, para mejorar la capacidad de reacción del Estado y evitar la impunidad.
La Presidenta subrayó que la experiencia de Ernestina Godoy podría marcar un antes y un después en la coordinación federal para garantizar justicia a las víctimas de violencia feminicida.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) puede significar un reforzamiento decisivo en el combate a la impunidad en los feminicidios, aun cuando la investigación directa de estos delitos corresponde a las fiscalías estatales.
La mandataria consideró que, desde el ámbito federal, se pueden marcar nuevas orientaciones que obliguen a una actuación más rigurosa y con perspectiva de género en todo el país.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum destacó que la experiencia de Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un activo clave para fortalecer los mecanismos de investigación y sanción. Subrayó que en los casos de feminicidio —la muerte violenta de una mujer por razón de género— debe existir cero tolerancia a la impunidad, sin excepciones ni dilaciones.
Al ser cuestionada sobre el caso de Liliana Rivera Garza, cuyo feminicida fue visibilizado recientemente por su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza, la Presidenta expresó su confianza en que este y otros casos puedan avanzar hacia la justicia bajo el nuevo contexto institucional, con la FGR encabezada por Godoy y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres.
Sheinbaum explicó que la investigación del feminicidio es altamente especializada, pues las carpetas deben iniciarse desde el reconocimiento de que la agresión está ligada a la condición de género de la víctima. Recordó que las estadísticas muestran que, en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas. En ese sentido, condenó prácticas de algunas fiscalías estatales que han intentado desvirtuar feminicidios, como ocurrió en un caso de Morelos, donde se culpó a la víctima para encubrir el delito.
Finalmente, reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación, y que la coordinación federal puede ser determinante para cerrar el paso a la impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró coordinación inmediata entre dependencias federales y estatales para atender a los usuarios del Corredor Interoceánico, mientras se amplía la información conforme avancen las labores oficiales.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal se mantiene atento y en coordinación permanente ante los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, subrayando que la prioridad es la atención a las personas usuarias y la respuesta inmediata de las instituciones del Estado.
Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9
Sheinbaum detalló que en las labores participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca, como parte de un esquema de trabajo interinstitucional. Reiteró que conforme se cuente con datos confirmados, se ampliará la información por los canales oficiales.
La mandataria federal destacó que el Corredor Interoceánico es un proyecto estratégico para el desarrollo del país, por lo que cuenta con protocolos de atención y seguridad que permiten responder con rapidez ante cualquier contingencia, siempre priorizando el bienestar de la población.
En este contexto, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Precisó que agentes ministeriales federales en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para realizar las indagatorias correspondientes, y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía.
Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi
De manera complementaria, autoridades federales confirmaron que el incidente estuvo relacionado con el descarrilamiento del Tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, sobre la Línea Z que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. La Semar informó que se activaron de inmediato los protocolos de atención, con personas 20 lesionadas trasladadas a hospitales de la región.
Omar García Harfuch destaca el avance del Centro Nacional de Inteligencia en su 107 aniversario, centrado en mejorar tecnología y ampliar su equipo profesional.
En un evento marcado por la celebración y el compromiso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lideró la ceremonia por el 107 aniversario de los Servicios de Inteligencia en México. En el acto, que reunió a importantes figuras del Gabinete de Seguridad, se resaltó el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
García Harfuch subrayó que el principal enfoque para impulsar el CNI es el crecimiento de su personal especializado. Este paso implica capacitar a individuos con perfiles altamente calificados, actualizar la tecnología disponible y mejorar los sistemas de integración de información. Además, se están ampliando las capacidades operativas y de análisis estratégico del equipo.
La ceremonia contó con la presencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés; y el titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, entre otros. Todos coincidieron en que el trabajo de inteligencia es fundamental para la seguridad del país.
En palabras de García Harfuch, “los agentes realizan su labor en contextos de alta presión y riesgo, pero su dedicación y amor por la patria son invaluables”. El líder de la seguridad también elogió el papel de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, indicando que bajo su liderazgo la inteligencia se ha convertido en un eje estratégico de la seguridad nacional.
Durante la intervención del titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, se celebró el aumento del personal de inteligencia, con la incorporación de 687 nuevos agentes. Para su formación, se cuenta con la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, la cual capacita a coordinadores estatales que lideran estrategias de seguridad en zonas prioritarias.
Asimismo, se anunció la apertura de un museo dedicado a la historia e identidad de los servicios de inteligencia civil, que promete ser un tributo a la trayectoria de estos profesionales.
El evento congregó a otros líderes del ámbito de seguridad, incluyendo a Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Francisco Javier Moreno Montano, comisionado del Servicio de Protección Federal, reafirmando el compromiso de fortalecer las bases del sistema de seguridad en México.
La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020.
Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por el presunto desvío de más de 700 millones de pesos, denunció Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en la entidad, quien exigió que el caso sea reabierto de inmediato bajo la nueva titularidad de Ernestina Godoy.
El expediente fue integrado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Santiago Nieto, que en agosto de 2020 alertó a la FGR sobre transferencias irregulares por al menos 724 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí hacia empresas privadas vinculadas a la familia Gallardo, entre 2012 y 2019.
De la Rosa acusó que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, la investigación quedó en el archivo muerto, lo que permitió que Gallardo no solo llegara a la gubernatura, sino que ahora impulse reformas legales para heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González, a través de la polémica llamada “Ley Ruth”.
El Congreso local aprobó en fast track una reforma que obligaría a que la candidatura a la gubernatura en 2027 sea exclusivamente para una mujer. La votación fue avalada por legisladores del PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, apenas días después de que el gobernador ofreciera una posada a diputados con regalos, rifas y hasta camionetas, hecho que ha sido señalado como una muestra de corrupción política descarada.
Morena votó en contra y anunció que buscará impugnar la ley por inconstitucional, al considerar que se trata de un intento por consolidar un cacicazgo familiar y una forma de nepotismo que choca frontalmente con los principios de la Cuarta Transformación.
“El expediente no puede seguir durmiendo. O hay delito o no lo hay, pero la Fiscalía debe decirlo ya”, advirtió De la Rosa. El caso Gallardo se ha convertido en un símbolo de impunidad, y su reactivación sería una prueba clave para medir si la FGR realmente rompió con la política de encubrimiento del pasado.
La abogada sustituye a Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR, y refuerza el enfoque de derechos humanos y legalidad en la Presidencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en relevo de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). La designación fortalece el equipo jurídico presidencial con una funcionaria de amplia trayectoria técnica, legislativa y en políticas públicas.
Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una formación sólida que ha orientado su desempeño en el servicio público. Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con experiencia práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos, así como en la protección de niñas, niños y juventudes.
Su preparación académica incluye capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, con énfasis en normatividad impositiva, cobranza coactiva y participación fiscal. Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y ética gubernamental, fortaleciendo una visión jurídica aplicada al diseño institucional.
En su trayectoria reciente, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fue directora general del DIF-CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos. Hasta su nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de la estrategia de atención a las causas, modelo que articula prevención social con visión jurídica y de derechos humanos.
Con este relevo, la Presidencia asegura continuidad institucional tras la salida de Ernestina Godoy a la FGR y consolida un marco legal robusto para la agenda del Ejecutivo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso legal que ya ha comenzado a cimbrar a las élites de la derecha.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
La FGR, que ahora está conducida por Ernestina Godoy, ha judicializado la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otras dos personas.
Estos personajes serán imputados por su probable intervención en el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tal como lo establece el Artículo 217 del Código Penal Federal.
Ahora bien, la acusación central gira en torno a la polémica obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar, tras el trágico fallecimiento de su esposo, en 2004.
Sin embargo, apenas se anunció este movimiento, los beligerantes voceros de la derecha salieron a defender a Amparo Casar.
Desde luego, escasean los argumentos.
Por ejemplo, Manuel López San Martín, conductor de ADN 40 y empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego, dijo que se trata de una embestida contra Casar. López San Martín sostiene, sin ofrecer pruebas, que la FGR está orquestando una persecución política.
Cabe recordar que el expediente de Casar fue dado a conocer ante la opinión pública en mayo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza, entonces director general de Pemex, decidió revelar detalles muy contundentes sobre el caso.
Y es que Romero Oropeza dio a conocer que la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, fue catalogada, oficialmente, como suicidio.
Con base en esta evidencia, Pemex anunció que buscaría recuperar una suma millonaria que asciende a 31 millones de pesos.
Ahora bien, el fatídico suceso ocurrió el 7 de octubre de 2004, cuando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, perdió la vida al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex.
Tras el deceso, María Amparo Casar solicitó el pago de un seguro de vida, la ayuda de gastos funerarios y, esencialmente, la pensión post-mortem a favor de ella y de sus dos hijos, que fue cubierta hasta que sus vástagos cumplieron 25 años.
La información oficial compartida, en ese momento, detalló que la pensión vitalicia otorgada a Casar fue de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.
Ahora bien, el punto de inflexión legal y ético es claro: la pensión y los beneficios que comportaron fueron concedidos antes de contar con un dictamen pericial oficial.
Los directivos de Pemex de aquella época decidieron dar al fallecimiento el tratamiento de “accidente“, omitiendo esperar la resolución del Ministerio Público, que finalmente y de manera concluyente, determinó que la causa de muerte fue un suicidio.
Eran épocas de Vicente Fox y el director de Pemex era, en ese momento, Luis Ramírez Corzo. Y durante los dos años que Ramírez Corzo estuvo al frente de la paraestatal, la multinacional Caterpillar obtuvo contratos por 30 mil millones de pesos.
Ahora bien, esta omisión le permitió a Amparo Casar un beneficio económico que no correspondía legalmente bajo las pólizas de Pemex.
Desde luego, el contexto político no puede ignorarse.
Y es que las investigaciones sobre presunta corrupción que tocan a políticos de oposición y figuras de la sociedad civil –como María Amparo Casar, excolaboradora del gobierno de Fox, líder de MCCI y cercana a Claudio X. González– fueron gestadas durante el periodo de Gertz Manero al frente de la FGR. Ahora, se judicializan con la nueva estructura de la Fiscalía y el Poder Judicial Federal (PJF).
Y aquí es importante subrayar que el caso Casar no es solo un pleito legal, sino un estratégico movimiento en el tablero de ajedrez político que enfrenta a la élite opositora, vinculada a empresarios como Claudio X., y ahora defendida por voceros afines a Ricardo Salinas Pliego, contra el aparato de justicia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy.
La Presidenta subrayó que el combate a la extorsión será prioridad en 2026 y que sólo una estrategia unificada entre Federación y estados permitirá frenar este delito.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde reiteró que la coordinación federal–estatal ha sido clave para disminuir homicidios y otros delitos de alto impacto. No obstante, advirtió que el gran reto para 2026será frenar la extorsión, un crimen que afecta directamente a familias, comercios y empresas en todo el país.
Sheinbaum enfatizó que este delito impacta la percepción de inseguridad, por lo que llamó a fiscalías estatales y a la FGR a impulsar acciones conjuntas y a homologar el tipo penal de extorsión, una reforma que —dijo— permitirá combatirlo con más eficacia. También reconoció la colaboración con los gobiernos estatales sin importar diferencias políticas.
La mandataria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad reforzará la investigación e inteligencia, y que el Centro Nacional de Inteligencia ahora se orienta más al apoyo directo en tareas de seguridad pública.
En su primera participación como fiscal general, Ernestina Godoy presentó un plan emergente de seis ejes, que incluye mayor coordinación con el gabinete de seguridad, fortalecimiento de fiscalías federales en los estados, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y un nuevo modelo de investigación con estándares probatorios sólidos.
Godoy subrayó que la Fiscalía es esencial en la cadena de justicia y que el país requiere alineación de estrategias entre los tres órdenes de gobierno para obtener resultados sostenidos. Durante la reunión, gobernadores de Morena, PAN, PRI y MC reconocieron la disposición del gobierno federal para trabajar de manera conjunta y destacaron los avances en la reducción de delitos graves.
La nueva titular de la FGR dirige su primer encuentro de la CNPJ en Cuajimalpa: afinan estadísticas, métodos contra el homicidio y sistemas interoperables para coordinar mejor.
Ernestina Godoy Ramos, nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reunió hoy a fiscales del país. Dirigió su primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
El encuentro ocurrió en el Parque Nacional de la Justicia, en Cuajimalpa, complejo que construyó la FGR durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. A pocos días de su designación por el Senado, Godoy ya dialoga cara a cara con fiscales estatales, buscando acuerdos de coordinación y resultados medibles.
Los acuerdos recientes de la CNPJ trazan prioridades al incluir un Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, así como actualizar la medición diaria del homicidio doloso a nivel estatal. Además, plantean acciones para fortalecer a las instituciones de procuración de justicia, consolidando así un Sistema Informático Nacional Interoperable.
El artículo 25 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública fija su mandato.
