El secretario de Seguridad confía en que la llegada de Godoy Ramos, ahora de manera interina, y los cambios internos en la FGR optimizarán la colaboración con el Gabinete de Seguridad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad se fortalecerá con la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada del despacho de la FGR y los recientes nombramientos internos en la institución.
En conferencia este domingo en la Ciudad de México, Harfuch recordó que la coordinación con el exfiscal general Alejandro Gertz Manero siempre fue “muy buena”, pero confía en que con la reestructuración que Godoy Ramos está implementando, los resultados serán aún mejores. “Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando, esperamos una coordinación más efectiva. Estamos convencidos de que así va a ser”, afirmó.
Godoy Ramos, quien hasta el jueves se desempeñó como consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió el despacho de la FGR el pasado viernes. Ese mismo día, César Oliveros Aparicio fue nombrado fiscal de la FEMDO y Héctor Elizalde Mora titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ambos con experiencia previa en colaboración con Harfuch.
El secretario subrayó que la experiencia de ambos funcionarios y su historial de trabajo con miembros del Gabinete de Seguridad permitirá una sinergia más sólida en la persecución de delitos organizados y la investigación criminal. “Con este equipo, la coordinación y la eficacia en las acciones de seguridad se verán reforzadas”, concluyó.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, dijo que el partido no teme la posible llegada de Ernestina Godoy a la FGR. Afirmó que mantendrán su crítica para defender la autonomía de la Fiscalía.
Jorge Romero Herrera es el dirigente nacional del PAN. Afirmó hoy que el partido no teme la posible llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República.
En conferencia de prensa, Romero dijo: “Terror no le tenemos a nadie, gracias a Dios”. Añadió que no personalizará las críticas en una sola persona.
El panista marcó los dos caminos que, dijo, tiene quien llegue a la Fiscalía. Puede actuar con autonomía, como exige la Constitución. O puede obedecer al poder político y convertir la institución en un instrumento contra los adversarios.
Por tanto, Romero aseguró que el PAN mantendrá su postura crítica. Dijo que seguirán denunciando lo que consideren presión política o abuso de poder.
Respecto a la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Romero rechazó la idea de que fue para asumir una embajada. Aseguró que la dimisión obedeció a una instrucción del Gobierno Federal. Añadió que, mientras no se expliquen las razones reales, las dudas de la ciudadanía seguirán creciendo.
Por otra parte, el senador Ricardo Anaya respaldó la postura del partido. Dijo que México necesita una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente. Subrayó que hay que blindar la institución para evitar usos políticos y para garantizar justicia imparcial.
Romero concluyó que la llegada provisional de Ernestina Godoy no cambiará la posición del PAN. Reiteró la exigencia central: defender la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia.
La investigación encabezada por Ernestina Godoy permitió destapar la operación del llamado “Cártel Inmobiliario” en Benito Juárez, una red de exfuncionarios y desarrolladores que se beneficiaba de construcciones irregulares, sobornos y cesión de propiedades.
El papel de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fue crucial en la investigación y el destape de la red de corrupción conocida como el “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez. Las indagatorias, bajo su liderazgo, pusieron al descubierto un esquema de construcción y permisos ilegales que involucraba a exfuncionarios de alto nivel de esa demarcación.
Cronología del Descubrimiento
El inicio de la investigación que destapó el “Cártel Inmobiliario” se remonta a un incidente ocurrido en agosto de 2021. Una explosión causada por una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la alcaldía Coyoacán, fue el detonante. Cuando el personal de la FGJCDMX, siguiendo su deber, acudió al lugar para llevar a cabo las investigaciones de oficio, se encontraron con anomalías.
Al investigar el inmueble siniestrado, la Fiscalía, dirigida por Godoy, descubrió que este había recibido la manifestación de construcción y el dictamen de habitabilidad durante la gestión deNicias “N”, quien ocupó el cargo de Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez.
Modus operandi y avances
Las indagatorias arrojaron que Nicias “N” era dueño de al menos dos departamentos en ese mismo edificio, los cuales, según la Fiscalía, le fueron entregados como contraprestación a cambio de facilitar la construcción de obras nuevas, muchas de ellas irregulares.
Este hallazgo inicial evidenció un modus operandi donde funcionarios de la alcaldía omitían la normatividad de desarrollo urbano y territorial, permitiendo la sobreexplotación de las capacidades de los inmuebles, como la construcción de pisos excedentes, que generaban ganancias extraordinarias a desarrolladores.
La red consistía en que estos desarrolladores, a su vez, “devolvían el favor” a los funcionarios mediante transacciones monetarias a prestanombres, ventas a precios de remate o la cesión de departamentos de lujo. La investigación de la Fiscalía logró identificar una amplia red de corrupción organizada y ejecutada por personajes vinculados al grupo que ha gobernado la alcaldía Benito Juárez desde 2015.
Entre ellos Jorge Romero, actual dirigente nacional del PAN; Santiago Taboada, ex alcalde de Benito Juárez; Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente local del PAN; Christian von Roehrich, ex alcalde de la BJ y actualmente en prisión, entre otros.
Resultados y consecuencias
Bajo la dirección de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX logró asegurar hasta el momento de su informe, alrededor de 60 propiedades involucradas en estas anomalías. Además, las investigaciones han resultado en la vinculación a proceso y sentencias, incluyendo a Nicias “N”, quien aceptó un procedimiento abreviado y fue sentenciado a tres años de prisión.
La Fiscalía ha procesado a un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector y otros funcionarios y particulares, demostrando que la acción de la justicia no es negociable frente a la corrupción.
La propia Ernestina Godoy aseguró que, si el costo de luchar contra este grupo de corrupción inmobiliaria era la no ratificación en su cargo como Fiscal, estaba dispuesta a pagarlo, pues su deber era cumplir con la ley y combatir la impunidad de este grupo político. Ella ha sido una figura central y la impulsora de las investigaciones que han revelado la existencia y el funcionamiento de esta red.
La Presidenta destacó que la llegada de un nuevo fiscal permitirá intensificar la colaboración entre la FGR, la SSPC, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales para combatir la delincuencia y reducir la impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero aceptó incorporarse como representante de México en una embajada, y que su sustitución en la FGR será inicialmente Ernestina Godoy, quien asumirá como encargada de despacho hasta la designación definitiva por el Senado. Sobre Godoy, Sheinbaum la calificó como una mujer de principios, honesta y con experiencia comprobada en la fiscalía de Ciudad de México.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum destacó que en la estrategia de seguridad es fundamental la coordinación entre la SSPC, la Guardia Nacional y las fiscalías, ya que son las fiscalías las que abren carpetas de investigación y emiten órdenes de aprehensión o cateo. Resaltó que la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia, ahora tiene capacidad para coadyuvar en investigaciones, fortaleciendo la colaboración con la FGR sin afectar su autonomía constitucional.
La mandataria aseguró que esta coordinación es clave para avanzar en seguridad y pacificación del país, enfrentar delitos de cuello blanco y común, y combatir la delincuencia organizada. Sheinbaum reconoció la gestión de Gertz Manero y confió en que la nueva fiscalía permitirá más trabajo conjunto y transparencia.
Asimismo, subrayó que habrá especial atención a delitos como contrabando de combustible, factureras y evasión fiscal, así como el combate a la violencia generada por actores del crimen organizado, con la finalidad de garantizar cero impunidad. Sobre los casos pendientes, la presidenta señaló que corresponderá al nuevo fiscal definir prioridades y presentar su plan de trabajo ante el Senado.
Sheinbaum concluyó que esta transición marca una nueva etapa en la estrategia de seguridad, con énfasis en coordinación institucional y justicia efectiva para México.
La ex fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, toma las riendas del despacho de la Fiscalía General de la República después de la salida de Alejandro Gertz Manero.
Ernestina Godoy Ramos se convierte en la nueva encargada de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la inesperada renuncia de Alejandro Gertz Manero. El anunció oficial llegó en un documento firmado por Gertz Manero, quien deja su puesto para asumir un nuevo rol como embajador.
Godoy Ramos ha tenido una carrera destacada en el ámbito jurídico y se ha desempeñado como fiscal de justicia en la Ciudad de México. Este cambio se produce en un momento crucial, ya que Godoy esperará la aprobación del Senado para formalizar su cargo como titular de la FGR.
Hasta hace poco, Godoy trabajó como consejera jurídica de la Presidencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su trayectoria incluye ser procuradora General de Justicia en la capital y la primera fiscal en una transición histórica hacia la Fiscalía.
Además, Godoy ha ocupado diversos puestos en la administración pública, desde directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa hasta diputada local y federal. También fue coordinadora del grupo parlamentario de Morena y senadora electa por la Ciudad de México.
La llegada de Ernestina Godoy a la FGR promete un cambio significativo en la dirección de la fiscalía, y su amplia experiencia la coloca en una posición única para enfrentar los retos del país. Su liderazgo será crucial para fortalecer la justicia y la transparencia en México.
La salida anticipada de Alejandro Gertz Manero reconfigura el tablero político en el Senado, donde Morena busca acordar el procedimiento para elegir al nuevo titular de la FGR. Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy suenan como los perfiles con mayor respaldo. La designación deberá pasar por una lista de 10 aspirantes, una terna presidencial y una votación de dos terceras partes.
La renuncia de Alejandro Gertz Manero, presentada tras horas de tensión en el Senado, abrió un proceso acelerado para nombrar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República. El fiscal, que había asumido en 2019 y debía concluir su periodo en 2028, deja el cargo dos años antes, en medio de presiones políticas y una filtración que reveló una investigación de la FGR contra el empresario Raúl Rocha por presuntos delitos graves.
En Morena continúan las negociaciones internas, pues la mayoría busca definir la ruta para que la próxima semana se vote al relevo definitivo. Entre los perfiles mejor posicionados destacan Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, ambos con trayectoria y cercanía con el oficialismo.
La Constitución establece que, una vez aceptada la renuncia, el Senado tiene 20 días para construir una lista de mínimo 10 candidatos, misma que deberá ser aprobada por dos terceras partes. Esa lista se envía al Ejecutivo, que debe integrar una terna en un plazo de 10 días. Luego, la Cámara alta votará al nuevo fiscal —también por dos terceras partes— después de las comparecencias.
El proceso prevé salidas alternas: si el Ejecutivo no envía la terna, el Senado puede elegir directamente de la lista inicial; y si el Senado tampoco cumple, la presidenta puede enviar su propia terna y nombrar a un fiscal provisional.
La salida de Gertz ocurre tras una semana marcada por la filtración del caso Rocha. Aunque se especuló sobre una posible orden de aprehensión, la Fiscalía aclaró que sigue recabando datos esenciales para reforzar la investigación y que definirá la situación jurídica del empresario cuando existan elementos firmes.
La elección del nuevo Fiscal o Fiscala definirá la dirección del sistema de justicia en México, con perfiles que ofrecen desde la continuidad política y la reforma judicial hasta la especialización en litigio penal o la persecución de delitos económicos.
La inminente conclusión de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) abre la puerta a una renovación crucial en la procuración de justicia del país.
La administración de Gertz Manero, marcada por la controversia y un enfoque que algunos críticos señalaron como centralizado y selectivo, deja desafíos pendientes en la consolidación de la autonomía de la FGR y la lucha contra la impunidad. La designación de su sucesor o sucesora será un indicativo clave de la dirección que tomará el gobierno en materia de justicia penal.
Entre los nombres que resuenan en el panorama político y judicial como posibles candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General se encuentran figuras con experiencia significativa en distintos niveles del servicio público.
Ernestina Godoy Ramos, exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, destaca por su conocimiento de la operación ministerial y la transición hacia un modelo de fiscalía autónoma.
Durante su gestión en la capital, impulsó reformas y una estrategia de “alto impacto” contra delitos como el feminicidio y la corrupción inmobiliaria, presentando logros en la reducción de ciertos índices delictivos según datos oficiales. Su perfil se liga fuertemente a la continuidad de las políticas de seguridad y justicia de la actual administración.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), posee un profundo conocimiento del sistema constitucional y judicial mexicano. Su paso por la SCJN se caracterizó por una agenda de reforma judicial interna y una postura pública en favor de la defensa de los derechos humanos y la eliminación de la corrupción en el Poder Judicial.
Su trayectoria como jurista y su reciente acercamiento al poder ejecutivo lo posicionan como un candidato con el peso político y la capacidad técnica para abordar las complejidades institucionales de la FGR.
Un perfil que sobresale por su especialización en el litigio penal y su enfoque en la defensa legal es el de César Gutiérrez Priego. Abogado con una extensa práctica profesional. Gutiérrez Priego ha consolidado una reputación en el ámbito de la justicia militar y la defensa de los derechos humanos de personal de las fuerzas armadas, así como en casos de alto perfil de corrupción y defensa política. Sus logros más significativos incluyen el impulso de litigios estratégicos que han sentado precedentes en la revisión de sentencias y la protección contra actos de autoridad.
Ha representado con éxito a figuras clave en momentos de transición política, demostrando una habilidad particular para navegar el sistema judicial en casos de alta complejidad e interés público. Su enfoque se centra en la aplicación estricta de la ley y el debido proceso, con una trayectoria que le otorga una visión crítica sobre las deficiencias y áreas de oportunidad en la procuración de justicia.
Finalmente, el nombre de Raquel Buenrostro Sánchez, actual secretaria de Economía y extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), irrumpe con un perfil atípico pero de gran relevancia en la lucha contra los delitos de carácter financiero y fiscal.
Su gestión al frente del SAT se distinguió por una estrategia de combate a la evasión fiscal y la simplificación administrativa, logrando importantes incrementos en la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Este enfoque, riguroso y con resultados tangibles en la detección y persecución de ilícitos financieros complejos, podría trasladarse a la FGR para fortalecer la unidad encargada de la investigación de delitos de cuello blanco y la extinción de dominio, áreas consideradas cruciales para desmantelar estructuras de corrupción y delincuencia organizada.
Cada uno de estos perfiles presenta fortalezas únicas y representa una posible dirección para la FGR tras la era Gertz Manero, desde el rigor judicial y la reforma interna hasta la especialización en el litigio penal o el combate a la corrupción financiera.
La decisión final perfilará el futuro inmediato del sistema de justicia en México.
La iniciativa busca que la extorsión se investigue de oficio, sin denuncia previa, y homologa su castigo en todo el país, con penas más altas en casos de cobro de piso o delitos cometidos desde prisión.
El Gobierno de México envió al Congreso de la Unión la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de cárcel y multas de hasta 56 mil pesos para quienes cometan este delito.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron que la iniciativa busca que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia, y que se unifiquen los criterios legales en todas las entidades del país.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) pidió a la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy (@ErnestinaGodoy_), presentar las propuestas para combatir la extorsión. La funcionaria explicó que la iniciativa de ley contempla coordinación entre dependencias… pic.twitter.com/46Or4O6auJ
Godoy precisó que la propuesta incluye agravantes para casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios. Además, prevé que los bienes usados en estos delitos sean confiscados mediante extinción de dominio.
La consejera recordó que el pasado 9 de octubre se publicó una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para emitir esta ley. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la estrategia nacional contra la extorsión, que ya opera con la línea anónima 089.
“Esta iniciativa consolida la política nacional para frenar el avance de la extorsión, un fenómeno que daña la economía y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó Godoy. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
Las iniciativas buscan consolidar la Reforma Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024, la cual garantiza procesos más rápidos y eficaces sin limitar el acceso al amparo.
La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que las leyes secundarias de la Reforma Judicial ya se convirtieron en iniciativas de ley y se encuentran en el Senado para su dictaminación. Estas reformas se vinculan directamente con la publicada el 15 de septiembre de 2024 y buscan hacer efectiva una justicia pronta y expedita, incluyendo plazos máximos de dos meses para resoluciones en materia tributaria, según lo establecido en los artículos 17 y 20 de la reforma.
Las leyes secundarias en revisión incluyen:
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley de Amparo
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Código Fiscal de la Federación
Respecto a los rumores sobre el amparo, Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno de la presidencia, aclaró que es falso que la reforma limite el acceso a la defensa de las y los mexicanos. La iniciativa únicamente aclara y moderniza la figura del interés legítimo, lo que facilita la aplicación del amparo, sin restringir ni dificultar el derecho de los ciudadanos.
Zaldívar enfatizó que la reforma al amparo no representa retrocesos en la defensa de derechos y subrayó que ningún país del mundo tiene control constitucional en materia fiscal. Una vez que la corte determina que un deudor fiscal debe pagar, el Código Fiscal de la Federación establece el inicio del cobro, lo que garantiza eficacia y certeza jurídica.
Con estas reformas, el gobierno busca consolidar un sistema judicial más ágil, moderno y confiable, con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia mexicana y asegurar que los procesos legales se resuelvan de manera eficiente y transparente.
