El senador panista aseguró que la nueva legislación busca callar a periodistas y opositores, pero el texto de la reforma y su explicación técnica desmienten su versión: las sanciones no aplican a opiniones ni a contenidos editoriales.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, volvió a encender las alarmas con un discurso que no resiste la lectura de la ley. El panista afirmó que los nuevos Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias pretenden “silenciar a periodistas y a la oposición”, al asegurar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) decidirá qué es verdad y qué es mentira en los medios. Sin embargo, el propio texto de la reforma desmiente esa narrativa.
El diputado de la Cuarta Transformación, Arturo Ávila, presentó un desglose técnico de la legislación y explicó que la norma únicamente contempla tres causales específicas de sanción, ninguna de ellas relacionada con opiniones, posturas políticas o líneas editoriales. Es decir, la reforma no otorga facultades al Gobierno de México ni a la CRT para censurar periodistas o castigar contenidos informativos por su postura.
Ávila subrayó que la legislación tampoco permite que la autoridad determine qué puede o no decir un comunicador. Por el contrario, precisó que cada medio de comunicación nombrará de forma autónoma a su defensor de las audiencias, sin intervención del gobierno federal, desmontando otro de los argumentos utilizados por la oposición para desacreditar la reforma.
La polémica surge mientras algunos actores políticos insisten en presentar cualquier intento por combatir la desinformación y proteger los derechos de las audiencias como un supuesto ataque a la libertad de expresión. Bajo esa lógica, pareciera que poner límites a la difusión de información falsa equivale a censura, una interpretación que no aparece en el texto legal y que ha sido utilizada para alimentar una narrativa de persecución inexistente.
Así, mientras Ricardo Anaya habla de censura sin mostrar un solo artículo que respalde sus afirmaciones, el contenido de la reforma apunta a fortalecer los derechos de las audiencias sin intervenir en el trabajo editorial de los medios. Una vez más, el discurso del miedo choca con lo que realmente dice la ley.
