El nuevo decreto elimina la discrecionalidad de los funcionarios para ocultar documentos y obliga a publicar con mayor frecuencia información sobre contratos, auditorías y empresas del Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental, con el objetivo de garantizar un mayor acceso a la información pública y evitar que los funcionarios decidan de manera discrecional qué documentos pueden mantenerse reservados. La medida también busca reforzar el principio de máxima publicidad en todas las dependencias del Gobierno de México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la normativa vigente permitía que servidores públicos determinaran si cierta información relacionada con seguridad nacional o procedimientos judiciales y administrativos debía permanecer oculta. Con el nuevo decreto, esa decisión dejará de depender del criterio de un funcionario, incluyendo directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, Sheinbaum anunció que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia, con el propósito de incorporar de manera permanente las nuevas disposiciones establecidas en el decreto y fortalecer el acceso ciudadano a la información gubernamental.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla cuatro ejes principales: contrataciones públicas, transparencia en las filiales de Pemex y CFE, difusión de fiscalizaciones y auditorías, así como la invitación a estados, municipios y otros poderes para adoptar la política de máxima publicidad.
Entre los principales cambios destaca que los contratos públicos, incluidos los de Pemex y CFE, deberán publicarse cada mes y no de forma trimestral. Asimismo, se simplificarán las 173 causales de reserva de información, limitándolas prácticamente a casos de seguridad nacional y asuntos bajo litigio. Incluso en esos escenarios, las autoridades deberán poner a disposición de la ciudadanía versiones públicas de los documentos, fortaleciendo así la rendición de cuentas y el acceso a la información.
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