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Etiqueta: FBI

  • Solicitud de Tafolla al FBI es solo con fines políticos y mediáticos: Juan Manzo, hermano de Carlos

    Solicitud de Tafolla al FBI es solo con fines políticos y mediáticos: Juan Manzo, hermano de Carlos

    Juan Daniel Manzo acusó que la petición hecha al FBI por el legislador Carlos Bautista solo busca reflectores políticos, mientras las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones y ya suman 22 detenidos.

    La polémica en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, escaló luego de que su propio hermano desmintiera y desacreditara públicamente al diputado local Carlos Bautista Tafolla, quien presumió haber acudido al FBI para solicitar apoyo en las investigaciones del crimen ocurrido en noviembre de 2025.

    Juan Daniel Manzo aseguró que las acciones del legislador del llamado Movimiento del Sombrero son únicamente “políticas y mediáticas”, pues aclaró que Bautista no pertenece a la familia ni cuenta con representación legal para intervenir en el caso. Incluso reveló que personalmente le pidió al diputado no involucrarse para evitar entorpecer las investigaciones, aunque éste decidió continuar con su estrategia pública y mediática.

    Días atrás, Bautista Tafolla declaró que viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y entregar información relacionada con el homicidio de Manzo. Sin embargo, el propio legislador reconoció que no obtuvo respuesta formal de la agencia estadounidense, aunque insistió en mantener comunicación y seguir presentando datos conforme avance el caso.

    Las declaraciones provocaron la reacción del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien recordó que corresponde exclusivamente a las autoridades federales gestionar cualquier colaboración con agencias extranjeras. Además, subrayó que el diputado carece de facultades legales para actuar en nombre de la investigación o solicitar apoyo internacional por cuenta propia.

    Ramírez Bedolla también destacó que la Fiscalía General de Michoacán mantiene avances importantes en el caso y hasta ahora suman 22 personas detenidas, aunque todavía faltan al menos cinco sospechosos por capturar, entre ellos el exjefe de escoltas José Manuel Jiménez. El mandatario consideró que el tema se ha utilizado más para generar impacto mediático que para contribuir realmente al proceso judicial.

    El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 2 de noviembre de 2025 en plena plaza principal de Uruapan, durante actividades relacionadas con el Día de Muertos. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo intensa atención pública y política. Ahora, las declaraciones de la familia dejan en evidencia las tensiones internas y el uso político que algunos actores han intentado dar a una tragedia que continúa bajo investigación oficial.

  • Maru Campos convierte citario en excusa para no dar la cara ante FGR

    Maru Campos convierte citario en excusa para no dar la cara ante FGR

    La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, intenta convertir su citatorio en la excusa perfecta para no dar la cara ante la FGR y comparecer por sus señalamientos de violación a la soberanía al llevar a cabo operaciones de agencias estadounidenses en territorio estatal, diciendo que tiene “errores”.

    La gobernadora chihuahuense, Maru Campos, parece haber encontrado un pretexto para no aparecer y comparecer ante la Fiscalía General de la República, puesto que asegura que el citatorio que recibió hace un par de días está “mal hecho”. En lugar de asistir para aclarar los hechos y enfrentar el tema públicamente, la edil panista decidió esconderse y victimizarse.

    El asunto tomó fuerza después de que surgieran dudas tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una imputación formal contra Maru, la reacción de la gobernadora reforzó las dudas. Lejos de mostrarse dispuesta a colaborar, convirtió todo en una batalla política para intentar desviar la atención. 

    Roberto Gil Zuarth aseguró que dicho citatorio contiene “contradicciones” porque la gobernadora aparecía como testigo, pero se hacía mención de artículos relacionados con personas investigadas. Bajo ese argumento, buscan elaborar una narrativa de “persecución”, aunque el mensaje que transmiten es el miedo a enfrentar sus señalamientos.

    Mientras Campos y su gente preparan una supuesta denuncia contra la misma FGR por “irregularidades” en el procedimiento así como discursos de victimización, las y los chihuahuenses así como la ciudadanía nacional, siguen esperando explicaciones y respuestas claras.

    Si en realidad Maru Campos no tiene nada que ocultar, entonces resulta difícil entender por qué su prioridad parece ser atacar el documento y no esclarecer el tema de fondo. 

    En Chihuahua crece la percepción de que el gobierno estatal intenta manejar la crisis como asunto de imagen y no de transparencia. Cada declaración de la mandataria refuerza más las sospechas. Días antes de recibir el documento, en su gira de medios chayoteros reconoció tener conocimiento de operaciones y presencia de corporaciones como la DEA.

    Su estrategia parece diseñada para ganar tiempo y convertir un asunto delicado en una disputa política, y su enfoque es la insistencia en errores administrativos, en vez de asumir una postura firme y abierta ante la investigación.

  • Liberan a estadounidense secuestrado en Jalisco

    Liberan a estadounidense secuestrado en Jalisco

    Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Jalisco resulta en la liberación de un ciudadano estadounidense y la detención de un sospechoso.

    En un operativo de rescate coordinado permitió liberar a un ciudadano estadounidense secuestrado en la zona serrana de Ixtlahuacán del Río y Cuquío. Las autoridades actúan rápidamente tras recibir una denuncia del FBI.

    El rescate se llevó a cabo la mañana del jueves. La Fiscalía estatal, junto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, trabajaron en conjunto para localizar y rescatar a la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado.

    El operativo incluyó el uso de aeronaves y equipos especiales. Gracias a estos esfuerzos, la víctima fue rescatada ilesa. Además, un sospechoso fue detenido durante la operación. Las autoridades continúan investigando para garantizar la seguridad de la región.

  • El Policía panista, Loya Chávez busca gobernar Chihuahua

    El Policía panista, Loya Chávez busca gobernar Chihuahua

    Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad y militante del PAN, quiere suceder a Maru Campos como gobernador. Su gestión abrió las puertas a agencias estadounidenses como la CIA, ICE y DEA. Mientras llena la ciudad de propaganda, crece la distancia con otros líderes panistas.

    Gilberto Loya Chávez decidió competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027. El actual secretario de Seguridad impulsa su imagen con miles de espectaculares y bardas que muestran su rostro y el lema “Gobernar con seguridad para todo Chihuahua”.

    Loya conversa ya con distintos sectores políticos. También ha platicado sus planes directamente con la gobernadora Maru Campos. Su aspiración genera opiniones divididas entre los ciudadanos.

    Durante su paso por la secretaría, Loya permitió que agentes de la CIA, ICE y DEA operaran en suelo chihuahuense. Estas agencias realizan trabajo de inteligencia sin la supervisión constante de las fuerzas federales mexicanas.

    Él mismo promovió que el piso 18 de la Torre Centinela funcionara como Centro Internacional de Fusión de Inteligencia. Ahí reciben a personal del FBI, DEA y CBP de manera permanente o temporal. Muchos vecinos se preguntan si estas facilidades benefician primero a los chihuahuenses o a intereses extranjeros.

    Loya proviene de las filas policiales del PAN. Su figura genera confianza en algunos por su discurso de mano dura. Sin embargo, otros ciudadanos ven riesgos en ceder tanto control a agencias de otro país.

    Al mismo tiempo, la relación entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se enfría. Fuentes cercanas indican que Bonilla ya no es el favorito de la mandataria. Un incidente durante el desfile de la Revolución Mexicana aumentó las tensiones.

    Maru Campos recordó públicamente que “no son los tiempos” para ciertas actitudes. Sus palabras sonaron como un llamado a respetar la jerarquía y los tiempos institucionales.

    Los chihuahuenses observan con atención estos movimientos. La seguridad diaria, el empleo y el futuro de sus familias siguen siendo sus principales preocupaciones. Mientras los políticos arman sus estrategias, la gente común espera respuestas concretas a sus necesidades reales.

  • Capturan en Colombia a Whilet “N”, hermana de uno de los fundadores del Tren de Aragua

    Capturan en Colombia a Whilet “N”, hermana de uno de los fundadores del Tren de Aragua

    Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, alias “Hilary”, era señalada como operadora financiera y logística de la organización criminal. Estados Unidos ya solicita su extradición por narcotráfico.

    Las autoridades de Colombia asestaron un nuevo golpe al Tren de Aragua tras la captura en Medellín de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, hermana de alias “Larry Changa”, identificado como uno de los fundadores de la peligrosa organización criminal transnacional nacida en Venezuela. La detención se realizó en coordinación con el FBI y la Fiscalía colombiana, en medio de una operación contra las redes internacionales de narcotráfico de la banda.

    De acuerdo con la policía colombiana, la mujer —conocida también como “Hilary” o “La Llavera”— ocupaba una posición estratégica dentro de la estructura criminal debido a su cercanía con Larry Amaury Álvarez Núñez, líder histórico del grupo delictivo. Las investigaciones apuntan a que Hernández coordinaba operaciones financieras, rutas de traslado de droga y distribución de recursos obtenidos del narcotráfico en distintos países de América Latina y Estados Unidos.

    La captura ocurrió en Medellín como parte del operativo denominado “Sin Frontera”, desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de agentes estadounidenses. Autoridades señalaron que una corte del estado de Texas la reclama por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada.

    Según los reportes oficiales, Hernández también habría participado en la administración de recursos ilícitos utilizados para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en varios países. Además, es considerada de interés para autoridades de México y Perú por su presunta relación con delitos de proxenetismo y explotación sexual, actividades vinculadas a las operaciones de la organización criminal.

    El gobierno de Estados Unidos ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista debido a su participación en homicidios, tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y lavado de dinero. En los últimos años, la banda ha expandido sus operaciones desde Venezuela hacia países como Colombia, Chile, Perú, México y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las estructuras criminales más peligrosas de la región.

    Tras su captura, alias “Hilary” quedó bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana mientras avanzan los trámites para su eventual extradición a territorio estadounidense, donde enfrentaría cargos federales relacionados con narcotráfico internacional y crimen organizado.

  • FBI investiga filtraciones sobre el director Kash Patel

    FBI investiga filtraciones sobre el director Kash Patel

    La investigación del FBI se centra en las filtraciones sobre el consumo de alcohol del director de la agencia, quien ha presentado una demanda por difamación.

    El FBI ha iniciado una investigación tras la publicación de un artículo que sugiere que el director de la agencia, Kash Patel, enfrenta problemas con el alcohol. Esta noticia fue reportada por el canal MS Now.

    El artículo, publicado en la revista The Atlantic y escrito por la periodista Sarah Fitzpatrick, alega que Patel presenta “episodios de consumo excesivo de alcohol” y “ausencias inexplicables”. Estas afirmaciones han generado un intenso debate en torno a la veracidad de la información.

    En respuesta a la polémica, Patel presentó en abril una demanda por difamación contra la revista y la periodista. Patel argumenta que las afirmaciones son infundadas y dañinas para su reputación.

    La investigación del FBI es peculiar porque no se basa en la filtración de información clasificada. Se enfoca en las revelaciones compartidas con la reportera, lo que ha generado preocupación en algunos sectores.

    Jeffrey Goldberg, redactor jefe de The Atlantic, defendió el trabajo de su periodista. En un comunicado, afirmó que la investigación representa un ataque a la prensa y a la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda. Además, añadió que no permitirán que intimidaciones afecten su labor periodística.

    Este caso pone de relieve la tensión entre el poder y la prensa, así como el derecho a la información en una democracia.

  • El “pequeño secreto oscuro” de la DEA

    El “pequeño secreto oscuro” de la DEA

    Por Ricardo Sevilla

    En 2019 Joseph Bongiovanni, un agente adscrito a la Drug Enforcement Administration (DEA), fue arrestado tras una investigación del FBI que lo vinculaba con la protección de narcotraficantes en Buffalo, NY.

    Después de un proceso complejo, el 10 de octubre de 2024, un jurado federal lo declaró culpable de siete cargos, incluyendo conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias controladas y obstrucción de la justicia.

    Pero Bongiovanni no era un agente cualquiera; era un veterano con 20 años de trayectoria en la oficina de la DEA en Buffalo, Nueva York.

    En el ámbito operativo, Bongiovanni era conocido como un “door kicker” (el primero en entrar en los operativos), lo que le ganó una reputación de agente “de campo” muy activo, con lo cual pudo ocultar su labor administrativa para sabotear expedientes.

    De hecho, la investigación federal reveló que durante gran parte de su carrera, Bongiovanni actuó como un “escudo preventivo” para organizaciones criminales vinculadas a la delincuencia organizada italiana y redes de narcotráfico locales.

    Bongiovanni, tenía un modus operandi muy sofisticado que le permitió llevar a cabo un sabotaje sistemático. Y es que el agente de la DES utilizaba su acceso a bases de datos confidenciales, esencialmente, para tres actividades: – Alertar a los traficantes sobre investigaciones en curso. – Desviar el rastro de informantes hacia objetivos irrelevantes. – Asegurar que los cargamentos llegaran a su destino sin interferencia federal.

    A pesar de la gravedad de los cargos iniciales (soborno y conspiración), el juicio fue una batalla legal compleja. Finalmente, fue condenado por obstrucción de la justicia y por mentir a las autoridades.

    Aunque la fiscalía buscaba una pena mucho mayor, la sentencia de 10 años (reducida en la percepción pública a la ejecución de su condena efectiva de 5 años bajo libertad supervisada o acuerdos específicos) se convirtió en un símbolo de la fragilidad del sistema estadounidense.

    El gobierno de EUA pretendió hacer oídos sordos ante la investigación y ulterior destitución de Joseph Bongiovanni.Sin embargo, el reportaje salió a nivel nacional y fue imposible de detener porque cadenas como CBS y NBC se encargaron de hacer eco del caso e incluso le dieron una cobertura especial.

    Es importante destacar que el caso tomó aún más fuerza mediática porque los fiscales, haciéndose los graciosos, describieron las acciones de Bongiovanni como un “pequeño secreto oscuro” que duró más de una década (específicamente desde 2008).

    Evidentemente, el gobierno estadounidense se negará a hablar sobre el Narco-Estado en Buffalo.

  • El FBI y la videovigilancia en Chihuahua

    El FBI y la videovigilancia en Chihuahua

    La gobernadora Maru Campos permite al FBI acceso ilimitado a cámaras de seguridad en Chihuahua. Este acuerdo genera preocupación por la privacidad y la soberanía del estado.

    En un reciente acuerdo, el gobierno de Chihuahua ha facilitado que el FBI tenga acceso sin restricciones a las cámaras de videovigilancia en el estado. Esta situación ha despertado inquietudes sobre la soberanía y los derechos de los ciudadanos. La colaboración se basa en la plataforma Centinela, que utiliza tecnología avanzada para monitorear el entorno.

    La gobernadora Maru Campos defiende esta medida. Asegura que la cooperación con agencias estadounidenses es crucial para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas en la frontera. “La Plataforma Centinela es una herramienta de primer mundo”, afirmó Campos, argumentando que la colaboración es esencial para identificar y capturar a criminales.

    Este convenio se remonta a acuerdos firmados en 2022 con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Desde entonces, la colaboración se ha intensificado. Reportes indican que Chihuahua ofrece a agencias de seguridad de EUA recursos tecnológicos para realizar seguimientos en tiempo real de vehículos y personas.

    La gobernadora también mencionó que este acuerdo busca reducir las inspecciones exhaustivas que Texas aplica en la frontera. “Queremos facilitar la identificación de vehículos robados y criminales que cruzan de un país a otro”, explicó Campos. Además, se han puesto drones a disposición para vigilar el muro fronterizo.

    Sin embargo, esta colaboración ha provocado inquietud. Organizaciones de derechos humanos critican el acceso del FBI a bases de datos biométricos de ciudadanos. Consideran que esto representa una grave violación a la privacidad y derechos fundamentales.

    Así, el acuerdo entre Chihuahua y las agencias estadounidenses se presenta como un dilema. La seguridad en la frontera está en juego, pero también la confianza y el respeto a los derechos de los ciudadanos. La situación continúa evolucionando, y el impacto de estas decisiones se sentirá por mucho tiempo.

  • Arresto de ex funcionaria militar por filtrar secretos

    Arresto de ex funcionaria militar por filtrar secretos

    Courtney Williams, ex trabajadora del ejército de EUA, fue detenida por el FBI. La acusan de revelar información clasificada a un periodista.

    El FBI arrestó a Courtney Williams, una ex funcionaria del ejército de 40 años, debido a la filtración de información clasificada. La detención ocurrió tras la acusación de un gran jurado federal, según anunció el director de la agencia, Kash Patel.

    William supuestamente compartió secretos con el periodista Seth Harp. Este último la entrevistó para su libro “El cartel de Fuerte Bragg: narcotráfico y asesinato en las fuerzas especiales”, publicado en 2025. El libro también destaca la discriminación de género y el acoso sexual dentro de la Delta Force, establecida en Fort Bragg, Carolina del Norte.

    Courtney trabajó en Fort Bragg durante seis años. Durante su tiempo allí, se encargó de documentos sensibles, incluidos pasaportes falsos para agentes encubiertos. Las autoridades federales indican que su libro incluye información clasificada que ella debía proteger, incluso después de dejar el servicio militar.

    Kash Patel advirtió sobre las consecuencias de filtrar información. “El FBI no tolerará a quienes pongan en peligro a los estadounidenses”, declaró Patel en X, la plataforma de redes sociales.

    La investigación menciona mensajes telefónicos entre Williams y el periodista. En uno de ellos, Williams expresó su preocupación por la gran cantidad de información clasificada que estaba saliendo a la luz. “Pensaba que te contaba para que tuvieras una visión más clara”, explicó, según la denuncia.

    Desde su cuenta de X, Harp criticó la atención que el FBI dedicó a este caso. Afirmó que los verdaderos criminales, responsables de varios asesinatos en Fort Bragg, siguen sin ser descubiertos. 

    Harp también defendió a Williams, describiéndola como una valiente denunciante que se atrevió a hablar sobre problemas graves en la Delta Force. “Sus acciones fueron totalmente transparentes y admirables”, concluyó.

  • FBI lidera ofensiva contra opositores de izquierda en EUA

    FBI lidera ofensiva contra opositores de izquierda en EUA

    Activistas denuncian que la estrategia impulsada por Donald Trump busca etiquetar como “enemigos de Estado” a críticos de su agenda, incluso sin pruebas de organizaciones reales.

    La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una amplia ofensiva federal contra opositores de izquierda en Estados Unidos, encabezada por el FBI, con el objetivo de perseguir a quienes critican sus políticas, en especial las antimigrantes. Organizaciones civiles advierten que se trata de una estrategia para criminalizar la disidencia política.

    El plan se sustenta en el memorando de Seguridad Nacional NSPM-7, que creó un grupo interagencias enfocado en combatir a supuestos “marxistas”, “anarquistas” y miembros de Antifa, organización que el propio gobierno ha calificado como terrorista doméstica, pese a que expertos sostienen que no existe como estructura formal.

    El primer caso emblemático ocurrió en Texas, donde nueve manifestantes fueron condenados por delitos graves tras protestar contra políticas migratorias. Aunque durante el juicio varios implicados declararon que Antifa no es una organización real, el gobierno utilizó el proceso para justificar su ofensiva nacional.

    Además, autoridades federales han intensificado el uso de tecnología de reconocimiento facial y bases de datos privadas para identificar a manifestantes, mientras que el Departamento de Justicia impulsa acusaciones más severas contra quienes participen en protestas contra el gobierno.

    La estrategia también alcanza a organizaciones civiles. Un nuevo centro de control investiga a asociaciones sin fines de lucro que han criticado al gobierno, bajo sospechas de posibles vínculos con “terrorismo doméstico”, lo que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos.

    La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles advirtió que estas acciones representan una violación directa a la libertad de expresión y buscan intimidar y silenciar a la oposición, al equiparar críticas políticas con amenazas criminales sin sustento comprobado.