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Hace algunos años, cuando todavía existían la Procuraduría General de la República y aquella famosa y también temida Policía Judicial Federal, había dos palabras que podían cambiar inmediatamente el ambiente de cualquier lugar: “somos federales”. Quienes vivimos aquellos años seguramente recordamos la imagen. Las credenciales, las placas las famosas charolas, los radios, las armas y aquellos vehículos grandes que uno aprendía a relacionar con agentes federales: Grand Marquis, Suburban y otros automóviles que, al aparecer acompañados de determinados personajes, provocaban pocas preguntas y muchas puertas abiertas.

Yo particularmente recuerdo aquellos años en Veracruz, cuando llegaron personajes procedentes del norte del país que durante mucho tiempo se movieron por la zona presentándose como agentes o personas relacionadas con autoridades federales. Enseñaban credenciales, charolas, portaban radios, armas y utilizaban vehículos similares a los que todos asociábamos con las corporaciones federales. Ése es mi recuerdo personal y no pretendo afirmar hoy quiénes eran realmente aquellas personas. Lo importante es recordar el efecto que producía la sola apariencia de autoridad. Cuando alguien decía que era de la Judicial Federal, pocos tenían interés en averiguar demasiado.

Y precisamente ahí está el origen de esta reflexión. Porque han cambiado las instituciones, desaparecieron corporaciones, aparecieron otras y México es un país muy diferente al de aquellos años, pero hay algo que probablemente no ha desaparecido: el poder de un nombre, de una recomendación o de una supuesta autorización superior.

La famosa “charola” no siempre necesita ser física.

A veces puede ser invisible.

Pensemos en una historia completamente ficticia. No estoy afirmando que sucedió de esta manera ni atribuyendo esta conversación a funcionario, político, empresario, militar o institución alguna. Es solamente un ejercicio para entender cómo funciona la percepción del poder dentro de una estructura jerárquica.

Imaginemos una carretera mexicana. Un tractocamión con una pipa cargada de combustible avanza desde el sureste hacia otra parte del país. Una patrulla federal le marca el alto. El oficial solicita la documentación y comienza a hacer preguntas. El conductor responde: “Jefe, yo solamente manejo. Hable con mi patrón”. Marca un número y entrega el teléfono.

Del otro lado alguien responde tranquilamente:

“Comandante, estamos trabajando con autorización. Traemos línea de México. Vienen más unidades detrás. Cualquier problema me habla directamente”.

PUM.

¿Qué hace el oficial?

En el México institucional que debería existir, la respuesta es sencilla: verifica documentos, consulta bases de datos, confirma permisos, determina la procedencia del combustible y, si encuentra alguna irregularidad, actúa conforme a la ley.

Pero también existe el factor humano.

El oficial puede preguntarse: ¿y si realmente viene autorizado desde arriba? ¿A quién tengo que llamar para verificarlo? ¿Qué sucede si termino metiéndome en un asunto que está por encima de mi nivel? ¿Voy a arriesgar mi puesto por detener un cargamento cuya apariencia es legal y cuyo responsable asegura contar con autorización superior?

Y entonces puede ocurrir algo extraordinariamente sencillo:

“Pásele. Buen viaje”.

La charola nunca apareció.

Por eso resulta interesante observar lo que las propias autoridades mexicanas han descubierto alrededor del llamado huachicol fiscal. Aquí dejamos la ficción y entramos en hechos públicamente documentados.

El 31 de marzo de 2025, autoridades federales informaron del aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. En aquel operativo también fueron asegurados 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. Posteriormente, en Coahuila, las autoridades aseguraron 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo cuya legal procedencia y traslado, de acuerdo con la información oficial, no pudieron acreditarse. Para julio de ese mismo año, el Gobierno federal informaba que desde octubre de 2024 se habían asegurado casi 70 millones de litros de combustible en diferentes acciones contra este mercado ilícito.

Pero quizá el dato que mejor demuestra la complejidad del fenómeno apareció cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar estructuras que iban mucho más allá de los conductores de las unidades. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre 14 detenciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas. La información oficial señaló la utilización de documentación apócrifa y la participación dentro de la logística investigada de empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos.

Eso es lo que verdaderamente debería hacernos pensar.

Ya no estamos hablando solamente de la imagen tradicional del huachicolero perforando clandestinamente un ducto durante la madrugada. Estamos hablando de barcos, puertos, aduanas, trenes, carrotanques, pipas, empresas, documentos, patios de almacenamiento y millones de litros desplazándose físicamente de un lugar a otro.

Una operación de semejante magnitud necesita logística.

Necesita conductores, rutas, documentos, almacenamiento, compradores, vendedores y una enorme cadena de personas que, directa o indirectamente, hacen posible que el producto llegue desde su punto de origen hasta su destino.

Entonces aparece inevitablemente una pregunta:

¿Cómo puede moverse algo tan grande sin que alguien lo detenga?

Y aquí regreso a aquella llamada telefónica ficticia.

Tendemos a imaginar que para que una operación ilegal de enormes dimensiones funcione es necesario comprar a cada policía, cada funcionario, cada inspector y cada persona que aparece en el camino.

Tal vez no.

Quizá ésa sea precisamente una de las claves para comprender determinados fenómenos de corrupción: no todos necesitan estar involucrados.

Algunos pueden recibir dinero. Otros pueden recibir instrucciones. Algunos pueden tener miedo. Otros pueden cometer errores. Otros simplemente pueden creer que alguien con mayor autoridad ya revisó aquello y lo autorizó.

Incluso podría ocurrir algo todavía más sencillo: que la famosa “línea” ni siquiera exista.

Ésa es quizá la parte más fascinante del fenómeno.

Una vez que una persona descubre que mencionar una supuesta autorización superior funciona, otros pueden comenzar a utilizar exactamente la misma historia. Pasó una pipa. Después cinco. Luego veinte. Después cien. Los primeros descubrieron que nadie preguntaba demasiado y los siguientes simplemente repitieron la fórmula.

Con el tiempo podría llegar un momento en el que nadie sepa dónde comenzó realmente aquella supuesta autorización.

Unos pagan.

Otros cobran.

Otros protegen.

Otros simplemente voltean hacia otro lado.

Y eventualmente aparece otro actor inevitable cuando un negocio ilegal comienza a mover cantidades extraordinarias de dinero en determinados territorios: el crimen organizado.

No necesariamente porque haya creado originalmente el negocio, sino porque descubre algo demasiado grande y demasiado rentable moviéndose dentro de una zona donde ejerce influencia. Entonces también puede reclamar una cuota, una participación o simplemente imponer sus propias condiciones.

Y ahí la situación se vuelve todavía más complicada.

Porque el funcionario que encuentra una operación semejante podría enfrentarse a dos percepciones simultáneas: por un lado, alguien asegurándole que existe autorización superior; por el otro, el conocimiento de que detrás de determinados movimientos económicos puede existir también una organización criminal.

¿Quién quiere hacer esa llamada?

Siempre he pensado que algunos grandes negocios ilegales se parecen a dejar un billete de 500 pesos tirado en medio de una banqueta transitada.

Podemos discutir durante horas quién debería recogerlo.

Pero sabemos que alguien terminará haciéndolo.

Ahora imaginemos que en lugar de 500 pesos hablamos de millones o incluso miles de millones.

Entonces ya no habrá solamente una persona intentando levantar el billete.

Aparecerán empresarios, intermediarios, funcionarios corruptos, prestanombres, transportistas, organizaciones criminales y cualquiera que descubra una manera de obtener una parte.

Mientras el dinero continúe apareciendo, la estructura seguirá creciendo.

Y quizá eso explique por qué determinadas redes criminales o de corrupción terminan adquiriendo dimensiones que años después parecen imposibles de comprender.

No necesariamente nacieron gigantes.

Se volvieron gigantes porque durante demasiado tiempo funcionaron.

Por eso, cuando finalmente aparecen millones de litros de combustible, decenas de vehículos, barcos, trenes, empresas y servidores públicos investigados, solemos formular una pregunta aparentemente lógica:

¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?

Tal vez ésa no sea la pregunta correcta.

Quizá deberíamos preguntar cuántos sí se dieron cuenta pero pensaron que alguien más ya había autorizado aquello. Cuántos escucharon una supuesta recomendación y decidieron no preguntar. Cuántos recibieron una llamada. Cuántos pensaron que verificar podía meterlos en problemas. Cuántos asumieron que, si una operación podía moverse con semejante tranquilidad, necesariamente alguien había revisado antes los documentos.

Y también, por supuesto, cuántos simplemente cobraron para dejarla pasar.

No conocemos todas esas respuestas y sería irresponsable inventarlas. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y cualquier persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

Pero los hechos oficialmente reconocidos sí permiten una conclusión mucho más sencilla: el mercado ilícito de combustibles alcanzó una escala logística suficientemente grande para involucrar transporte terrestre, ferroviario y marítimo, instalaciones, documentación, empresas y servidores públicos investigados.

Y eso debería interesarnos mucho más que cualquier nombre.

Porque los gobiernos cambian.

Los presidentes cambian.

Los partidos cambian.

Los funcionarios cambian.

Pero si una estructura institucional permite que la sola percepción de una orden superior sustituya a la obligación de verificar, el problema puede sobrevivir a todos ellos.

Por eso regresé mentalmente a Veracruz y a aquellos años de los judiciales federales.

No porque ambas historias sean iguales.

Sino porque entendí que existe algo que puede atravesar distintas épocas de México: el poder que nosotros mismos otorgamos a la apariencia de tener poder.

Antes había que enseñar la charola.

Después quizá bastaba con traer el radio, el arma, el vehículo correcto y conocer a la persona indicada.

Hoy quizá ni siquiera haga falta eso.

Puede bastar un teléfono.

Un nombre que nadie conoce.

Una llamada.

Y cinco palabras:

“Traemos línea de México, comandante”.

El verdadero problema comienza cuando nadie se atreve a hacer la pregunta más sencilla de todas:

¿Quién lo autorizó?