El crimen no solo desató indignación, también reavivó cuestionamientos sobre la incapacidad de la UNAM y autoridades para garantizar la seguridad en sus alrededores.
El asesinato de Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la FES Cuautitlán, volvió a colocar en el centro del debate la falta de condiciones de seguridad en las inmediaciones de planteles de la UNAM, donde alumnos transitan diariamente en riesgo.
El joven fue atacado a balazos en calles de Cuautitlán Izcalli, en la zona de San Sebastián Xhala, durante un presunto asalto. Recibió dos disparos que le arrebataron la vida en plena vía pública, en un horario diurno. Hasta ahora, no hay detenidos ni avances contundentes en la investigación, lo que ha generado indignación entre la comunidad universitaria.
Aunque la UNAM condenó el crimen y exigió justicia, estudiantes y docentes cuestionan que la institución no ha logrado garantizar entornos seguros para su comunidad. La preocupación crece ante la reiteración de hechos violentos en zonas cercanas a sus campus, donde la vigilancia resulta insuficiente frente al aumento de la delincuencia.
Este caso se suma a otros episodios recientes que han golpeado a la FES Cuautitlán, incluyendo accidentes fatales y hechos de violencia, lo que ha profundizado la percepción de una crisis de seguridad estructural que no ha sido atendida con eficacia ni por autoridades locales ni por la propia universidad.
La falta de resultados en la investigación también refleja un problema mayor: la impunidad persistente en delitos contra estudiantes, quienes continúan expuestos a asaltos, agresiones y homicidios sin que existan estrategias contundentes para protegerlos en su vida cotidiana.
Más allá de los pronunciamientos, el caso de Joel Ulises deja una pregunta urgente: ¿qué tan seguro es estudiar en la UNAM cuando ni siquiera sus alrededores están protegidos? La exigencia de justicia se mantiene, pero también crece la demanda de acciones reales para frenar la violencia que acecha a la comunidad universitaria.
