Sentencia de 18 años de prisión contra Isaac “N” por tráfico de personas, responsable de introducir al país a 191 personas extranjeras sin documentación legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Isaac “N”, por el delito de tráfico de personas agravado, relacionado con hechos ocurridos en diciembre de 2021 en el estado de Chihuahua, donde murieron 56 personas migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el imputado fue hallado responsable de introducir a territorio mexicano a 191 personas extranjeras sin documentación legal, con el fin de trasladarlas de forma irregular dentro del país.
Los hechos derivaron en un accidente sobre la carretera Tuxtla–Chiapa de Corzo, en Chiapas, cuando el tráiler en el que eran transportadas las víctimas volcó. El siniestro provocó lesiones en 135 personas y la muerte de 56 migrantes.
Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa de un millón 824 mil pesos y la suspensión de derechos civiles y políticos del sentenciado, mientras que la reparación del daño quedó reservada para la etapa de ejecución de sanciones.
La hermana de Emilio Lozoya fue detenida en el AICM y es señalada por la Fiscalía de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la compra de la planta Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en la trama de corrupción del caso Agronitrogenados. La captura se llevó a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gilda Lozoya habría participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita al convertirse en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano le cediera los derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza vinculada a una empresa fachada utilizada para mover recursos millonarios.
La indagatoria señala que entre junio y noviembre de 2012, la ahora detenida recibió cinco transferencias por varios millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, uno de los principales implicados en el caso Agronitrogenados. Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a diversas personas, como parte de la ruta del dinero investigada por las autoridades.
Según la Fiscalía, los recursos depositados en la cuenta suiza también fueron utilizados para financiar la compra de una residencia en la Ciudad de México, valuada en más de 32 millones de pesos, inmueble que ya fue sujeto a un procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia definitiva. Las autoridades sostienen que, cuando ocurrieron estas operaciones, Emilio Lozoya ya sabía que asumiría la dirección general de Pemex.
Tras su captura, Gilda Susana Lozoya Austin fue puesta a disposición del juez federal que giró la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. La detención representa un nuevo avance en las investigaciones sobre la red de presuntos actos de corrupción vinculados a la compra irregular de Agronitrogenados, uno de los casos emblemáticos del sexenio pasado y que continúa bajo seguimiento de la Fiscalía.
Durante un cateo realizado en febrero de 2026, la FGR aseguró un inmueble y seis aeronaves en Otatitlán, Veracruz.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N”, por el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, por operar un aeródromo sin autorización en el municipio de Otatitlán, Veracruz. El delito está previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.
La investigación derivó de un cateo realizado en febrero de 2026 por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), durante el cual fueron asegurados un inmueble y seis aeronaves.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal reunió datos de prueba que apuntan a que el propietario del predio realizaba operaciones aéreas sin contar con los permisos expedidos por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Con base en las pruebas presentadas, un juez de control determinó vincular a proceso al imputado y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará recabando elementos para fortalecer el caso.
Elementos navales detuvieron a ocho personas durante un operativo de vigilancia marítima en aguas chiapanecas, en coordinación con la SSPC y la FGR.
Personal de la Secretaría de Marina realizó un aseguramiento importante frente a las costas de Chiapas. Los efectivos trabajaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Durante la operación lograron detener a ocho personas y confiscaron cerca de 1.2 toneladas de cocaína.
Esta acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia que realiza la Marina en aguas mexicanas. Los oficiales identificaron la embarcación sospechosa y actuaron de inmediato para frenar el tráfico de droga. Gracias a este operativo, evitaron que casi 2.4 millones de dosis llegaran a las calles.
El combate al narcotráfico por vía marítima continúa arrojando resultados significativos. En lo que va de la actual administración, la Marina ha asegurado alrededor de 74 toneladas de cocaína en distintos operativos. Estas cifras reflejan el esfuerzo constante por debilitar las estructuras operativas del crimen organizado.
Las autoridades federales mantienen su estrategia de vigilancia en el océano Pacífico y otras zonas costeras del país. Cada aseguramiento representa un golpe directo a las finanzas de los grupos delictivos. Además, contribuye a reducir la disponibilidad de drogas ilegales en territorio nacional.
Tres personas fueron sorprendidas con más de 246 kilos de pepino de mar y seis kilos de pulpo maya en Yucatán.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, Gabriel “N” y Gregorio “N” por el delito contra la biodiversidad con fines de comercio, al ser sorprendidos en posesión de pepino de mar y pulpo maya, especies marinas sujetas a protección y en periodo de veda.
La investigación comenzó tras un operativo de vigilancia de la Secretaría de Marina frente a las costas del puerto pesquero de Dzilam de Bravo, Yucatán. Luego de una persecución, los tres hombres fueron detenidos cuando transportaban producto marino en una embarcación sin acreditar su legal procedencia, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con el dictamen pericial en materia ambiental, fueron asegurados 246 kilos con 415 gramos de pepino de mar y seis kilos con 30 gramos de pulpo maya, además de la embarcación con motor fuera de borda y diverso equipo utilizado para pesca submarina, entre ellos un compresor improvisado, un tanque de aire hechizo, mangueras, bidones para combustible y una hielera de fibra de vidrio.
Con los datos de prueba presentados por la FGR, un juez de control dictó la vinculación a proceso de los tres imputados, imponiéndoles como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salir de Yucatán. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La FGR recordó que los imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
La droga fue incinerada en una empresa especializada del Estado de México bajo supervisión del Ministerio Público Federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó dos kilos 306 gramos 800 miligramos y 28 mil 308 unidades de sustancias que contenían fentanilo, como parte de diversas investigaciones iniciadas en el estado de Querétaro.
La destrucción se realizó en las instalaciones de una empresa especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, ubicada en el Estado de México, en cumplimiento de los protocolos y disposiciones legales vigentes.
El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, con la participación de personal del Órgano Interno de Control (OIC), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química y fotografía forense.
Se aseguraron tres tigres de bengala, un ocelote, un lince, 32 equinos y varios vehículos, derivado de una denuncia por la presencia de personas armadas y fauna.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres tigres de bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Victoria de Durango, Durango, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia de un elemento de la Guardia Nacional que reportó la presencia de personas armadas y animales exóticos en la zona.
La diligencia fue autorizada por un juez a petición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial también aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.
La FGR informó que los ejemplares de fauna silvestre quedaron bajo resguardo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre de Durango, mientras que los equinos fueron entregados a la Policía Montada de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. El inmueble permanece asegurado y las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.
El exgobernador de Quintana Roo dejó el CEFEREPSI de Morelos luego de obtener el beneficio de prisión domiciliaria, aunque aún enfrenta una causa federal relacionada con presuntas operaciones irregulares por miles de millones de pesos.
Después de permanecer nueve años privado de la libertad, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras enfrenta el proceso judicial por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
El exmandatario priista fue trasladado a un inmueble en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia permanente mediante un brazalete electrónico, como parte de las medidas cautelares autorizadas por un juez federal. El cambio de prisión preventiva a resguardo domiciliario había sido concedido desde años atrás, condicionado al pago de una garantía económica y a la acreditación de un domicilio fijo.
La salida de Borge ocurre semanas después de que fuera absuelto del delito de delincuencia organizada, una resolución que fortaleció su situación jurídica. Sin embargo, el exgobernador aún deberá responder ante la justicia por las acusaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas a la venta de 25 inmuebles, cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos.
Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente de la Fiscalía General de la República (FGR) sostienen que durante su administración se habrían realizado maniobras para transferir predios de la reserva territorial de Quintana Roo a precios inferiores a los del mercado, presuntamente beneficiando a particulares y empresas vinculadas con prestanombres.
De acuerdo con las indagatorias, estas operaciones habrían provocado un daño al erario superior a 900 millones de pesos, convirtiendo el caso de Roberto Borge en uno de los expedientes de presunta corrupción más emblemáticos entre exgobernadores mexicanos. Aunque varias acusaciones estatales fueron desestimadas con el paso de los años, el proceso por lavado de dinero continúa abierto y será enfrentado desde prisión domiciliaria.
Borge, quien gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido en Panamá en junio de 2017 y extraditado a México en enero de 2018. Desde entonces se convirtió en uno de los principales símbolos de los procesos judiciales emprendidos contra exfuncionarios señalados por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
Fueron detenidos en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado con 8.9 kilos de heroína y 4.7 kilos de goma de opio ocultos en el tanque de gasolina.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Abelardo “N”, Isiss “N” y Jesús “N” por delitos contra la salud, por transportar heroína y goma de opio. Un juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación.
La detención se realizó tras una denuncia anónima que alertó sobre una camioneta pickup que circulaba por la Carretera Federal 02, en el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron la unidad, le marcaron el alto e inspeccionaron el vehículo con autorización de sus ocupantes.
Durante la revisión, los agentes descubrieron un cargamento oculto en el tanque de combustible. El aseguramiento incluyó 18 paquetes con heroína, con un peso total de 8.930 kilogramos, así como 10 paquetes con goma de opio que sumaron 4.759 kilogramos. También fue localizado un frasco con líquido color morado.
Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un teléfono celular, la camioneta y diversa documentación. En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.
El exfiscal acumuló inmuebles, autos de alta gama y joyas millonarias mientras la Fiscalía General de la República cerró su gestión con expedientes emblemáticos sin resolver.
El entonces titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero —hoy embajador de México en Reino Unido—, acumuló durante su trayectoria en el servicio público un patrimonio que incluye 13 bienes inmuebles, autos de lujo, joyas y obras de arte, de acuerdo con su última declaración patrimonial.
En 2020, cuando encabezaba la FGR, recibió la cesión de una casa de 878 metros cuadrados y adquirió un Rolls Royce valuado en 2.7 millones de pesos, en un periodo en el que la institución enfrentaba casos de alto impacto como Odebrecht, la Estafa Maestra y el caso Ayotzinapa, todos con avances limitados o sin resolución de fondo.
Ese mismo año, la Fiscalía también estuvo envuelta en polémica por el caso de Alejandra Cuevas, acusada por el exfiscal de homicidio por omisión, situación que terminó en la intervención de la Suprema Corte, que ordenó su liberación, exhibiendo fallas graves en la integración del expediente.
La revisión patrimonial muestra que Gertz Manero reportó propiedades heredadas desde décadas atrás, así como compras de alto valor: una casa por 1.1 millones de dólares en 2007 y un departamento por 1 millón de euros en 2013. También registró vehículos de lujo, entre ellos varios Mercedes Benz y otros dos Rolls Royce adquiridos en distintos momentos de su carrera.
En paralelo, su gestión al frente de la FGR se caracterizó por el rezago en investigaciones clave como el caso de Emilio Lozoya, la Estafa Maestra, el desfalco en Segalmex y denuncias contra exgobernadores por presuntos delitos de corrupción, lo que dejó una percepción de más del 90% de impunidad en los expedientes federales, según balances periodísticos.
Además, su patrimonio incluye joyas valuadas en 18.3 millones de pesos, obras de arte por 8 millones, acciones empresariales y activos inmobiliarios, lo que ha reavivado el debate sobre la congruencia entre el estilo de vida de altos funcionarios y los resultados institucionales.
El contraste entre acumulación patrimonial y resultados de la Fiscalía deja una lectura incómoda: una institución clave del Estado mexicano con expedientes estancados, mientras su titular concentraba poder, bienes de alto valor y decisiones polémicas que marcaron su paso por la procuración de justicia.
