Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.
El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.
El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.
Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.
Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
