Confirmación de la SSPC asegura que el gobernador con licencia de Sinaloa no tiene ninguna notificación internacional en su contra, a pesar de las acusaciones recientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha confirmado que Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, no cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol. Esta aclaración llega tras varias consultas con organismos nacionales e internacionales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que, hasta el momento, no existe ninguna notificación en contra de Rocha Moya. Aunque, según informes, sí hay una orden relacionada emitida desde Estados Unidos.
García Harfuch explicó que, de emitirse una ficha roja, se notifica primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a la Fiscalía General de la República. Esta última institución evalúa si se procede con una orden de detención para extraditar al implicado.
Hace pocos días, la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado que Rocha Moya, junto con otros exfuncionarios, fue acusado de narcotráfico por la Fiscalía estadounidense. Según ella, ellos cuentan con una ficha roja por parte de la Interpol. Aseguró que Rocha Moya se encuentra en su hogar en Sinaloa, en un contexto de creciente preocupación por los temas de seguridad en el estado.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la situación de Rubén Rocha seguirá atrapando la atención mediática y política en el país.
El dirigente nacional del PAN minimizó las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, evitó responder sobre Cabeza de Vaca y terminó huyendo de la prensa.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, volvió a defender a los criminales de su partido, en esta ocasión a la gobernadora de Chihuahua y traidora a la patria, Maru Campos, durante su comparecencia ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.
⭕ Video | Esta mañana, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presenta en la Fiscalía General de la República en la CDMX para compadecer por el delito de traición a la patria y dejar entrar a fuerzas extranjeras de la CIA al país sin autorización. La mandataria se… pic.twitter.com/xOwQcpiHAu
Lejos de responder de manera puntual sobre las acusaciones con presuntas extradiciones ilegales y la colaboración de la gobernadora con agentes estadounidenses sin autorización nacional, que significa una clara violación a la soberania nacional, Romero optó por descalificar las críticas y acusar a Morena de “querer distraer”.
Durante el intercambio de palabras con nuestro reportero, Luis Piña, de Los Reporteros Mx, el líder panista minimizó las declaraciones de Campos sobre la cooperación con autoridades de Estados Unidos y aseguró que “nadie se está metiendo con la patria”, pese a que sucedieron fuera del marco legal mexicano. Romero incluso justificó la participación de agentes extranjeros en territorio nacional al argumentar el desmantelamiento de un laboratorio de droga.
En su lugar echó en cara que era responsabilidad del gobierno federal, deslindando de la responsabilidad a la gobernadora. Por si no fuera poca, también evitó responder sobre los señalamientos de lavado de dinero que pesan sobre el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, elemento de su partido que cuenta con orden de extradición.
Fue tan sólo con su presencia, junto a demás elementos panistas cuyo historial es cuestionable, como el senador Ricardo Anaya; la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; y el abogado de sus narcopoliticos, Roberto Gil Zuarth; que se evidencia el pacto criminal, una protección política.
En lugar de transparentar los hechos o exigir claridad sobre las acusaciones, Romero prefirió confrontar a la prensa e irse abruptamente de la entrevista mientras se le cuestionó sobre las patrullas del estado de Chihuahua con logos de Nueva York. “Hermanos, me tengo que ir”, dijo mientras abordaba su vehículo.
Es de recordar que Jorge Romero es cabecilla del llamado “Cartel inmobiliario” construido entre distintos gobiernos panistas en Benito Juárez. De acuerdo con los datos exhibidos, fue con el propio Jorge Romero, que entre 2012 y 2015, la cifra de inmuebles irregulares aumentó a 27 inmuebles con 68 niveles excedentes.
Las declaraciones del líder del PAN también exhiben pues las contradicciones dentro de la oposición, que históricamente ha acusado al gobierno federal de ceder ante presiones extranjeras, pero ahora defiende la cooperación de gobiernos panistas con agencias estadounidenses. Para evidenciar al blanquiazul, la reacción de Jorge Romero refleja el intento de cerrar filas y desviar la atención ante escándalos.
En un operativo en Tihuatlán, las autoridades detuvieron a 12 personas y decomisaron miles de litros de hidrocarburo y equipo especializado.
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó un importante operativo en el municipio de Tihuatlán. Como resultado, aseguraron 256 mil 828 litros de huachicol y detuvieron a 12 personas.
El operativo comenzó tras recibir una denuncia anónima. Los agentes de seguridad se movilizaron rápidamente al lugar en Plan de Ayala, donde encontraron el hidrocarburo y varios equipos relacionados con su almacenamiento.
Entre el material confiscado se incluyen 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento y 52 cubitanques. Además, se encontraron motobombas, remolques y otros vehículos que estaban relacionados con la actividad ilícita.
Las autoridades informaron que todos los elementos y detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público para que se determine su situación legal. Este operativo destaca el esfuerzo continuo de las fuerzas de seguridad para combatir el robo de combustible en la región.
Cabe mencionar que este no es el primer cateo exitoso en Veracruz. En febrero pasado, se aseguraron otros 80 mil litros de huachicol en Minatitlán, revelando la magnitud del problema en el estado. Las autoridades siguen comprometidas en su lucha contra el huachicol, buscando desmantelar redes que operan en la clandestinidad.
La oposición pide investigar la triangulación de recursos, que afectaría a las finanzas públicas del estado, entre otros cargos.
En Nuevo León, la presidenta del Comité Estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. La denuncia alega corrupción y el uso indebido de recursos públicos para mejorar su imagen personal.
De acuerdo con Alcocer Cruz, se estima que más de mil 400 millones de pesos fueron objeto de operaciones irregulares. Según la fiscalización de la denuncia, empresas proveedoras del gobierno estatal recibieron fondos públicos. Luego, esas empresas habrían transferido grandes sumas a un despacho jurídico ligado al gobernador.
La presidenta de Morena en Nuevo León mencionó que la denuncia sugiere posibles delitos de peculado, estipulados en el artículo 223 del Código Penal Federal. Este artículo señala que un servidor público que utiliza o desvíe recursos para beneficio personal o de terceros comete un delito serio.
Aún más preocupante, Alcocer Cruz indicó que las operaciones implicarían recursos federales y podrían incluir transferencias a empresas en Texas, donde un socio tiene vínculos familiares con el secretario general de Gobierno de Nuevo León.
Por su parte, el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en el estado, destacó la importancia de investigar la denuncia. Manifestó que es crucial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analice estas transacciones. “Queremos claridad sobre lo que ha sucedido. Si se cometió un delito, se debe sancionar; de lo contrario, los ciudadanos merecen respuestas”, enfatizó.
Ambos líderes de Morena expresaron su deseo de que la FGR realice una indagación objetiva y exhaustiva. La población de Nuevo León espera que se esclarezcan estos presuntos actos de corrupción, que podrían tener repercusiones graves en las finanzas del estado.
Jorge Armando Martínez Guerrero, conocido como “El Patoleco”, recibió una dura sentencia de prisión. El cártel del Golfo sigue en la mira de las autoridades.
El cártel del Golfo enfrenta una dura derrota legal. Jorge Armando Martínez Guerrero, apodado “El Patoleco”, fue condenado a 130 años de prisión por privación ilegal de la libertad. Esta sentencia fue emitida por el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas.
La historia de “El Patoleco” comenzó en septiembre de 2014, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial lo arrestaron. En ese momento, estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Este arresto permitió a las autoridades comenzar a construir un caso sólido en su contra.
El Ministerio Público Federal, parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, reunió pruebas contundentes. Esto llevó a la pena de 130 años de prisión y a una multa de más de 3.5 millones de pesos.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República está activa en otras áreas. Recientemente, dos personas fueron vinculadas a un proceso por posible participación en operaciones con dinero de origen ilícito. Estos individuos fueron detenidos en Centla, Tabasco,con 187 mil dólares y más de 200 mil pesos escondidos en cajas de cartón dentro de una camioneta.
La fiscalía tomó cartas en el asunto, ya que no pudieron justificar el origen de ese dinero. Ambos detenidos, así como el vehículo y los fondos, están bajo la investigación federal.
Además, se emitió una orden de aprehensión contra Daniel de Jesús Reyes Cubillos por un posible abuso de confianza. Este caso está relacionado con su tiempo como funcionario, donde probablemente incumplió un acuerdo institucional.
La lucha contra el crimen organizado sigue su curso. La condena a “El Patoleco” y las recientes detenciones en Tabasco muestran el compromiso de las autoridades para combatir la impunidad.
El gobernador, con licencia, de Sinaloa aseguró que respondió a las preguntas de la Fiscalía en Culiacán y afirmó que seguirá colaborando con las autoridades.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que compareció presencialmente ante la Fiscalía General de la República en su sede de Culiacán, luego de los señalamientos surgidos desde Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que respondió a las preguntas formuladas por una agente del Ministerio Público Federal. Afirmó también que mantendrá disposición para acudir a cualquier llamado de las autoridades e investigación “en el momento que así lo juzgue necesario”.
Además, señaló que su decisión obedece a su confianza en el sistema judicial mexicano, el Estado de Derecho y las instituciones de justicia, las cuales, dijo, han sido fortalecidas por el movimiento de la Cuarta Transformación mediante reformas que buscan profundizar la democracia y la justicia en el país.
A la opinión pública:
Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.
Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…
Esto responde al pasado 23 de mayo, cuando la FGR lo citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a los otros nueve mencionados en las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En su posicionamiento, el mandatario con licencia aseguró que continuará defendiendo su inocencia “con la frente en alto” frente a presiones externas. Hasta el momento, la FGR no ha emitido información oficial sobre el contenido de la diligencia ni sobre el alcance de la declaración rendida por el gobernador con licencia.
La presidenta afirma que las comparecencias de Maru Campos y Rubén Rocha son parte de investigaciones ministeriales y no tienen motivaciones políticas.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dio su opinión sobre los recientes citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su visita a Tabasco, Sheinbaum aseguró que estos procedimientos no están relacionados con la política.
“No hay nada político. ¿Por qué sería político?”, preguntó la mandataria. Resaltó que las comparecencias son necesarios procesos de la FGR, derivados de investigaciones en marcha.
En una entrevista antes de entregar tarjetas de la Beca Rita Cetina, Sheinbaum explicó que la información proporcionada por la titular de la FGR a la secretaria de Gobernación indica que estos citatorios forman parte de indagatorias sobre ambos estados. “Entiendo que son procedimientos de las investigaciones que llevan en Chihuahua y Sinaloa. La Fiscalía nos informó, y no hay más que eso”, agregó.
La FGR anunció que Campos Galván y el ex fiscal estatal de Chihuahua comparecerán como testigos en el marco de investigaciones relacionadas con un operativo en la Sierra del Pinal, realizado los días 17 y 18 de abril. Además, se están llevando a cabo diligencias en relación con una acusación presentada en Nueva York contra diez ciudadanos de Sinaloa, incluido Rubén Rocha.
La postura de Sheinbaum busca aclarar las dudas sobre la posible influencia política detrás de estos procesos legales y reafirma su confianza en el trabajo de la Fiscalía.
Panistas exigen marchas para apoyar a la gobernadora de Chihuahua, quien denuncia persecución política tras citación de la FGR.
Miembros del Partido Acción Nacional (PAN) cerraron filas alrededor de la gobernadora Maru Campos tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR). Este requerimiento está relacionado con una investigación sobre un operativo del Cártel en la Sierra del Pinal, el cual involucraría a agentes de la CIA.
La citación se entregó a la salida del Palacio de Gobierno. Campos tiene que presentarse el 27 de mayo para dar su testimonio. Tras el anuncio, la gobernadora denunció que se trata de una “persecución política” y cuestionó por qué a ella se le llama a declarar, mientras otros mandatarios no enfrentan situaciones similares.
“Siempre he dado la cara ante las autoridades”, declaró Campos, quien expresó su intención de asistir a la FGR. En redes sociales, añadió que el gobierno federal protege a delincuentes y persigue a quienes cumplen con su deber.
La FGR aclaró que la cita busca recabar información relacionada con un operativo del 17 y 18 de abril, y que tanto Campos como el exfiscal General de Justicia de Chihuahua fueron citados como testigos. La investigación se centra en la posible participación de autoridades extranjeras en operaciones en México.
La situación generó un fuerte respaldo dentro del PAN. Figuras como el espurio Felipe Calderón Hinojosa y la exsenadora Adriana Dávila hicieron un llamado a movilizarse en apoyo a Campos. Dávila menciona que la FGR actúa de forma selectiva y que la comparecencia de Campos responde a motivos políticos más que judiciales.
El “Comandante Borolas” también invitó a sus seguidores a acompañar a Campos el día de su comparecencia. Mientras el PAN construye un discurso de persecución política, la FGR mantiene que su acción se fundamenta en la ley. La investigación desata nuevos debates sobre la actuación del gobierno estatal y su relación con el crimen organizado.
La Fiscalía General de la República llama a Rubén Rocha Moya y otros nueve a declarar por sobornos del cártel de Sinaloa.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ha sido citado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a acusaciones graves que provienen de Estados Unidos. Esta investigación se centra en supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa, y Rocha no está solo en este proceso.
Nueve personas más, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázares, también deben comparecer. Entre ellos se encuentran ex funcionarios de seguridad, como Dámaso Castro, Marco Antonio Almanza, y otros ex jefes de la Policía de Investigación del estado. Se pide su presencia para esclarecer su posible vinculación con estas acusaciones.
La FGR, bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos, ha hecho saber que también citarán a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. Su declaración será clave en relación con la participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos.
La Fiscalía explicó que estas citaciones son parte de un esfuerzo por avanzar en las investigaciones. Su objetivo es abordar estos casos de interés público con seriedad y puntualidad. Además, subrayaron que se trata de acciones necesarias frente a información reciente sobre el cártel y sus implicaciones.
El llamado a declarar es un paso importante en un proceso que busca desenredar la compleja red de corrupción que ha afectado a la seguridad en México. La atención de la sociedad hacia este caso no solo es relevante por la gravedad de las acusaciones, sino también por lo que significa para la transparencia en la política del país.
La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República este sábado. El documento, entregado por dos agentes ministeriales, le solicita presentarse a declarar sobre la colaboración de su gobierno con agentes estadounidenses.
El citatorio fija la fecha para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. Campos recibió el requerimiento tras salir del palacio de gobierno, donde se mostró dispuesta a comparecer. “Estoy aquí dando la cara. Qué feliz casualidad”, afirmó la mandataria.
La gobernadora expresó su preocupación por la situación, señalando que estos hechos son malas noticias para Chihuahua. Dijo que su objetivo es mantener la institucionalidad y proteger los intereses de la ciudadanía. “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, agregó.
Campos también hizo una comparación con otros gobernadores, mencionando que Rubén Rocha en Sinaloa no fue llamado a declarar ni otros mandatarios en el país. A pesar de contar con fuero constitucional, ella está dispuesta a acudir a la Fiscalía.
