La UNAM desembolsó al menos 99.6 millones de pesos a la empresa Territorium Life entre 2025 y 2026 por aplicar y vigilar exámenes de ingreso en línea, según una auditoría a la que tuvo acceso Milenio mediante una solicitud de transparencia. El servicio cuyos controles quedaron en duda, es lo que obligó a la universidad a recurrir a un examen presencial para verificar los resultados de miles de aspirantes.
El gasto documentado se compone de 30.4 millones de pesos en tres pagos realizados en 2025 y 69.2 millones de pesos que la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció haber desembolsado en 2026. Pero la cifra real podría ser mayor, ya que no incluye un cuarto pago de 2025 cuyo monto no aparece en el informe de auditoría. Es decir, ni siquiera la propia auditoría logra dar cuenta completa de cuánto se pagó realmente.
La solicitud no permite verificar con claridad cuándo y cuánto se pagó realmente; ni la propia auditoría universitaria logró reconstruir el monto total, con una falta de un pago de 2025.
El contrato, formalizado el 23 de marzo de 2026, con un costo de 227.85 pesos más IVA por examen, contemplaba un software con al menos 20 mecanismos para vigilar la adecuada aplicación del examen.
Dos semanas después de la aplicación del examen, los resultados mostraron un aumento inusual de calificaciones altas, la proporción de aspirantes con al menos 100 de 120 aciertos pasó de un promedio histórico de 3.5% a 16.3% ese año. Ante la sospecha de fraude masivo, la UNAM suspendió las inscripciones y convocó a 58 mil 783 personas a un examen de control presencial.
Hasta que estalló el escándalo fue que la UNAM dio a conocer la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, anunciando tres auditorías: una tecnológica a la plataforma y dos relacionadas con el proceso de adjudicación del contrato, una a cargo de la Contraloría Universitaria y otra de la Auditoría Superior de la Federación. También se han presentado 5 denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México por fraude.
El proceso fue por adjudicación directa, hecho en febrero por la Dirección de Administración Escolar, es decir, sin licitación pública competitiva, con base en que la empresa contaba con certificaciones internacionales, era propietaria de la plataforma tecnológica y había participado previamente en procesos de admisión de la UNAM, incluido el bachillerato de 2025.
El contrato de casi 102 millones de pesos para “blindar” la integridad del examen de ingreso más importante del país se otorgó sin concurso público, basado en experiencia previa de mucho menor escala.
Tomemos en cuenta que en 2025 el número de aspirantes era menor, pero en 2026 fue la primera vez que se le contrató para supervisar exámenes de hasta 385 mil aspirantes. La empresa Territorium Life pasó de vigilar un proceso acotado a uno masivo que definiría el ingreso a la máxima casa de estudios del país.
