La presidenta recordó que el propio expresidente del INE reconoció por años la concentración de proveedores de material electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Lorenzo Córdova de saber desde hace años que el INE concentraba sus contratos de material electoral en muy pocas empresas y de no hacer nada para cambiarlo. En su conferencia matutina, presentó un fragmento de una entrevista de Córdova en W Radio, en la que el exconsejero presidente admitió que desde hace más de dos décadas se cuestionaba esa concentración.
“Eso es un problema que estaba ahí desde antes, sí, pero él lo mantuvo”, sostuvo la mandataria. Según Sheinbaum, el problema se arrastra desde 1999, pero durante la gestión de Córdova se conservaron los lineamientos de contratación que beneficiaban a las mismas compañías. Cuestionó que sólo dos empresas pudieran fabricar casillas y mamparas, cuando en el país hay muchos fabricantes capaces de hacerlo.
La presidenta añadió que, tras la reforma de 2014, el Consejo General del INE, entonces encabezado por Córdova, nombró a los consejeros de los organismos electorales de los estados, que desde entonces sólo contratan material con esas mismas empresas. Entre los designados estuvo Guadalupe Taddei, hoy presidenta del INE, quien encabezó el organismo electoral de Sonora. Sheinbaum pidió revisar también la gestión de Taddei y propuso que Talleres Gráficos de México participe más en la producción de material electoral.
Córdova ha defendido que las licitaciones de su gestión tenían vigilancia, testigos sociales y revisiones de auditoría.
Desde Estados Unidos, el excandidato desconoce la victoria de Lula da Silva y denuncia fraude. También agradece a Javier Milei por su “valentía”.
Flávio Bolsonaro rompió su silencio este miércoles, ya lejos de Brasil. En su primera declaración pública tras las elecciones, se presentó como el “verdadero Presidente electo” de su país. Lo hizo desde Estados Unidos, adonde llegó tras violar una orden judicial.
El excandidato difundió una carta a través del medio brasileño Metrópoles. “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como verdadero Presidente electo de Brasil”, escribió. Con esas palabras, desconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas.
Además, Bolsonaro denunció un supuesto fraude electoral. Acusó a las autoridades electorales de favorecer a Lula. También cuestionó una decisión del Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal del país. En su carta no presentó pruebas de esas acusaciones.
Por otro lado, el político tuvo palabras de gratitud para el presidente argentino. Agradeció a Javier Milei por su “valentía”. Ese gesto llega mientras Argentina enfrenta preguntas sobre el paso de Bolsonaro por su territorio.
La ruta de escape tuvo varias paradas. Según los reportes, Bolsonaro entró a Argentina a pie. Desde allí voló a Ecuador y luego llegó a Estados Unidos junto con su familia.
Lula respondió con dureza a la huida. El presidente brasileño dijo que escapar del país es una vergüenza. Para él, quien pierde en las urnas debe dar la cara ante su pueblo.
Mientras tanto, el caso sigue abierto y la información está en desarrollo. Brasil espera ahora los próximos pasos de la justicia y de su Gobierno.
Marinos, fiscales y agentes federales arrestaron a Richard “N”, a quien Estados Unidos busca por cuatro órdenes de arresto y por su presunta participación en una red de robo de identidad.
En Mérida, Yucatán, las autoridades mexicanas detuvieron a Richard “N”, ciudadano estadounidense que el gobierno de su país considera un objetivo prioritario. Elementos de la Semar, la SSPC y la FGR participaron en la operación.
El hombre acumula cuatro órdenes de arresto en Florida. Además, las autoridades lo vinculan con una célula criminal que se dedicaba al fraude y al robo de identidad. Estos delitos golpean directamente a las familias, que de pronto descubren deudas o movimientos que nunca hicieron.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, de la FGR, hicieron el arresto. Además, trabajaron en coordinación con el INAMI.
Las instituciones explicaron que la captura nace del trabajo conjunto y de la cooperación con otros países. Por eso, México localiza y detiene a personas que otras naciones reclaman, siempre con respeto a la soberanía nacional.
Francisco Guel Macías, exsecretario de Desarrollo Urbano de Aguascalientes durante la administración de Lorena Martínez Rodríguez, fue detenido por presunto fraude y falsificación de documentos por más de 600 mil pesos. Se trata de su segunda detención por una acusación de fraude, luego de un antecedente registrado en marzo de 2025.
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Francisco Guel Macías, quien encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal entre 2011 y 2013. La detención responde a señalamientos por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos en perjuicio de Eduardo “N” y su pareja.
De acuerdo con la información disponible, el monto relacionado con la denuncia supera los 600 mil pesos. Esta es la segunda ocasión en que Guel Macías es detenido por una acusación de fraude: la primera ocurrió en marzo de 2025. Los señalamientos actuales deberán ser examinados por las autoridades judiciales durante el proceso correspondiente.
Durante el último año de su gestión municipal, el exfuncionario también había sido señalado por presuntos malos manejos, aunque aquellas acusaciones no fueron comprobadas en ese momento. Estos antecedentes forman parte del contexto de su trayectoria pública, pero no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad en el caso actual.
La audiencia inicial está prevista para realizarse este día ante los juzgados de control y oralidad, donde se determinarán los primeros pasos del procedimiento judicial. Se anticipa que la defensa solicitará la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo para presentar pruebas. La investigación y el proceso deberán establecer si existen elementos suficientes para acreditar los delitos que se le imputan.
La funcionaria enfrenta señalamientos tras meses de escrutinio por un programa municipal de apoyos económicos; autoridades aún no confirman si las acusaciones están relacionadas con esas subvenciones.
La alcaldesa de Kissimmee, Florida, Estados Unidos, Jackie Espinosa, fue detenida este miércoles 21 de octubre por cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar, informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier. Las autoridades anunciaron que darán más detalles durante una conferencia de prensa programada para las 14:00 horas en Orlando.
La detención ocurre después de varios meses de cuestionamientos sobre el manejo de recursos del programa municipal Business Boost 2.0, destinado a otorgar apoyos económicos. El caso ha puesto bajo escrutinio la relación de la alcaldesa con negocios vinculados a ella y a personas cercanas, así como la asignación de dinero público.
En septiembre, la Comisión de Ética de Florida determinó que existía causa probable para considerar que Espinosa habría incurrido en una relación contractual prohibida con una empresa que mantenía acuerdos con el municipio. El señalamiento surgió después de la adjudicación de aproximadamente 50 mil dólares en recursos públicos a negocios relacionados con la funcionaria y sus allegados. Esta determinación no constituye una resolución definitiva de culpabilidad.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los cargos por los que fue detenida están directamente vinculados con las subvenciones del programa municipal. La investigación deberá establecer los hechos y las posibles responsabilidades de la alcaldesa.
La controversia también había llegado al ámbito político local. En agosto, la Comisión de la Ciudad de Kissimmee sometió a votación un procedimiento para destituir a Espinosa, pero la propuesta no avanzó debido a un empate de dos votos contra dos. La conferencia de prensa anunciada por la Fiscalía General de Florida podría aportar nuevos elementos sobre las acusaciones y el alcance del caso.
La Casa Blanca presume que canceló cientos de miles de permisos de entrada por fraude o delitos. Al mismo tiempo, endurece las reglas para trabajadores, estudiantes y turistas.
Más de 300 mil personas perdieron su visa estadounidense desde enero de 2025, informó este martes la Casa Blanca. La cifra corresponde al segundo mandato del presidente Donald Trump.
El gobierno asegura que canceló esos documentos por fraude o actividades delictivas. Entre ellos, el comunicado menciona al menos 4 mil visas ligadas al turismo de parto. También cita 6 mil visas de estudiantes extranjeros que cometieron delitos o tienen vínculos con el terrorismo.
Además, el gobierno complicó el camino de los trabajadores calificados. Los extranjeros con visa H-1B no pueden entrar al país si su solicitud no incluye un pago de 100 mil dólares.
Las autoridades también eliminaron la selección aleatoria de las inscripciones H-1B y ahora aplican un sistema basado en méritos. Con ese cambio, las inscripciones a la lotería bajaron 38 por ciento para el año fiscal 2027. Washington tampoco planea una segunda selección.
Otros solicitantes también pagarán más. Los ciudadanos de países de alto riesgo deberán dejar fianzas de hasta 15 mil dólares para tramitar su visa. Los aspirantes a estudiar en Estados Unidos, por su parte, tendrán que hacer públicas sus redes sociales para que las autoridades las revisen.
Detrás de estas cifras hay familias, jóvenes y profesionales que ven cambiar sus planes. Quien sueña con estudiar o trabajar en Estados Unidos enfrenta ahora más requisitos, más costos y más vigilancia.
La compra de un terreno por 86.5 millones de pesos, los vínculos entre personajes políticos y empresas, y una autorización presupuestal de casi 784 millones colocan bajo escrutinio la construcción de la nueva sede del Congreso de Puebla.
La nueva sede del Congreso de Puebla costó 783 millones 927 mil 829.79 pesos durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Sin embargo, antes de levantar el recinto, las autoridades debían esclarecer los antecedentes de propiedad del terreno, verificar su situación jurídica y comprobar que podía destinarse legalmente a la obra; no lo hicieron.
La revisión documental de Los Reporteros MX permite reconstruir una cadena de operaciones inmobiliarias y decisiones administrativas que exige respuestas.
Los personajes detrás de la operación inmobiliaria
Entre los nombres vinculados con los antecedentes del terreno figura Jorge Estefan Chidiac, político priista cuya relación con el inmueble se remonta a operaciones previas a su venta al Estado. Como se documentó en el capítulo 2 de esta investigación, en 2007 su esposa adquirió el predio, que permaneció en manos de personas y empresas relacionadas con su entorno hasta 2022.
A esta historia se suma Michelle Chidiac Acar, madre del exfuncionario, quien adquirió acciones de Inmobiliaria 2015 hasta controlar el 90% de su capital social, según documentos del Registro Público de Comercio fechados el 28 de febrero de 2022. Ese mismo año, la empresa vendió al Estado el terreno de 12 mil 855 metros cuadrados por 86 millones 552 mil pesos, donde posteriormente se construyó el nuevo recinto legislativo.
No olvidemos que Estefan Chidiac también ocupó cargos políticos y legislativos en Puebla. Durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública estatal. Sus antecedentes inmobiliarios y su posterior participación en la administración pública forman parte del contexto que debe examinarse para reconstruir la cadena de propiedad del terreno.
Recordemos que Chidiac estrechó su relación con Sergio Salomón Céspedes durante la legislatura en la que ambos fueron diputados locales. Su cercanía coincidió con la llegada de Salomón al gobierno de Puebla, tras la muerte de Miguel Barbosa.
Otro nombre es José Chedraui Budib, actual alcalde de Puebla, quien aparece en la estructura corporativa de Grupo Alsagi. En 2015, Jomapa quedó vinculada con ese conglomerado y tuvo una relación societaria con una firma en la que figuraban Estefan Chidiac y su socio Fernández Brito.
Por su parte, Igor Emilio Ferrer Acuña, quien estuvo al frente de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado durante la administración de Miguel Barbosa, actualmente dirige el área de Bienes Patrimoniales del gobierno municipal encabezado por ni más ni menos que José Chedraui.
Un antecedente judicial y una donación federal
La historia del predio también incluye una controversia judicial durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. El entonces gobernador promovió una demanda contra Estefan Chidiac por un conflicto relacionado con el terreno. El exgobernador ya fallecido sabía de los planes que tenía Chidiac para cometer el fraude que hoy se vislumbra en la edificación del Congreso de Puebla.
De acuerdo con la reconstrucción documental de esta investigación, el asunto llegó a un tribunal local que no tenía competencia para resolverlo, pues correspondía a una instancia federal. Posteriormente se concedió un amparo por una cuestión jurisdiccional: la resolución no determinó quién era el legítimo propietario del inmueble, sino que estableció que el tribunal local no podía resolver el fondo de la disputa.
El antecedente resulta relevante porque, en 2012, la Federación donó un terreno al estado de Puebla con la condición de destinarlo a un Parque Metropolitano. El decreto establecía que, si el inmueble se utilizaba para otro fin sin autorización federal previa, tanto el terreno como sus mejoras podían revertir a la Federación.
Las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del terreno para ocultar que se trataba del mismo predio donado por la Federación en 2012 para construir un Parque Metropolitano. Con esta maniobra, hicieron pasar el inmueble como si fuera distinto y avanzaron con su compra y posterior construcción del Congreso, pese a que el decreto federal condicionaba su uso y contemplaba la reversión del terreno si se destinaba a otro fin sin autorización.
De la compra a la autorización de casi 784 millones
El 31 de octubre de 2022, el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, adquirió el predio de Inmobiliaria 2015 por 86 millones 552 mil pesos. Posteriormente, el 12 de junio de 2023, el terreno fue donado al gobierno estatal ante la Notaría Pública 19, según los antecedentes documentales revisados para esta investigación.
La secuencia abre interrogantes sobre los dictámenes que respaldaron la compra, la acreditación de la propiedad y los documentos utilizados para transferir el inmueble. La donación al gobierno estatal no sustituía la obligación de verificar que el predio pudiera destinarse legalmente a la nueva sede legislativa.
Apenas 18 días después, el 30 de junio de 2023, María Teresa Castro Corro, entonces secretaria de Planeación y Finanzas, autorizó la suficiencia presupuestal por 783 millones 927 mil 829.79 pesos para construir el Congreso, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes. Esa autorización garantizaba disponibilidad presupuestaria, pero no acreditaba por sí misma la legalidad del terreno ni que estuviera libre de restricciones federales.
Castro Corro también fue sancionada en 2025 con una multa de 362 millones 997 mil 678.99 pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, tras ser declarada responsable de faltas administrativas relacionadas con la inversión de más de 604 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró posteriormente.
Una obra millonaria que exige respuestas
La nueva sede legislativa concentra dos operaciones de alto costo: 86.5 millones de pesos por el terreno y casi 784 millones por la construcción. A ello se suman antecedentes de propiedad, relaciones empresariales, una controversia judicial y una donación federal condicionada que deben esclarecerse con expedientes, contratos y registros oficiales.
La documentación demuestra que las autoridades alteraron deliberadamente las medidas del predio para ocultar su coincidencia con el terreno donado por la Federación en 2012.
Pese a esta maniobra, el inmueble fue adquirido por 86.5 millones de pesos, transferido al gobierno estatal y destinado a la construcción del nuevo Congreso de Puebla, cuya obra recibió una autorización presupuestal de casi 784 millones.
La cadena de operaciones y decisiones administrativas exige identificar a los funcionarios que intervinieron y determinar las responsabilidades correspondientes por el uso de recursos públicos y el posible incumplimiento de las condiciones de la donación federal.
Las investigaciones apuntan a una célula delictiva con operaciones en seis entidades del país, señalada por presuntamente utilizar datos personales y líneas de crédito ajenas para comprar mercancía por internet.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de Morelos cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer por su probable participación en el delito de fraude mediante compras en línea con créditos de clientes de tiendas departamentales, sin autorización de los titulares.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente utilizaban información personal y cuentas de crédito de terceros para adquirir mercancía por internet. Los datos de prueba recabados fueron presentados por el Ministerio Público ante un juez de Control, quien autorizó los mandamientos judiciales para proceder contra ambos.
Como parte del operativo coordinado, agentes localizaron a los sospechosos en un inmueble situado en la calle Circunvalación Palma Real, en la colonia La Palma, del municipio de Jiutepec, Morelos. Ahí fueron detenidos un hombre de 33 años y una mujer de 37, quienes fueron informados de sus derechos constitucionales.
#BoletínSSC | #Morelos | #DETENIDOS | Como resultado del trabajo coordinado entre policías de la #SSC de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Morelos (@Fiscalia_Mor), se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra un hombre y… pic.twitter.com/WLtKng5bBb
Tras su captura, el hombre fue trasladado a un centro penitenciario ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, mientras que la mujer ingresó a una prisión en el oriente de la capital. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.
Las indagatorias también vinculan presuntamente a los detenidos con una célula delictiva que operaría en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Guerrero y Puebla. Sin embargo, las autoridades precisaron que ambos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.
La SSC capitalina reiteró que mantendrá la coordinación con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia para fortalecer las investigaciones y combatir los delitos que afectan a la ciudadanía.
David J. Rush utilizó su cargo y credenciales falsas para crear un supuesto programa secreto, adquirir propiedades de lujo y hacerse de cientos de lingotes de oro; enfrenta hasta 20 años de prisión.
El exfuncionario de alto rango de la CIA, David J. Rush, se declaró culpable en Virginia de un cargo de fraude electrónico, luego de utilizar su posición dentro del gobierno estadunidense para obtener recursos públicos y destinarlos a bienes personales. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el fraude provocó pérdidas por aproximadamente 194 millones de dólares.
Rush habría inventado un supuesto programa gubernamental altamente confidencial para justificar operaciones millonarias. Bajo ese argumento, intentó liberar recursos de un contrato federal y ordenó transferir alrededor de 145 millones de dólares a una sociedad de cartera que posteriormente utilizó para comprar cuatro propiedades de lujo en Florida.
Las autoridades también descubrieron que el exfuncionario acumuló cerca de 300 lingotes de oro, valuados en aproximadamente 46 millones de dólares, además de casi 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo. Entre las pérdidas atribuidas a sus acciones también figuran más de 1.8 millones de dólares utilizados para vuelos privados que habría autorizado para beneficio personal.
El caso incluye además acusaciones relacionadas con el uso de credenciales falsas. Los investigadores determinaron que Rush mintió sobre su historial militar y académico, al asegurar que había sido piloto de la Marina y que contaba con títulos universitarios que nunca obtuvo. Incluso habría utilizado sus supuestas credenciales para generar confianza entre colegas y contratistas.
Los fiscales señalaron también que Rush proporcionó a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta estadunidense, aunque los documentos judiciales no precisan de qué país se trataba. Tras una investigación interna, la CIA remitió el caso al FBI. Rush, de 49 años, permanece detenido y el juez Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
