Un predio de 12 mil 855.64 metros cuadrados, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a empresas del entorno de Jorge Estefan Chidiac y, finalmente, al Gobierno de Puebla.
Hay lugares cuyo valor no puede medirse solo en metros cuadrados. Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, son uno de ellos.
El cerro donde se detuvo al ejército francés
México atravesaba en 1862 una profunda crisis: acababa de salir de la Guerra de Reforma, tenía graves problemas financieros y había suspendido temporalmente el pago de su deuda externa. Esto derivó en la intervención de Francia, España y Reino Unido. Mientras los dos últimos negociaron con el Gobierno de Benito Juárez, Francia optó por la vía militar.
El 5 de mayo, unos 6 mil soldados franceses avanzaron sobre Puebla. Frente a ellos, el general Ignacio Zaragoza comandaba a cerca de 4 mil efectivos mexicanos, muchos de ellos milicias y fuerzas locales, que concentraron la defensa en posiciones estratégicas como los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los franceses intentaron tomar las fortificaciones en varias ocasiones, fueron rechazados y se retiraron hacia Orizaba. En ese cerro se escribió uno de los episodios militares más importantes de la historia de México.
Un sitio que la Federación decidió proteger
Décadas después, el Estado mexicano buscó preservar el lugar. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que declaró de utilidad pública la conservación y protección de los fuertes y de los terrenos que los rodean.
Algunos propietarios reclamaron derechos sobre ciertas superficies y llevaron el conflicto a los tribunales. El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos obtuvieron amparos, aunque las resoluciones no cubrieron todos los terrenos. Por eso, en 1962, un nuevo decreto presidencial precisó qué superficies podían regresar a particulares (las de quienes habían obtenido protección judicial) y cuáles seguirían siendo patrimonio de la Federación. Además, se mantuvo una zona de protección alrededor de los fuertes.
Esa condición federal quedó documentada en los años siguientes:
- 2011: la Secretaría de la Función Pública destinó al Gobierno de Puebla una superficie de 223 mil 691.67 m² en los terrenos de los fuertes, para rehabilitar el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo. El acuerdo señaló que la propiedad se acreditaba con los decretos de 1946 y 1962 y que los terrenos estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal.
- 2012: otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se refirió a una fracción de 32 mil 433.36 m² en terrenos adyacentes, nuevamente bajo el régimen de dominio público de la Federación y con los mismos decretos como sustento.
Es en este contexto donde comienza la historia del predio que sigue esta investigación.
2007: la venta
En 2007, mientras esos antecedentes federales seguían vigentes, un juicio sucesorio reconoció derechos hereditarios sobre un predio de 12 mil 855.64 m² a Ana María de la Concepción, José Manuel, José María Pedro y José Ignacio Román Cosío Ortiz.
Ese mismo año, el 13 de septiembre, los herederos vendieron el inmueble por 9 millones de pesos (unos 700 pesos por metro cuadrado), según consta en actas protocolizadas ante una notaría de Puebla. Los compradores fueron Domingo Antonio Fernández Brito, Guadalupe Selene Aguilar Cáceres y Olga Astrid López Gargallo, esta última, esposa de Jorge Estefan Chidiac.
Hasta aquí podría tratarse de una operación entre particulares. Pero el antecedente jurídico del terreno plantea una pregunta central: ¿cómo pudo formalizarse en 2007 la venta de un predio en la zona de los fuertes si existían decretos federales que establecían medidas de protección sobre el área y reconocían la propiedad de la Federación sobre ciertas superficies?
Para responderla no basta revisar una escritura; hay que seguir la ruta jurídica y empresarial del inmueble.
De particulares a una red de empresas
2009. Los tres compradores originales vendieron el predio por 13 millones de pesos a Inmobiliaria 2015, S.A. de C.V. En dos años, el valor de la operación aumentó 4 millones de pesos, cerca de 44.4 % sobre el precio de compra. Domingo Antonio Fernández Brito, uno de los compradores de 2007, figura como representante legal de la empresa compradora.
2010. Inmobiliaria 2015 constituyó Grupo de Emprendedores Diamante, S.A. de C.V. Según documentación empresarial revisada por Los Reporteros MX, entre sus socios aparecen Fernández Brito y Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Fernández Brito aparece así en tres puntos de la cadena: como comprador del terreno, como representante de la sociedad que lo adquirió y como socio de una empresa vinculada con Estefan Chidiac. Algunas investigaciones periodísticas lo han señalado como presunto testaferro de este último.
Quién es Jorge Estefan Chidiac
Economista de formación, Estefan Chidiac fue diputado federal por Puebla de 2015 a 2018 y después ocupó distintos cargos en la estructura del PRI poblano. Su nombre también apareció en las controversias del caso Monex en la elección presidencial de 2012, cuando el PAN acusó al PRI de usar tarjetas de esa institución en un supuesto esquema de financiamiento y movilización electoral. El PRI negó las acusaciones y las autoridades electorales resolvieron sin anular la elección.
El 4 de marzo de 2024, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo nombró titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, tras la renuncia de Isabel Merlo Talavera, quien dejó el cargo para participar en el proceso electoral. Actualmente su nombre aparece también en señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de plazas en la SEP Puebla, sobre los cuales hay auditorías en curso.
2012: la desincorporación
Ese año, el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó a la Federación desincorporar la fracción de 32 mil 433.36 m² en la zona de los fuertes para desarrollar el Parque Metropolitano. El acuerdo se publicó en el DOF el 16 de enero de 2012. Mientras la situación jurídica de los terrenos avanzaba por la vía gubernamental, la red empresarial ligada al predio seguía su propia ruta.
2015: entra Grupo Alsagi y aparece Pepe Chedraui
Para 2015, Grupo de Emprendedores Diamante, donde figuraban Fernández Brito y Estefan Chidiac, quedó relacionado con un conglomerado identificado como Grupo Alsagi.
Según el Registro Público del Comercio, este llegó a concentrar un capital aproximado de 87 millones de pesos mediante la integración de siete empresas. Entre ellas está JOMAPA S.A. de C.V., vinculada a José Chedraui Budib y María Elisa Budib Pellico. Los Reporteros MX corroboró que JOMAPA tiene registros desde 2015 y aparece a nombre de José Chedraui Budib.
Chedraui asumió la presidencia municipal de Puebla en 2024. Ese año, siendo candidato, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunta defraudación fiscal, por operaciones con facturas emitidas a empresas cuyos accionistas serían familiares suyos, entre ellas JOMAPA.
Lo relevante para esta investigación es la ruta que reconstruyen los documentos: el terreno pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a una inmobiliaria y después a una estructura empresarial relacionada con Fernández Brito y Estefan Chidiac, en la que también aparecen sociedades vinculadas con José Chedraui Budib.
La historia no termina aquí. En el capítulo 2, Los Reporteros MX seguirá el rastro del despojo y revisará otro de los negocios que forman parte de esta trama.
