Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del usurpador Felipe Calderón, fue trasladado a la prisión ADMAX USP Florence en Colorado. Esta prisión, conocida como Super Max, también alberga a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
García Luna, cuyo número de registro es 59745-177, fue condenado el 16 de octubre a más de 38 años de prisión. Aunque los fiscales pedían cadena perpetua, evitó esa sentencia. Sin embargo, recibió casi el doble de la pena solicitada por sus abogados.
Joaquín Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en 2019, se encuentra en la misma prisión de máxima seguridad. Según la oficina federal de prisiones de EE.UU., García Luna podrá salir de prisión el 19 de junio de 2052.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 millones de dólares fueron enviados a México mediante depósitos en efectivo y transferencias electrónicas entre 2013 y 2024.
Los fondos, según el informe, llegaron principalmente a cuentas de Intercam y Vector, aunque también se involucra a CIBanco. Pese a la gravedad de las acusaciones, el gobierno de Estados Unidos no identificó públicamente a los bancos corresponsales en su territorio que facilitaron estas operaciones. Tampoco se informó si se iniciaron procesos legales o sanciones contra dichas entidades financieras.
La investigación menciona casos concretos. Una presunta mula del Cártel de Sinaloa transfirió más de 2 millones de dólares a Vector entre 2013 y 2021, mientras que otra realizó más de 600 depósitos por 2.6 millones de dólares a Intercam entre 2021 y 2024. En otro periodo, se documentaron 431 depósitos adicionales por 1.4 millones y 81 transferencias más por 1.2 millones, también hacia Intercam. Todas las operaciones ocurrieron desde cuentas abiertas en California.
Sin presentar pruebas directas, el Departamento del Tesoro señala a Vector como la vía para que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, recibiera sobornos del Cártel de Sinaloa. A pesar de que el exfuncionario ya fue condenado en EE. UU., el Tesoro apunta sin reservas que Vector “participó en transacciones que involucraron el producto de sobornos” de manera sistemática durante varios años.
Las autoridades mexicanas respondieron con cautela. La Secretaría de Hacienda informó que recibió la notificación del Tesoro, pero sin pruebas contundentes. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en la mañanera que no existen indicios claros que comprueben los vínculos de García Luna con Vector desde México, aunque aseguró que las investigaciones siguen su curso. Hacienda confirmó que las tres instituciones mexicanas serán intervenidas por las autoridades regulatorias nacionales.
Más allá del caso García Luna, el Tesoro también afirma que algunos empleados de CIBanco e Intercam sabían que participaban en esquemas de lavado. Según el informe, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación para negociar esquemas de lavado a través de transferencias desde China. En 2023, un trabajador de CIBanco habría ayudado, a sabiendas, a crear una cuenta para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Mientras Estados Unidos omite señalar a sus propios bancos, el sistema financiero mexicano vuelve a colocarse en el centro de acusaciones internacionales por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades mexicanas ahora enfrentan el reto de investigar a fondo y sin simulaciones, y de exigir al gobierno estadounidense transparencia sobre el papel de sus bancos en el lavado global del narcotráfico.
El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta compañía de Florida representa a Tequila Revolución y acusa a Weinberg de inducción fraudulenta e incumplimiento de contrato.
Según el documento legal, Weinberg habría utilizado Tequila Revolución para lavar al menos 150 mil dólares. Estos fondos provienen de contratos inflados durante la administración de Felipe Calderón. Las acusaciones sugieren que la empresa sirvió como un “alter ego” para canalizar recursos ilícitos hacia otras firmas administradas por él, como W. Gourmet Group LLC.
El conflicto se originó en agosto de 2015, cuando Blue Agave firmó un acuerdo para representar exclusivamente a Tequila Revolución en Estados Unidos. Sin embargo, la demanda indica que desde julio de 2013, Weinberg ya utilizaba las cuentas de la tequilera para realizar transferencias ilegales.
La denuncia sostiene que Weinberg formó parte de una conspiración para ocultar y blanquear más de 250 millones de dólares. Este dinero fue robado al gobierno mexicano por García Luna. Además, el documento revela que Weinberg ofreció a Blue Agave un financiamiento anual de 550 mil dólares y otros incentivos económicos para expandir la marca en Estados Unidos.
A pesar de las promesas, Weinberg no cumplió con los compromisos. Cuando surgieron los primeros problemas, él atribuyó la falta de recursos a una “escasez de efectivo temporal”. La situación incluso llevó a los empresarios estadounidenses a México en su jet privado, generando la ilusión de fondos ilimitados.
Después de la detención de García Luna en 2020, Weinberg intentó minimizar la relación. Afirmó que el exfuncionario era solo un amigo y que su situación legal no impactaba a la empresa. Sin embargo, Blue Agave sostiene que sus vínculos eran mucho más cercanos, lo que causó daños económicos significativos.
El caso sigue abierto y busca una compensación por daños que supera los 30 mil dólares, sin incluir honorarios legales e intereses. La situación de Tequila Revolución pone en evidencia las sombras que pueden esconderse detrás de una marca.
Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados con contratos públicos fraudulentos.
Recientemente, los Weinberg notificaron a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade sobre el acuerdo confidencial. Por lo tanto, solicitaron desechar la demanda que nunca llegó a juicio con jurado.
Además, la UIF anunció que se habían programado audiencias ante un juez mexicano para implementar los términos del acuerdo. Sin embargo, estas audiencias se aplazaron para la próxima semana. Estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentan los Weinberg en México.
El juicio civil se centró en 28 inmuebles en Florida, adquiridos a través de empresas de papel vinculadas a la familia. Hasta ahora, al menos dieciocho de estas propiedades se han vendido por más de 28 millones de dólares. Estos fondos forman parte de la reparación del daño que los Weinberg deberán cubrir.
En el marco del acuerdo, la familia Weinberg aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos. Este compromiso les permite enfrentar cargos penales con la posibilidad de una reducción de penas o incluso la exoneración, a cambio de su cooperación y el pago de la reparación del daño.
Este acuerdo marca un avance significativo en las investigaciones contra Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Según la demanda civil, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y luego se asoció con ellos.
La colaboración de la familia Weinberg podría ser clave en la lucha contra la corrupción en México. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno mexicano por obtener justicia y desmantelar redes de corrupción vinculada.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró esta mañana, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 23 de mayo, que la sentencia que le dictaron ayer a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y a su esposa Cristina Pereyra, son de carácter individual. O sea que cada quién va a pagar lo que debe al gobierno de México.
Esta pareja de delincuentes deberán pagar 727 millones 925 mil 523 dólares y 585 millones 26 mil 666 pesos al gobierno mexicano, que representa la devolución de lo que ellos mismos robaron a través de su esquema de contrataciones ilegales.
Y por si esto no fuera suficiente, Pablo Gómez detalló que la pareja aún deberá enfrentar otro proceso más en su contra. Lo que muy probablemente, significará otra sentencia para García Luna y Cristina Pereyra.
El titular de la UIF, destacó que la transición de nuestro país vino hasta 2018 y es por esa razón que el día de hoy se está abordando el tema, porque de no ser así, de seguir bajo gobiernos neoliberales, no se habría sabido nada.
También destacó Pablo Gómez que la jueza Lisa Walsh, que fue quien dictó sentencia a la pareja en Florida, Estados Unidos, fue elegida en una votación popular.
Así es como García Luna está pasando por su segunda sentencia en los Estados Unidos; principalmente condenado a 39 años de prisión por sus nexos con el “Cártel de Sinaloa” y llenarse las manos con sobornos. Ahora, en la segunda, deberá regresar lo que robó al gobierno de nuestro país a través de sus contrataciones ilegales y demás movimientos ilícitos y como ya lo adelantó Pablo Gómez, no ha terminado aquí sus deudas con la justicia.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó el compromiso del Gobierno Federal con el diálogo. Este miércoles, se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados para abordar temas sensibles como las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la seguridad nacional y las elecciones del 2 de junio.
Rodríguez calificó el encuentro como “plural y productivo”. Durante la conferencia de prensa posterior, destacó la importancia de escuchar a todos los grupos parlamentarios. “Ofrecimos un siguiente encuentro en la Secretaría de Gobernación para profundizar en temas prioritarios como migración, seguridad y el proceso electoral”, afirmó.
La secretaria subrayó que las elecciones se llevarán a cabo en paz, con la atención necesaria del Gobierno de México y los estados en materia de seguridad.
Respecto a los bloqueos y movilizaciones de la CNTE, Rodríguez insistió en que el diálogo es la única vía. “Hemos ofrecido diálogo, diálogo y más diálogo. No somos un gobierno represor”, aseguró. Aunque reconoció el malestar ciudadano, también mencionó que el gobierno ha respondido con propuestas concretas, como el mantenimiento de la edad mínima de jubilación y un aumento salarial del 10%. Sin embargo, calificó inviable la demanda de un incremento del 100%.
Rodríguez también abordó las recientes declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio y la advertencia de la Embajada de EE. UU. Sobre zonas fronterizas. Minimizó la alarma y reafirmó la importancia de la coordinación bilateral. “Nuestra apuesta siempre será el diálogo”, afirmó.
Además, destacó una reducción del 96% en el flujo migratorio hacia Estados Unidos desde México. Este logro se atribuye al trabajo conjunto del Gobierno Federal.
Finalmente, Rodríguez celebró la sentencia de una corte en Miami que ordena a Genaro García Luna pagar 2,400 millones de dólares al gobierno mexicano. “Es una muy buena noticia. Se trata de recursos que deben regresar al pueblo de México”, concluyó.
El diálogo, insistió la secretaria, seguirá siendo un sello distintivo de este gobierno, incluso en medio de tensiones y protestas.
Así es, este jueves 22 de mayo se informó que la jueza Lisa Walsh de Florida, Estados Unidos,dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Lunay su esposa Cristina Pereyra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, presentara una denuncia en su contra por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción.
La UIF, ya había hecho la demanda civil, desde septiembre de 2021, ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida. Esto ya que García Luna operaba por medio de un esquema de contratación ilegal; obtenía recursos a través de sobornos o con licitaciones ilegales que significaron millones de dólares para sus bolsillos, que a su vez fueron enviados a Miami, Florida, como para buscar tapar sus ingresos ilegales.
Pues la sentencia para los tórtolos será de más de 2 mil 500 millones de dólares, gracias a sus actos de corrupción.
Ya de por sí uno de los más grandes socios de García Luna, el exsubsecretario de Seguridad Pública José Francisco Niembro, los había dejado al borde del precipicio al declararse culpable también en Florida, por lo que él y también su esposa, Martha Virginia Nieto, pagaron 330 mil dólares.
Cabe destacar que, aunque García Luna está en el tambo, pudo haber mandado un representante, pero ni el ni su esposa se presentaron a juicio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo o iniciar el juicio.
La UIF busca recuperar 600 millones de dólares que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por García Luna y sus cómplices. Este dinero, obtenido a través de 30 contratos fraudulentos, fue desviado a paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades en Florida.
Las partes involucradas han estado en negociaciones desde una mediación el 15 de noviembre. Aunque la jueza expresó su frustración por la lentitud del proceso, los abogados de los Weinberg afirmaron que han logrado un consenso preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Mauricio y Jonathan Weinberg por lavado de dinero y delincuencia organizada. Jonathan fue arrestado en Madrid en diciembre de 2023. En diciembre del mismo año, su hermana Gloria García Luna y su sobrino Edgar Rodríguez fueron vinculados a proceso por delitos relacionados.
García Luna, por su parte, fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a casi 39 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La situación legal de los involucrados sigue en desarrollo, mientras la jueza de Miami espera avances concretos antes de la fecha límite.
Marisela Morales, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca desvincularse de Genaro García Luna, quien fue su compañero de gobierno cuando ella ocupó el cargo de Procuradora General de la República.
El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón fue sentenciado a 38 años y 8 meses de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, tras haberse demostrado su colaboración con grupos criminales.
Ante las preguntas sobre cómo no pudo detectar los nexos de García Luna con el crimen organizado, Morales aseguró: “La institución en la que trabajé cooperaba con todas las áreas de seguridad, pero todos los resultados los presentamos a la ciudadanía de forma pública y transparente”.
La exprocuradora justificó que, debido a que García Luna no ocupaba una posición jerárquica mayor, no tenía la obligación de rendirle cuentas, no obstante, el director general de Los Reporteros MX ya había afirmado que le correspondía investigar a García Luna y llevarlo ante la justicia por sus delitos, algo que nunca hizo.
De hecho, Maricela Morales era, en estricto sentido, la ÚNICA autoridad facultada para investigarlo y llevarlo ante un juez por los delitos cometidos y no lo hizo.
¿Se la imaginan de ministra? ¡Qué terror! ¡Que miedo! ¿Cuantas vidas costó la operación de García Luna? Si… pic.twitter.com/8x4h5qdOgu
Con el argumento de que no recibió reportes de inteligencia nacional o internacional que la alertaron de la situación, la candidata, que afirma estar “con la gente”, continúa buscando un lugar en la Suprema Corte de Justicia.
El periodista Manuel Pedrero denunció a través de sus redes sociales que ha sido demandado por Marisela Morales, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un extenso mensaje, explicó que la acción legal surge luego de que su medio de comunicación realizara una investigación sobre los perfiles de los aspirantes al Poder Judicial, ejercicio que calificó como “histórico y democrático”.
Pedrero destacó que en su análisis mencionó hechos públicos sobre la trayectoria de Marisela Morales, entre ellos su desempeño como procuradora general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón y su relación con Genaro García Luna, exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. También recordó que Morales fue condecorada por Hillary Clinton y Michelle Obama durante su gestión.
Uno de los puntos más polémicos que abordó fue su cuestionamiento sobre si Morales nunca se percató de que compartía espacios con García Luna, figura clave en la red de narcotráfico. “¿No consideró un fracaso que en seis años, con todas las herramientas del Estado, nunca se dio cuenta que estaba lado a lado de un narcotraficante?”, planteó el periodista.
Según Pedrero, la candidata no solo lo demandó a él, sino también a César Gutiérrez Priego, otro aspirante a ministro y colaborador de Los Reporteros MX desde hace cuatro años. Morales los acusa de estar coludidos en un supuesto complot en su contra. No obstante, el periodista negó cualquier intención de favorecer a Gutiérrez Priego en su cobertura y reiteró que su medio ha presentado múltiples perfiles de otros candidatos.
Además, Pedrero criticó el papel de Massive Caller, empresa de encuestas que, según él, manipula datos para favorecer a ciertos aspirantes. Frente a ello, su medio realizó un sondeo en redes sociales, donde Gutiérrez Priego obtuvo el 91% de las preferencias, lo que generó la reacción de Marisela Morales, quien habría denunciado la publicación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de un tercero identificado como Alan Manuel Benítez García.
El periodista afirmó que responderá legalmente a esta demanda y defendió su derecho a la libertad de expresión. “No nos vamos a callar”, advirtió, recordando que en casos anteriores contra el INE y figuras políticas como Xóchitl Gálvez, su equipo ha salido victorioso.
