Ante el alza de precios y la gentrificación, el gobierno busca regular rentas y ampliar la vivienda social sin frenar la inversión privada.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el derecho a la vivienda debe ser compatible con el desarrollo inmobiliario, en medio del encarecimiento sostenido de casas y rentas en la Ciudad de México. Señaló que actualmente resulta difícil encontrar un departamento pequeño por menos de cuatro millones de pesos, mientras viviendas para el Bienestar cuestan 700 mil pesos.
Durante su conferencia matutina, y ante la pregunta expresa por Los Reporteros Mx, la mandataria se refirió a la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar a rango constitucional un tope al incremento de las rentas, de modo que nosuperen la inflación. Indicó que se han realizado mesas de trabajo entre autoridades, habitantes y desarrolladores para buscar soluciones que atiendan el problema.
Respecto a la pregunta de Luis Piña (@luis_pinamac) de #LosReporterosMX sobre la rehabilitación de zonas abandonadas en CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) habló de que, como parte del gobierno federal en materia de derecho a la vivienda, se busca impulsar el… pic.twitter.com/d0fhux7kfd
Sheinbaum reconoció que el aumento en el costo de la vivienda y los procesos de gentrificación han complicado el acceso a un hogar en la ciudad. No obstante, aclaró que su gobierno no está en contra del desarrollo inmobiliario, siempre que se realice bajo normas claras y dentro de la legalidad, garantizando al mismo tiempo el acceso a servicios y vivienda.
En ese sentido, destacó la necesidad de impulsar vivienda social como parte de la estrategia federal, con una meta de 1.8 millones de unidades a un costo máximo de 700 mil pesos. Subrayó que, en algunas zonas de la capital, el precio del suelo alcanza niveles comparables con ciudades como Nueva York, pese a que los ingresos de la población son significativamente menores, por lo que se debe regular el mercado y ampliar la oferta accesible.
En medio de una creciente preocupación por el encarecimiento de la vivienda, la jefa de Gobierno, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca regular el mercado de alquiler en la capital y garantizar que vivir en la ciudad no sea un privilegio reservado para unos cuantos.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), lleva a cabo una conferencia de prensa sobre iniciativa de reforma constitucional de viviendas en la CDMX. pic.twitter.com/c5mZ4BmKlV
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de vivienda para la capital del país, la cual contempla llevar a rango constitucional el aumento de rentas, la creación de un órgano gubernamental de defensoría de derechos inquilinarios, la compra de tierra y construcción por parte del INVI, así como el derecho al arraigo de la ciudadanía.
La propuesta, que será enviada al Congreso local, plantea establecer límites al incremento de las rentas, de modo que no puedan aumentar por encima de la inflación. Con ello, la administración capitalina busca dar un paso inédito para contener los costos de vivienda y atender una demanda que, durante años, ha sido impulsada por organizaciones sociales y vecinos afectados por el alza constante de precios.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que la intención es elevar estas medidas a rango constitucional, con el fin de que no dependan de decisiones sexenales, sino que se conviertan en una obligación permanente del Estado. Además, adelantó que esta reforma sería apenas el inicio de una estrategia más amplia que incluirá una nueva Ley de Rentas Justas.
El proyecto se sostiene en cuatro ejes principales. El primero busca poner un tope claro al aumento de alquileres; el segundo propone fortalecer la política de vivienda social, ampliando la oferta para sectores con menos recursos y jóvenes, además de incrementar la reserva territorial mediante la adquisición de suelo.
Un tercer punto contempla la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, que tendría como tarea orientar a arrendatarios y propietarios, así como mediar en conflictos. Finalmente, se plantea reconocer el derecho al arraigo comunitario, es decir, la posibilidad de que las personas permanezcan en sus barrios sin verse desplazadas por el encarecimiento de la zona.
La jefa de Gobierno subrayó que esta iniciativa no busca afectar la propiedad privada, sino equilibrar la relación entre quienes rentan y quienes ofrecen vivienda. También hizo un llamado al Congreso capitalino para analizar la propuesta y abrir el debate.
A pregunta expresa por Los Reporteros MX sobre como evitar que no se vulnere al rendatario o al arrendado sus derechos con una regulación sobre rentas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que esta propuesta busca darle más justicia a los dueños y a los que rentan, con la finalidad de que desaparezca las rentas irregulares.
A pregunta expresa de #LosReporterosMX sobre cómo evitar que no se vulneren los derechos del arrendador o del arrendatario con una regulación de rentas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), aseguró que esta propuesta busca dar mayor justicia tanto a propietarios… pic.twitter.com/lo92NMLqJq
“No queremos que haya más irregularidad en las rentas y en la propuesta que hoy hacemos de reforma constitucional nos da la base a la ley que también vamos a presentar, que haga un registro de todos los contratos de renta porque tenemos que tener los mecanismos que respete esta ley”, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El contexto no es menor. De acuerdo con datos presentados por el gobierno local, cerca de 2 millones de personas viven en renta en la ciudad, y en algunas zonas centrales más del 40 por ciento de sus ingresos se destina al pago de vivienda. En los casos más extremos, los hogares con menores ingresos pueden llegar a gastar hasta la mitad de lo que perciben.
Autoridades capitalinas señalaron que esta reforma también busca enfrentar fenómenos como la gentrificación y responder a una crisis habitacional que, a nivel global, afecta a miles de millones de personas.
De ser aprobada, la Ciudad de México se colocaría como una de las primeras en establecer límites constitucionales al aumento de rentas, marcando un precedente en la regulación del acceso a la vivienda en grandes urbes.
La Ciudad de México dio un nuevo paso en su política de vivienda con el arranque de obras en el corazón de la capital. Desde la colonia Guerrero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de construcción de un conjunto habitacional que contempla 250 viviendas destinadas a familias que durante años han vivido en condiciones precarias.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), junto con el titular del INVI, Inti Muñoz (@IntiMunoz), llevan a cabo la colocación de la primera piedra de cinco conjuntos habitacionales. pic.twitter.com/YClXIUjX0F
El proyecto, que implica una inversión de 120 millones de pesos, busca beneficiar a alrededor de 900 personas, muchas de ellas provenientes de antiguas vecindades con daños estructurales o en situación de riesgo. La intervención forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el carácter habitacional del Centro Histórico y frenar fenómenos como el despoblamiento y la gentrificación.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), anunció el inicio de la construcción de 4 mil viviendas en el Centro Histórico, solamente para este año. pic.twitter.com/lBq1TE2fDm
De manera paralela, el gobierno capitalino alista un plan más ambicioso: la construcción e intervención de 4 mil 500 viviendas adicionales en esta zona, con una inversión que superará los mil millones de pesos. La meta es que estos espacios sean accesibles, bien ubicados y con condiciones adecuadas para garantizar una vida digna.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Las obras iniciadas abarcan cinco predios ubicados en puntos clave como Arcos de Belén, Belisario Domínguez, avenida Chapultepec, Galeana y Lerdo, donde se levantarán nuevos departamentos o se rehabilitarán inmuebles existentes, algunos de ellos con valor histórico.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Autoridades locales señalaron que esta política no solo busca ampliar la oferta de vivienda, sino también fortalecer la vida comunitaria que históricamente ha caracterizado a estas zonas. En ese sentido, destacaron que varios de los predios intervenidos corresponden a viejas vecindades que, pese a su deterioro, siguen siendo espacios de arraigo para muchas familias.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Además de estas acciones, el gobierno capitalino prevé presentar en los próximos días una iniciativa para regular el costo de las rentas y evitar incrementos desproporcionados, así como la creación de una defensoría especializada para atender conflictos entre arrendadores e inquilinos.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Con estos proyectos, la administración local se ha propuesto alcanzar, hacia 2030, un total de 200 mil acciones de vivienda en la ciudad, de las cuales 10 mil están contempladas para este mismo año. La apuesta, aseguran, es clara: repoblar el centro, mejorar las condiciones de vida y garantizar que más personas puedan habitar cerca de donde trabajan y desarrollan su vida cotidiana.
La alcaldía Cuauhtémoc enfrenta un aumento alarmante de desalojos extrajudiciales. En el último año, se incrementó la cifra de ciudadanos de la alcaldía gobernada por el PAN, que son desplazados silenciosamente sin respaldo de orden judicial, donde aparte de perder su vivienda, se pierde tejido social, memoria comunitaria y espacios identitarios.
Las quejas por violaciones a derechos humanos relacionadas con desalojos en la Ciudad de México se han multiplicado en los últimos años, y la alcaldía Cuauhtémoc, (gobernada actualmente por Alessandra Rojo de la Vega) concentra el mayor número de expedientes entre las demarcaciones de la capital ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con 30 de los 81 casos registrados desde 2023 hasta finales de 2025.
Vecinos han denunciado la llegada de grupos armados o particulares que, sin orden judicial ni notificación previa, han expulsado a residentes de sus casas, acumulando muebles y objetos personales en la vía pública, mientras los afectados han tenido que bloquear calles en protesta por estos desalojos ilegales.
Estas expulsiones han ocurrido con presiones inmobiliarias y alza en los precios de renta, que impulsan la gentrificación de zonas como las colonias Roma y Condesa, desplazando a familias de sectores populares a otras partes de la ciudad o periferia. Todo esto con intereses de desarrollo que priorizan proyectos comerciales y habitacionales de alto valor por encima de la permanencia de comunidades con arraigo histórico.
Durante 2025, el Poder Judicial de la Ciudad de México contabilizó 352 procesos civiles de arrendamiento que concluyeron en desalojos en distintos puntos de la capital, sin contar los casos que no se registran de forma legal. A ello se suma que, cada año, alrededor de 100 mil personas se ven obligadas a abandonar sus viviendas por incremento en rentas y costo de vida en la ciudad.
La colonización de espacios por usos turísticos, comerciales o de servicios de alto costo no solo sube las rentas, sino que reconfigura el paisaje social, generando pérdida de memoria urbana y ruptura de lazos comunitarios que han dado vida a mercados, talleres, estudios culturales y espacios de intercambio vecinal.
Al día de hoy, la alcaldesa Rojo de la Vega, no ha garantizado transparencia ni intervención oportuna para evitar abusos, lo que muestra la ausencia de una política pública que armonice el desarrollo urbano teniendo como prioridad la protección de las comunidades residentes. Haciendo que estos desalojos silenciosos amenacen con transformar no sólo el paisaje físico de la Cuauhtémoc, sino también su esencia social y cultural.
En los últimos tres años, colonias emblemáticas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez han sido escenario de desalojos que vecinos y organizaciones vinculan con el cártel inmobiliario y la gentrificación. Detrás del crecimiento urbano, se repite una historia de desplazamiento, litigios irregulares y comunidades fragmentadas.
En calles donde antes los vecinos convivían y el sonido cotidiano era el de la vida barrial, hoy predominan las vallas, los sellos judiciales y la maquinaria. En alcaldías como Miguel Hidalgo, familias de colonias como Popotla, Tacuba y Anáhuac han denunciado desalojos forzados tras años —incluso décadas— de habitar los mismos inmuebles. Los procesos, narran los afectados, comenzaron con avisos legales confusos y terminaron en expulsiones que los dejaron sin la vivienda que los vio crecer.
En Benito Juárez, el fenómeno se entrelaza con el llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción que facilitó permisos irregulares para desarrollos de alta densidad. En colonias como Narvarte, Del Valle y Nápoles, vecinos relatan presiones constantes, juicios civiles acelerados y desalojos ejecutados en horarios intempestivos, todo con un mismo objetivo: liberar predios para nuevos proyectos y elevar el valor del suelo.
Más allá de los casos puntuales, el patrón se repite. La gentrificación avanza empujada por la especulación inmobiliaria, el aumento de rentas y la transformación del uso habitacional. Adultos mayores, inquilinos históricos y familias de ingresos medios han sido los más vulnerables, obligados a abandonar zonas donde construyeron su vida y formaron comunidad.
Mientras el paisaje urbano se verticaliza y el discurso oficial presume modernización, en estas alcaldías persiste una pregunta incómoda: ¿para quién se está construyendo la ciudad? Entre edificios nuevos y banquetas relucientes, quedan las historias de quienes fueron desplazados, recordando que el desarrollo, cuando ignora a sus habitantes, se convierte en una forma de despojo.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó que a inicios de 2026 será presentada la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, como parte de una política integral de vivienda que busca frenar el alza de alquileres y los efectos de la gentrificación en la capital.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que su administración presentará a inicios de 2026 la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una iniciativa enfocada en garantizar el derecho a la vivienda y evitar la expulsión de habitantes en distintas zonas de la capital.
La mandataria capitalina subrayó que el incremento en las rentas y el avance de la gentrificación han provocado el desplazamiento de familias, por lo que su gobierno ya aplica medidas como el Bando Uno, que limita los aumentos de alquiler conforme a la inflación, además de avanzar en un nuevo marco legal en materia de arrendamiento.
Brugada Molina también instruyó a la Secretaría de Vivienda a atender, antes de julio de 2026, prácticamente todos los casos pendientes de personas damnificadas, con excepción de uno que enfrenta causas ajenas a la administración pública.
En este contexto, recordó que la política de vivienda de su gobierno se rige por tres ejes: atender a los damnificados por sismos, ofrecer alternativas habitacionales a quienes viven en zonas de riesgo o conservación, y apoyar a damnificados históricos sin recursos para adquirir una vivienda.Finalmente, destacó que el presupuesto destinado a vivienda se duplicó, al pasar de poco más de 4 mil millones de pesos a 9 mil millones, monto que también se mantendrá durante 2026 con el objetivo de fortalecer la construcción, reconstrucción y el mejoramiento de vivienda social en la Ciudad de México.
Cada vez más mujeres estadounidenses llegan a la capital mexicana en búsqueda de una vida más asequible, libre y significativa. Su presencia impulsa la economía local, pero también reabre el debate sobre la gentrificación y el privilegio.
En las calles de la Roma y la Condesa, el murmullo del inglés se mezcla con el aroma del café y el sonido de los organilleros. Son voces de mujeres estadounidenses que abandonaron la rutina, los altos costos y la soledad del norte para reconstruir su vida en Ciudad de México. Para muchas, como Hannah McGrath, de 35 años, mudarse al sur significó empezar de nuevo: “Aquí hay posibilidades y potencial”, asegura, reflejando el sentir de una generación que busca bienestar más que éxito.
El fenómeno ha crecido con fuerza. Tan solo en 2024 se emitieron 56% más permisos de residencia temporal para ciudadanos de EUA que antes de la pandemia, y 3.7 millones de turistas estadounidenses mujeres volaron a México durante los primeros siete meses de este año. La mayoría elige la capital como destino, atraída por su vibrante cultura, los costos más bajos y la flexibilidad del teletrabajo. Pero el auge también tiene efectos visibles: los alquileres en colonias céntricas se han duplicado y muchos capitalinos se ven desplazados.
Para algunas mexicanas, el contraste resulta irónico. “Ellas se sienten seguras aquí, pero nosotras no”, comenta Pamela López, arquitecta paisajista, en un país con altos índices de violencia de género. Aun así, la convivencia no ha sido solo tensión. Varios negocios impulsados por extranjeras —cafés, clínicas, tiendas y heladerías— han generado empleo local y un intercambio cultural que, aunque desigual, enriquece la vida urbana.
El fenómeno también refleja una búsqueda generacional. Estas “slowmads”, como las llama la británica Tash Doherty, llegan a México después de rupturas, crisis o agotamiento laboral. Encuentran en la capital un espacio para sanar, emprender o simplemente pausar. Redes como Hermanas, surgida de un chat de WhatsApp, reúnen hoy a miles de mujeres que comparten desde subalquileres hasta rituales de meditación y bienestar.
A pesar de las críticas, la ola continúa. Por cada extranjera que empaca para volver a su país, otra llega buscando aire nuevo. Algunas se instalan en barrios más lejanos; otras, mayores de 50 años, huyen del costo de vida en ciudades como Nueva York. Ciudad de México se ha convertido, para muchas, en un espejo de lo que buscan: un lugar imperfecto pero vivo, donde el sueño americano se escribe en español.
Con información de Annie Correal y Marian Carrasquero para Milenio.
Más de 17 ciudades en México han experimentado procesos de gentrificación en las últimas dos décadas. Este fenómeno ocurre cuando los residentes originales son desplazados por nuevos habitantes de mayores recursos económicos.
Ciudades como Guanajuato, Morelia y Oaxaca, declaradas Ciudades Patrimonio por la UNESCO, son algunos ejemplos. También se incluyen Pueblos Mágicos como Sayulita y Cholula.
Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz, especialista en estudios urbanos, presentó un análisis sobre la gentrificación en México. Este estudio, publicado en enero de 2025, destaca que la gentrificación no solo afecta a la Ciudad de México, sino también a metrópolis como Guadalajara y Monterrey.
El gobierno de la CDMX trabaja en un Plan Maestro para combatir la gentrificación en nueve colonias de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Liévanos Díaz señala que el fenómeno ha cobrado más atención tras la pandemia de Covid-19. Esto se relaciona con la llegada de nómadas digitales y la popularidad de plataformas como Airbnb.
El especialista Luis Alberto Salinas Arreortua también menciona que la gentrificación se presenta en ciudades grandes y pequeñas. En los 116 Pueblos Mágicos, se han documentado procesos similares, impactando lugares como Valle de Bravo y Malinalco.
Liévanos Díaz detalla que la gentrificación ocurre en ocho de las 10 Ciudades Patrimonio, excluyendo Tlacotalpan y San Francisco de Campeche. La situación es aún más grave en ciudades turísticas como Huatulco y Puerto Vallarta.
La gentrificación afecta la accesibilidad a la vivienda. Expertos advierten que los eventos internacionales, como la próxima Copa del Mundo, pueden intensificar estos procesos en ciudades anfitrionas como la CDMX y Guadalajara.
Las autoridades locales deben evaluar los factores que impulsan la gentrificación y desarrollar políticas adecuadas. Sin un enfoque claro, las estrategias pueden resultar ineficaces y perjudicar a las comunidades locales.
Encapuchados, vestidos de negro, sin líderes visibles y con tácticas de confrontación, el Bloque Negro volvió a causar destrozos el pasado 20 de julio tras una marcha contra la gentrificación. Aunque los organizadores habían declarado que sería pacífica, el grupo irrumpió en Ciudad Universitaria, vandalizó el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y una librería de la UNAM.
Una investigación de La Silla Rota señala que este grupo radical opera sin vocerías, evita la identificación y actúa en bloque. Su presencia es constante en marchas feministas, por los 43 de Ayotzinapa o en protestas estudiantiles. Donde aparecen, los disturbios suelen marcar el cierre de la jornada.
La táctica del Bloque Negro surgió en Alemania en los años 80 y se expandió tras las protestas antiglobalización en Seattle en 1999. Su vestimenta negra representa anonimato y rechazo a la criminalización de la protesta. Intervienen espacios públicos como forma de protesta simbólica.
Foto: Luis Romero de Los Reporteros Mx
En México, esta táctica es usada por grupos anarquistas, algunos con tendencias violentas, según informes de la SEDENA. Han sido ligados a pintas, incendios, ataques con artefactos explosivos y tomas de espacios como el auditorio Che Guevara de la UNAM.
Durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y ahora Clara Brugada, su actuación ha sido constante. El 2 de octubre de 2019 lanzaron cohetones a policías; en otras ocasiones han agredido a funcionarios, destruido mobiliario y causado enfrentamientos en fechas clave como el 8M o el Día de la Raza.
Diversos colectivos sociales los han señalado por restar legitimidad a las protestas. En la reciente manifestación contra la gentrificación, una activista lo resumió así: “No son parte del movimiento, solo lo desprestigian”.
El Bloque Negro en México divide opiniones: para algunos, es un escudo frente a la represión policial; para otros, un grupo que desvirtúa las luchas sociales con violencia. Su presencia continúa siendo un reto para las marchas pacíficas y las autoridades de la CDMX.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la quema de libros durante una protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México. Desde Palacio Nacional, calificó este acto como un comportamiento fascista.
Sheinbaum se refirió a los disturbios en la marcha, donde un grupo vandalizó el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC) y saqueó la librería Julio Torri. También dañaron un paradero del Metrobús en el sur de la ciudad.
La presidenta afirmó que su gobierno no apoyará la violencia en protestas que expresan demandas legítimas. Subrayó que quemar libros en una institución educativa es inaceptable y debe ser completamente rechazado.
Sobre las demandas de los manifestantes, Sheinbaum reconoció el problema de gentrificación y el aumento de rentas en la capital. Informó que las autoridades federales trabajan en coordinación con el gobierno local para abordar la crisis de vivienda.
La mandataria destacó un plan integral de 14 puntos que incluye la construcción de vivienda en renta. Este plan busca evitar aumentos desmedidos en las rentas y contará con el apoyo del gobierno federal.
