Gilberto Loya llega a la Fiscalía estatal mientras siguen las interrogantes por un operativo con agentes estadounidenses, la crisis penitenciaria y señalamientos de presunta corrupción contra sus antecesores.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, nombró a Gilberto Loya Chávez como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que suma tres fiscales al frente de la institución en medio de investigaciones, controversias y cuestionamientos sobre la procuración de justicia durante su administración.
Loya dejó la Secretaría de Seguridad Pública estatal para asumir el cargo, pese a que no se ha aclarado si concluyeron las indagatorias relacionadas con el operativo de abril en la sierra de Chihuahua, donde murieron agentes estadounidenses. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre el caso. Su nombramiento también ocurre después de que cuatro custodios fueran detenidos por la presunta tortura hasta la muerte de un interno del Cereso de Chihuahua.
Antes de Loya, César Jáuregui Moreno encabezó la FGE desde enero de 2023 hasta su renuncia en abril de 2026, tras la polémica por el operativo con agentes extranjeros. Jáuregui reconoció haber recibido recursos públicos en el esquema conocido como la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte. En ese caso, las acusaciones señalaron que él y Campos habrían recibido más de nueve millones de pesos; se trata de señalamientos que deben distinguirse de una resolución judicial definitiva.
El primer fiscal de la administración fue Roberto Fierro Duarte, removido en enero de 2023 tras el motín y fuga del Cereso de Ciudad Juárez, que dejaron 17 personas muertas. Posteriormente, fue nombrado secretario de la Función Pública estatal, dependencia encargada de investigar y sancionar faltas administrativas de servidores públicos.
La llegada de Loya también ocurre mientras el Congreso de Chihuahua discute una reforma para otorgar autonomía a la Fiscalía. La bancada de Morena cuestionó la propuesta impulsada por PAN y Movimiento Ciudadano, al advertir que podría facilitar el nombramiento de un fiscal cercano al Ejecutivo por ocho años. La diputada Elizabeth Guzmán afirmó que el cambio no garantiza independencia y criticó la falta de resultados en seguridad. El gobierno estatal no aclaró si existe un posible conflicto de interés por las investigaciones pendientes.
