Ocho exfuncionarios presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde denuncian hostigamiento laboral y presuntas presiones para realizar actividades políticas a favor del secretario de Seguridad; el funcionario rechazó las acusaciones.
Ocho extrabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) denunciaron haber sido despedidos injustificadamente tras negarse a participar en presuntas actividades de promoción política en favor de Gilberto Loya Chávez, titular de la dependencia y señalado como aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura del estado. Los afectados presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por presunto hostigamiento laboral y discriminación.
Los denunciantes, quienes laboraban en la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, sostienen que fueron presionados para contactar líderes sociales y territoriales en colonias de Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento político de Gilberto Loya. Al negarse a realizar dichas tareas, afirman que sus contratos no fueron renovados o fueron separados de sus cargos.
Una de las afectadas, Jessica Hernández, señaló que su contrato concluyó el 31 de julio y no fue renovado debido a que no cumplió con las actividades relacionadas con la presunta estrategia política. Además, aseguró que el hostigamiento se venía registrando desde meses atrás y responsabilizó a la subsecretaria Rosa Isela Gaytán Díaz de ejercer presiones sobre el personal.
De acuerdo con la denuncia, algunos trabajadores también habrían recibido instrucciones para acercarse a líderes de colonias, ofrecerles contratos dentro de la dependencia y entregar materiales promocionales con el fin de respaldar la aspiración política del funcionario. Los extrabajadores sostienen que estas acciones formaban parte de una estrategia para construir una estructura territorial con recursos públicos.
Al ser cuestionado sobre el caso, Gilberto Loya Chávez confirmó que hubo bajas de personal, pero negó categóricamente que los despidos estuvieran relacionados con actividades políticas. El secretario aseguró que ningún empleado fue obligado a participar en proselitismo y afirmó que revisará el contenido de la denuncia para determinar si procede la apertura de una investigación. Mientras tanto, la CEDH deberá analizar las acusaciones y determinar si existieron violaciones a los derechos laborales de los exempleados.
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