El SVR asegura que al menos 80 personas ligadas al narco recibieron formación militar en Ucrania. La versión proviene solo de Moscú.
Rusia lanzó una nueva acusación contra Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) afirma que Kiev colabora con cárteles mexicanos de la droga. Según el SVR, Washington ya recibió información sobre esa supuesta cooperación.
El comunicado da más detalles. Los grupos criminales enviaron a sus combatientes a Ucrania. Allí aprendieron a montar drones y a usarlos en combate. Al menos 80 personas recibieron esa formación en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, precisó el ente ruso.
Además, el SVR advierte de un riesgo para Estados Unidos. Según los rusos, Kiev sabe que los operadores de drones entrenados en Ucrania ponen en peligro a los agentes de seguridad estadounidenses. Detrás de cada uno de ellos hay una persona que arriesga su vida.
Por último, el SVR apunta a la política. En su opinión, la colaboración de Volodímir Zelenski con los cárteles podría ser “otro clavo en el ataúd” de su carrera.
Por ahora, la acusación llega solo desde Moscú. Medios internacionales sí reportaron sospechas de que mexicanos ligados al narco viajaron a Ucrania para aprender a usar drones. Eso no prueba que el Gobierno ucraniano colabore con los cárteles.
Defensa admite que el crimen adapta drones comerciales para atacar, pero aclara que lo asegurado en El Rosario eran piezas y no aeronaves completas.
El Ejército encontró en El Rosario, Sinaloa, material para armar drones que vuelan con cable de fibra óptica. Los militares hicieron dos hallazgos en solo seis días. Además, en otros puntos del estado localizaron explosivos improvisados y un vehículo con blindaje casero.
El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, habló del tema este martes 13 de octubre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoció que el uso de drones por grupos criminales preocupa a las fuerzas armadas en todo el país. Después aclaró un dato clave: lo asegurado eran piezas para ensamblar. Además, ninguna traía aditamentos para lanzar explosivos.
Dos hallazgos en seis días
El primer aseguramiento ocurrió a inicios de octubre. Los soldados recogieron 15 drones, 15 controles remotos, 15 rollos de fibra óptica y 14 baterías. También se llevaron tres armas largas, 155 cartuchos, seis placas balísticas y 42 artefactos explosivos improvisados.
El segundo llegó el 11 de octubre, en el tramo carretero El Rosario–Agua Verde. Ahí los militares aseguraron 48 drones, 64 baterías y 44 rollos de fibra óptica, junto con varios accesorios. Además, hallaron 200 cartuchos, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes.
Los primeros reportes sumaban 63 drones y 59 rollos de fibra óptica. Tras la aclaración de Defensa, esa cifra no equivale a 63 aeronaves listas para volar. Hablamos de piezas para armarlas.
El gobierno federal no dijo a qué grupo pertenecía el material. Trevilla recordó que en Sinaloa operan Los Mayos y Los Chapos. Aun así, aseguró que no puede atribuir el equipo a ninguno de los dos.
Por qué preocupa la fibra óptica
Un dron común recibe las órdenes por señal de radio. Uno de fibra óptica, en cambio, queda unido a su piloto por un cable fino que se desenrolla durante el vuelo. Por eso complica el trabajo de los sistemas antidrones, que buscan cortar la señal con interferencias.
Estos aparatos suelen usar tecnología FPV. Con ella, el piloto ve en tiempo real lo que graba la cámara, casi siempre con gafas o una pantalla. Rusia y Ucrania ya los usan en su guerra, porque resisten ciertas interferencias electrónicas.
Aun así, los rollos de cable no prueban que todas las piezas sirvieran para ese sistema. Para saberlo, los peritos tendrían que revisar los componentes y su configuración.
Qué hace Defensa
Trevilla explicó que los grupos criminales compran drones comerciales y luego los adaptan. Con ellos atacan a bandas rivales y a policías o militares. El secretario contó que desde 2025 Defensa compra equipos antidrones fijos y móviles, y que algunos ya vigilan la frontera. México también trabaja con Estados Unidos contra esta amenaza.
Según el funcionario, esas acciones bajaron las agresiones con drones. Pero no presentó cifras ni datos por estado.
Explosivos y blindaje casero
En Cacalotán, también en El Rosario, los soldados hallaron 25 artefactos explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal. En Culiacán, militares y policías municipales aseguraron nueve armas largas, 22 cargadores, 173 cartuchos, siete explosivos improvisados y tres vehículos. En Concordia, el Ejército y la SSPC localizaron seis minas terrestres, cuatro explosivos improvisados y cuatro chalecos balísticos.
Los reportes no dicen que todo ese material pertenezca a una sola organización. Tampoco permiten reconstruir una cadena de suministro. Lo que sí queda claro es que el crimen en Sinaloa suma tecnología a su equipo. Mientras tanto, Defensa aún no responde de dónde salieron las piezas, qué tan armadas estaban y para qué las querían.
La gobernadora Rocío Nahle asegura que su gobierno no negocia con ningún grupo delictivo. Las autoridades recuperan la mayoría de los vehículos robados y refuerzan la vigilancia en carreteras clave.
El Gobierno de Veracruz combate a los grupos criminales con investigación e inteligencia. La estrategia busca desarticular células delictivas en todo el estado y frenar la violencia desde su origen.
La gobernadora Rocío Nahle García fue clara sobre la postura de su administración. “Estamos atacando células o grupos criminales, sean quien sean. Mi gobierno no tiene acuerdos con nadie ni los va a tener. El único acuerdo que tenemos es con la sociedad”, afirmó.
Los operativos conjuntos entre corporaciones ya muestran resultados concretos. Las autoridades recuperan 11 de cada 13 vehículos que reportan como robados en la entidad.
Para reducir este delito, el gobierno estatal trabaja con la iniciativa privada. Juntos reforzaron la vigilancia en estacionamientos de centros comerciales con cámaras, casetas y personal de seguridad. También mantienen comunicación constante con transportistas para prevenir el robo de unidades de carga.
Por su parte, la Guardia Nacional implementó operativos en corredores estratégicos. Las carreteras Veracruz-La Antigua y Córdoba-Tierra Blanca reciben vigilancia especial. Además, el estado colabora con entidades vecinas para evitar que los delincuentes usen esos territorios como rutas de escape.
En paralelo, el Gobierno del Estado invierte en fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública. Esta inversión incluye tecnología, cámaras y equipo nuevo para las corporaciones policiacas.
Cada mes, 50 nuevos elementos egresan de la formación policial. Las policías municipales también se fortalecen mediante exámenes de control de confianza. “Una persona que no pasa, se desarma”, explicó la mandataria.
La estrategia estatal no se limita a la fuerza policial. También atiende las causas de la violencia, sobre todo desde el entorno familiar.
El programa Veracruzana Protegida destaca entre las acciones preventivas. Más de 5 mil mujeres han pedido apoyo ante situaciones de violencia familiar. De ellas, más de mil ya cuentan con atención y medidas de protección.
Adicionalmente, la campaña Cuida a tus hijos busca prevenir el consumo de drogas y el narcomenudeo entre menores. La iniciativa hace un llamado directo a madres, padres y familias para involucrarse en el cuidado de niñas, niños y jóvenes.
La FGR presentó testimonios que apuntan a presuntas relaciones con organizaciones delictivas y a una supuesta orden para desaparecer evidencias sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, se presentaron testimonios que lo vinculan presuntamente con grupos criminales que operaban en la entidad y con acciones para ocultar evidencias del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con las declaraciones de testigos colaboradores citadas por la FGR, Aguirre habría tenido conocimiento de los vínculos de su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez con el crimen organizado y habría expresado preocupación por la información que éste conocía sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una de las declarantes sostuvo que los estudiantes fueron considerados integrantes de un grupo rival de Guerreros Unidos.
Durante una audiencia de más de siete horas, los fiscales también presentaron la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que la organización habría aportado recursos a la campaña electoral de Aguirre. La FGR también señaló que el exmandatario conocía la presencia de distintos grupos criminales en Guerrero, entre ellos Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.
Otro de los señalamientos se relaciona con José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala. Según la acusación presentada ante el juez, Aguirre habría conocido sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos y, pese a ello, habría pasado por alto sus antecedentes.
Las declaraciones también apuntan a una posible desaparición de evidencias. Una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero relató que Aguirre le preguntó por las grabaciones de las cámaras que registraron los hechos ocurridos frente al tribunal y manifestó preocupación porque su sobrino conocía lo sucedido. La FGR sostiene que el exgobernador habría ordenado a su entonces procurador, Iñaki Blanco, y a su sobrino desaparecer las evidencias relacionadas con el ataque.
Los señalamientos forman parte de la investigación presentada por la FGR y deberán ser valorados durante el proceso judicial. Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y renunció tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, uno de los episodios más graves de violencia y desaparición forzada en la historia reciente de México.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó la propuesta del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, de dialogar con grupos criminales. El arzobispo sugirió replicar la experiencia de Colombia mediante comités municipales para la paz y la reconciliación.
Ramírez Bedolla afirmó que convocar al diálogo a delincuentes “no sirve de nada” y calificó esta idea como un “tema fallido”. Durante su rueda de prensa semanal en la Casa Michoacán, criticó los modelos que han fracasado en otros países.
El gobernador recordó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se contrató al general Óscar Naranjo, conocido por su trabajo en Colombia en la creación de autodefensas. Afirmó que su estrategia fue desastrosa, especialmente en Michoacán, donde se intentó combatir un cártel con el apoyo de otros, lo que solo multiplicó la violencia.
Ramírez Bedolla enfatizó que la labor de la iglesia es espiritual y no debe involucrarse en la estrategia de seguridad. Reconoció que la iglesia puede ofrecer perdón religioso, pero la sociedad necesita aplicar la ley. “No hay posibilidad de sentarse con ningún grupo delincuencial”, afirmó.
El mandatario destacó que la estrategia de su gobierno se basa en la inteligencia, investigación y persecución de delitos. Esta estrategia, indicó, es mandada por la jefa de las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo llevar a los delincuentes ante la justicia, sin dialogar con ellos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha recuperado 456 millones 95 mil 835 pesos a favor del Estado mexicano, derivado de 114 sentencias favorables en materia de extinción de dominio.
De 2019 a 2023, a través de la Unidad Especializada en materia de Extincipon de Dominio (UEMED) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FRCOR) han logrado la extinción de dominio de diversos bienes y recursos, que se afecta la operación de personas y grupos delictivos de alto perfil criminal.
Todos estos procedimientos fueron conducidos por la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio (UEMED), dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
Algunos de los recursos que fueron recuperados estaban en manos de organizaciones relacionadas con Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”; el Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de hidrocarburos, principalmente en el estado de Guanajuato.
Asimismo, se explicó que fueron incautados bienes y efectivo de Pedro Ramírez Pérez, alias “El Jamón”, miembro de la Unión de Tepito; y de 6 ciudadanos de origen chino conocidos como Banda de “Los Chinos de Polanco”, vinculados al Cártel Sinaloa.
En ese sentido, también destacan las extinciones de dominio ganadas a miembros de la banda de “La Riviera Maya” y el extinto asesor jurídico y financiero de Cártel de “Los Beltrán Leyva”.
La FGR aseguró que con estas acciones se garantiza la correcta aplicación de políticas públicas de prevención del delito, derivado de las afectaciones patrimoniales, económicas y fiscales a las estructuras de grupos delincuenciales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió este jueves en Palacio Nacional a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, el mandatario maxicano destacó que se trató de un encuentro productivo y agradable con el que se reafirmó la buena relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Fue muy productivo y agradable el encuentro en Palacio Nacional con la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen.
Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, el presidente López Obrador, señaló que las relaciones de ambas naciones es en todos los aspectos, que van desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros.
Es una realidad la política de buena vecindad entre los pueblos y gobiernos de México y Estados Unidos. Nuestras relaciones cubren todos los aspectos: desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros.
Indicó el mandatario mexicano.
En el encuentro se discutieron los esfuerzos y la estrategia económica que realizan conjuntamente ambos gobiernos para combatir a grupos criminales y su financiamiento por el tráfico de sustancias ilícitas como el fentanilo.
Cabe mencionar que la funcionaria estadounidense, previó a su encuentro con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, ha sostenido encuentros con servidores públicos, así como del sector privado sobre asuntos de financiamiento.
