Mientras habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara exigen agua limpia y enfrentan tandeos de hasta seis meses, el gobernador Pablo Lemus apareció en la presentación del nuevo estadio del Atlas.
En medio de una de las peores crisis de agua potable de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se dio tiempo para acudir a la presentación de los detalles del nuevo estadio del Atlas, mientras miles de habitantes siguen enfrentando agua turbia, con mal olor y problemas de suministro.
El contraste difícilmente pasa desapercibido. Mientras los ciudadanos bloquean calles y protestan para exigir agua limpia, Lemus apareció junto a empresarios y autoridades universitarias para hablar de un proyecto deportivo. Apenas un día antes, su gobierno había reconocido que la ciudad atraviesa una “crisis de agua potable como nunca antes” y anunció que dejará de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.
La decisión tendrá una consecuencia directa para la población: tandeos durante al menos seis meses y una reducción de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo en el suministro. Es decir, el gobierno estatal pasó de permitir que miles de familias recibieran agua de mala calidad a advertirles que ahora tendrán que recibir menos agua.
El propio Lemus reconoció que durante años se dejaron de realizar inversiones necesarias para actualizar la infraestructura de potabilización. Además, habitantes de distintas zonas metropolitanas llevan meses denunciando las condiciones del agua y recientemente realizaron bloqueos para presionar a las autoridades.
Por eso, la imagen del gobernador en la presentación del estadio resulta cuando menos contrastante: para los proyectos deportivos sí hay reflectores, presentaciones y tiempo; para quienes llevan meses abriendo la llave y encontrando agua sucia, la respuesta son tandeos. Lemus asegura que trabaja en una solución de largo plazo, incluido un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, pero esa obra tardaría alrededor de dos años. Mientras tanto, la gente necesita agua limpia hoy, no maquetas ni discursos.
El gobernador de MC reconoce una crisis que vecinos llevan meses denunciando y ahora anuncia hasta seis meses de servicio rotado, mientras admite que durante años se dejaron de hacer inversiones en la infraestructura.
Después de meses de denuncias por agua sucia, turbia y con malos olores, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, finalmente reconoció la gravedad del problema en Guadalajara y anunció una medida que pegará directamente a los usuarios: reducir hasta 2.5 metros cúbicos por segundo el suministro durante al menos seis meses.
El gobierno estatal plantea dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del antiguo sistema Chapala-Guadalajara, donde se han detectado descargas irregulares. La consecuencia será un esquema de tandeos o rotación del servicio, es decir, menos agua disponible para una ciudad que consume entre 10 y 11.5 metros cúbicos por segundo.
Lo llamativo es que Lemus admitió que durante años se omitieron inversiones necesarias para actualizar la infraestructura de potabilización. Sin embargo, al hablar de esas omisiones evitó señalar a la administración de Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano y gobernador de Jalisco entre 2018 y 2024. La crisis, mientras tanto, ya provocó protestas y bloqueos de ciudadanos que exigen agua limpia.
Y no se trata de una emergencia que haya aparecido de la noche a la mañana. Desde meses atrás especialistas y habitantes habían advertido sobre el deterioro de la calidad del agua. En julio, incluso, especialistas cuestionaron el plan presentado por el gobierno estatal por carecer de cronogramas claros y certeza sobre los recursos para ejecutar las obras.
Como solución de largo plazo, Lemus anunció que enviará al Congreso de Jalisco una iniciativa para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, cuya edificación tardaría alrededor de dos años. También aseguró que la Federación financiará las obras pendientes de El Zapotillo y prometió que no habrá deuda pública, aumento de tarifas ni privatización del SIAPA.
Mientras llegan las obras prometidas, los habitantes de Guadalajara tendrán que enfrentar la consecuencia inmediata de años de rezago: menos agua y por turnos. Para miles de familias, la pregunta es inevitable: si el problema llevaba meses, ¿por qué el gobierno de Lemus esperó hasta que el agua sucia llegara a las casas y las calles se llenaran de protestas para actuar?
A cinco días de que se documentó la problemática, los vehículos irregulares continúan captando pasajeros en Monterrey y Guadalajara, por lo que operadores autorizados exigen acciones concretas de las autoridades.
Los taxis pirata continúan operando al 5 de octubre en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, pese a la presencia de la Guardia Nacional y a que la problemática ya fue exhibida públicamente. Conductores siguen ofreciendo traslados directamente a pasajeros en las inmediaciones de las terminales, sin que resulte claro qué autoridad está impidiendo su operación.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, se ha documentado a personas ofreciendo estos servicios en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Algunos vehículos carecen de identificaciones visibles como transporte autorizado y portan placas de entidades como Tlaxcala y Durango. Trabajadores de empresas concesionadas han señalado que estos operadores continúan captando clientes sin una intervención visible.
La situación representa un riesgo para miles de pasajeros. Durante 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey movilizaron alrededor de 34.6 millones de personas, por lo que la falta de controles efectivos sobre quién ofrece transporte en las terminales deja a turistas, familias, adultos mayores y viajeros que llegan de noche en una posición de vulnerabilidad. Entre los riesgos señalados están cobros excesivos, robo de equipaje y dificultades para identificar al conductor o exigir responsabilidades.
Un caso documentado exhibió precisamente este problema: pasajeros que abordaron uno de estos vehículos denunciaron que el conductor terminó exigiéndoles alrededor de 3 mil 200 pesos, mientras sus maletas permanecían en la cajuela y el operador conocía su dirección exacta. En Guadalajara, el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico también alertó sobre prestadores irregulares y recomendó utilizar exclusivamente taxis oficiales o plataformas autorizadas.
Por ello, el llamado es a la Guardia Nacional, autoridades aeroportuarias, SICT y demás dependencias responsables de la vigilancia para que revisen cómo estos vehículos continúan captando pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales. El reclamo de los transportistas autorizados no es por mayor presencia de seguridad, sino por que la vigilancia se traduzca en controles efectivos y se garantice que los usuarios tengan acceso únicamente a servicios identificados y regulados.
La pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién está permitiendo que los taxis pirata sigan operando frente a puntos de vigilancia federal? Mientras las unidades autorizadas cumplen requisitos y controles, los servicios irregulares continúan a la vista de los pasajeros, por lo que las autoridades tienen pendiente dar una respuesta y actuar.
La presencia de vehículos que captan pasajeros sin autorización plantea dudas sobre los mecanismos de identificación, vigilancia y control en las zonas de ascenso de las terminales.
Los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey concentran millones de pasajeros cada año y, con ello, una alta demanda de transporte terrestre. En este contexto, también se registra la presencia de vehículos que ofrecen traslados sin que los usuarios puedan comprobar fácilmente si cuentan con autorización, quién es el conductor, qué seguro tienen o bajo qué condiciones operan.
El 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos. La dependencia señaló que una suspensión judicial relacionada con operativos no representa una autorización para prestar el servicio y recomendó utilizar transporte autorizado.
En este contexto, uno de los puntos de atención son los mecanismos de acceso y vigilancia dentro de las terminales. La Guardia Nacional participa en tareas de seguridad y vigilancia aeroportuaria, por lo que entre los aspectos a revisar se encuentra la forma en que vehículos no autorizados ingresan a determinadas zonas, permanecen en ellas y tienen contacto con pasajeros.
Una experiencia con un taxi pirata
Personas que utilizaron uno de estos servicios relataron que, después de llegar al aeropuerto, olvidaron comprar un boleto de taxi autorizado y aceptaron el servicio de uno de los vehículos que ofrecen transporte en las inmediaciones de la terminal. Aunque observaron a elementos de la Guardia Nacional cerca de los conductores, decidieron abordar para evitar una espera prolongada.
Durante el trayecto, según su relato, el conductor les informó inicialmente que el cobro sería mediante taxímetro. Sin embargo, al llegar cerca de su destino les exigió alrededor de 3 mil 200 pesos. Las personas señalaron que sus maletas permanecían en la cajuela y que las puertas estaban cerradas, por lo que finalmente realizaron el pago con tarjeta.
También explicaron que habían proporcionado al conductor su dirección exacta, situación que incrementó su preocupación. Su experiencia pone nuevamente en el centro la forma en que estos vehículos captan pasajeros dentro o en las inmediaciones de las terminales.
Millones de pasajeros y transporte irregular
En 2025, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey registraron aproximadamente 34.6 millones de pasajeros: 18.8 millones en Guadalajara y 15.8 millones en Monterrey, de acuerdo con las cifras preliminares de la ficha informativa consultada. Para el Mundial de 2026, la Secretaría de Turismo reportó 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales en las tres ciudades sede.
Uno de los principales puntos de atención para los pasajeros es la falta de información verificable cuando se aborda un servicio irregular. En estos casos puede resultar difícil conocer la identidad del conductor, comprobar que el vehículo cuenta con el seguro correspondiente, verificar sus condiciones de operación o reconstruir el recorrido en caso de un incidente.
En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, por ejemplo, hombres ofrecen a gritos servicios de taxis pirata en la Terminal A, incluso a unos 100 metros de las oficinas de la Guardia Nacional. Durante recorridos no se observó intervención de la autoridad. Los vehículos no cuentan con logotipos que los identifiquen como taxis autorizados y algunos portan placas de estados como Tlaxcala y Durango.
Trabajadores de empresas autorizadas señalaron que la Guardia Nacional no interviene contra estos vehículos.
Los puntos de control
Entre los pasajeros que pueden enfrentar mayores dificultades para verificar estos servicios se encuentran turistas extranjeros, mujeres que viajan solas, adultos mayores, familias con menores y personas que llegan durante la noche. Entre los riesgos asociados a este tipo de transporte se encuentran robos, agresiones, acoso, delitos sexuales, cobros abusivos, accidentes y dificultades para determinar responsabilidades.
Entre las medidas planteadas para reducir estos riesgos se encuentran reforzar la vigilancia en puertas de llegada, bahías y zonas de ascenso, establecer padrones verificables de vehículos y conductores autorizados, colocar identificaciones visibles y habilitar mecanismos digitales que permitan al pasajero comprobar la autorización del servicio antes de abordarlo.
El punto central es identificar quién puede recoger pasajeros, dónde puede hacerlo y bajo qué controles. Contar con información verificable sobre el conductor, el vehículo, el seguro y el recorrido permitiría establecer con mayor claridad quién presta cada servicio y qué autoridad corresponde a su supervisión.
Al final, la pregunta es simple: ¿de qué sirven los controles si los taxis pirata operan prácticamente frente a la Guardia Nacional? La presencia de estos vehículos evidencia que la vigilancia no está funcionando como debería. Mientras los pasajeros quedan expuestos a cobros abusivos y otros riesgos, los servicios irregulares siguen operando con aparente facilidad dentro de los aeropuertos.
El partido pidió al tribunal electoral retirar espectaculares y revisar el gasto público en Guadalajara.
Morena presentó una denuncia formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El partido acusa a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, y al gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, de actos anticipados de campaña.
La queja también menciona promoción personalizada y un posible desvío de recursos públicos. Ambos funcionarios pertenecen a Movimiento Ciudadano (MC).
Morena presentó el documento el 14 de septiembre. Los hechos que denuncia ocurrieron cuatro días antes, durante el segundo Informe de gobierno de Delgadillo en la Concha Acústica del Parque Agua Azul.
Según la acusación, la alcaldesa aprovechó ese espacio oficial para anunciar su intención de buscar la relección en 2027. En el mismo evento, el gobernador Lemus respaldó públicamente esa aspiración.
Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena, explicó los motivos de la queja. La funcionaria dijo que Delgadillo usó la audiencia y la difusión del informe para destaparse como candidata.
“El anuncio de su intención de relegirse no se produjo de manera aislada ni en un evento estrictamente partidista o privado”, señaló Hernández Sánchez. La declaración conecta el anuncio con un acto oficial de rendición de cuentas, agregó la denuncia.
El respaldo de Lemus se dio justo después del anuncio de Delgadillo. El gobernador afirmó que la presidenta seguirá contando con su apoyo “ahora y para lo que viene”, frase que Morena documentó como parte del acto.
La denuncia además señala propaganda exterior en vialidades de Guadalajara con la imagen y el nombre de la alcaldesa. Por eso, Morena pidió medidas cautelares urgentes para retirar espectaculares y publicidad en la vía pública.
El partido pidió algo más a la autoridad electoral. Solicitó investigar el origen de los fondos, los contratos y las facturas del ayuntamiento tapatío. Esto busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos, dado el amplio despliegue mediático que tuvo el informe.
Michelle Zepeda quedó a disposición de las autoridades luego del accidente en el que murió Jostin Santamaría, de 19 años; la Fiscalía de Jalisco aún no ha informado oficialmente sobre el caso.
La conductora del clima de N+ Guadalajara, Michelle Zepeda, fue detenida durante la madrugada del jueves 17 de septiembre, luego de verse involucrada en un accidente vial que dejó muerto a un motociclista de 19 años en Guadalajara, Jalisco.
El percance ocurrió cerca de las 5:00 horas, en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, cerca de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. La víctima fue identificada como Jostin Santamaría, quien circulaba a bordo de una motocicleta Crossfox 220 cuando ocurrió la colisión.
De acuerdo con versiones de medios locales, el accidente habría ocurrido por la omisión de un alto. Zepeda fue detenida por elementos de la Policía de Guadalajara y, según reportes extraoficiales, habría resultado lesionada y fue trasladada para recibir atención médica antes de quedar a disposición del Ministerio Público.
El caso también generó señalamientos en redes sociales. Hydeky Hernández, quien dijo ser pareja de la víctima, acusó que Zepeda habría intentado escapar y cuestionó el manejo de las autoridades. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente. Hasta la noche del jueves, la Fiscalía de Jalisco no había emitido información pública sobre la investigación.
Tras difundirse el accidente y la detención, los perfiles de Michelle Zepeda en Instagram y Facebook dejaron de estar disponibles. La presentadora colaboraba con Televisa Guadalajara desde 2017 y aparecía en los espacios informativos de N+ para ofrecer el pronóstico del tiempo. Su última participación en noticieros habría ocurrido el 15 de septiembre.
El ciudadano fue llevado ante un Juzgado Cívico tras increpar al gobernador durante un recorrido; la Policía de Guadalajara aseguró que la detención fue por alterar el orden y no por cuestionar al mandatario.
Un hombre fue detenido en Guadalajara luego de reclamar al gobernador Pablo Lemus por la calidad del agua durante un recorrido en bicicleta por el Centro Histórico. El ciudadano se acercó al mandatario y, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, le exigió trabajar para garantizar agua limpia a los habitantes.
El incidente ocurrió la mañana del 15 de septiembre, cerca de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Tras el intercambio con Lemus, elementos de la Policía Municipal intervinieron y trasladaron al ciudadano ante un Juzgado Cívico, lo que provocó cuestionamientos en redes sociales sobre los motivos de la detención.
Ante la polémica, el comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, aseguró que el hombre no fue detenido por reclamar al gobernador. Según su versión, incurrió en una falta administrativa por “alterar el orden” y posteriormente habría increpado a los agentes, además de mostrar una actitud agresiva y negarse a atender sus indicaciones.
La autoridad municipal señaló que el ciudadano no contaba con antecedentes administrativos. Tras ser presentado ante el juez cívico, recibió únicamente una amonestación verbal y posteriormente quedó en libertad. La explicación oficial contrasta con las publicaciones en redes que relacionaron directamente el arresto con el reclamo contra Lemus.
El episodio ocurre mientras continúan las protestas por la calidad del agua en Guadalajara y los cuestionamientos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). El pasado 23 de agosto, cientos de personas marcharon por el Centro de Guadalajara para exigir agua limpia y respuestas de las autoridades.
El caso también fue retomado por Citlalli Hernández, quien cuestionó al gobierno de Movimiento Ciudadano y preguntó si exigir agua limpia puede derivar en una intervención policial. La polémica coloca nuevamente bajo la lupa la respuesta de las autoridades de Guadalajara frente a las inconformidades ciudadanas por el servicio de agua.
El gobierno de Verónica Delgadillo presume más de 16 mil apoyos, pero la pregunta incómoda permanece: ¿por qué las familias necesitan filtros y tinacos para enfrentar un problema que debería resolverse desde la infraestructura pública?
El Gobierno de Guadalajara, encabezado por Verónica Delgadillo, anunció la entrega de más de 16 mil 800 apoyos para mejorar la gestión y calidad del agua en los hogares tapatíos. La estrategia contempla 3 mil 700 tinacos y más de 13 mil filtros purificadores y pastillas potabilizadoras, una medida que el Ayuntamiento presenta como respaldo directo a las familias.
El problema es que la postal también puede leerse de otra manera: el gobierno entrega a los ciudadanos las herramientas para almacenar y tratar el agua que reciben, en lugar de garantizar por sí mismo un servicio suficiente y de calidad. Los tinacos ayudan a guardar el agua y los filtros a tratarla, pero ninguno sustituye una red hidráulica eficiente ni resuelve de fondo los problemas de abastecimiento.
Las entregas se realizan mediante Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad, mientras que el Gobierno de Jalisco se incorporó al programa mediante un esquema “peso a peso” para ampliar los recursos. Según el Ayuntamiento, los apoyos buscan atender a las colonias con mayores necesidades y beneficiar a más de 7 mil familias desde marzo.
Y aquí aparece la pregunta política para Delgadillo y el gobierno de Jalisco: si las familias necesitan recibir tinacos, filtros y pastillas para poder gestionar el agua en sus propias casas, ¿dónde queda la responsabilidad de las autoridades de garantizar un servicio adecuado? Porque presumir miles de apoyos puede sonar muy bien en un boletín, pero también puede exhibir la magnitud del problema que todavía no logran resolver.
La imagen es difícil de ignorar: mientras las autoridades celebran la entrega de miles de tinacos y filtros, las familias tienen que hacer su parte para almacenar y mejorar el agua que reciben. Más que una solución definitiva, el programa corre el riesgo de convertirse en un enorme curita para una herida que exige inversión, mantenimiento e infraestructura. El agua limpia no debería ser un apoyo extraordinario: debería ser un servicio básico.
Una empresa tapatía acusada de robar electricidad reparó el daño mediante un acuerdo penal alternativo y evitó llegar a juicio.
La Fiscalía General de la República logró recuperar 13 millones 729 mil 150 pesos para la Comisión Federal de Electricidad. El caso involucra a una empresa de Guadalajara, Jalisco, acusada de robar fluido eléctrico.
La Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco encabezó la operación. Este órgano facilitó el diálogo entre la empresa y la CFE a través de su área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Ambas partes firmaron un convenio reparatorio sin necesidad de un juicio formal. El acuerdo permitió que la CFE recibiera el monto completo de forma rápida y sencilla.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias buscan resolver conflictos penales fuera de los tribunales. Estos procesos se basan en tres principios centrales: rapidez, economía procesal y confidencialidad.
Las autoridades intervienen únicamente como facilitadoras del diálogo entre las partes. Además, el proceso concluye en cuanto la persona o empresa responsable cumple lo pactado en el convenio.
La FGR ofrece estos mecanismos a la ciudadanía para resolver controversias penales de manera ágil. Asimismo, prioriza que la víctima reciba la reparación del daño sin pasar por procesos judiciales largos.
El robo de fluido eléctrico está tipificado en el artículo 368, fracción II del Código Penal Federal. La ley lo equipara al robo tradicional, aunque la electricidad no se considera una cosa mueble.
Este delito ocurre cuando alguien usa energía eléctrica sin pagarla ni contar con autorización. También incluye alterar, dañar o manipular medidores e instalaciones del servicio eléctrico.
El artículo 254 del Código Penal Federal castiga estas conductas con penas de 3 a 10 años de prisión. Por otra parte, contempla multas de 200 a mil días de salario para los responsables.
Más de 700 árboles han caído en lo que va de 2026 y especialistas advierten que el problema no es solo el clima, sino décadas de urbanización sin planeación adecuada.
La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta una creciente crisis ambiental. Cada temporada de lluvias, más de mil árboles se desploman debido a una combinación de cambio climático, especies inadecuadas y mala planeación urbana. Tan solo en lo que va de 2026, las autoridades reportan más de 700 árboles caídos, una cifra que podría superar la registrada el año pasado, cuando la capital jalisciense contabilizó 658 ejemplares derribados durante el temporal.
La magnitud del problema quedó en evidencia tras la tormenta del 27 de julio, cuando Protección Civil de Jalisco atendió 138 servicios de emergencia. Solo en Guadalajara se registró la caída de 76 árboles, 14 de ellos sobre vehículos, además de inundaciones, postes colapsados, bardas dañadas y viviendas afectadas. Municipios como Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco y Tonalá también reportaron severas afectaciones por las intensas lluvias.
Especialistas coinciden en que el problema no se debe únicamente al viento o las precipitaciones. El director del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (Fiprodefo), Jesús Cortés Aguilar, explicó que muchos de los árboles que hoy colapsan fueron plantados hace más de 70 años y ya no están adaptados a las condiciones climáticas actuales. A ello se suma que sus raíces enfrentan banquetas estrechas, concreto, tuberías y cableado subterráneo, lo que debilita su estabilidad.
Ante este panorama, las autoridades trabajan en una Norma de Arbolado Urbano, cuyo objetivo será definir qué especies deben plantarse y en qué espacios, privilegiando árboles nativos como guaje, guamúchil, primavera, palo dulce y tepame, que requieren menos mantenimiento y resisten mejor las condiciones ambientales de la región. La estrategia busca evitar que la ciudad siga repitiendo errores de planeación que hoy representan un riesgo para la población.
Mientras esa regulación entra en vigor, los tapatíos continúan enfrentando un problema que va más allá de la pérdida de áreas verdes. La caída de árboles y postes provoca daños a viviendas, vehículos, interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones económicas para cientos de familias y comercios. Los expertos advierten que adaptar las ciudades al cambio climático ya no es una opción, sino una necesidad urgente para proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.
Con información de Alejandro Sánchez para Milenio.
