El Gobierno revisó 12 años de expedientes y llamadas. Identificó a 17 nuevos objetivos, recuperó indicios en un SEMEFO de Iguala y detuvo a un exgobernador.
Doce años después de aquella noche en Iguala, las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos reciben datos nuevos. El Gobierno de México presentó cuatro líneas de investigación. Nacieron de revisar de nuevo los documentos y los registros telefónicos del caso.
Los investigadores aplicaron un método con base técnica y científica. Con él ordenaron y compararon todo lo reunido durante estos años. Así descubrieron indicios que nadie había notado o explorado a fondo.
La primera línea parte del análisis de comunicaciones. Este trabajo reveló patrones desconocidos de 17 nuevos objetivos, que ahora enfrentan una investigación. Además, reconstruyó los vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas ligadas a funerarias.
Las llamadas entre criminales, empleados de funerarias y personal del sector salud llamaron la atención de los peritos. Una de las personas investigadas y su familia tenían funerarias, administraban un panteón y operaban el SEMEFO de Iguala como concesionarios. En agosto de 2025, las autoridades comprobaron que el dueño de una funeraria usó el teléfono de un estudiante.
Ese dato movió a los investigadores a actuar en octubre de ese año. Catearon las funerarias y el SEMEFO, y encontraron un fémur humano, un arma de fuego, documentos y un horno crematorio sin registro oficial. También detectaron graves irregularidades en el funcionamiento del SEMEFO.
Por eso, de marzo a junio de 2026, los equipos buscaron dentro de ese lugar. Recuperaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Los peritos los analizan para conocer su naturaleza y saber si coinciden con personas desaparecidas. A petición de madres y padres, el Equipo Argentino de Antropología Forense también participa en los estudios.
La segunda línea revisó tres teléfonos de estudiantes. Los expertos siguieron la cadena de personas que los usaron después de la desaparición. Con uno de esos equipos, las autoridades obtuvieron el 24 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala. Lo acusan de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Un policía municipal de Iguala usó otro de los teléfonos y registró actividad la noche de los hechos. Ahora investigan su participación. El tercer aparato refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes llegaron a la barandilla municipal, porque su usuario posterior era cercano a un exservidor público de esa dependencia. Esto contradice lo que declaró ante la entonces PGR José Ulises “N”, exjuez de barandilla.
La tercera línea salió de un nuevo análisis de los expedientes. Los investigadores identificaron a una persona que participó en los hechos y que tenía 14 años en ese momento. Nadie la había identificado hasta ahora. El 30 de julio de 2026 rindió su declaración, y su testimonio refuerza las acusaciones contra Guerreros Unidos.
La cuarta línea aborda el ocultamiento de los videos que grabaron las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las cámaras funcionaron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esta pista permitió reconstruir decisiones de funcionarios de alto nivel. Con ella, las autoridades detuvieron a la exmagistrada presidenta del Tribunal y a la ex visitadora, y ambas enfrentan un proceso penal.
Las declaraciones de las dos exservidoras, junto con otros elementos, sustentaron un paso mayor. El 6 de agosto de 2026, las autoridades detuvieron al exgobernador de Guerrero por desaparición forzada de los 43 estudiantes.
En el plano internacional, existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Ese organismo propondrá a los especialistas que se sumarán al caso.
El Gobierno aseguró que madres y padres siguen en el centro del proceso. Su prioridad es encontrar a los jóvenes, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables. Recalcó que el caso sigue abierto y que nadie está por encima de la ley.
Como siguientes pasos, las autoridades prometieron mantener y ampliar la búsqueda. También profundizarán las líneas de las videograbaciones y de la funeraria con el SEMEFO. Además, mantendrán el diálogo con las familias y garantizarán sus derechos por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En la conferencia participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.
