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15 tiroteos y 4 muertos por agentes migratorios tras ofensiva de Trump
Por: Frank Alvarado
Tras lo ocurrido en Minneapolis con Renee Nicole, los agentes del ICE y CBP han sumado 15 tiroteos y 4 personas muertas luego de la intensificación ofensiva migratoria del presidente Trump.
Al día de hoy se han registrado al menos 15 tiroteos y 4 personas muertas a causa de agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó la intensificación ofensiva migratoria en 2025.
El reciente caso de Minneapolis, en donde un agente del ICE disparó y terminó con la vida de Renee Nicole, una mujer estadounidense de 37 años, mientras conducía su camioneta, ha despertado la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza e impunidad con la que actúan los agentes federales de migración.
En junio de 2025 el gobierno de Trump comenzó la intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles, que posteriormente llegaron a ciudades como Washington D.C., Chicago, Memphis, Portland, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, a lo que llamó: “el programa de deportaciones masivas más grande de la historia”.
Desde entonces se han identificado al menos 30 incidentes, que van desde encañonamiento y hasta disparos por parte de los agentes del ICE y CBP, entre los que se cuentan al menos 15 tiroteos con 5 heridos y 4 personas muertas, según datos recabados por The Trace, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar incidentes de violencia armada.
“Incluyen disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; disparos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o evadían una operación policial; y la redada del 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la que se apuntó con armas de fuego a inquilinos medio dormidos y a sus hijos”, se puede leer en la investigación.
También es de resaltar que son 13 los incidentes que han ocasionado los agentes federales con municiones no letales, como proyectiles de goma y pimienta, diez de ellos durante protestas.
Sobre los resultados de la investigación, The Trace aclara: “Es probable que nuestras cifras estén subestimadas, ya que los tiroteos que involucran a agentes de inmigración no siempre se reportan públicamente”, ya que los registros del ICE no se suelen hacer públicos por protección federal.
Pero todo esto no sería algo nuevo, pues según otra pesquisa, entre 2015 y 2021, agentes del ICE generaron 59 tiroteos en 26 estados norteamericanos, con un saldo de 23 personas muertas y 24 lesionadas. “Ni un solo tiroteo que examinamos resultó en una acusación formal en ningún lugar del país”, se explica en el documento, pese a que muchas de las versiones que alegó el ICE por su actuar fueron comprobadas como falsas o exageradas.
Un caso de impunidad preexistente, ya que La Corte Suprema “ha ido restringiendo durante muchos años las situaciones bajo las cuales se puede demandar a oficiales federales de la ley, incluidos los de inmigración”, explica para The Trace, Christy Lopez, ex litigante principal de derechos humanos del Departamento de Justicia.
Tal es el caso de Renee Nicole, en donde la versión que defiende el ICE relata que la mujer trató de atropellar a los agentes y por ende estos actuaron en defensa propia. Una posición apoyada por autoridades como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y el propio Donald Trump: “Ella se comportó horriblemente. Y luego lo atropelló. No intentó atropellarlo”, dijo el mandatario.
Mientras que los videos tomados de lo ocurrido muestran a los agentes acercándose al auto detenido en medio de la calle para pedirle que se retire y es cuando, uno de los elementos intenta abrir la puerta, que la conductora arranca el vehículo, incluso retrocediendo para esquivar a los agentes y marchar hacia adelante. Fue entonces que uno de los elementos que fue rozado por el automóvil, hasta el momento no identificado, le disparó a quemarropa a Renee.
“Ese agente está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”, ha declarado el vicepresidente, J. D. Vance. Una justificación que vuelve víctima al victimario y con la que se puede seguir amparando una de las fuerzas con mayor poder operativo en el país, que suele armar redadas en lugares públicos con alto flujo de transeúntes.
ACTUALIZACIÓN: Tras las manifestaciones por la muerte de Renee Nicole, la cifra aumentó a 16 tiroteos.
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Estalla ola de protestas y tensión política tras muerte de mujer por agente de ICE
La ciudad de Minneapolis se ha convertido en el epicentro de violentos enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policíacos tras el fallecimiento de Renée Good, quien murió por disparos a quemarropa de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La muerte de Renée Nicole Good de 37 años, provocó una movilización inmediata frente a las oficinas federales de Minneapolis. Bajo consignas como “Justicia ahora” y “No más ICE”, cientos de ciudadanos fueron reprimidos por agentes federales, quienes utilizaron gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Al menos una persona resultó arrestada durante los disturbios.
El suceso generó una crisis diplomática interna. La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, defendió el uso de la fuerza calificando el acto como defensa propia ante un presunto intento de atropello, e incluso tildó las protestas de “terrorismo doméstico”. Esta postura fue respaldada por el presidente Trump en redes sociales.
En contraste, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la narrativa del gobierno de inaceptable y exigió la salida inmediata de los agentes de ICE de la ciudad. Por su parte, el gobernador Tim Walz expresó su indignación e instó a la protesta pacífica.
Este operativo forma parte de la mayor ofensiva migratoria desplegada por el Departamento de Seguridad Nacional hasta la fecha, con más de 2,000 agentes en la calle y un saldo de 1,500 arrestos. La muerte de Renée Nicole Good marca el quinto fallecimiento vinculado a estos operativos.
Actualmente, el FBI encabeza la investigación sobre el tiroteo en colaboración con las autoridades estatales, mientras la presión social crece para que el agente involucrado sea procesado judicialmente.
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FBI ha prohibido al estado de Minnesota investigar muerte de Renee Good, mujer asesinada por el ICE
Autoridades estatales denuncian falta de transparencia tras quedar excluidas del caso y sin acceso a pruebas clave del tiroteo en Minneapolis.
El FBI tomó el control total de la investigación por el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, ocurrido durante una redada migratoria del ICE en Minneapolis, y prohibió al estado de Minnesota participar en las indagatorias, confirmó el superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA), Drew Evans.
De acuerdo con Evans, inicialmente se acordó una investigación conjunta entre la BCA y el FBI, tras consultas con la Fiscalía del Condado de Hennepin y la Fiscalía de Estados Unidos. La BCA incluso respondió de inmediato a la escena, comenzó a recabar evidencia y coordinó entrevistas de buena fe. Sin embargo, horas después, el FBI notificó un cambio de decisión.
“La investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI, y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena ni a las entrevistas necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, señaló Evans en un comunicado. Ante ello, la agencia estatal se retiró a regañadientes del proceso.
La exclusión de las autoridades locales desató críticas y preocupación. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó la decisión como “profundamente preocupante y extremadamente decepcionante”, y cuestionó públicamente la falta de una revisión independiente: “¿De qué tienen miedo? ¿Por qué temen a una investigación independiente?”.
El caso ha generado protestas en Minneapolis, donde habitantes colocaron arreglos florales en memoria de Good frente a edificios federales. Mientras el ICE sostiene que la agente disparó al considerar una amenaza, organizaciones civiles y funcionarios estatales exigen transparencia, acceso a pruebas y rendición de cuentas.
La determinación del FBI de centralizar la investigación reaviva el debate sobre la supervisión de operativos migratorios, el uso de la fuerza y los límites de la jurisdicción federal frente a los estados, en un contexto de creciente tensión por las políticas de inmigración en Estados Unidos.
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Agente del ICE asesina a Renee Good durante redada en Minneapolis; Trump lo respalda
El asesinato de una mujer durante un operativo migratorio provocó indignación social, críticas del alcalde y un nuevo choque político por el uso de la fuerza contra migrantes en Estados Unidos.
Una redada migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, terminó en tragedia luego de que una mujer fuera asesinada a tiros por un agente federal, hecho que detonó protestas ciudadanas, condenas políticas y una investigación federal.
La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, poeta de 37 años, quien se encontraba dentro de su vehículo cuando fue rodeada por agentes del ICE. De acuerdo con versiones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente disparó al considerar que la mujer intentó atropellar a los oficiales, por lo que calificó el hecho como un “acto de terrorismo” y sostuvo que se trató de legítima defensa.
Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran a Good bloqueando el paso de los agentes mientras éstos le ordenaban descender del automóvil. Al comenzar a avanzar lentamente, un agente disparó a través del parabrisas, tras lo cual el vehículo terminó impactado contra otro auto. La zona fue acordonada por el FBI, mientras paramédicos intentaban auxiliarla sin éxito.
La escena generó indignación inmediata. Decenas de manifestantes salieron a las calles con consignas como “¡ICE fuera de Minnesota!”, denunciando el uso excesivo de la fuerza y recordando episodios similares ocurridos en Los Ángeles y Chicago.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lanzó una dura condena contra las autoridades migratorias federales, a quienes acusó de provocar caos y violencia. Exigió la salida inmediata del ICE de la ciudad y reiteró el respaldo del gobierno local a las comunidades migrantes y refugiadas, a las que calificó como blanco de políticas agresivas.
En contraste, el presidente Donald Trump salió en defensa del agente involucrado. A través de Truth Social, afirmó que la mujer era una “agitadora profesional” y justificó el disparo al asegurar que el oficial actuó en defensa propia, avivando aún más el debate nacional sobre las redadas migratorias y el uso letal de la fuerza en Estados Unidos.
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ICE cambia de estrategia y dispara arrestos en comunidades de EUA
La política migratoria del segundo mandato de Donald Trump ha provocado un fuerte aumento en los arrestos “en libertad” realizados por ICE, con un giro hacia operativos en comunidades y un crecimiento notable de detenciones de personas sin antecedentes penales.
La estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump en su segundo mandato ha impulsado un cambio profundo en las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia dejó de priorizar detenciones en cárceles locales para enfocarse en localizar y arrestar a migrantes directamente en calles, hogares y centros de trabajo en distintas comunidades de EUA.
El impacto ha sido inmediato. En septiembre, el ICE registró alrededor de 17,500 arrestos “at large” y en octubre la cifra apuntaba a ser aún mayor, el nivel más alto desde que existen registros comparables en 2011. En promedio semanal, estos operativos ya superan cuatro veces los realizados durante el primer mandato de Trump y duplican los del gobierno de Joe Biden.
Aunque las autoridades federales sostienen que el objetivo son personas con perfiles criminales graves, los datos revisados por The Washington Post muestran otra realidad. Más de 60% de los detenidos en este tipo de arrestos desde junio no contaban con condenas penales ni cargos pendientes, lo que refleja un enfoque más amplio y menos selectivo.
Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional advierten que esta política responde a la presión interna por aumentar las cifras de deportación, con metas de hasta 3 mil arrestos diarios. El resultado, coinciden, es un uso intensivo de recursos y un aumento de detenciones que ha generado protestas, cuestionamientos legales y un debate creciente sobre el alcance real de la ofensiva migratoria en EUA.
Con información de The Washington Post.
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Estados Unidos convierte la persecución migrante en un negocio multimillonario
El plan de Donald Trump contempla encerrar hasta 80 mil personas en almacenes industriales y pagar recompensas a empresas privadas por cazar migrantes, mientras se intensifica el despliegue militar y la retórica antimigrante.
El gobierno de Donald Trump avanza en una estrategia que transforma la detención y persecución de migrantes en un lucrativo negocio privado. De acuerdo con reportes de The Washington Post y The Intercept, la administración estadunidense busca habilitar almacenes industriales para retener hasta 80 mil personas, al tiempo que impulsa un programa de cazarrecompensas del ICE que podría generar más de mil millones de dólares para empresas contratistas.
Según la investigación, el plan federal incluye la remodelación de grandes bodegas ubicadas cerca de centros logísticos clave en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri, con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas. Estas instalaciones permitirían confinar a decenas de miles de migrantes de manera simultánea, en un esquema que organizaciones civiles califican como detención a escala industrial.
En paralelo, The Intercept documentó que al menos 10 empresas privadas ya han recibido más de un millón de dólares por participar en el programa de recompensas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los contratos prevén la localización y captura de hasta 1.5 millones de migrantes, y uno de ellos podría alcanzar 365 millones de dólares, consolidando un modelo de negocio basado en la cacería humana.
La ofensiva antimigrante se refuerza con un nuevo despliegue militar. El Pentágono confirmó el envío de 350 elementos de la Guardia Nacional a Nueva Orleans, como parte de una operación que busca detener a 5 mil personas, con presencia federal al menos hasta febrero. A ello se suma el aval judicial a políticas restrictivas, como la tarifa de 100 mil dólares a visas de trabajadores altamente calificados.
Mientras tanto, Estados Unidos pactó con Palau el pago de 7.5 millones de dólares para que el país insular reciba a migrantes deportados. En su mensaje navideño, Trump reiteró su discurso contra migrantes, personas trans y la “izquierda radical”, al asegurar que “las fronteras ya no están abiertas”, pese a las protestas civiles que continúan en ciudades como Chicago.
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Chicago crea comisión inédita para documentar abusos de ICE y CBP
El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
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ICE presiona para la salida voluntaria de migrantes; ofrece hasta 3 mil dólares para regresar a su país
Estados Unidos vende la salida voluntaria como “opción humanitaria”, mientras acelera redadas, presiona a migrantes y ofrece dinero para que se autoexpulsen sin pelear sus derechos.
Bajo el nombre amable de “salida voluntaria”, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsan un mecanismo que, en los hechos, disfraza deportaciones y traslada la carga al propio migrante. La fórmula es simple: acepta irte, paga tu viaje, renuncia a defenderte y evita la palabra “deportación” en el expediente. A cambio, prometen que “quizá” algún día puedas regresar legalmente.
La medida, que no aplica para todos, exige la aprobación de un juez o del DHS y obliga a salir en un plazo fijo; si no se cumple, la “voluntariedad” se transforma mágicamente en orden de expulsión. Aun así, autoridades y voceros la presentan como una alternativa “preferible”, pese a que organizaciones legales advierten que puede usarse como herramienta de presión para que las personas renuncien a otros alivios migratorios.
Para hacerla más atractiva, el gobierno estadounidense triplicó el incentivo económico: hasta 3 mil dólares y boleto de avión para quienes se “autodeporten” antes del 31 de diciembre. La secretaria del DHS, Kristi Noem, lo vendió como un gesto festivo: dinero, vuelo y regreso “a tiempo para Navidad”. Todo, claro, mientras se intensifican redadas y se amenaza con castigos de hasta 10 años si el Estado ejecuta la deportación.
El mensaje es claro: si te vas solo, hay premio; si esperas a ejercer tus derechos, hay castigo. Y aunque la salida voluntaria evita una orden formal de deportación, tampoco garantiza el reingreso ni borra los riesgos legales. Quedan excluidos quienes tengan delitos agravados, intentos de ingreso no admitidos o antecedentes específicos.
Desde enero, el DHS presume que 1.9 millones de personas han optado por esta vía. Críticos señalan que no es éxito humanitario, sino estadística conveniente para presumir control migratorio sin asumir el costo político. Autodepórtate, sonríe, cobra el bono y no preguntes demasiado: así se administra hoy la “opción voluntaria”.
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Sangre de niña, billetes de impunidad: El pacto de Manolo Jiménez
Por Ricardo Sevilla
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
Con información de Sanjuana Martínez.
