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Exinstructor de ICE acusa recorte de capacitación clave y advierte riesgos mortales
Un exformador de agentes aseguró ante legisladores que la eliminación de cursos esenciales pone en riesgo la vida de civiles y oficiales, mientras el DHS niega los señalamientos.
Un exinstructor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denunció ante legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos que la agencia federal eliminó 240 horas de entrenamiento considerado “vital” para la correcta actuación de sus agentes. Se trata de cursos incluidos originalmente en un programa de 580 horas, enfocados en límites legales del uso de la fuerza, manejo seguro de armas de fuego y detención adecuada de personas migrantes, según reveló The Washington Post.
Ryan Schwank, quien se desempeñó como instructor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y renunció la semana pasada, advirtió que un entrenamiento deficiente “puede causar y causará muertes”. Afirmó, además, que la agencia miente al Congreso y a la ciudadanía sobre las medidas que adopta para garantizar que más de 12 mil agentes actúen conforme a la Constitución y dentro del marco legal.
Las acusaciones generaron una respuesta inmediata del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), instancia que supervisa al ICE. Su vocero, Lauren Bis, aseguró que no se han recortado horas de capacitación y que los oficiales reciben entrenamiento exhaustivo en armas de fuego, tácticas de desescalamiento y formación integral sobre la Cuarta y Quinta Enmienda. Añadió que el proceso incluye 56 días de formación inicial, más 28 días adicionales de prácticas operativas.
No obstante, el representante demócrata James Walkinshaw, por Virginia, acusó al DHS de poner conscientemente en riesgo la seguridad pública, al desmantelar de forma sistemática la capacitación diseñada para educar a los agentes del ICE sobre los límites legales de su autoridad.
El señalamiento reaviva el debate sobre el uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la legalidad de las operaciones migratorias en Estados Unidos, en un contexto de alta presión política y social sobre las agencias federales encargadas del control migratorio.
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ICE expande centros de detención en silencio: compra megabodegas cerca de El Paso
Comunidades fronterizas denuncian falta de aviso y temen impactos en servicios, impuestos y derechos humanos tras la expansión millonaria del sistema de detención migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió en secreto tres enormes almacenes en Socorro, Texas, para transformarlos en centros de detención migratoria, sin notificar previamente a autoridades locales. La operación, valuada en 122.8 millones de dólares, forma parte de una expansión nacional de 45 mil millones de dólares impulsada por el gobierno de Donald Trump.
Socorro, una comunidad de 40 mil habitantes ubicada a las afueras de El Paso, se enteró del proyecto solo después de que se formalizó la compra de los inmuebles, con una superficie total de más de 76 mil metros cuadrados, equivalentes a 4.5 súper centros de Walmart. “Nadie del gobierno federal nos avisó lo que estaba por ocurrir”, reclamó el alcalde Rudy Cruz Jr., al advertir afectaciones en agua, drenaje, seguridad e ingresos fiscales.
El ICE, dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha comprado al menos siete almacenes en estados como Texas, Arizona, Georgia y Pensilvania, mientras explora nuevas ubicaciones. De acuerdo con documentos oficiales, la agencia busca elevar su capacidad de detención a 92 mil camas, frente a las 40 mil que tenía antes del actual mandato presidencial.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el número de personas detenidas aumentó a 75 mil, distribuidas en más de 225 instalaciones. El plan contempla ocho megacentros con hasta 10 mil personas cada uno, además de centros regionales y sitios “llave en mano”. La construcción se financia con el paquete fiscal aprobado por el Congreso y se ejecuta mediante contratos militares, lo que permite opacidad y rapidez, según expertos legales.
Aunque el DHS asegura que se trata de “instalaciones estructuradas y bajo estándares federales”, comunidades incluso afines a Trump han expresado rechazo y alarma, recordando muertes recientes en centros de detención y posibles violaciones a derechos humanos. En Socorro, las protestas ciudadanas ya desbordaron las sesiones del cabildo.
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México exige a EUA atención médica a familias mexicanas detenidas en Texas
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a autoridades de Estados Unidos que garanticen atención médica a las familias que se encuentran detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas, especialmente tras el caso de un bebé de dos meses que enfermó durante su confinamiento y fue deportado junto a su madre.
El gobierno mexicano, a través del Consulado General en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la SRE, emitió un comunicado diplomático en el que informó que da “seguimiento puntual” a la situación de las personas mexicanas retenidas en el centro migratorio de Dilley, con especial atención a casos que involucran a niñas, niños y adolescentes que han enfermado durante su detención.
En el comunicado oficial, las autoridades mexicanas señalaron que personal consular realizó visitas al centro de detención, entrevistó a personas mexicanas privadas de su libertad y verificó que al menos algunos cuentan con atención médica diaria y acceso a apoyo psicológico, además de disponer de números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) exhibidos en las instalaciones.
El centro migratorio de Dilley, destinado a la detención de mujeres y menores de edad y supervisado por ICE, ha sido objeto de críticas recurrentes por las condiciones de hacinamiento, acceso limitado a servicios médicos especializados y dificultades para la atención oportuna de enfermedades en menores. También señalado, por los obstáculos para la supervisión independiente y el acceso de abogados y familiares.
La Subsecretaría para América del Norte también solicitó a través de canales diplomáticos información puntual sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas. En su comunicado, se subrayó que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior constituye una prioridad y que continuará brindando asistencia consular conforme al marco jurídico vigente.
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FBI investiga brutalidad del ICE contra mexicano en Mineápolis; víctima sufrió 8 fracturas de cráneo
Autoridades federales y estatales revisan el caso tras versiones encontradas: el ICE culpa a la víctima, mientras médicos descartan que las lesiones sean por una simple caída.
El FBI abrió una investigación sobre la presunta golpiza que agentes del Immigration and Customs Enforcement habrían propinado al ciudadano mexicano Alberto Castañeda Mondragón en Mineápolis, hechos que lo dejaron en terapia intensiva con ocho fracturas de cráneo.
De acuerdo con reportes oficiales, investigadores del St. Paul Police Department y del FBI inspeccionaron el estacionamiento de un centro comercial donde, según la denuncia, los agentes migratorios sacaron por la fuerza a Castañeda de su vehículo, lo derribaron y lo golpearon repetidamente en la cabeza con una vara metálica.
La versión del ICE sostiene que el mexicano intentó escapar estando esposado y que “se cayó y se golpeó la cabeza contra un muro de concreto”, responsabilizándolo de sus propias lesiones. Sin embargo, personal médico que atendió el caso declaró a The Associated Press que una caída no explicaría la hemorragia cerebral ni el patrón de fracturas detectado en una tomografía: lesiones frontales, posteriores y laterales que, según especialistas, no coinciden con un solo impacto.
En entrevista previa, Castañeda acusó a los agentes de actuar con violencia y racismo, asegurando que comenzaron a golpearlo “de inmediato” tras su arresto. Sus abogados sostienen que fue víctima de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza.
El caso ha encendido alertas sobre posibles abusos en operativos migratorios en Estados Unidos y podría derivar en responsabilidades penales si se confirma la agresión. Mientras tanto, el mexicano continúa recuperándose de lesiones que hoy ponen en entredicho la versión oficial.
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Hijo de congresista colombiana pro Trump es detenido por ICE; ahora pide ayuda a Petro
Ángela Vergara, fundadora de “Latinas por Trump”, denunció que su hijo lleva más de dos semanas bajo custodia migratoria en EUA y solicitó la intervención del Gobierno colombiano.
La congresista colombiana Ángela Vergara, militante del Partido Conservador y abierta simpatizante de Donald Trump, se encuentra en el centro de la polémica luego de revelar que su hijo fue detenido por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Estados Unidos.
Vergara, fundadora de la organización “Latinas por Trump” y promotora del endurecimiento de las redadas migratorias, informó que su hijo, Rafael Alfonso Vergara Vergara, lleva 18 días detenido tras ser arrestado en un operativo migratorio. Según su testimonio, el joven ingresó de manera regular a territorio estadounidense y se encuentra en espera de audiencia de asilo.
En un video difundido en redes sociales, la legisladora aseguró que su hijo permanece en “condiciones inhumanas” y pidió la intervención urgente del Gobierno colombiano para lograr su liberación. Entre lágrimas, solicitó apoyo al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería para garantizar el retorno del joven a Colombia.
La postura de la congresista generó críticas en redes, donde usuarios recordaron su respaldo público a las políticas migratorias de Trump, incluidas las deportaciones masivas y el fortalecimiento de operativos del ICE. Ahora, afirmó estar viviendo “lo que miles de colombianos han sufrido”, en referencia a las detenciones y procesos migratorios en Estados Unidos.
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Jueces declaran ilegales los arrestos de migrantes en EUA
Más de 4,400 fallos judiciales cuestionan la legalidad de los arrestos de migrantes por parte del gobierno de Trump, desatando protestas en diversas ciudades.
Cientos de jueces en Estados Unidos han dictaminado que el gobierno del presidente Donald Trump está deteniendo a migrantes de manera ilegal. Desde octubre de 2025, se registraron más de 4,400 fallos en este sentido, según una revisión de Reuters.
Los fallos reflejan un cambio en la interpretación de la ley federal de inmigración. Esta ley, que lleva casi tres décadas en vigor, permitía que los inmigrantes en EUA fueran liberados bajo fianza mientras sus casos se resolvían en los tribunales.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió que la administración cumple con el mandato del presidente. Sin embargo, el juez federal de distrito, Thomas Johnston, criticó la postura del gobierno al ordenar la liberación de un detenido venezolano.
Bajo la administración de Trump, el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado significativamente. Actualmente, hay aproximadamente 68,000 detenidos, lo que representa un aumento del 75% desde que Trump asumió la presidencia.
Ante esta situación, el ICE planea invertir 38,300 millones de dólares. Este presupuesto se destinará a la conversión de edificios en centros de detención, aumentando la capacidad a 92,600 camas. El nuevo modelo contempla la adquisición y renovación de múltiples centros y sitios de procesamiento para migrantes, con plazos establecidos para su funcionamiento.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) enfrenta una crisis presupuestaria debido a las negociaciones fallidas entre demócratas y republicanos. Esta situación se agrava tras recientes tiroteos en Mineápolis.
Además, la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció el final del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Yemen. Esta decisión afectará a al menos 1,400 yemeníes que han estado bajo esta protección en Estados Unidos.
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Gasto millonario en deportaciones revela fallas en políticas de migración
Un informe del Senado de EUA destaca el costo y la falta de supervisión en la deportación de migrantes a terceros países.
El Senado de Estados Unidos ha hecho público un informe que revela que el país gastó al menos 40 millones de dólares en deportar a 300 migrantes a naciones ajenas. Los funcionarios de inmigración han ampliado esta práctica, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump. Según el documento de los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores, este enfoque ha sido considerado costoso y poco eficiente.
Los datos indican que el gobierno realizó pagos que varían entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a países como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos. Los senadores han expresado su preocupación, calificando estas acciones como “derrochadoras” y pidiendo un análisis más exhaustivo de políticas que operan en gran medida sin transparencia.
Un caso particular ilustra la ineficiencia de estas deportaciones. Un ciudadano jamaicano fue enviado a Esuatini con un costo superior a 181 mil dólares, a pesar de que un tribunal estadounidense había ordenado su regreso a Jamaica. Semanas después, el gobierno de EUA tuvo que trasladarlo de vuelta a Jamaica, un país que nunca se opuso a su regreso.
Asimismo, el caso de Any Lucía López Belloza, una joven de 19 años, ha generado indignación. Esta estudiante de Babson College fue detenida en un aeropuerto en Texas y deportada a Honduras, a pesar de que existía una orden judicial en su favor. Su situación ha dejado al descubierto la falta de respeto a los procedimientos judiciales.
Las condiciones en los centros de detención son igualmente alarmantes. El congresista Jamie Raskin describió su reciente visita a una instalación de ICE en Baltimore como “vergonzosa”. Encontró a 60 hombres hacinados en una sola habitación, sin acceso a duchas y con un solo inodoro. Esta situación refleja una falta total de humanidad y respeto por los derechos de los detenidos.
Además, un informe de ProPublica sobre un centro de detención en Dilley, Texas, arroja luz sobre las experiencias de niños migrantes. Estos pequeños han expresado su angustia por ser separados de sus vidas en EUA y su miedo por el futuro. Sus madres han reportado que sus hijos sufren de problemas de salud, incluso han encontrado gusanos en su comida. Aunque las normas estipulan que los migrantes no deberían permanecer más de 21 días en estas instalaciones, muchos llevan meses atrapados.
Por otro lado, la situación se complica aún más por incidentes de violencia en el ámbito de la vigilancia migratoria. Recientemente, el jefe interino del ICE, Todd Lyons, informó que dos oficiales parecen haber hecho declaraciones falsas sobre un tiroteo en Minnesota. Este incidente ha añadido más presión sobre una agencia ya criticada por su manejo de las deportaciones.
Estos casos evidencian la urgencia de revisar las políticas migratorias de Estados Unidos. La opacidad y los altos costos asociados con las deportaciones a terceros países requieren un escrutinio más riguroso para asegurar un trato justo y humano a los migrantes.
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Cardi B confronta al ICE y abre debate migratorio en arranque de gira
La rapera estadounidense fijó postura contra el servicio migratorio en el inicio de su tour en California. Su mensaje ocurrió en medio de tensiones por redadas en Minnesota y tras la polémica del medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny.
La cantante Cardi B arrancó su nueva gira por Estados Unidos dedicando un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En su presentación inaugural en Palm Desert, California, la artista de 33 años dejó claro que no tolerará operativos migratorios en sus conciertos y lanzó advertencias dirigidas a proteger a sus seguidores.
Durante su concierto, la intérprete añadió referencias a la comunidad latina y mencionó consignas en defensa de sus fanáticos, en especial mexicanos y guatemaltecos. El momento incluyó fragmentos musicales y expresiones que se viralizaron en redes sociales, reforzando su imagen como figura crítica frente a las políticas de control migratorio.
El posicionamiento de la rapera se genera días después de su aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl liderado por Bad Bunny. Su participación generó controversia en las plataformas.
La tensión política aumentó luego de que la administración de Donald Trump anunciara el fin del refuerzo de miles de agentes federales desplegados en Minnesota, medida que había provocado protestas durante meses.
En ese contexto, la industria musical emerge como espacio de confrontación simbólica, artistas de alto perfil elevan el tono frente a las políticas migratorias, mientras el debate público se traslada de las calles a los escenarios.
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Don Lemon comparece ante tribunal federal después de detención injustificada en protesta
El periodista independiente Don Lemon, exconductor de CNN, compareció este viernes ante un tribunal federal en St. Paul, Minnesota, como parte de un proceso penal después de ser detenido en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que interrumpió un servicio religioso el pasado 18 de enero.
Lemon, quien ahora trabaja de forma independiente y mantiene una presencia activa en plataformas digitales, fue imputado junto con otras ocho personas por supuestamente “conspirar” para privar a otros de sus derechos civiles y religiosos durante una manifestación en la Iglesia Bautista Cities, donde uno de los pastores también se desempeñaba como funcionario del ICE.
La protesta congregó a manifestantes que se expresaban en contra de ICE y pedían justicia para Renee Good, madre de tres hijos que murió tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis semanas antes, un hecho que generó indignación pública y un aumento de las tensiones entre grupos comunitarios y las autoridades migratorias federales.
Tras ser arrestado días después en Los Ángeles, Lemon declaró su intención de declararse inocente en el tribunal federal, argumentando que estuvo presente en la iglesia exclusivamente como periodista narrando el evento para su transmisión en vivo y que no formaba parte activa de la protesta.
El caso se basa en cargos presentados bajo la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas de 1994, que prohíbe la interferencia o intimidación en lugares de culto religioso, y contempla penas que pueden llegar hasta un año de prisión y multas de hasta 10 mil dólares por obstrucción de la libertad religiosa.
El abogado de Lemon y sus representantes han defendido su trabajo como parte de la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, subrayando que su función fue informar y documentar un acontecimiento de interés público, no participar en actividades que limitan el derecho a practicar la fe.
