Una vez más, el Poder Judicial comete otro atropello en contra de las políticas públicas de la Cuarta Transformación en materia de energía. El pasado 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021 prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a plantas asociadas a ésta, lo que genera una “alteración en el mercado eléctrico”. Además, preciso la Segunda Sala que “el supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica, ya que no puede soslayarse que, en ciertas actividades, como la generación de electricidad, CFE es un competidos más del mercado e incluso el Poder Reformador de la Constitución ordenó otorgarle una estructura que le permita competir en igualdad de circunstancias, de ahí que el legislador secundario no puede introducir un diseño que entorpezca la libre concurrencia y competencia”.
De modo que, declaró esta reforma inconstitucional bajo el argumento de vulnerar la libre competencia y el desarrollo sustentable establecidos en la Constitución.
A través de un mensaje difundido por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su cuenta de X (antes Twitter), comentó lo sucedido durante la sesión de la Segunda Sala de la SCNJ en torno a los amparos en revisión 164/2023 y 106/202, en el que Batres Guadarrama y la ministra Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra del otorgamiento de la protección de la justicia federal a las empresas privadas y de declarar inconstitucionales disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, resultando en un empate 2 a 2, que Alberto Pérez Dayán, presidente de esa sala, resolvió indebidamente con un voto de calidad, en contravención con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
No es ninguna sorpresa, la revista Contralínea había reportado el 18 de septiembre del año pasado, que el área jurídica de la Secretaría de Energía solicitó a la SCJN que excusaran a los ministros Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales de la discusión sobre la reforma a la Ley Eléctrica al considerar que ambos ministros son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo desde el 2009, una asociación civil que ha litigado contra las reformas impulsadas por la 4T, al promover juicios masivos de amparos directos en indirectos contra algunas de las políticas públicas. Particularmente en marzo del 2021, la asociación civil se pronunció abiertamente en contra de la Ley Eléctrica.
Por todo esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina del jueves pasado que impugnara el fallo del máximo tribunal. “Se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial; que sea el pueblo el que elija a los jueces, magistrados y ministros. Y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar al Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo; no al servicio de un grupo minoritario, al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz”, así lo dijo el titular del Poder Ejecutivo.
A pesar de no tener muchas expectativas, el presidente mencionó que incluiría dentro del paquete de iniciativas que enviara al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero, una iniciativa de reforma constitucional para que el régimen legal del sector eléctrico vuelva a ser aquel instituido tras la nacionalización de la industria eléctrica bajo el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos en 1960 y antes de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, los cuales constaría en los siguientes puntos:
- La industria eléctrica pasaría a ser un sector estratégico en términos constitucionales.
- No constituiría un monopolio que el Estado ejerza sus funciones en sectores estratégicos.
- La CFE podría ejercer nuevamente sus funciones de generación y comercialización de forma exclusiva, sin ser regulado por ningún ente antimonopolios, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía.
¿Por qué el Poder Judicial defiende a capa y espada los intereses de las trasnacionales? Y la más importante ¿Por qué es muy importante reformar la industria eléctrica nacional? Un punto de arranque obligatorio, para entender por qué la élite económica y política del país defienden sus intereses por medio del Poder Judicial, datan desde la gestión de Georgina Kessel al frente de la Secretaría de Energía (SENER) en el sexenio de Felipe Calderón, es decir, de diciembre del 2006 a enero del 2011. Las empresas energéticas del sector privado experimentaron un avance sustantivo en materia de generación de electricidad en el país, mediante la concesión de innumerables permisos para la producción independiente de energía y la deliberada disminución productiva de la CFE. Los principales beneficiados con esa política fueron las trasnacionales Iberdrola y Unión Fenosa, que en su conjunto concentraron un 70% de la electricidad generada en el país. Y con la Reforma Energética del 2013, las redes de trasmisión y distribución de la CFE fueron sometidas a los entes antimonopolios, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía y excluida de obtener ingresos al generar energías limpias. Más aún, El parque de generación de la CFE fue fragmentado en seis empresas autónomas (subsidiarias) para asegurar su desaparición.
En la actualidad, el 54% de la generación de electricidad está en control del Estado, mientras que los privados poseen un 46%. Es por esto que es necesaria una reforma a la industria energética no sólo para rescatar a la industria energética nacional, sino para estar preparados para cualquier emergencia que ocurra, como el apagón que afectó a 42 millones de usuarios en los estados del norte de México a causa de la tormenta invernal en el estado de Texas en febrero del 2021 y dejó al descubierto la dependencia mexicana al gas estadounidense, el combustible para generar electricidad. En definitiva, es vital recordarles a los jueces y magistrados que operan en contra del interés nacional, que la nación es propietaria de la tierra y el subsuelo, así como de los recursos energéticos como lo establece la Constitución promulgada un 5 de febrero de 1917.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
