Pese a contar con personal e infraestructura propia, el INE adjudicó a una productora privada sus campañas institucionales por montos que podrían alcanzar 134.8 millones de pesos, reavivando críticas sobre la duplicidad de funciones y el uso de recursos públicos.
El Instituto Nacional Electoral, defensor de la austeridad discursiva y la eficiencia institucional enfrenta un nuevo punto de críticas tras licitar a una empresa privada la realización de sus campañas de difusión, aun cuando mantiene un numeroso personal de comunicación social y producción audiovisual, ¿Es realmente más barato otorgar tareas externas que ya existen dentro del propio organismo o se trata de una política de comodidad administrativa con alto costo público?
La licitación pública LP-INE-040/2025 fue ganada por Full Circle Media, casa productora que firmará un convenio bianual de enero 2026 a diciembre de 2027, con un monto alrededor entre 53.9 y hasta 134.8 millones de pesos. El servicio que ofrecerá la casa productora será desde la gestión de creatividad hasta la producción de material para radio, televisión, plataformas digitales, medios impresos así como publicidad exterior.
El propio INE cuenta con una Coordinación Nacional de Comunicación Social conformada por alrededor de 100 personas, además de enlaces en cada entidad federativa, incluso dispone de un estudio de televisión en sus oficinas centrales, una infraestructura que pareciera suficiente para cubrir gran parte de estas funciones.
El esquema interno revela una nómina que incluye guionistas, camarógrafos, editores, operadores de audio y video, ingenieros de cabina, diseñadores digitales, administradores de redes sociales, redactores, responsables de prensa y un equipo de monitoreo de al menos 17 personas.
No es la primera vez que Full Circle Media aparece en contratos relevantes del instituto. De acuerdo con documentos públicos del propio INE, la empresa participó en 2024 en la producción de los tres debates presidenciales, cuyo costo global ascendió a 41.2 millones de pesos.
Consejeros han defendido estas subrogaciones argumentando que el INE cuenta con una plantilla nacional de 18 mil personas, resulta más barato contratar servicios externos que abrir nuevas áreas o ampliar oficinas. Sin embargo, el argumento se debilita cuando las funciones licitadas coinciden casi punto por punto con los perfiles que ya existen en la estructura institucional.
En un contexto de recortes y tensiones presupuestarias, la licitación del INE no sólo compromete recursos , sino que deja el tramo de 2026 sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Un organismo que exige pulcritud en el uso de dinero público, la subcontratación millonaria de funciones ya existentes no sólo plantea dudas administrativas, sino que erosiona la
narrativa de eficiencia del propio INE y coloca su gestión bajo una lupa cada vez más incómoda.
