Consejeros del Instituto Nacional Electoral perciben hasta 262 mil pesos mensuales y argumentan “autonomía” para mantener salarios elevados.
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura frente a los intentos de austeridad impulsados desde el gobierno federal y el Congreso, al rechazar recortes presupuestales y defender los altos salarios de sus consejeros, que actualmente ascienden a 262 mil pesos brutos mensuales, superando el ingreso de la Presidenta.
Desde 2018, el organismo electoral ha protagonizado constantes choques con el Ejecutivo y el Legislativo, argumentando que su autonomía constitucional le permite definir el uso de sus recursos. Incluso, ha sostenido que el salario presidencial no está claramente determinado, al considerar prestaciones adicionales como el uso de Palacio Nacional y otros apoyos.
La nueva iniciativa de reforma político-electoral, enviada al Senado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea que ningún funcionario gane más de 134 mil pesos mensuales, lo que obligaría a consejeros y altos mandos del INE a reducir significativamente sus percepciones.
Además de los consejeros, la medida impactaría a la Junta General Ejecutiva y a miles de empleados del instituto, quienes actualmente cuentan con prestaciones superiores a las de la ley, incluyendo seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema fue recurrente, señalando que la autonomía no debe ser sinónimo de privilegios. Sin embargo, el INE ha defendido que sus remuneraciones están protegidas por criterios constitucionales y son necesarias para garantizar la independencia electoral.
Incluso, ante recortes previos, el organismo acudió a la Suprema Corte, argumentando que la reducción de recursos podría afectar la instalación de casillas y, por ende, los derechos ciudadanos. A pesar de ello, el debate persiste: ¿autonomía o excesos?
Beatriz y María Zavala Pérez se han mantenido dentro del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México respectivamente y, tan solo la primera, tiene un sueldo de más de 178 mil pesos mensuales netos, es decir, 44 mil pesos más que la presidenta de México.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) enfrenta cuestionamientos por su limitada actuación contra el nepotismo.
Luego de que una investigación de La Jornada en 2022 evidenciara que en más de siete años únicamente se sancionó a una persona por contratar a familiares, al interior del organismo se daban redes de parentesco y designaciones de allegados en cargos directivos que hoy salen a relucir derivado de sus altos salarios.
Y es que resuelta contradictorio que un organismo electoral, que suele posicionarse públicamente como vigilante de la legalidad y la transparencia, en la práctica ha mostrado una escasa capacidad —o voluntad— para sancionar prácticas de favoritismo dentro de su propia estructura.
Diversos reportes también han documentado presuntos casos de nepotismo dentro del instituto, donde familiares y personas cercanas a consejeros electorales han sido colocadas en áreas estratégicas con salarios elevados.
Un ejemplo es María Guadalupe Zavala Pérez, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, quien es hermana de Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero déjeme contarle con datos duros.
María Guadalupe Zavala, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, gana un sueldo mensual neto de 97 mil 657 pesos. ¿Lo cuestionable? Pues su hermana, Beatriz Claudia Zavala Pérez, es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sí, la misma consejera señalada de ser “aliada” del PRIAN.
En 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que Claudia Zavala Pérez preside, emitió medidas cautelares contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenándole abstenerse de emitir comentarios de carácter electoral en sus conferencias matutinas.
La decisión se tomó con el argumento de garantizar la imparcialidad y neutralidad rumbo a las elecciones de 2024, lo que incluyó ordenar al Gobierno federal eliminar o modificar contenidos de cinco conferencias mañaneras por considerar que contenían mensajes políticos.
Posteriormente, Zavala también respaldó la decisión del INE de retirar un spot de campaña de Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tras ello, el dirigente de Morena en ese momento, Mario Delgado, la acusó de “atacar a la Cuarta Transformación y beneficiar a la derecha”.
Las críticas también se intensificaron en 2022, cuando Zavala cuestionó la implementación de un plan de austeridad impulsado por López Obrador para financiar la consulta de Revocación de Mandato en México de 2022. En ese contexto, la consejera sostuvo que el INE debía seguir el marco legal vigente y rechazó la posibilidad de usar fideicomisos o reducir salarios. Ese mismo año, la comisión que encabeza ordenó retirar una carta firmada por gobernadores y por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al considerar que difundía propaganda gubernamental durante el periodo de veda electoral.
Pero la hipocresía se revela cuando, a pesar de haber criticado acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la “humilde” consejera gana 44 mil pesos más que la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, como lo está leyendo. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Claudia Zavala Pérez gana 178 mil 464 pesos netos mensuales. Eso significa que al año la consejera se lleva del erario 2 millones 141 mil 568 pesos, eso sin contar el seguro de vida con el que cuenta en el INE, ni la prima vacacional.
Lo irónico es que ella y dos consejeros más del INE, ligados al PRI y al PAN, concluyen su periodo de siete años el próximo 4 de abril. Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.
Las hermanas Zavala Pérez, con presencia dentro de las instituciones electorales, se han convertido en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos por posibles prácticas de nepotismo. En conjunto, ambas perciben 276 mil 121 pesos mensuales, una cifra que ha generado críticas debido a la responsabilidad que tienen estos organismos de garantizar imparcialidad, transparencia y ética en la vida pública.
Así, mientras el organismo atraviesa un proceso de reestructuración, las críticas apuntan a una evidente contradicción: un instituto que exige transparencia y legalidad a partidos y autoridades, pero que ha sido señalado por tolerar prácticas de nepotismo y la colocación de allegados en su propia estructura.
La denuncia presentada por Citlalli Hernández ante el INE por violencia política de género evidenció los límites entre libertad de expresión y agresión contra mujeres en el espacio digital.
La discusión sobre libertad de expresión y violencia digital contra las mujeres volvió al centro del debate público en México luego de que se recordara, durante la Mañanera del Pueblo, el caso en el que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció al usurero Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género en redes sociales.
La funcionaria explicó que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debido al uso sistemático de expresiones denigrantes centradas en su físico y apariencia, las cuales —según señaló— no formaban parte del debate político, sino de ataques personales. El INE admitió la denuncia y ordenó medidas cautelares para retirar diversas publicaciones consideradas como violencia política de género.
Sin embargo, el caso escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que el usurero impugnara la resolución. De acuerdo con Hernández, el tribunal argumentó dudas sobre sus competencias para resolver el caso, lo que permitió que las publicaciones permanecieran en la plataforma X, pese a la orden inicial del órgano electoral.
La secretaria de las Mujeres subrayó que el caso abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, pues estas no pueden permanecer ajenas a las normas y principios de las sociedades donde operan. En ese sentido, cuestionó qué grado de corresponsabilidad deben asumir las empresas tecnológicas frente a contenidos que reproducen violencia o discriminación contra mujeres.
Hernández señaló que su intención principal no fue continuar un litigio personal, sino visibilizar el problema y generar una sanción social frente a este tipo de agresiones. Explicó que muchas mujeres se acercaron para pedirle que no dejara pasar el caso, pues normalizar estos ataques afecta a todas las mujeres que participan en la vida pública.
Especialistas y activistas coinciden en que el desafío actual consiste en defender la libertad de expresión sin permitir que se convierta en una vía para la violencia o la discriminación, por lo que el debate sobre regulación, cultura digital y responsabilidad de las plataformas seguirá siendo clave para construir un espacio público más respetuoso e igualitario.
Las sanciones totales pasaron de más de 706 millones a 462 millones de pesos, luego de que consejeros aceptaran argumentos de los partidos y enviaran varios casos a procesos que podrían tardar años en resolverse.
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió reducir las multas impuestas a los partidos políticos por irregularidades detectadas en sus gastos ordinarios de 2024, pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) documentó diversas anomalías contables. La medida benefició a todas las fuerzas políticas, al disminuir de manera significativa el monto total de sanciones.
De acuerdo con la información revisada por el organismo electoral, las multas globales pasaron de 706.9 millones de pesos a 462.9 millones, luego de que los consejeros aceptaran diversos argumentos presentados por los partidos. Además, varios expedientes fueron enviados a “procedimientos oficiosos” o de “seguimiento”, lo que podría alargar durante años la resolución definitiva de los casos.
El partido con más irregularidades detectadas fue el Partido del Trabajo (PT), que logró la mayor reducción de sanciones, pasando de 215 millones de pesos a 93.5 millones, lo que representa un descuento cercano al 60 por ciento. En varios de los expedientes, la decisión de enviarlos a investigación adicional redujo de inmediato el monto de las sanciones.
Otros partidos también se vieron beneficiados con ajustes. El PRI pasó de 112.1 millones a 98.8 millones de pesos, mientras Morena redujo sus sanciones de 84.8 millones a 59.5 millones. En el caso del PAN, la multa bajó de 85.6 millones a 45.17 millones, mientras Movimiento Ciudadano pasó de 43 millones a 20.1 millones y el Partido Verde de 40.3 millones a 19.9 millones.
Durante la discusión, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió que enviar los expedientes a procedimientos oficiosos traslada al propio INE la carga de la prueba, cuando en realidad los partidos tienen la obligación de comprobar sus gastos. También señaló que algunos gastos fueron acreditados únicamente con facturas genéricas sin identificar a los beneficiarios, lo que genera dudas sobre su legalidad.
La revisión realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización incluyó 553 informes anuales de ingresos y gastos presentados por siete partidos políticos. Entre las irregularidades más frecuentes se detectaron egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista y uso indebido de recursos destinados a actividades específicas, conductas que ahora podrían tardar años en resolverse.
El Instituto Nacional Electoral detectó egresos sin comprobar, gastos no reportados y otras irregularidades en la fiscalización del financiamiento de partidos durante 2024.
El Instituto Nacional Electoral (INE) colocó al Partido del Trabajo (PT) como el partido con mayores multas por irregularidades en ingresos y gastos durante 2024, al acumular sanciones por 215 millones de pesos, de acuerdo con los proyectos que serán analizados por el Consejo General del organismo electoral.
El monto forma parte de un total de 706.9 millones de pesos en sanciones a partidos políticos, resultado de la revisión de millones de documentos y reportes financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, un año electoral en el que se disputaron 629 cargos federales —incluida la Presidencia de la República— y más de 20 mil puestos locales.
Según fuentes electorales, entre las irregularidades detectadas en el PT destacan cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad y gastos que no pudieron comprobarse, como el caso de boletos de avión reportados sin evidencia de uso. Tan solo en el ámbito federal, las anomalías atribuidas a su dirigencia nacional derivaron en investigaciones que suman aproximadamente 181 millones de pesos.
En la lista de sanciones le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 112.1 millones de pesos en multas, además de 87.7 millones adicionales correspondientes a dirigencias estatales. En tercer lugar aparece el Partido Acción Nacional (PAN), con 85.6 millones de pesos, mientras que Morena podría enfrentar sanciones por 84.8 millones.
Más atrás se encuentran Movimiento Ciudadano (MC) con 43 millones de pesos, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.3 millones, la mayoría de estas últimas relacionadas con irregularidades en el ámbito local.
El análisis del INE también revela que las faltas más comunes entre los partidos políticos son los egresos no comprobados y los gastos no reportados, que en conjunto representan 45.44% de las sanciones aplicadas.
Durante 2024, los partidos políticos recibieron más de 9 mil 900 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 6 mil 609 millones fueron para gasto ordinario y 3 mil 304 millones para campañas electorales.
El propio INE advirtió que las multas aplicadas en procesos electorales anteriores no han sido suficientes para frenar estas prácticas, por lo que insistió en fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la eliminación del PREP al sostener que fue capturado durante años por redes conservadoras con influencia mediática y empresarial, y que su reforma electoral busca devolver certeza, rapidez y control público a los resultados electorales.
Durante años, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue presentado por el Instituto Nacional Electoral como un mecanismo técnico, neutral y confiable para informar a la ciudadanía la misma noche de la jornada electoral. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas han documentado que el PREP terminó operando bajo una lógica política, dominado por intereses conservadores que utilizaron su carácter “preliminar” para construir narrativas electorales favorables a la derecha.
Uno de los trabajos más contundentes sobre este fenómeno es el del periodista Ricardo Sevilla, quien expuso cómo el INE abrió sus puertas a personajes ligados a organizaciones empresariales, think tanks y medios de comunicación abiertamente opositores a los gobiernos de izquierda, particularmente aquellos vinculados al empresario Claudio X. González.
De acuerdo con estos señalamientos, el Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) fue integrado en procesos electorales anteriores por perfiles con vínculos directos con organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el IMCO, así como con revistas y medios como Nexos y Letras Libres, lo que comprometió seriamente la percepción de imparcialidad del sistema. Aunque el INE defendió estos nombramientos bajo el argumento de la “capacidad técnica”, la subordinación laboral, ideológica y mediática de varios de sus integrantes encendió alertas legítimas.
Este antecedente explica por qué la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no surge en el vacío, sino como respuesta a un modelo que permitió la captura de un instrumento clave del proceso electoral por redes disfrazadas de “sociedad civil”. Para el nuevo gobierno, el PREP dejó de ser un mecanismo informativo y se convirtió en una herramienta de presión política y mediática, especialmente en elecciones cerradas.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su iniciativa ante las críticas del propio INE y de su presidenta, Guadalupe Taddei, quien advirtió que cualquier modificación debía garantizar información oportuna el día de la elección. Desde La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum fue enfática: “no es una ocurrencia”, sino una propuesta bien trabajada, analizada y construida a partir de foros ciudadanos realizados en todo el país.
La mandataria explicó que si el cómputo distrital comienza desde el cierre de la jornada electoral, el país podrá contar con resultados oficiales más rápidos, sin depender de un sistema preliminar que, en el pasado, fue utilizado para instalar percepciones antes de que concluyera el conteo legal. A ello se sumaría el conteo rápido, que seguiría cumpliendo una función informativa sin sustituir la validez jurídica del cómputo.
Sheinbaum subrayó que la diferencia de fondo no es técnica, sino política, pues la reforma busca desmontar estructuras heredadas del periodo neoliberal, cuando el INE, bajo presidencias como la de Lorenzo Córdova Vianello, permitió la infiltración de intereses empresariales y mediáticos en órganos estratégicos del proceso electoral.
Por su parte, el INE ha señalado que, mientras no se conozca el articulado final de la iniciativa, mantendrá una postura de “prudencia institucional”. No obstante, para el gobierno federal, el debate ya está planteado: continuar con un PREP marcado por su pasado conservador o avanzar hacia un modelo donde la voluntad popular no esté mediada por narrativas preliminares impulsadas desde la derecha.
La reforma electoral, insistió la presidenta, busca fortalecer la democracia, no debilitarla, y cerrar definitivamente la puerta a la manipulación informativa que durante años acompañó al PREP.
La iniciativa presidencial plantea una reconfiguración profunda del sistema electoral: elimina plurinominales, reduce costos, endurece la fiscalización y redefine la representación política rumbo a 2030.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el desglose completo de los 10 ejes de su reforma electoral, propuesta que será enviada al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo. El proyecto, elaborado tras cuatro meses de audiencias públicas, busca reducir el gasto electoral, eliminar privilegios y modificar la forma en que se eligen representantes, con impacto directo en partidos, autoridades y ciudadanía.
1. Nueva integración del Congreso
La Cámara de Diputados mantendría 500 curules, pero todas serían por voto directo, eliminando las listas plurinominales designadas por partidos. Además de los 300 diputados de mayoría, se asignarían 97 lugares a los candidatos que perdieron pero obtuvieron la mayor votación de su partido, 95 por circunscripción nacional (un hombre y una mujer) y 8 para mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado, se conservarían 96 escaños (mayoría relativa y primera minoría), desapareciendo por completo la representación proporcional.
2. Reducción del gasto electoral
La reforma plantea recortar 25% el costo de las elecciones, ajustando presupuestos del Instituto Nacional Electoral, partidos, OPLES y tribunales. Incluye reducir sueldos y bonos, eliminar duplicidad de funciones y disminuir regidurías municipales según población, con un tope de 15.
3. Mayor fiscalización
El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos, permitiendo una vigilancia en tiempo real. Se prohíben aportaciones en efectivo, obligando a que todo recurso pase por el sistema bancario y sea rastreable.
4. Voto en el extranjero
Se facilitará el registro único y la obtención de la credencial para votar. Los mexicanos fuera del país solo votarán por sus propios representantes, no por el resto de las candidaturas nacionales.
5. Menos tiempos en radio y televisión
Los espacios oficiales en campañas bajarían de 48 a 35 minutos diarios por emisora, reduciendo saturación mediática y costos operativos.
6. Regulación de inteligencia artificial
Se prohibirán bots, campañas automatizadas y manipulación digital. El INE podrá ordenar el retiro inmediato de contenidos que no representen participación orgánica.
7. Eliminación del PREP
Se elimina el sistema de resultados preliminares y se iniciará el cómputo distrital al cierre de casillas, buscando mayor certeza y menos especulación.
8. Democracia participativa
Se permitirá el voto electrónico en consultas y ejercicios ciudadanos, ampliándolo a estados y municipios.
9. Prohibición del nepotismo
Quedará prohibido heredar cargos públicos a familiares directos.
En ese marco legal, la Carta Magna impide que aspiren a cargos de elección popular quienes mantengan o hayan mantenido, durante los tres años previos a la jornada electoral, relaciones familiares o de pareja con servidores públicos en funciones, ya sea por matrimonio, concubinato o unión de hecho, así como por parentesco directo o colateral, que incluye lazos consanguíneos o civiles en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.
10. Fin de la reelección
Desde 2030, se elimina la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular.
La reforma propone un cambio estructural del sistema electoral mexicano, con énfasis en austeridad, control y redefinición del poder político.
El árbitro electoral advirtió que ampliar plazos rompería la equidad del proceso y daría ventajas indebidas a ciertas organizaciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otorgar prórrogas a tres organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales, las cuales solicitaron más tiempo para alcanzar el número de afiliados exigido por la ley, aludiendo problemas de inseguridad y hechos de violencia recientes.
Durante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el INE determinó que acceder a las solicitudes vulneraría el principio de equidad, al generar ventajas indebidas frente a otras agrupaciones que sí cumplieron en tiempo y forma. De hecho, dos organizaciones ya concluyeron su proceso de afiliación e incluso presentaron formalmente su solicitud de registro como partido político nacional.
En el caso de Que Siga la Democracia, agrupación impulsada por ex militantes de Morena, el órgano electoral detalló que celebró su asamblea nacional constitutiva el 22 de febrero, pero un día después pidió ampliar el plazo para recabar afiliaciones mediante aplicación móvil y régimen de excepción. La solicitud se sustentó en los efectos del operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el mismo día.
Otras asociaciones, como México Republicano y Libertad por México, plantearon previamente peticiones similares, argumentando amenazas de grupos delictivos que, según expusieron, les impidieron completar trámites administrativos dentro de los plazos establecidos.
El INE reiteró que las reglas del proceso son iguales para todas las organizaciones, y subrayó que los tiempos y requisitos están claramente definidos para garantizar certeza, legalidad y piso parejo en la conformación de nuevos partidos.
La iniciativa propone eliminar listas plurinominales, recortar financiamiento, prohibir nepotismo y regular la IA en campañas; su aprobación dependerá del Congreso.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral, un paquete de cambios constitucionales que busca transformar el sistema político mexicano con la eliminación de las listas plurinominales, reducción de costos y mayor fiscalización a partidos y candidaturas.
El proyecto, dado a conocer tras meses de foros y negociaciones, plantea cuatro ejes centrales. El primero establece que todos los integrantes del Congreso, incluidos los de representación proporcional, deberán contar con respaldo directo del voto ciudadano, cerrando el paso a las designaciones por lista cerrada. “No queremos que las cúpulas decidan quién llega sin pasar por las urnas”, subrayó la mandataria.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró que la reforma no busca instaurar un partido de Estado ni un sistema único, por lo que se propone eliminar las listas partidistas para la designación de diputaciones y senadurías plurinominales. En su lugar, explicó, la… pic.twitter.com/jCrtpxHPiu
El segundo eje apunta a reducir el costo de las elecciones y el financiamiento a partidos políticos, mientras que el tercero endurece la fiscalización de recursos para evitar irregularidades. El cuarto obliga a incorporar figuras de democracia directa, como referéndum, plebiscito y revocación de mandato en legislaciones locales.
La iniciativa también introduce cambios tecnológicos: regulación de la Inteligencia Artificial en campañas, prohibición de bots en redes sociales, reducción del tiempo oficial en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios y eliminación del PREP, para que los cómputos distritales inicien al cierre de la jornada electoral. Además, se contempla el voto electrónico.
Otro punto clave es la prohibición del nepotismo electoral y la eliminación de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.
Aunque Morena respalda la propuesta, sus aliados del PT y PVEM mantienen reservas, especialmente sobre la reducción de prerrogativas y la desaparición de plurinominales. Al tratarse de una reforma constitucional, el oficialismo necesitará mayoría calificada en el Congreso para que los cambios puedan aplicarse rumbo a las elecciones federales de 2027.
El tribunal ordenó medidas cautelares contra la agrupación en formación, que ya modificó nombre e imagen para evitar conflicto con las iniciales de la presidenta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)ordenó a la organización en formación “Construyendo Sociedades de Paz” a abstenerse de utilizar las siglas “CSP”, al considerar que podría afectar derechos de terceros, particularmente los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser sus iniciales.
En paralelo, la agrupación notificó al INE su decisión de cambiar de nombre a “Partido Paz” y modificar su emblema, que ahora será una paloma con rama de olivo. Su representante, Armando González Escoto, afirmó que la organización no pretendía vulnerar derechos políticos y que el concepto de “solidaridad y paz” era una aspiración legítima de sus simpatizantes.
Durante su Asamblea Nacional Constitutiva, los dirigentes, estructura heredada de experiencias previas como Encuentro Social y Encuentro Solidario (PES), ordenaron retirar todo rastro del emblema CSP y anunciaron que solicitarán formalmente su registro como partido político.
