La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”.
Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.
Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
Finalmente el funcionario mencionó que no hay persecuciones, ya que el artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos tenido!
“La generación que luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ante las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ello un negocio”.
El medio conservador Latinus insiste en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para lanzarse en contra deCarlos Loret de Mola y su esposa, así como en contra de Víctor Trujillo.
A pesar de que el presidente López Obrador desmintió que haya una “persecución” en contra de Latinus y sus principales presentadores, luego de que se revelará una supuesta investigación de la UIF en contra periodista también conocido como “Lord Montajes” y su compañero el payaso “Brozo”.
En un comunicado, el medio de comunicación financiado por la familia de Roberto Madrazo, señaló que esta “persecución” es por el trabajo periodístico de Loret de Mola y el equipo de Latinus, en los que, según el medio, ha exhibido los casos de corrupción de los que se benefician colaboradores y familiares del presidente López Obrador.
Está claro que a López Obrador le incomodan las voces discordantes y, en caso de Latinus, la revelación de actos de corrupción en los que se evidencian financiamientos irregulares y tráfico de influencias para beneficiar a familiares, colaboradores y amigos de su círculo más cercano.
Señala el comunicado de Latinus.
Además, el medio conservador trató de negar su cercanía con los grupos de interés, para luego lanzarse en contra del titular del Ejecutivo Federal y de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acusándolos de pretender “acallar los “contrapesos y limitar la libertada de expresión”.
Asimismo, Latinus reiteró que seguirá haciendo periodismo “con una cobertura responsable, rigurosa y apegada a la ética periodística”, aunque el trabajo que realiza Loret de Mola y Latinus es señalado por los mexicanos como “montajes”.
Autoridades del PAN, en la alcaldía Benito Juárez (BJ), se declararon imposibilitados, jurídica y materialmente, para entregar oficios relacionados con la corrupción inmobiliaria que impera en esa demarcación. Esto a pesar de que ya conocían carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia que comprueban el uso ilegal de atribuciones y facultades de ex funcionarios de la demarcación.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- Las denuncias y testimonios de un vecino afectado, comprueban la complicidad y culpabilidad de las autoridades de la BJ en la trama de corrupción inmobiliaria. Se conoce que el ex Director de Desarrollo Urbanode la BJ, Emilio Sordo Zabay, actualmente prófugo de la justicia, incurrió en presuntos delitos para cubrir el rastro del Cártel Inmobiliario.
Esto, ante el enriquecimiento ilícito y uso ilegal de atribuciones y facultades, en las que incurrieron otros ex trabajadores de la BJ. Algunos de ellos permanecen en prisión y otros siguen prófugos de la justicia.
Sin embargo, integrantes del Partido Acción Nacional(PAN), insisten en que son perseguidos políticos del gobierno de la ciudad y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, debido a su presunta complicidad con el Cártel Inmobiliario, en la alcaldía Benito Juárez (BJ).
El PAN “desaparece” rastros del Cártel Inmobiliario
En entrevista con Los Reporteros MX, el vecino Ricardo Guerrero indicó que, en el 2016, inició un proceso legal contra la BJ, por un edificio construido de manera ilegal que, desde entonces, afecta su vivienda, en la colonia Américas Unidas.
En 2016 [me percaté] de lo que hizo un constructor y el cómo las autoridades delegacionales permitieron esto. [De ello, presentó una] denuncia ante la Contraloría de la misma Delegación Política.
Testimonio de Ricardo Guerrero.
El testigo, en ese entonces, denunció ante la Procuraduría General de Justicia, ahora FGJ, que las autoridades de la BJ falsificaron documentos para deslindarse de la corrupción inmobiliaria que facilitaban.
Además, remarcó que, a través de las instancias de transparencia, tuvo acceso a diversas pruebas legales, para demostrar las irregularidades y falsificación de documentos de la BJ, para favorecer a las inmobiliarias. Después, su caso se integró en la carpeta CI-FBJ/BJ-3/UI-1S/D/03896/06-2018.
El vecino indicó que, como los documentos ya estaban integrados en carpetas de investigación, solicitó copias certificadas ante la BJ. Ante ello, las autoridades de la alcaldía alegaron que, presuntamente, los documentos no existen o que nunca los elaboraron.
La denuncia remarcó que la Fiscalía de Investigación Territorial en la BJ tenía la obligación de presentar los documentos ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Sin embargo, en un oficio del 19 de enero de 2022, del vecino afectado, dirigido a la FGJ y otras instancias, denunció que las autoridades de la BJ no se hicieron responsables. Por lo demás, los peritos de la FGJ comprobaron que la BJ incurrió en daños patrimoniales debido a construcciones ilegales que autorizaron.
Se comprobó que la carpeta CI-FBJ/BJ-3/UI-1S/D/03896/06-2018 fue sustraída ilegalmente, en complicidad con las autoridades de la BJ. El vecino afectado remarcó lo siguiente:
En octubre de 2020, esta carpeta desapareció. Hasta el mes de febrero de 2021 la Carpeta de Investigación apareció nuevamente y [el] mes de mayo de 2021, al momento que el perito de arquitectura pretendía realizar un peritaje adicional al ya realizado, me la muestra y me percato de que ahora habían desaparecido varios documentos y pruebas [de la investigación].
Testimonio de Ricardo Guerrero
Los oficios perdidos del Cártel Inmobiliario
Documentos solicitados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), comprueban cómo operaron ciertos funcionarios públicos, para favorecer negocios inmobiliarios irregulares.
Cabe señalar que estos inmuebles fueron autorizados por Jorge Romero Herrera, ex delegado de la BJ (2012-2015), y actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.
En entrevista con este reportero, Ricardo Guerrero señaló que investigó otros inmuebles ilegales cercanos a su domicilio. Las propias autoridades de la BJ negaron la existencia de los documentos legales para comprobar la autenticidad jurídica de dos edificios; números 75 y 81 de la calle Romero, Colonia Niños Héroes, alcaldía BJ. Los documentos que otorgan esta calidad a los inmuebles son:
Autorización y Ocupación del inmueble.
Aviso de Terminación de Obra.
Constancia de Alineamiento.
Número oficial de la Visita Técnica Ocular.
Entonces, a través del folio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/2852/19, el vecino solicitó estos documentos relativos a los inmuebles 75 y 81 de la calle Romero.
Sin embargo, en los oficios DDU/2019/1994-Asunto Transparencia 1796-19 y DDU/2019/2004-Asunto Transparencia 1797-19, del el 10 de julio de 2019, el entonces Director de Desarrollo Urbano de la BJ, Emilio Sordo Zabay, señaló lo siguiente:
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y controles de la Dirección de Desarrollo Urbano, únicamente se localizó [el] expediente del registro de trámite para Obra Nueva Tipo B, con número de folio FBJ-0603-2010.
Respuesto de Emilio Sordo Zabay, ex Director de Desarrollo Urbano en la BJ.
El oficio remarcó que no se localizaron los documentos que deberían otorgar autenticidad jurídica a los inmuebles referidos. Se presume que las autoridades de la BJ desaparecieron los oficios. Hasta el momento, Emilio Sordo Zabay y Víctor Mendoza Acevedo, ex Director de Planeación Urbana, y hermano del próximo alcalde en la BJ, permanecen prófugos de la justicia.
En esta trama de corrupción, el pasado 4 de febrero, La Jornada informó que, a través de investigaciones ministeriales de la FGJ, la Interpol emitió Fichas Rojas para detener a ex funcionarios de la BJ. Entre ellos, los siguientes están en prisión: Christian Von Roehrich, ex alcalde de la BJ; Ismael Isauro Chalico, ex Director General de Administración; Nicias René Aridjis, ex Director General de Obras; y Luis Vizcaíno, ex Director Jurídico.
La impunidad del PAN en la BJ
Emilio Sordo Zabay, antes de fugarse de las autoridades, en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/558/2021, alegó que personal de la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos estaban rebasados de trabajo, debido a la pandemia de Covid-19. Además, remarcó que no podían entregar los documentos solicitados por el quejoso, para esclarecer qué sucedió con los supuestos archivos desaparecidos.
El entonces Director de Desarrollo Urbano de la BJ, en el oficio ABJ/DGODSU/DDU/2021/1339, del 30 de septiembre de 2021, alegó que, en abril del 2020, por trabajos de remodelación en las instalaciones de la BJ, los archivos se habían cambiado de lugar al sótano del Deportivo Benito Juárez, en el número 807 B, calle Uxmal, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía BJ.
Entonces, Emilio Sordo Zabay se excusó al asegurar que, debido a fuertes lluvias ocurridas entre el 15 y 17 de septiembre de 2020, el sótano del deportivo se inundó y los archivos se dañaron.
Ahí, supuestamente, el Grupo de Trabajo de Valoración Documental asentó lo siguiente:
Debido a la exposición a la humedad e intemperie de los diversos archivos, ocasionó que los mismos estuvieran altamente contaminados por hongos, bacterias, orines y heces de animales, así como fauna nociva […], mismo que representó un alto riesgo para la salud del personal para consultar y manipular los multicitados expedientes.
Respuesto de Emilio Sordo Zabay, ex Director de Desarrollo Urbano en la BJ.
La BJ se declaró imposibilitada jurídica y materialmente para proporcionar los documentos de interés para esclarecer la trama de corrupción inmobiliaria. Supuestamente, cerca de 9 mil archivos se perdieron.
A pesar de las declaraciones de Emilio Sordo Zabay del 30 septiembre de 2021, se puede comprobar que desde el 2019 y antes de la pandemia, ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, ya conocía las irregularidades de la BJ, para favorecer la corrupción inmobiliaria. Incluso, tenían copias certificadas de las carpetas de investigación, pero decidieron descuidar los archivos y dejarlos en el olvido para cubrir su rastro.
La Secretaría de Salud destacó que el aumento del 100 por ciento las remuneraciones que reciben las médicas y médicos internos de pregrado y el crecimiento de forma sustantiva del monto de las becas para pasantes de investigación, medicina, enfermería, odontología, atención médica y regulación sanitaria.
En entrevista, el titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de Salud, José Luis García Ceja, explicó que por instrucciones del secretario Jorge Alcocer Varela, se emprendió el esfuerzo de mejorar las condiciones generales para el desempeño de la labor de médicas y médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social. Producto de ello es el acuerdo publicado a principios de mayo https://bit.ly/4bm51eb
Pasantes de enfermería Baja California. Foto: elinformantebcs.mx
Explicó que mujeres y hombres médicos internos de pregrado que son estudiantes en formación que cursan quinto año de la carrera de medicina. Este internado se estableció en México el 1º de enero de 1962 con la suma de esfuerzos de autoridades de salud y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como mecanismo que permite a estudiantes de medicina incorporarse a unidades de salud y familiarizarse con la atención directa a pacientes, al tiempo que finalizan sus estudios.
En tanto, el servicio social dura 12 meses, corresponde al sexto año de la carrera de medicina; es un requisito para realizar el examen profesional y obtener el título.
La modificación al tabulador de becas, que había permanecido igual desde 2016, constituye una mejoría significativa para quienes aspiran a convertirse en profesionales de la salud, e incentiva de forma efectiva su labor en zonas calificadas como de alta o muy alta marginación. García Ceja mencionó que el tabulador considera diferentes categorías que corresponden a la zona donde se realiza el internado o el servicio social, y al número de horas y días trabajados a lo largo de un año.
Las plazas tipo A corresponden a zonas urbanas e implican laborar seis horas al día por cinco días a la semana; las plazas tipo B contemplan entre siete y ocho horas diarias de actividades por seis días a la semana en zonas semiurbanas; las plazas tipo C y doble C son para áreas de alta o muy alta marginación con jornadas de ocho horas por día durante seis días a la semana.
El funcionario federal detalló que un interno o interna de pregrado pasó de percibir una beca mensual de dos mil 309 pesos, a cuatro mil 620 pesos, con los cambios al tabulador que entraron en vigor el 1º de mayo, es decir, aumentó 100 por ciento.
El acuerdo, publicado en el sitio electrónico del Comité de Mejora Regulatoria Interna (Comeri) señala que, adicionalmente, las y los internos de pregrado y pasantes recibirán una compensación equivalente a un mes de beca al terminar el internado o el servicio social. Asimismo, internos de pregrado y pasantes de investigación en medicina recibirán un apoyo cada trimestre para material didáctico.
Resaltó que esta modificación a los tabuladores es un paso importante en el esfuerzo por dignificar la figura de estos aspirantes a profesionales de la salud, al tiempo que se generan incentivos para contar con personal en los lugares donde más se necesita, es decir, las zonas de menor desarrollo económico.
En este sentido, hasta mil pasantes de medicina “CC” y mil de enfermería “CC”, que prestan servicio social en áreas de bajo desarrollo recibirán adicionalmente un importe mensual de ayuda por desempeño.
Esta medida contribuye a retribuir con justicia y equidad a pasantes de servicio social que realizan labores en áreas marginadas a favor de la salud de la población, y permite focalizar las estrategias y acciones para mejorar el acceso a los servicios en beneficio de personas, familias y comunidades, primordialmente en el primer nivel de atención.
Enfatizó que el aumento en el monto de la beca para pasantes de servicio social influye positivamente en la elección de las unidades más apartadas de las ciudades, en concordancia con el objetivo prioritario 3 del Programa Sectorial de Salud, que señala incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El objetivo de la Secretaría de Salud hace énfasis en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supuestamente adquirió un predio de 17.6 hectáreas por un valor de 700 millones de pesos, en una de las zonas más exclusivas del municipio de San Pedro, denominada Mesa de la Corona, de acuerdo con información de Reforma.
El hecho cobra relevancia, ya que dicha adquisición fue a través de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad de García Sepúlveda y su padre, Samuel García Mascorro. Además de que fue 18 meses después de que el emecista tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
En ese sentido, el periodista Ángel Charles explicó que en el predio se pretende construir una gran mansión, ya que el pasado 4 de marzo, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, ingresó una solicitud en materia de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León.
Según la información revelada por el periodista en el terreno ubicado en la zona denominada la Mesa de la Corona se construirá una vivienda de dos mil 775 metros cuadrados, además de una vialidad de 10 mil 317 metros cuadrados.
Por su parte, a través de su cuenta de X, Samuel Garcíanegó que haya comprado un terreno y que si le demuestra lo contrario él renunciará a su cargo como gobernador de Nuevo León.
Asimismo, sostuvo que dicho predio fue otorgado a su padre, Samuel García Mascorro, como un pago en especie por los servicios brindados a una empresa que no tuvo liquidez económica para finiquitar los honorarios de su papá.
Nuevo León, no compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio.
Dedica 5 minutos a ver este video en el que explico y demuestro que no hay nada ilegal y que SEGUIMOS INCORRUPTIBLES.
El Comité Estatal de Morena Puebla anunció que ingresó una queja ante la Comisión Nacional Para prevenir la Discriminación (CONAPRED), tras las declaraciones racistas y clasistas del candidato del PRIAN, Eduardo Rivera, en contra de los simpatizantes de la Cuarta Transformación.
Esto, luego de que el periodista independiente Vicente Serrano, preguntara a los morenistas sobre las declaraciones de “morenacos”, mismas que fueron reprobadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.
Los poblanos somos más que eso, Eduardo Robadera por eso no nos representa y menos va a ser gobernador de nuestro estado, ni siquiera, como dice nuestro presidente, va a llegar a primera base. Nosotros de inmediato respondimos cuando fue esta agresión.
Indicó Andrés Villegas.
📹 #Vídeo | Es una expresión clasista y discriminatoria: El Comité Estatal de @MorenaSi_Puebla anunció que ingresó una queja ante la Conapred por las declaraciones de @eduardorivera01 , que lastiman a los poblanos.
En ese sentido, los morenistas anunciaron que presentaron dos quejas, una de ellas ante la Conapred y la otra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se sancionen la expresiones que dañaron a los morenistas
Nosotros no vamos a permitir que se transgredan los derechos de las y los poblanos, llegaremos hasta las últimas consecuencias.
Indicó un miembro del comité.
También, señalaron que están investigando al candidato del PRIAN a la alcaldía de Puebla capital, Mario Riestra, por la presunta utilización de un fondo para financiar la guerra sucia y para la compra del voto en la entidad.
Asimismo, explicaron que tienen conocimiento que este tipo estrategia está siendo organizadas por “personajes oscuros y siniestros”, como Javier Lozano entre tos personajes.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que José ‘N’, presunto participante en el asesinato de la activista LGBTTTIQ+, Samantha Fonseca, fue vinculado a proceso. Es el segundo detenido implicado en el delito de feminicidio.
A través de un mensaje, difundido en redes sociales, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, señaló que el delito se está atendiendo como feminicidio y que el sujeto permanecerá en Reclusorio Oriente, bajo la prisión preventiva, durante el tiempo que dure la investigación complementaria.
Además, Lara López señaló que las investigaciones del Ministerio Público, José “N” habría ayudado a que escapara el presunto atacante que privó de la vida a la activista de la comunidad LGBTTTIQ+, Samantha Fonseca, en las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Sur, el pasado 14 de enero.
Mensaje a medios del Coordinador General de Investigación Territorial en Ejercicio de la Suplencia de la Persona Titular de la #FiscalíaCDMX, @UlisesLaraLopez, con relación a investigaciones, en casos por separado, sobre la muerte de dos personas pertenecientes a la Comunidad…
José ‘N habría participado en el referido ilícito, al auxiliar a la persona que posiblemente privó de la vida a la víctima.
Indicó Ulises Lara.
Asimismo, el funcionario capitalino recordó que el pasado mes de marzo fue detenido y vinculado a proceso Juan “N”, quien es señalado como el probable responsable de privar de la vida a la activista de la comunidad LGBTTTIQ+, al dispararle en repetidas ocasiones.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció que abrió una investigación de ofició sobre la revelación de datos personales, tras la divulgación del Gobierno de México sobre los informes del caso “Márquez Padilla”.
A través de un comunicado, el organismo autónomo señaló que la Presidencia de la República es la responsable de proteger los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas, como lo establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los documentos difundidos por la Oficina de la Presidencia fueron un acto de transparencia con el pueblo de México, para que puedan hacer de su conocimiento sobre el caso “Márquez Padilla”.
A la par de la investigación de oficio, el Instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes.
Indica el INAI.
El organismo autónomo advirtió que los documentos difundidos contienen datos personales de familiares y personas cercanas al caso, razón por la cual el INAI presume el “incumplimiento” a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Esto, luego de que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, señaló a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) de participar en un acto de corrupción en contra de la empresa estatal por 311 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la Cuidad de México inició una serie de investigaciones en la demarcación de Tlalpan debido a informes de retiro ilegal y destrucción de propaganda electoral de diversos candidatos, además del uso del personal de la alcaldía en horario laboral para dichas acciones, lo que presuntamente constituiría la utilización de recursos públicos de la alcaldía.
La FEPADE informó a través de redes sociales que, elementos del Ministerio Público y Policías de Investigación llevaron a cabo una inspección en el estacionamiento público de la alcaldía, donde encontraron y confiscaron material propagandístico de distintos partidos políticos escondido en bolsas negras de basura.
Las fotografías difundidas por la FEPADE muestran que la propaganda fue ocultada intencionalmente en un esfuerzo por manipular la visibilidad de los mensajes políticos en la vía pública.
Estas acciones son parte de una investigación más amplia sobre el presunto uso indebido de los recursos de la alcaldía para favorecer a ciertos candidatos rumbo a las elecciones del 2 de junio, en particular a Alfa González, candidata a la reelección por la alianza PRI, PAN y PRD.
Aunque se encontró propaganda de varios partidos, el mayor volumen corresponde a material de Morena, PVEM y PT, contrincantes de la candidata del PRI, PAN y PRD, lo cual ha levantado sospechas de manipulación electoral.
Los informes sugieren que se está presionando y hostigando a trabajadores de base, quienes están siendo injustamente responsabilizados por las irregularidades detectadas.
Por este hecho, Aurelio Alfredo Reyes García, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y actual alcalde interino, podría quedar inhabilitado, ya que los mandos superiores desplazan la culpa hacia los empleados más vulnerables de la institución.
La alcaldía Benito Juárez niega su relación con el Cártel Inmobiliaro, pero un juicio de amparo del Tribunal de Justicia Administrtiva demuestra lo contrario. El testimonio de un vecino afectado deja a la luz cómo operan funcionarios del PAN para dañar el patrimonio de los ciudadanos.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la CDMX sentenció a la alcaldía Benito Juárez (BJ) por autorizar la construcción ilegal de un edificio que no cumple con los parámetros del Reglamento para Construcciones del Distrito Federal (RCDF). Este caso fue resuelto a través del juicio de amparo 528/2021.
El inmueble ilícito está localizado en la colonia Américas Unidas, calle 5 de febrero número 1073 y, debido a su construcción irregular, el sismo del 19 de septiembre de 2017 dañó la casa de al lado, patrimonio del vecino Ricardo, quien demandó a la BJ por la vía penal y administrativa. Las afectaciones dejaron el lugar inhabitable, pero Ricardo aún permanece ahí debido a su trabajo.
El fallo del pasado 4 de mayo del 2022 contra la BJ demuestra que el Cártel Inmobiliario, operado por el Partido Acción Nacional (PAN), no es una persecución política de la Fiscalía General de Justicia local, como declara Santiago Taboada, candidato del PAN a jefe de gobierno de la CDMX.
“Es el único caso en más de 30 años que ha perdido la alcaldía, en 2016 se denunció ante la Contraloría y un mes antes del sismo de 2017 dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema . El sismo es muy fuerte, mi mamá estaba muy alterada, la hospitalizan 4 días después y un mes después muere porque no aguantó. Es demasiada la presión de decir que tu casa se te va a colapsar. Ya nos habían dicho 2 arquitéctos antes […] que si era muy fuerte un sismo, se podían dañar las columnas”.
Externó Ricardo en entrevista para Los Reporteros Mx.
El vecino Ricardo señaló que el TJA local acreditó la actividad irregular de los funcionarios del PAN por permitir construcciones ilegales. Además, se constató que la BJ perdió el juicio por daño patrimonial. La alcaldía negó su responsabilidad para emitir una indemnización porque consideraron que no se había acreditado la actividad irregular atribuida a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la BJ. Sin embargo, la sentencia del TJA determinó causa y efecto entre el daño estructural y una mala práctica administrativa de la BJ al mando del PAN. Esto demuestra actos de corrupción inmobiliaria.
Ex delegado encarcelado por corrupción.
La investigación del caso indica que en 2016, cuando Christian Von Roehrich era delegado de la BJ, el inmueble fue declarado ilegal, pero la alcaldía no antendió el caso. Asimismo, en este entramado de corrupción, se demuestra que el Cártel Inmobiliario, supuestamente, ha estado amparado por los regentes de la BJ, desde Jorge Romero (2012-2015) hasta Santiago Taboada (2018-2023).
Se recuerda que Von Roehrich se fugó del país cuando la FGJ emitió una orden de aprehensión en su contra. Pero el 21 de abril de 2023, mientras intentaba huir de las autoridades, fue arrestado en McAllen, Texas, y después extraditado a México. Von Roehrich fue vinculado a proceso y permanece preso en el Reclusorio Norte por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario.
La BJ causa daño patrimonial
El vecino Ricardo precisó que fue Jorge Romero, actual diputado por el PAN, quien autorizó la construcción ilegal que, hasta la fecha, daña su casa. Además, el RCDF indica que, para que una edificación sea estable, debe existir una separación de seguridad sísmica de 19 cm entre edificios y, como señaló el juicio de amparo 528/2021, esta norma no se aplica en las edificaciones relacionadas al Cártel Inmobiliario.
Así, el vecino Ricardo destacó que la distancia entre su casa y el inmueble ilegal es mucho menor. En este sentido, el sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó que el edificio ilegal junto a su casa la dejara inhabitable.
El demandante comentó que otro sismo de gran magnitud podría ocasionar la pérdida total de su vivienda, sin que la BJ se haga responsable de sus acciones en favor del Cártel Inmobiliario. Por último, Ricardo indicó que se han hecho varios peritajes para constatar los daños y el consecuente pago. Hasta el momento se desconoce una cantidad exacta porque los prejuicios son variables.
“Lo único cuantificable hasta ahorita, aproximado, es la demolición y la reconstrucción, que se puede comprobar con constructores y no baja de 9 mdp”.
Aseveró Ricardo en entrevista.
Muro dañado por colisiones sísmicas entre inmueblesTuberías inservibles por daños estructuralesDaños estrucurales causados por los sismos de los últimos años.Muestra del daño ocasionado por no respetar los 19 cm de separaciónEn esta área de la construcción debería existir una separación de 19 cm.
