El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha tomado una decisión importante al resolver que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta resolución, que se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012, marca un paso significativo en la lucha contra la evasión fiscal.
Después de cinco años de batalla legal, la unanimidad de los tres magistrados del tribunal subraya la determinación del sistema judicial para hacer cumplir la ley. A pesar de los intentos de la empresa por frenar la resolución con escritos de último minuto, el tribunal desechó esos recursos. Los magistrados consideraron que no aportaban elementos nuevos y solo buscaban dilatar el proceso.
Esta decisión no solo representa una victoria para el SAT, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal. La justicia fiscal es fundamental para garantizar un sistema equitativo y sostenible.
Grupo Elektra, que continúa enfrentando otros litigios contra resoluciones del SAT, aún tiene la opción de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, la admisión de este caso dependerá de su interés constitucional.
Con esta resolución, el sistema judicial reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad. Las decisiones como esta generan confianza en la sociedad y promueven un entorno más justo y equitativo para todos.
Los ingresos tributarios en México aumentaron un 10.1% anual entre enero y abril de 2025, marcando un hito notable. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebra este incremento, el más alto en diez años para este período.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios alcanzaron 2 billones 20 mil 249.5 millones de pesos. Esta cifra supera en más de 83 mil millones lo proyectado en la Ley de Ingresos. Este avance se atribuye al crecimiento del consumo interno, un mercado laboral fuerte y una mayor eficiencia en la captación fiscal.
Dentro de los impuestos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el más significativo. Este impuesto ascendió a un billón 174 mil 840 millones de pesos, lo que representa un aumento real del 9.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este ingreso fue 42 mil 299 millones de pesos superior a lo estimado inicialmente.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) también mostró un crecimiento impresionante, con un incremento real del 13.9%. La recaudación totalizó 537 mil 208 millones de pesos, impulsada principalmente por un tipo de cambio más alto que elevó el valor en pesos de las importaciones.
En contraste, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se quedó por debajo de las expectativas, con una recaudación de 214 mil 271 millones de pesos. Esto representa 19 mil 422 millones menos de lo proyectado. El impuesto sobre las importaciones destacó con un notable repunte real del 47.6%, alcanzando 56 mil 215 millones de pesos.
A pesar de que los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron ligeramente inferiores a lo estimado, la SHCP reportó un nivel de déficit presupuestario favorable. Este déficit se ubicó un 34.5% por debajo de lo programado hasta abril.
En cuanto a la composición de los ingresos, los ingresos petroleros cayeron un 12.3% real anual, sumando 315 mil 283 millones de pesos. Por otro lado, los ingresos no petroleros, incluidos los tributarios, crecieron un 9.3% real, colocándose 114 mil 839 millones de pesos por encima de lo previsto.
Además, el gasto público también se redujo. El Gobierno Federal ejerció 3 billones de pesos, lo que representa un recorte de 216 mil 618 millones respecto al presupuesto aprobado. Esta reducción se concentró en el gasto en capital y corriente, con disminuciones reales del 16.4% y 5.4%, respectivamente.
Este sólido desempeño en los ingresos tributarios y la reducción del déficit presupuestario brindan un panorama económico favorable para el país en el presente.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, participó en la celebración por el primer año del Tren Maya, así como la inauguración de los tramos 6 y 7, al lado de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el evento, la Gobernadora Lezama destacó que los más de mil 554 kilómetros de tren representan justicia social, empleos y bienestar, para toda la región sureste de México.
Es la obra que une nuestra cultura, el pasado y el futuro, generando desarrollo con prosperidad compartida”, declaró la Gobernadora.
Aprovechó el evento para adelantar que a partir de enero del 2025, la isla de Cozumel accederá a los beneficios fiscales con que cuenta la franja fronteriza del sur del país y la Riviera Maya.
De esta manera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasará de 16 al 8 por ciento, una importante reducción. En lo que respecta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) se reducirá al 33 por ciento, aplicable para todas las empresas.
Lo que sucede con el tren es que impacta en la vida de seres humanos incluso por donde no pasan las vías férreas. Cozumel, esa bella isla que tiene tantos flagelos por ser isla, será incluida en el decreto de estímulos fiscales región frontera sur a partir del primero de enero de 2025″, explicó la Gobernadora de Quintana Roo.
Para la Gobernadora Mara Lezama es muy importante impulsar el bienestar del Pueblo y garantizar las vías de desarrollo suficientes para Quintana Roo y para todo el Sureste mexicano.
En ese sentido también entregará títulos de propiedad a los habitantes de Bacalar, lugar a donde llegaron migrantes guatemaltecos que venían huyendo de la Guerra Civil en Guatemala.
A partir del 1 de enero de 2025, nuestra isla #Cozumel será incluida en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Sur.🏝🌊 Un paso más hacia la prosperidad compartida y la justicia social para todas y todos en el segundo piso de la transformación en #QuintanaRoo. 🙌🏽… pic.twitter.com/F2KQyPGCS2
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que, de enero a julio de 2024, la recaudación tributaria alcanzó 2 billones 943 mil 846 millones de pesos, lo que representa un incremento de 296 mil 339 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2023, es decir, un crecimiento real de 6.1 por ciento.
En ese sentido, el órgano tributario federal aseguró que con dicha cifra se cumple al 100%, lo proyectado en el presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) a julio de 2024.
Además, se detalló que de enero a julio de 2024 se recaudó 1 billón 636 mil 804 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), un crecimiento de 70 mil 798 millones de pesos más, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El SAT informa que de enero a julio de 2024 la recaudación tributaria alcanzó 2 billones 943 mil 846 millones de pesos, lo que representa un incremento de 296 mil 339 millones de pesos, en comparación con el mismo periodo de 2023, es decir, un crecimiento real de… pic.twitter.com/HOSKvor6Ox
Por impuesto al valor agregado (IVA) se obtuvieron 810 mil 237 millones de pesos, es decir, 82 mil 350 millones de pesos más, lo que significa un crecimiento real de 6.2%, mientras que por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se registró una recaudación de 366 mil 982 millones de pesos, lo que representa 125 mil 205 millones de pesos más en términos nominales respecto al mismo periodo de 2023.
Asimismo, el SAT aseguró que los resultados obtenidos en el primer semestre de 2024 son gracias a la implementación del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que ha permitido piso parejo en el cobro de impuestos sin la necesidad de crear nuevos o aumentar los existentes.
Por no cumplir con su Declaración de Transparencia del ejercicio 2023, 699 organizaciones de la sociedad civil perderán su registro para recibir donativos deducibles de impuestos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que la fecha límite para presentar su Declaración de Transparencia fue hasta el 31 de mayo de 2024, con el objetivo de generar confianza de su patrimonio, pues se da claridad sobre los donativos que reciben, el uso y destino de los mismos.
En ese sentido, el órgano fiscal subrayó que las donatarias son organizaciones de la sociedad civil o fideicomisos sin fines de lucro que cuentan con la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR), dado que se considera que no son contribuyentes de dicho gravamen.
El SAT reconoce y agradece el compromiso de las 10 mil 788 Donatarias Autorizadas que cumplieron con su Declaración de Transparencia del ejercicio 2023, lo que permite generar confianza sobre el uso y destino de los donativos que reciben.
Además, el SAT agradeció y reconoció el compromiso de las 10 mil 788 organizaciones donatarias autorizadas que sí cumplieron con su Declaración de Transparencia del ejercicio de 2023, con el que se da certeza sobre su patrimonio y el uso de los recursos recibidos en donación.
Asimismo, la SAT subrayó que la Ley del ISR establece que la obligación de las organizaciones civiles es mantener a disposición del público en general la información relativa a su patrimonio.
Esta mañana en la conferencia de prensa transmitida desde Acapulco, Guerrero, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Maria Luisa Alcalde Luján, informó a la ciudadanía acerca de los apoyos económicos y fiscales para la población afectada por el huracán “Otis”.
Alcalde afirmó que ya está en marcha el no cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como un apoyo económico y fiscal a la ciudadanía, así como la extensión de impuestos a partir de octubre hasta febrero del 2024.
Informó que ya están en marcha los apoyos económicos y fiscales a la población, como la exención de impuestos y el no cobro de luz por 4 meses. pic.twitter.com/MUW3WyLx20
De igual manera, no se cobrará el servicio de luz durante 4 meses a partir de la emergencia suscitada por el fenómeno natural. Luján también hizo mención de los apoyos para hoteleros y pequeños comercios, mediante créditos que se otorgarán sin intereses para pequeños y medianos empresarios.
Otro apoyo serán los subsidios al 50 por ciento de los intereses a los créditos que otorgue la banca privada para los 373 hoteles de Acapulco y el diferimiento de pagos de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Alcalde destacó que se ha llegado a un acuerdo con empresarios para continuar con la 48 edición del Tianguis Turístico 2024, que se realizará en Acapulco del 8 al 12 de abril, también se realizará la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para el mes de febrero del 2024.
Por último, Alcalde agradeció al pueblo de México por su ayuda, así como a los diferentes organismos que están generando aportaciones en la reconstrucción de Guerrero.
El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego busca dejar su red óptica como garantía de pago ante la deuda fiscal que tiene Totalplay por 859 millones 382 mil 529 derivados de la falta de paga del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no aceptaría esto como pago.
Totalplay presentó un amparo ante la SCJN para utilizar su red de fibra óptica como garantía para el pago de una deuda que supera los 859 millones 382 mil pesos.
Ana Margarita Ros Farjat es la encargada de revisar este amparo. La empresa de Ricardo Salinas Pliego, magnate y deudor fiscal permanente ofreció colocar también en embargo administrativo licencias y software, que la autoridad tributaria consideró activos intangibles que no podían aceptarse como prenda a cambio de un pago futuro a la deuda.
Se encontró que la red de fibra óptica no cumple con los requisitos de la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación “por estar instalada en el territorio de la República Mexicana y por no tener una descripción específica como unidad de medida, peso, o cantidad, ya que su existencia se ha manifestado de manera genérica”.
Y aunque todavía no se publica el proyecto de la ministra Ríos Farjat, trascendió este buscaría negar el amparo y avalar la constitucionalidad del artículo impugnado del Código Fiscal de la Federación.
Fue en 2016 cuando comenzó el litigio, la Administradora de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos encontró que la empresa de Salinas debía el ISR desde 2012, el cual se expresa como un crédito fiscal.
Esta comenzó con un monto de 257 millones 896 mil 362 pesos, sin embargo, debido a la inflación esta aumentó hasta 859 millones 382 mil 529 pesos.
El proyecto de la ministra Farjat está propuesto para ser discutido el próximo miércoles la Primera Sala de la Corte.
Gustavo Cárdenas Fuentes deberá pagar 163 millones 82 mil pesos en concepto de restitución por no pagar el impuesto a la renta y al valor agregado del 2015. El total puede ascender a 342 millones de pesos por concepto de intereses y multas.
El tío de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División Regional de Seguridad de la Policía Federal, interpuso un recurso de revisión ante la Segunda Sala de la SCJN en un intento de obtener el amparo para evitar realizar ese pago. Sin embargo, esta desestimó el recurso.
Cabe recordar que los ministros rechazaron en junio de este año la propuesta de su homólogo Luis Mara Aguilar Morales de darle a Cárdenas Fuentes el amparo de la justicia federal.
Además, ordenar que un Tribunal Colegiado realizara una nueva interpretación sobre el Código Fiscal de la Federación que establece los plazos para auditar a los contribuyentes.
Arturo Medina, fiscal de la Federación, había advertido previamente que, en caso de que la Corte protegiera a Gustavo Cárdenas, se generaría una jurisprudencia que afectaría al Tesoro público por aproximadamente 10 mil millones de pesos.
Este tema llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a criticar a los integrantes de la Corte.
El medio Polemon dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar Morales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN)aceptó atraer al máximo tribunal del país el caso con el que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Elektra, busca evitar el pago de impuestos.
Según el medio, el ministro hizo suyas dos solicitudes de Elektra que buscan evitar que Elektra pague los impuestos que debe desde hace más de 12 años.
Por ello, será tarea de la Segunda Sala de la Corte la que decida si acepta la petición del ministro de intervenir y así poner fin al juicio fiscal que Salinas ha logrado alargar más de una década.
La primera solicitud es un amparo que busca evitar el pago de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe desde el 2011, más actualizaciones, recargos y multas.
La segunda se trata sobre el ejercicio de facultad de atracción 152/2023 promovido ante la SCJN. Esto es en contra del fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el cual el 30 de noviembre del año pasado reiteró que procede el pago de impuestos.
Elektra ha buscado por varias instancias y recursos legales tratando de evitar el pago de impuestos adeudados. En 2016 promovió un recurso de revocación, que perdió.
Por ello buscó apelar al TFJA, que en octubre de 2020 ratificó que la compañía tenía que pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Orlegi, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente defraudar al gobierno por 17 millones 69 mil 865 pesos en impuestos.
Funcionarios de Hacienda confirmaron que la Procuraduría Fiscalía Federal (PFF) interpuso la denuncia contra el empresario porque es probable que a base de engaños, no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los salarios de los jugadores del Club Santos Laguna de enero a julio de 2017.
La FGR abrió la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023 a finales de marzo con base en esta denuncia.
Según información recabada por Reforma, Santos Laguna S.A fue demandada por una organización afiliada al Ministerio de Hacienda. de C.V. Asimismo, Irarragorri, en su calidad de titular de la junta directiva, y José Alfredo Jiménez Tejeda, socio del club y representante general.
El club de fútbol pagó a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico un total de 54 millones 22 mil 690 pesos el año pasado, y los depósitos realizados durante ese tiempo fueron objeto de una investigación por parte de la PFF.
La autoridad fiscal asevera que los gerentes idearon un plan para evitar la deducción o pago del ISR sobre estos depósitos al calificarlos como primas de compensación por riesgo del trabajo, las cuales están exentas del impuesto conforme a la ley.
De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo que firmó en noviembre de 2013 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Afines de la República Mexicana, la denuncia alega que Santos realizó pagos a su personal.
El Fideicomiso Número 111592-6, que también fue establecido por el club en Banamex ese año, brindó fondos para el cuerpo técnico y los jugadores.
Según la PFF, estos depósitos fueron realizados por el contribuyente sin que los trabajadores estuvieran bajo la presunción de que estaban en riesgo de sufrir un accidente o enfermedad por razón de su giro laboral.
“De todo lo anteriormente expuesto, se tiene que los pagos realizados a los jugadores de futbol (trabajadores) por concepto de ‘primas indemnizatorias de riesgo de trabajo’ en cantidad total de 54 millones 22 mil 690.19 en realidad corresponden a pago de salarios”, dice el organismo fiscal.
Otro caso que se sumaría al Cártel del Gol
Esta investigación se sumaría a muchas más que se expusieron en el reportaje de Amir Ibraham “El Cártel del Gol”, donde reveló una red de corrupción que impera en la Federación Mexicana de Fútbol y La Liga MX, en donde están involucrados tanto empresarios como políticos mayoritariamente de la derecha, quienes han creado sistemas para evadir impuestos, repartir moches entre otras irregularidades, todo a costa del verdadero talento deportivo que hay en México y de la afición.
En su investigación, el comunicador explicó que el fútbol representa un gran negocio, ya que al año llega a mover solo en México alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol puede llegar a abarcar hasta la mitad, incurriendo en malas prácticas como lo son la corrupción y la evasión fiscal.
