Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se presenta a autoridades estadounidenses por vínculos con “Los Chapitos”.
El exjefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, Marco Antonio Almanza, se entregó a autoridades de Estados Unidos. Esta entrega, realizada de forma voluntaria, responde a acusaciones que lo relacionan con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según documentos federales, Almanza formaba parte de un grupo de exfuncionarios que son investigados por el gobierno estadounidense. Con su entrega, dejó de ser un prófugo y enfrentará el proceso legal directamente en Estados Unidos.
Las acusaciones indican que el exjefe utilizó su cargo y recursos institucionales para favorecer a integrantes de “Los Chapitos”. Esto incluía proporcionar protección operativa, facilitar el libre paso y filtrar información sobre operaciones federales. Las acciones, según las autoridades, beneficiaron a las células delictivas lideradas por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La entrega de Almanza llega en un contexto de presión internacional sobre exmandos sinaloenses. Este caso representa un atentado contra las redes de protección que operaban dentro de las fiscalías y cuerpos de seguridad. Se investiga si el uso de estas posiciones institucionales facilitó actividades del crimen organizado.
Se espera que Almanza comparezca pronto ante un juez federal en Estados Unidos. Ahí se definirá su situación jurídica y las medidas cautelares adecuadas. Además, se contempla la posibilidad de que el exfuncionario busque llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía norteamericana, dependiendo de las decisiones del tribunal.
Gerardo Mérida, exfuncionario del estado de Sinaloa, enfrenta graves cargos en EUA por su relación con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía busca agilizar el proceso judicial.
La fiscalía de Estados Unidos ha solicitado una fecha para la comparecencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mérida enfrentará cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Su detención se llevó a cabo el 11 de mayo en Arizona, tras entregarse a las autoridades.
En una carta dirigida al tribunal, los fiscales, liderados por Jay Claxton, pidieron programar una audiencia inicial. Esta solicitud busca dar paso a los procedimientos judiciales en su caso de crimen organizado. Mérida está vinculado a “Los Chapitos”, la famosa célula del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La carta menciona que están disponibles para una audiencia inicial en varias fechas de junio, a partir del 3 al 12. El pasado 15 de mayo, Mérida ya se presentó ante la jueza Sarah Netburn. Desde entonces, permanece en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York.
Se le acusa de recibir sobornos de “Los Chapitos” a cambio de protección para sus operaciones. Los fiscales afirman que Mérida recibía dos millones de pesos mensualmente. A cambio, alertaba a “Los Chapitos” sobre redadas policiales en sus laboratorios. Esto les permitía mover drogas y equipos antes de que las autoridades llegaran.
Además, el Departamento de Justicia de EUA expresó su interés en negociar con Mérida antes del juicio. Estas negociaciones suelen resultar en declaraciones de culpabilidad a cambio de penas más suaves. Las partes están listas para iniciar estas conversaciones y han solicitado extender los plazos del juicio rápido.
Cabe destacar que Mérida ya se declaró no culpable de los cargos en su primera audiencia. La nueva solicitud de la fiscalía indica su intención de buscar soluciones alternas al juicio, un proceso común en casos como este. La fecha de la próxima audiencia aún está por confirmarse, pero los fiscales están ansiosos por avanzar en este caso que ha atraído atención internacional.
Gerardo Mérida Sánchez enfrenta graves acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. Se declaró no culpable y el proceso judicial comienza en Manhattan.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante la corte federal de Manhattan. En un momento crucial, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputa la fiscalía de Estados Unidos. Esta situación marca un capítulo oscuro en su carrera, vinculada a operaciones delictivas de gran envergadura.
Mérida está acusado de estar relacionado con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Además, se le imputan cargos por posesión y uso de armas de fuego. El exfuncionario llegó a Estados Unidos tras entregarse a las autoridades, cruzando desde Hermosillo, Sonora, a través de la Garita de Nogales hacia Arizona.
La Fiscalía estadounidense ha vinculado a Mérida con “Los Chapitos”, una célula del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la investigación, durante su gestión entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, recibió alrededor de 100 mil dólares mensuales para facilitar actividades criminales.
Además, el Departamento de Justicia señala que varios funcionarios de su gobierno, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, están bajo sospecha de colaborar con los narcotraficantes. La acusación destaca que Mérida alertó a “Los Chapitos” sobre al menos diez operativos de las autoridades, permitiéndoles actuar sin interferencias.
El caso de Gerardo Mérida Sánchez resalta la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en México y la colaboración internacional en la investigación de estos delitos. La presión sobre los funcionarios actuales y anteriores se intensifica a medida que las autoridades buscan erradicar estas prácticas perjudiciales. El seguimiento de este proceso judicial será clave para entender más a fondo la corrupción en la seguridad pública y los vínculos con el crimen organizado.
¡Ya empezaron los juegos del hambre en la política! Vienen elecciones y, con ella, la guerra sucia, las descalificaciones, las calumnias. En San Luis Potosí, donde se elegirá al sucesor de Ricardo Gallardo, ya estamos en la antesala de una guerra civil política. En un rincón asoma el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su intento de perpetuar un cacicazgo familiar; en el otro, un hombre que carga con las medallas de los operativos más espectaculares de México, pero también con los fantasmas de tragedias nacionales. Enrique Galindo Ceballos, el alcalde capitalino (2024-2027), ha decidido que su próximo objetivo es la gubernatura, desatando una tormenta de pasiones, rencores y promesas de cambio.
Y es que la historia de Galindo no es la de un político común; es, por lo menos mediáticamente, la de un cazador de capos. Considerado uno de los policías más condecorados en la historia del país, Galindo fue el rostro detrás de las capturas de figuras míticas del crimen: “La Tuta”, “El Indio”, “El Z40” e incluso el mismísimo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, el dato que hoy adquiere tintes de una tragedia shakesperiana ocurrió el 7 de enero de 2015: fue Enrique Galindo quien ejecutó la orden de aprehensión contra Ricardo Gallardo Cardona, el hoy gobernador, por un presunto desfalco de más de 200 millones de pesos. Y hoy, aquel el antiguo verdugo, busca heredar la silla de su antiguo prisionero, un duelo que, incluso, podría trascender la política para volverse un asunto más personal.
Las manchas de sangre en el uniforme
Pero el pasado de Galindo no es puramente heroico. Como Comisionado General de la Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su nombre quedó grabado (y manchado) en los expedientes más oscuros de la defensa de los derechos humanos en México. ¿A qué me refiero? A que las masacres de Tanhuato (Michoacán) y Nochixtlán (Oaxaca), que se imponen como sombras que se niegan a abandonar su campaña.
Y aunque, ahora mismo, no existen sentencias penales directas en su contra, el estigma de las “ejecuciones arbitrarias” señaladas por la CNDH terminó con su salida del cargo en 2016.
Para sus detractores, Galindo es un hombre de mano dura con deudas pendientes ante la justicia; para sus seguidores, es el único capaz de poner orden en un estado asediado.
Un gobierno entre el asfalto y la corrupción
En la capital, Galindo ha jugado su carta más fuerte: la transformación urbana. Con el programa “Vialidades Potosinas”, ha logrado rehabilitar más de un millón de metros cuadrados de pavimento, devolviendo la dignidad a barrios olvidados.
Su gestión de la crisis hídrica, con la perforación de 20 nuevos pozos bajo el plan “Sí al Agua”, le ha otorgado un respiro frente a una sequía que amenazaba con incendiar socialmente a la ciudad.
No obstante, su “administración amable” ha mostrado grietas alarmantes:
Corrupción interna: En octubre de 2025, el desmantelamiento de una red de extorsión en Protección Civil sacudió su imagen de integridad.
Deficiencias básicas: Quejas constantes por la acumulación de basura empañan el brillo de sus nuevas avenidas.
¿Salvador o más de lo mismo?
El escenario para la sucesión en San Luis Potosí es un auténtico campo de batalla política. Y es que Enrique Galindo se presenta como la antítesis del nepotismo, enfrentándose a la posibilidad de que Ruth González Silva, esposa de Gallardo, busque mantener el poder en familia.
La pregunta que recorre las calles de San Luis es si el electorado perdonará las sombras de Tanhuato a cambio de calles pavimentadas y agua en los grifos.
Mientras algunos ven en Galindo al estratega necesario, otros desconfían de que el “suelo pavimentado” por el alcalde solo sirva para ocultar los esqueletos de su pasado federal.
Una cosa es cierta: la moneda está en el aire, y el vuelo es, por decir lo menos, turbulento.
Vizsla Silver lamenta la muerte de nueve empleados secuestrados en Concordia. La empresa colabora con la investigación.
La situación en la mina de plata de Concordia, Sinaloa, se tornó aún más trágica. La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó la muerte de nueve de los diez trabajadores secuestrados a fines de enero. Este doloroso anuncio agrava la crisis de seguridad en la región.
A finales de febrero, la fiscalía de México halló diez cadáveres en el municipio. En esa ocasión, lograron identificar a cinco de las víctimas. Posteriormente, Vizsla Silver confirmó que otros dos trabajadores también habían sido localizados sin vida, mientras que tres aún permanecen desaparecidos.
Los empleados de la mina fueron secuestrados en un área dominada por Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. Esta organización está encabezada por los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. La vinculación de la minería con la violencia del narcotráfico resalta la peligrosidad del sector en esta región.
Vizsla Silver afirmó que continuará colaborando con las autoridades mexicanas en la investigación. Esta cooperación es vital para esclarecer los hechos y buscar justicia para las víctimas y sus familias. La empresa, profundamente afectada por esta tragedia, enfrenta un panorama sombrío en una industria marcada por la violencia.
Jorge “N” fue atrapado en un operativo conjunto de las autoridades.
En un operativo coordinado, la Secretaría de Marina (Semar) arrestó a Jorge “N”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. Este arresto se realizó en la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la carretera La Paz-San Juan de Los Planes.
La acción involucró elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Policía Estatal y Municipal. Durante el operativo, las autoridades hallaron a Jorge “N” portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y un cargador con nueve cartuchos.
Fuentes federales informan que Jorge “N” opera para la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta célula mantiene actividades en Baja California Sur, una región clave en el mapa del narco.
El Cártel de Sinaloa, dividido entre Los Chapitos y Los Mayos, enfrenta una lucha interna desde septiembre de 2024. La captura de “El Mayo”, secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo”, desencadenó este conflicto.
A pesar de tener menos territorio, Los Chapitos cuentan con un flujo financiero significativo. Jorge “N” y los bienes asegurados están ahora bajo investigación para determinar su situación legal y continuar con el enfrentamiento a estas estructuras delictivas.
La audiencia del hijo de “El Chapo” es reprogramada para el 13 de noviembre mientras negocia con las autoridades estadounidenses.
La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha sido aplazada nuevamente, ahora será el 13 de noviembre, de acuerdo a la corte del Distrito Norte de Illinois. Inicialmente la audiencia estaba prevista para el 15 de septiembre.
Este no es el primer aplazamiento, ya que su audiencia original era para el 2 de junio, después se movió al 15 de julio y luego al 15 de septiembre. Cabe recordar que Guzmán López fue detenido en julio de 2024 junto a Ismael “El Mayo” Zambada.
Los aplazamientos han ocurrido mientras Joaquín Guzmán negocia con el gobierno de Estados Unidos para declararse culpable. Su abogado, Jeffrey Litchman, confirmó que su cliente está en conversaciones. Su hermano, Ovidio Guzmán, también ha enfrentado cargos y negoció un acuerdo similar en julio.
Joaquín Guzmán López enfrenta múltiples cargos, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero. Mientras tanto, su hermano Ovidio tiene programada una audiencia el 9 de enero de 2026, donde la corte definirá su sentencia.
El gobierno de Estados Unidos sigue centrando sus esfuerzos en desmantelar al Cártel de Sinaloa, al que han golpeado recientemente con múltiples decomisos de droga.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al senador Gerardo Fernández Noroña tras la controversia sobre su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Durante su conferencia matutina, cuestionó la atención mediática que recibe el caso.
Sheinbaum contrastó la importancia de la casa de Noroña con las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole. Este último comparó al secretario de Seguridad Genaro García Luna con capos como “El Chapo” Guzmán.
La presidenta expresó que los medios hacen un escándalo por Noroña para desviar la atención de otros temas. También mencionó que muchos medios fueron cómplices de la falta de información durante el gobierno de Calderón.
Noroña, molesto por la cobertura mediática, descalificó a los periodistas. Afirmó que no se investigan las declaraciones patrimoniales de sus opositores. La discusión sobre su casa continúa generando reacciones en el ámbito político y mediático.
Silvia Delgado García, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha ganado la elección para un juzgado penal en el distrito Bravos de Chihuahua. Aparece en segundo lugar en la lista de mujeres ganadoras en esta primera Elección Judicial.
Delgado fue parte del equipo legal de Guzmán, considerado el líder del Cártel de Sinaloa. Su candidatura ha generado controversia, ya que la organización civil Defensorxs la señaló por no cumplir con el criterio de “buena reputación” y por su escasa experiencia en el Poder Judicial.
A pesar de estas críticas, Silvia Delgado fue postulada por el Comité del Poder Ejecutivo de Chihuahua. La organización Defensorxs calificó su candidatura como “altamente riesgosa”, resaltando su historial de defensa de presuntos narcotraficantes.
Durante su tiempo como abogada de Guzmán, Delgado participó activamente en su defensa, presentando amparos y denunciando condiciones en el penal. Sus publicaciones en redes sociales aún reflejan su vínculo con el narcotraficante, incluyendo fotos con sus hijas gemelas.
La victoria de Silvia Delgado marca un giro significativo en el ámbito judicial de Chihuahua, planteando interrogantes sobre la influencia de su pasado en su nuevo rol. La comunidad espera con interés cómo manejará su nueva responsabilidad en el sistema de justicia.
La derecha aprovecha cualquier momento para difundir noticias falsas, esta vez comunicadores afines al bloque conservador propagaron una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que acudió al funeral de la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzman.
La comunicadora Laura Zapata republicó el tweet y la acompañó de con la frase “esto no puede ser cierto!!!”, el tweet original afirma que el mandatario mexicano encabezó un “homenaje póstumo” a la madre de Joaquín Guzmán Loera.
Un hecho totalmente falso, ya que la imagen difundida en redes sociales es del momento en el que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el homenaje póstumo del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Asimismo, se difundió una fotografía del presidente junto a su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el que se asegura que acudieron al velorio de Consuelo Loera.
Otro hecho completamente falso, ya que la fotografía corresponde a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller al 50 aniversario del Golpe de Estado de Chile.
