El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.
Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.
De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.
Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.
Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.
La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.
La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.
De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.
La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.
Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.
Un juez federal consideró que el dato solicitado es clave para garantizar el debido proceso en el caso del empresario, preso en el Altiplano por delitos de alto impacto.
Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos, información que, de acuerdo con un juez federal, es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal” que enfrenta tanto en aquel país como en México.
La resolución fue emitida por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, quien determinó que la información solicitada durante meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser proporcionada al quejoso. Actualmente, Ye Gon se encuentra recluido en el Cefereso No. 1, Altiplano.
Aunque el fallo no precisa públicamente cuál es la trascendencia jurídica específica del dato, el juzgador subrayó que contar con esta información es fundamental para que el acusado tenga las herramientas necesarias para enfrentar el poder punitivo del Estado, especialmente en un proceso penal de alta complejidad.
Zhenli Ye Gon fue detenido en julio de 2007 en Estados Unidos y entregado a México en octubre de 2016, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Su caso alcanzó notoriedad internacional luego de que autoridades mexicanas aseguraran 207 millones de dólares en efectivo en una de sus residencias ubicadas en Lomas de Chapultepec.
En su resolución, el juez sostuvo que las autoridades señaladas debieron canalizar la solicitud directamente al juez del proceso penal, ya que la información forma parte del expediente y es relevante para resolver la situación jurídica del procesado. De no hacerlo, señaló, se vulnera el artículo 17 constitucional, que obliga a todas las autoridades a privilegiar la justicia sustantiva sobre formalismos administrativos.
La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea bienes y cuentas de allegados de Edgar “El Limones” Rodríguez Ortiz, secretario de la CATEM y pieza clave de la organización “Los Cabrera”, para frenar extorsión y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó un golpe estratégico contra el círculo cercano de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, vinculada al Cártel del Pacífico.
La medida incluyó el bloqueo de cuentas bancarias y empresas fachada, utilizadas para simular nóminas, compraventa de vehículos de lujo y operaciones financieras irregulares sin actividad económica real.
“El Limones”, detenido recientemente en Durango, operaba en el segundo nivel de la estructura criminal bajo órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”. Según autoridades, recibía depósitos millonarios de origen injustificado y participaba en la compra de inmuebles, joyas, relojes y juegos de apuestas, además de extorsionar a comerciantes y ganaderos, con cuotas que llegaban a los 10 mil pesos mensuales, contando con complicidad de funcionarios locales.
El operativo, coordinado por SEMAR, SSPC, CNI, AIC, FGR, Defensa y Guardia Nacional, incluyó aseguramiento de cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico, así como la intervención de diversos inmuebles en Durango y Coahuila. El Gabinete de Seguridad enfatizó que estas acciones buscan proteger a víctimas de extorsión y fraude, además de blindar a la banca nacional frente a recursos de procedencia ilícita.
Con este despliegue, la UIF deja claro que no habrá impunidad para líderes criminales que operan bajo la sombra de organizaciones armadas, mientras las autoridades buscan desmantelar la red de “Los Cabrera” y frenar la violencia en la región.
La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República capturaron a cinco hombres implicados en extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos, debilitando la estructura delictiva que opera en Durango y Coahuila.
En continuidad a los operativos que llevaron a la captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, las autoridades detuvieron a cinco integrantes de la célula delictiva “Los Cabrera”, que opera en la región Laguna. Estas detenciones se realizaron en inmuebles cateados en Durango y Coahuila, donde también se aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico.
Los cinco arrestados están vinculados con extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como con lavado de dinero y venta ilegal de hidrocarburos, actividades que permitían sostener la operación criminal del grupo. Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la extorsión y buscan desmantelar financieramente la célula y reducir la violencia en la zona.
En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/scmlyp0xtA
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 11, 2025
El Gabinete de Seguridad destacó que estas capturas son un golpe directo a la estructura operativa del Cártel del Pacífico en la Laguna, afectando la logística de extracción y distribución de hidrocarburos ilícitos. Además, permiten avanzar en los procesos judiciales de los implicados, asegurando que enfrentarán cargos por delitos graves.
La operación conjunta de la Semar, la SSPC, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la AIC confirma la coordinación de las instituciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada, garantizar la seguridad de los productores locales y reducir los actos de extorsión en la región.
Edgar ‘N’, presunto jefe de plaza, es señalado por extorsión, lavado de dinero y manejo financiero de la célula criminal ligada a Los Mayos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles la detención de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, presunto integrante de Los Cabrera, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa. La captura se llevó a cabo en Durango durante un operativo conjunto de la Marina, Defensa Nacional, SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que ‘El Limones’ era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares y depósitos millonarios de origen injustificado, además de triangulación de dinero hacia empresas relacionadas con lavado de dinero.
Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N
‘El Limones’ se desempeñaba como jefe de plaza en la región Laguna, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”, y también fungía como secretario de CATEM Durango. Las investigaciones señalan que participó en la compra y venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta, consolidando de esta manera su rol como operador financiero de la organización.
Durante la detención, realizada alrededor de las 5:46 horas en la colonia José Guadalupe Rodríguez, se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. García Harfuch destacó que la captura constituye un golpe directo a las redes de extorsión, alineado con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La célula Los Cabrera Sarabia es aliada de la facción Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, y opera principalmente en Durango y Coahuila, donde extorsiona, lava dinero y mantiene control territorial.
El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.
La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.
El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:
Peculado agravado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
Financiamiento ilegal al PRI
Retención de salarios a burócratas
Robo de ganado destinado a pequeños productores
Y presunta creación de un banco con recursos públicos
Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.
Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?
Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.
De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.
Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.
Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.
Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.
Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.
Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.
En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.
Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.
Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.
Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.
El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.
El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.
Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.
Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
