La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo o iniciar el juicio.
La UIF busca recuperar 600 millones de dólares que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por García Luna y sus cómplices. Este dinero, obtenido a través de 30 contratos fraudulentos, fue desviado a paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades en Florida.
Las partes involucradas han estado en negociaciones desde una mediación el 15 de noviembre. Aunque la jueza expresó su frustración por la lentitud del proceso, los abogados de los Weinberg afirmaron que han logrado un consenso preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Mauricio y Jonathan Weinberg por lavado de dinero y delincuencia organizada. Jonathan fue arrestado en Madrid en diciembre de 2023. En diciembre del mismo año, su hermana Gloria García Luna y su sobrino Edgar Rodríguez fueron vinculados a proceso por delitos relacionados.
García Luna, por su parte, fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a casi 39 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La situación legal de los involucrados sigue en desarrollo, mientras la jueza de Miami espera avances concretos antes de la fecha límite.
El exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, seguirá preso en el penal del Altiplano. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó su recurso de queja. Yarrington enfrenta acusaciones graves, incluyendo delitos contra la salud y lavado de dinero.
Desde el 9 de abril, Yarrington se encuentra en México tras ser extraditado de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo detuvieron en 2018 por sus vínculos con el lavado de dinero. Originalmente, un tribunal norteamericano le impuso una condena de nueve años, que luego se redujo a 91 meses.
A su regreso, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió una investigación en su contra. Esta carpeta, que data de 2009, lo acusa de recibir más de 12 millones de pesos en dinero sucio. También se le vincula a financiamiento ilegal para su campaña en 1999, supuestamente respaldada por el Cártel del Golfo y Los Zetas.
Yarrington trató de impugnar el fallo del juez Juan Pablo Cortés, quien le negó una medida cautelar. Sin embargo, el tribunal consideró infundada su queja. Así, el exmandatario continuará enfrentando la justicia en México.
El candidato a Ministro de la SCJN, César Gutiérrez Priego, se pronunció sobre el caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, quienes tienen órdenes de aprehensión y están fichados por la Interpol. Criticó al Poder Judicial por haber liberado las cuentas bancarias del matrimonio, señalado por lavado de dinero.
📹 #Vídeo | El candidato a Ministro de la SCJN, @CesarGPMedia, se pronunció respecto al caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, ambos con órdenes de aprehensión y fichados por la Interpol.
Criticó que el actual PJ haya liberado las cuentas bancarias del matrimonio señalado de… pic.twitter.com/JFogFfWZ6q
En sus declaraciones, Gutiérrez Priego destacó que las decisiones de un juzgado federal y un tribunal que permitieron la liberación de estas cuentas reflejan la corrupción en el sistema judicial. Afirmó que el sistema judicial justificó su decisión al argumentar que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera no fundamentaron adecuadamente la solicitud de aseguramiento de las cuentas bancarias de los fugitivos.
A pesar de que Gómez-Mont y su esposo son buscados en más de 160 países, el Poder Judicial permitió que recuperaran sus cuentas bancarias, lo que les permitiría acceder a recursos que, según los informes, provienen de un desvío de más de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.
El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.
“La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.
El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:
Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
Asimismo, se han desbloqueado:
23,575 millones de pesos por resolución judicial
82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF
Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.
De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.
Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.
En un controvertido fallo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional a Virginia León Osornio, esposa de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, lo que la protege de cualquier orden de aprehensión que no implique prisión de oficio. León, presuntamente implicada en operaciones ilícitas de inversión en minas de oro en Michoacán y Nayarit, busca evadir la justicia tras la detención de su esposo el pasado 28 de febrero.
La resolución del juez ha suscitado críticas sobre otra decisión que evidencia la existencia de corrupción en el sistema judicial, puesto que permite a una presunta operadora del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) eludir la acción penal. Según las autoridades, Virginia León ha estado involucrada en el lavado de dinero para fortalecer el patrimonio del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
Además, el juez ha establecido que la suspensión será efectiva siempre que no haya órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial. Este caso destaca cómo ciertos jueces pueden contribuir a la impunidad de criminales, debilitando la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas en México.
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.
De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.
El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.
Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.
El ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue liberado de una prisión de Estados Unidos, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés), luego de que fuera condenado por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con los datos del BOP, Yarrington Ruvalcaba fue liberado de la Penitenciaría Thomson, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos, el pasado tres de julio, aunque fue hasta este jueves que se reflejó el registró de su salida, cuando se actualizaron los datos del BOP.
Imagen vía SPR informa,
En cuanto a su caso, el político tamaulipeco cumplía una condenade nueve años por el delito de lavado de dinero. Además de que era investigado por su tener presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con el “Cártel del Golfo”.
Tomás Yarrington llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, por lo que recibió una reducción de su condena.
Cabe mencionar que, en abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en Italia, en donde utilizaban documentos falsos para sostener su identidad ficticia, una vez arrestado en 2018 el ex gobernador fue extraditado a Estados Unidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló que el portal Latinus, donde labora Carlos Loret de Mola, aparentemente es financiado mediante la triangulación de dinero público de varios estados de la República, y que deberían ser destinados originalmente a la salud y medicamentos para la población.
Ante esta información, Carlos Loret de Mola no ha tardado en responder pese a que no es dueño del medio, por lo menos no directamente, según muestran documentos de la UIF, y mediante un post de X, el creador de montajes ha vuelto a acusar una “venganza y persecución” en su contra por parte de la Cuarta Transformación.
“Aquí no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita”, señala contundente el comunicado de @latinus_us .
El gobierno hoy confesó la investigación de la UIF y confesó sus motivaciones: quiere desaparecer #Latinus en venganza por haber revelado la… https://t.co/6PnUEnwW1Q
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 3, 2024
El cercano a Genaro García Luna también refiere que las investigaciones contra Latinus y que datan desde el 2021, son a raíz de las “investigaciones” que realizó de los supuestos negocios de los hijos del Presidente, manteniendo el mismo discurso desde hace meses.
Sin embargo, el victimismo del ex presentador de Televisa ha generado respuestas en las redes sociales, donde le explican la gravedad de los presuntos delitos que habría cometido la empresa que en menos de cuatro años, le pagó casi 12 millones de pesos.
No señor montajes, no hay sobres amarillos, lo que hay es lavado de dinero de procedencia ilícita. Así le pagan a usted con ese dinero para que salga a decir toda sarta de calumnias e infamias . ¿Qué? No dirá nada al respecto 🤡
También se leen opiniones que dejan en evidencia la verdadera función de portales como Latinus, que lejos de buscar informar con buenos contenidos, solo se usan para extorsionar y conseguir contratos de todo tipo de negocios.
Se le llama seguimiento a la ruta del dinero.
El negocio de los Madrazo (yerno e hijo) no es el medio de comunicación como tal, y mucho menos les interesa hacer periodismo, Latinus les sirve como medio de golpe para amarrar negocios. Golpear, doblar, negociar (extorsionar)…
Detienen al exlíder del sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Este 13 de febrero elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Figueroa, quien se encontraba prófugo desde hace cuatro años.
Tras su detención, el exlíder sindical fue trasladado a la Ciudad de México y para ser puesto a disposición de un juez federal con sede en el Reclusorio Sur, para continuar con su proceso legal.
Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, comenzaron las investigaciones, en 2018, en contra del ex líder sindical, quien huyó del país. En 2020, la FGR solicitó la emisión de una Ficha Roja de la Interpol, debido a que tenía varias órdenes de aprehensión.
Ismael Figueroa, también es investigado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío y lavado de dinero. A demás de estar presuntamente relacionado con el homicidio del ex bombero Javier Salinas.
En 2019, Imael Figueroa, fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría General, por 20 años por su presunta responsabilidad en la venta de plazas para ingresar a los bomberos de la Ciudad de México, además se le impuso una multa por 182 mil 700 pesos.
Luego de que se revelara que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada investiga a Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, la panista saló en su defensa.
Al priísta se le señala presuntamente de haber cometido los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, tiene como origen de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León en diciembre de 2022.
Así como, en agosto del año pasado la UIF federal presentó su propia denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y fue acomulada con la denuncia estatal, en el área especialidad de investigaciones de lavado de dinero.
A Francisco Cienfuegos se le acusa de haber realizado una serie de transferencias al extranjero, entre 2015 y 2023, por más de 82 millones de pesos y reportar ingresos por 66 millones de pesos.
Asimismo, se denuncia a 20 empresas, entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él, y otras relacionadas como clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como ‘factureras’ por el SAT.
Por su parte, la panista salió en defensa de su aliado y operador en Nuevo León, al señalar que “ya se ha puesto a disposición de las autoridades”, aunque aprovechó para echarle la culpa al presidente, Andrés Manuel López Obrador en contra de su campaña.
