Etiqueta: Libertad de Expresión

  • FGE Veracruz señala al alcalde emecista Raúl González por homicidio de periodista Roxana Guzmán

    FGE Veracruz señala al alcalde emecista Raúl González por homicidio de periodista Roxana Guzmán

    El congreso estatal abrió el camino para revisar el desafuero del edil de Ixhuatlán del Sureste tras los señalamientos de la autoridad ministerial.

    La Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, por lo que solicitó iniciar un proceso de desafuero en su contra.

    El edil, quien llegó al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, enfrenta ahora un procedimiento en el Congreso de Veracruz, luego de que los legisladores declararan procedente analizar la solicitud presentada por la Fiscalía. El expediente será revisado por comisiones antes de ser llevado al pleno.

    De acuerdo con la investigación ministerial, González Martínez habría ordenado la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la comunicadora. La Fiscalía sostiene que el posible móvil estaría relacionado con una fotografía que la periodista presuntamente tenía en su poder, en la que aparecería el funcionario con un arma de fuego de alto poder.

    La autoridad estatal indicó que existen elementos para vincular al presidente municipal con los hechos, aunque hasta el momento no se han revelado públicamente todos los detalles de la carpeta de investigación ni las pruebas que sustentan el señalamiento.

    El caso generó impacto en Veracruz debido a la gravedad de las acusaciones contra un servidor público en funciones y por tratarse del homicidio de una periodista. Con el avance del proceso legislativo, el Congreso deberá determinar si retira la protección constitucional al alcalde para que pueda enfrentar las investigaciones correspondientes.

    Mientras tanto, Raúl González Martínez mantiene su calidad de servidor público, y será el Poder Legislativo estatal el encargado de definir los siguientes pasos dentro del procedimiento de desafuero.

  • Asesinan al periodista Francisco Leyva en Oaxaca; suman seis comunicadores asesinados en 2026

    Asesinan al periodista Francisco Leyva en Oaxaca; suman seis comunicadores asesinados en 2026

    La Fiscalía de Oaxaca informó que ya cuenta con evidencia videográfica para identificar a los responsables del homicidio ocurrido en San Pablo Etla.

    La violencia contra la prensa en México cobró una nueva víctima. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista oaxaqueño, fue asesinado este miércoles en el Fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Con este crimen, ya suman seis periodistas asesinados en el país durante 2026, un hecho que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad del gremio.

    La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el homicidio mediante un comunicado en el que condenó los hechos y expresó su solidaridad con la familia del comunicador, así como con la comunidad periodística. La institución informó que desde el primer momento se desplegó un operativo de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

    Como parte de las diligencias, personal especializado realizó el procesamiento de la escena del crimen, donde se recabaron indicios físicos y balísticos que serán incorporados a la carpeta de investigación. Además, la Fiscalía reveló que cuenta con evidencia videográfica considerada clave, la cual permitirá fortalecer las líneas de investigación y acelerar la identificación de los presuntos responsables del ataque.

    El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a la lista de agresiones contra periodistas registradas en México durante este año. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido en diversas ocasiones que la violencia contra comunicadores representa uno de los principales desafíos para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen. La FGEO aseguró que continuará con las investigaciones hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables del asesinato del periodista oaxaqueño.

  • Manifestantes toman el Congreso de SLP y frenan sesión por la “Ley Serrano”

    Manifestantes toman el Congreso de SLP y frenan sesión por la “Ley Serrano”

    Más de un centenar de ciudadanos irrumpieron este martes en el Congreso de San Luis Potosí para exigir la derogación de una ley que, denuncian, se usa para encarcelar periodistas. Los diputados sesionaban a puerta cerrada cuando los manifestantes lograron entrar al recinto.

    Cerca de las 10:40 de la mañana de este martes, periodistas, taxistas, activistas y madres buscadoras forzaron su entrada al Congreso del Estado de San Luis Potosí. La sesión, programada desde las 10:00 horas para discutir la Reforma Electoral, quedó suspendida de inmediato.

    La movilización llegó con un reclamo concreto: la derogación de la llamada “Ley Serrano”. La reforma al Código Penal potosino fue impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés y penaliza el uso no autorizado de inteligencia artificial y la manipulación digital. Para quienes protestaron este martes, ese objetivo legal es una pantalla. En la práctica, acusan, la ley sirve para silenciar a quienes critican al gobierno del estado.

    La abogada Natalia Castillo encabezó la marcha. Ciudadanos y representantes de varios sectores dieron portazo en la sede legislativa, mientras los diputados se encontraban atrincherados en el salón del Pleno.

    El origen de esta disputa se remonta a octubre de 2025. En esa fecha comenzaron a circular videos en redes sociales donde presuntos integrantes de grupos criminales señalaban al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de supuestos vínculos con el crimen organizado. El mandatario rechazó las acusaciones y aseguró que los materiales habían sido creados mediante inteligencia artificial.

    Semanas después, el 14 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma con 18 votos a favor de legisladores de Morena, PVEM, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo; otros cuatro se abstuvieron y cinco votaron en contra.

    La ley entró en vigor y con ella llegaron las detenciones. Tres ciudadanos vinculados a portales periodísticos fueron detenidos bajo esta reforma, lo que despertó la alarma en el gremio periodístico. Dos de ellos, las reporteras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, quedaron en libertad condicionada en junio. El tercero, Cristian Herrera, permaneció detenido al cierre de las ediciones recientes.

    Organismos nacionales e internacionales reaccionaron con dureza. El Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Fundar, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas firmaron un pronunciamiento conjunto donde calificaron las detenciones como “una grave señal de deterioro democrático”.

    Artículo 19 advirtió que la “Ley Serrano” abría la puerta a la criminalización de actividades cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines.

    Desde el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, la consejera Verónica Espinosa Villegas fue más directa. Describió la reforma como “evidentemente dirigida a censurar e intimidar” y a generar “acoso ministerial y judicial” contra periodistas, activistas y organizaciones civiles que ejercen una postura crítica frente al gobierno.

    El diputado Serrano Cortés defiende su iniciativa. Asegura que el objetivo es tipificar la difusión de información falsa que genere crisis en la sociedad, y pone como ejemplo el video alterado que se hizo viral con acusaciones que, dice, eran irreales. Agrega que la libertad de expresión le parece “una de las libertades más sublimes que pueden existir”.

    El debate, que hoy detuvo físicamente al Poder Legislativo potosino, no tiene fecha de resolución. Los manifestantes exigen que los diputados tomen postura. Los legisladores, por su parte, quedaron encerrados en el salón del Pleno mientras afuera resonaba la exigencia de una prensa libre.

  • Reconoce Toluca a periodistas por décadas de servicio informativo

    Reconoce Toluca a periodistas por décadas de servicio informativo

    El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, entregó reconocimientos a 24 comunicadores con más de dos décadas de experiencia y destaca el papel d e una prensa libre, crítica y profesional en la vida democrática. 

    En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, reconoció a 24 periodistas con más de 20 años de trayectoria profesional, destacando su contribución para mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la vida democrática de la capital mexiquense. 

    Durante la conferencia La Toluqueña, el alcalde señaló que el periodismo implica compromiso, disciplina y responsabilidad con la verdad. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una relación institucional basada en la transparencia, el diálogo, la escucha y la rendición de cuentas.

    El edil subrayó la importancia de una prensa libre, crítica y profesional, al señalar que las y los comunicadores homenajeados han documentado momentos clave en la historia reciente de Toluca. Además, precisó que el reconocimiento se otorgó por su constancia y compromiso con el derecho ciudadano a la información, sin distinción de simpatías o coincidencias. 

  • “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    Dos comunicadoras ya fueron encarceladas y al menos nueve periodistas, activistas y críticos del gobierno potosino aparecen en carpetas de investigación tras reformas impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo.

    En San Luis Potosí, criticar al gobernador Ricardo Gallardo ya parece delito. Lo que comenzó con un video difundido en redes sociales —en el que supuestos integrantes del crimen organizado acusaban al mandatario del PVEM de tener vínculos con el CJNG— terminó convirtiéndose en una auténtica cacería contra periodistas, activistas y voces incómodas para el gobierno estatal.

    Luego de que Gallardo negara las acusaciones y asegurara que el video había sido creado con inteligencia artificial, el Congreso local, dominado por aliados del Partido Verde, aprobó en 2025 una polémica reforma al Código Penal conocida ya como la “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir contenidos falsos generados con IA, la norma abrió la puerta para perseguir penalmente a comunicadores y críticos del gobierno. Y no tardaron en usarla.

    La semana pasada fueron detenidas Eréndira Reyes, administradora de la página San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Ambas permanecen en prisión preventiva acusadas de “uso indebido de inteligencia artificial”. Mientras tanto, otras nueve personas —entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— aparecen señaladas en documentos filtrados de la Fiscalía estatal. Curiosamente, todos tienen algo en común: han cuestionado públicamente a Ricardo Gallardo y a su administración.

    Diversas organizaciones nacionales e internacionales ya encendieron las alarmas. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el caso como uno de los precedentes más peligrosos contra la libertad de expresión en México. Artículo 19 también denunció el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación. Y es que mientras el gobernador insiste en victimizarse, en San Luis Potosí crece el miedo entre reporteros que ahora deben pensar dos veces antes de publicar información incómoda para el poder estatal.

    La polémica llega además en medio de las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. Ricardo Gallardo enfrenta fuertes críticas por impulsar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como posible sucesora en el gobierno estatal, algo que contradice incluso el discurso nacional contra el nepotismo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para muchos periodistas locales, el endurecimiento contra medios críticos forma parte de una estrategia para blindar políticamente al grupo que controla el estado.

    Mientras el gobierno potosino asegura que “no hay persecución”, las detenciones, las carpetas de investigación y las amenazas judiciales cuentan otra historia. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos por la violencia criminal, ahora también hay gobiernos locales que parecen decididos a utilizar las leyes como herramienta para silenciar críticas. Y en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo está demostrando que la piel delgada puede convertirse rápidamente en política de Estado.

    Con información de Beatriz Guillén y Ernesto Núñez para El País.

  • Congelan bienes de Diario El Faro tras denunciar presuntos tratos de Bukele con pandilleros

    Congelan bienes de Diario El Faro tras denunciar presuntos tratos de Bukele con pandilleros

    El medio salvadoreño acusó al gobierno de Nayib Bukele de congelar bienes y cuentas bancarias de sus socios después de difundir un documental sobre supuestos acuerdos con grupos criminales.

    El reconocido diario digital El Faro denunció que el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el congelamiento de bienes y cuentas vinculadas a socios del medio de comunicación, en lo que calificó como una represalia directa por sus investigaciones sobre presuntos acuerdos entre el mandatario y pandillas salvadoreñas.

    De acuerdo con el periódico, las medidas afectan una cuenta bancaria y un inmueble relacionados con accionistas de la empresa periodística. Aunque las autoridades argumentan una supuesta deuda fiscal, El Faro sostiene que la decisión ocurre poco después del estreno de un documental que profundiza en las denuncias sobre presuntos pactos entre el gobierno de Bukele y estructuras criminales para facilitar su llegada al poder en 2019.

    En un comunicado difundido por el medio, los periodistas señalaron que “la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, acusando además al gobierno salvadoreño de utilizar instituciones del Estado para presionar y silenciar a voces críticas. Actualmente, parte del equipo editorial de El Faro trabaja desde el exilio tras denunciar hostigamiento y persecución política en El Salvador.

    El documental publicado recientemente por el medio retoma investigaciones sobre supuestos acuerdos entre funcionarios y pandillas, los cuales —según la publicación— habrían colapsado en 2022, dando paso a la llamada “guerra contra las pandillas” impulsada por Bukele bajo un régimen de excepción que continúa vigente. El presidente salvadoreño ha negado reiteradamente cualquier vínculo con grupos criminales y ha defendido su estrategia de seguridad como una de las más exitosas de América Latina.

    La ofensiva contra las pandillas ha derivado en la captura de más de 92 mil personas sin orden judicial, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones internacionales y juristas han advertido sobre posibles violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y posibles crímenes de lesa humanidad en el marco del estado de excepción implementado por el gobierno salvadoreño.

    El Faro aseguró que el congelamiento de activos busca asfixiar financieramente al medio y limitar su trabajo periodístico. “El objetivo final es silenciarnos”, afirmó la redacción, que considera estas acciones como parte de una estrategia de concentración de poder y debilitamiento de la prensa independiente en El Salvador.

  • Menos libros, menos voces: escala censura en EUA

    Menos libros, menos voces: escala censura en EUA

    Conservadores y actores políticos impulsan prohibiciones y censura contra libros sobre género, diversidad y crítica social, encendiendo alarmas sobre la libertad de lectura en EUA.

    De acuerdo con la American Library Association (ALA), los intentos de prohibir o restringir libros alcanzaron niveles récord en 2025, con más de 4 mil títulos impugnados. Lejos de ser casos aislados, se trata de una estrategia cada vez más organizada y politizada que busca limitar el acceso a contenidos críticos y con cuestiones de género considerados “incómodos”.

    Entre los títulos más cuestionados aparecen obras como “Gender Queer” de Maia Kobabe, “The Perks of Being a Wallflower” y “A Clockwork Orange”. Las objeciones suelen centrarse en temas como diversidad sexual, identidad de género, violencia o consumo de sustancias, lo que revela un patrón: los libros más atacados son aquellos que abordan realidades sociales complejas o cuestionan normas tradicionales.

    Detrás de este fenómeno, informes de PEN America señalan la creciente influencia de grupos conservadores que han hecho de la censura parte de su agenda política, acomodándose en gran medida al discurso de Donald Trump. Organizaciones como Moms for Liberty promueven listas de libros a retirar y presionan a escuelas y bibliotecas bajo el argumento de proteger a los menores. Sin embargo, datos recientes indican que más del 90% de las impugnaciones ya no provienen de padres individuales, sino de campañas coordinadas con respaldo político e incluso legislativo.

    La prohibición de libros afecta de forma desproporcionada a obras con personajes LGBTQ+ o protagonistas de comunidades racializadas, lo que, de acuerdo a expertos, limita la representación y el acceso a perspectivas diversas. En muchos casos, estas restricciones también generan un efecto inhibidor en docentes y bibliotecarios, quienes enfrentan presiones legales o administrativas al momento de seleccionar materiales educativos.

    Foto: Ap

    Históricamente, la censura ha sido una herramienta de control ideológico, pero en el contexto actual adquiere nuevas dimensiones al combinar activismo digital, legislación y movilización política. Estados como Texas, Florida o Utah han aprobado normas que restringen contenidos en las aulas, lo que consolida un entorno donde la regulación del conocimiento se vuelve parte del debate electoral.

    Frente a este panorama, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el problema no radica solo en los libros retirados, sino en el precedente que se establece. Limitar el acceso a ciertas ideas, señalan, no protege a las sociedades: las vuelve menos críticas. 

    El escenario recuerda a Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los libros son prohibidos y quemados para evitar que la sociedad piense de manera crítica. Hoy, aunque sin fuego, la lógica es similar: restringir ideas incómodas y limitar el acceso a distintas perspectivas.

  • Yasmín Esquivel defiende libertad de expresión en fallo de la SCJN

    Yasmín Esquivel defiende libertad de expresión en fallo de la SCJN

    La Corte invalidó una parte del Código Penal de Sinaloa al considerar que podía castigar injustamente a periodistas por difundir contenidos de terceros.

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parcialmente el artículo 189 del Código Penal de Sinaloa, al determinar que castigar a quienes difundan expresiones de odio resulta ambiguo y pone en riesgo la libertad de expresión. La resolución marca un precedente clave en el equilibrio entre sanción penal y derechos fundamentales.

    Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto al señalar que la norma podía tener un efecto inhibidor, especialmente para periodistas y comunicadores. Explicó que difundir información sobre actos discriminatorios podría colocar a estos profesionales en riesgo de ser sancionados penalmente.

    La porción invalidada sancionaba a quien “apoye a difundir” expresiones de odio, violencia o discriminación. Para la Corte, esta redacción era demasiado amplia e imprecisa, lo que abría la puerta a interpretaciones que podían vulnerar derechos como la libertad de prensa y el acceso a la información.

    No obstante, el máximo tribunal mantuvo vigente el resto del artículo, al considerar que sí es válido castigar a quienes inciten o provoquen directamente conductas de odio. En este punto, Esquivel subrayó que estos verbos implican una acción activa para fomentar violencia o discriminación.

    La ministra también destacó la importancia de proteger a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBTIQ+, que enfrenta discriminación estructural y violencia sistemática. En ese sentido, defendió que la ley debe sancionar conductas que promuevan agresiones, pero sin afectar el ejercicio periodístico.

  • Ernestina Godoy se reúne con la ONU para fortalecer investigaciones por agresiones a periodistas

    Ernestina Godoy se reúne con la ONU para fortalecer investigaciones por agresiones a periodistas

    La fiscal general acordó revisar protocolos y coordinación con fiscalías estatales ante el alarmante nivel de violencia e impunidad en México.

    La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de alto nivel con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, para abordar el fortalecimiento de los protocolos de investigación en casos de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, desapariciones y feminicidios.

    El encuentro se realizó en un contexto marcado por la persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos, problemática que la ONU-DH documentó recientemente en el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado en Guanajuato.

    De acuerdo con dicho informe, 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados en México durante la última década. El oficial de la ONU-DH, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, detalló que entre enero de 2016 y diciembre de 2025 fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios y 181 defensores, además de 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones.

    El diagnóstico revela fallas estructurales en los mecanismos de protección, ya que 72 víctimas contaban con medidas preventivas al momento de ser asesinadas o desaparecer. Asimismo, 80 víctimas fueron mujeres y al menos 105 defendían causas ambientales, sectores particularmente vulnerables.

    Durante la reunión, se subrayó la importancia de una investigación penal eficaz como garantía del derecho a la verdad y la justicia, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, eje central del trabajo que impulsa Ernestina Godoy al frente de la institución.

    La ONU-DH advirtió que no fortalecer las capacidades del Estado perpetúa la impunidad y mantiene el riesgo para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el país.