El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, entregó reconocimientos a 24 comunicadores con más de dos décadas de experiencia y destaca el papel d e una prensa libre, crítica y profesional en la vida democrática.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, reconoció a 24 periodistas con más de 20 años de trayectoria profesional, destacando su contribución para mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la vida democrática de la capital mexiquense.
Durante la conferencia La Toluqueña, el alcalde señaló que el periodismo implica compromiso, disciplina y responsabilidad con la verdad. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una relación institucional basada en la transparencia, el diálogo, la escucha y la rendición de cuentas.
El edil subrayó la importancia de una prensa libre, crítica y profesional, al señalar que las y los comunicadores homenajeados han documentado momentos clave en la historia reciente de Toluca. Además, precisó que el reconocimiento se otorgó por su constancia y compromiso con el derecho ciudadano a la información, sin distinción de simpatías o coincidencias.
Dos comunicadoras ya fueron encarceladas y al menos nueve periodistas, activistas y críticos del gobierno potosino aparecen en carpetas de investigación tras reformas impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo.
En San Luis Potosí, criticar al gobernador Ricardo Gallardo ya parece delito. Lo que comenzó con un video difundido en redes sociales —en el que supuestos integrantes del crimen organizado acusaban al mandatario del PVEM de tener vínculos con el CJNG— terminó convirtiéndose en una auténtica cacería contra periodistas, activistas y voces incómodas para el gobierno estatal.
Luego de que Gallardo negara las acusaciones y asegurara que el video había sido creado con inteligencia artificial, el Congreso local, dominado por aliados del Partido Verde, aprobó en 2025 una polémica reforma al Código Penal conocida ya como la “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir contenidos falsos generados con IA, la norma abrió la puerta para perseguir penalmente a comunicadores y críticos del gobierno. Y no tardaron en usarla.
La semana pasada fueron detenidas Eréndira Reyes, administradora de la página San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Ambas permanecen en prisión preventiva acusadas de “uso indebido de inteligencia artificial”. Mientras tanto, otras nueve personas —entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— aparecen señaladas en documentos filtrados de la Fiscalía estatal. Curiosamente, todos tienen algo en común: han cuestionado públicamente a Ricardo Gallardo y a su administración.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales ya encendieron las alarmas. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el caso como uno de los precedentes más peligrosos contra la libertad de expresión en México. Artículo 19 también denunció el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación. Y es que mientras el gobernador insiste en victimizarse, en San Luis Potosí crece el miedo entre reporteros que ahora deben pensar dos veces antes de publicar información incómoda para el poder estatal.
La polémica llega además en medio de las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. Ricardo Gallardo enfrenta fuertes críticas por impulsar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como posible sucesora en el gobierno estatal, algo que contradice incluso el discurso nacional contra el nepotismo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para muchos periodistas locales, el endurecimiento contra medios críticos forma parte de una estrategia para blindar políticamente al grupo que controla el estado.
Mientras el gobierno potosino asegura que “no hay persecución”, las detenciones, las carpetas de investigación y las amenazas judiciales cuentan otra historia. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos por la violencia criminal, ahora también hay gobiernos locales que parecen decididos a utilizar las leyes como herramienta para silenciar críticas. Y en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo está demostrando que la piel delgada puede convertirse rápidamente en política de Estado.
Con información de Beatriz Guillén y Ernesto Núñez para El País.
El medio salvadoreño acusó al gobierno de Nayib Bukele de congelar bienes y cuentas bancarias de sus socios después de difundir un documental sobre supuestos acuerdos con grupos criminales.
El reconocido diario digital El Faro denunció que el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el congelamiento de bienes y cuentas vinculadas a socios del medio de comunicación, en lo que calificó como una represalia directa por sus investigaciones sobre presuntos acuerdos entre el mandatario y pandillas salvadoreñas.
De acuerdo con el periódico, las medidas afectan una cuenta bancaria y un inmueble relacionados con accionistas de la empresa periodística. Aunque las autoridades argumentan una supuesta deuda fiscal, El Faro sostiene que la decisión ocurre poco después del estreno de un documental que profundiza en las denuncias sobre presuntos pactos entre el gobierno de Bukele y estructuras criminales para facilitar su llegada al poder en 2019.
En un comunicado difundido por el medio, los periodistas señalaron que “la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, acusando además al gobierno salvadoreño de utilizar instituciones del Estado para presionar y silenciar a voces críticas. Actualmente, parte del equipo editorial de El Faro trabaja desde el exilio tras denunciar hostigamiento y persecución política en El Salvador.
El documental publicado recientemente por el medio retoma investigaciones sobre supuestos acuerdos entre funcionarios y pandillas, los cuales —según la publicación— habrían colapsado en 2022, dando paso a la llamada “guerra contra las pandillas” impulsada por Bukele bajo un régimen de excepción que continúa vigente. El presidente salvadoreño ha negado reiteradamente cualquier vínculo con grupos criminales y ha defendido su estrategia de seguridad como una de las más exitosas de América Latina.
La ofensiva contra las pandillas ha derivado en la captura de más de 92 mil personas sin orden judicial, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones internacionales y juristas han advertido sobre posibles violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y posibles crímenes de lesa humanidad en el marco del estado de excepción implementado por el gobierno salvadoreño.
El Faro aseguró que el congelamiento de activos busca asfixiar financieramente al medio y limitar su trabajo periodístico. “El objetivo final es silenciarnos”, afirmó la redacción, que considera estas acciones como parte de una estrategia de concentración de poder y debilitamiento de la prensa independiente en El Salvador.
Conservadores y actores políticos impulsan prohibiciones y censura contra libros sobre género, diversidad y crítica social, encendiendo alarmas sobre la libertad de lectura en EUA.
De acuerdo con la American Library Association (ALA), los intentos de prohibir o restringir libros alcanzaron niveles récord en 2025, con más de 4 mil títulos impugnados. Lejos de ser casos aislados, se trata de una estrategia cada vez más organizada y politizada que busca limitar el acceso a contenidos críticos y con cuestiones de género considerados “incómodos”.
Entre los títulos más cuestionados aparecen obras como “Gender Queer” de Maia Kobabe, “The Perks of Being a Wallflower” y “A Clockwork Orange”. Las objeciones suelen centrarse en temas como diversidad sexual, identidad de género, violencia o consumo de sustancias, lo que revela un patrón: los libros más atacados son aquellos que abordan realidades sociales complejas o cuestionan normas tradicionales.
Detrás de este fenómeno, informes de PEN America señalan la creciente influencia de grupos conservadores que han hecho de la censura parte de su agenda política, acomodándose en gran medida al discurso de Donald Trump. Organizaciones como Moms for Liberty promueven listas de libros a retirar y presionan a escuelas y bibliotecas bajo el argumento de proteger a los menores. Sin embargo, datos recientes indican que más del 90% de las impugnaciones ya no provienen de padres individuales, sino de campañas coordinadas con respaldo político e incluso legislativo.
La prohibición de libros afecta de forma desproporcionada a obras con personajes LGBTQ+ o protagonistas de comunidades racializadas, lo que, de acuerdo a expertos, limita la representación y el acceso a perspectivas diversas. En muchos casos, estas restricciones también generan un efecto inhibidor en docentes y bibliotecarios, quienes enfrentan presiones legales o administrativas al momento de seleccionar materiales educativos.
Foto: Ap
Históricamente, la censura ha sido una herramienta de control ideológico, pero en el contexto actual adquiere nuevas dimensiones al combinar activismo digital, legislación y movilización política. Estados como Texas, Florida o Utah han aprobado normas que restringen contenidos en las aulas, lo que consolida un entorno donde la regulación del conocimiento se vuelve parte del debate electoral.
Frente a este panorama, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el problema no radica solo en los libros retirados, sino en el precedente que se establece. Limitar el acceso a ciertas ideas, señalan, no protege a las sociedades: las vuelve menos críticas.
El escenario recuerda a Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los libros son prohibidos y quemados para evitar que la sociedad piense de manera crítica. Hoy, aunque sin fuego, la lógica es similar: restringir ideas incómodas y limitar el acceso a distintas perspectivas.
La Corte invalidó una parte del Código Penal de Sinaloa al considerar que podía castigar injustamente a periodistas por difundir contenidos de terceros.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parcialmente el artículo 189 del Código Penal de Sinaloa, al determinar que castigar a quienes difundan expresiones de odio resulta ambiguo y pone en riesgo la libertad de expresión. La resolución marca un precedente clave en el equilibrio entre sanción penal y derechos fundamentales.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto al señalar que la norma podía tener un efecto inhibidor, especialmente para periodistas y comunicadores. Explicó que difundir información sobre actos discriminatorios podría colocar a estos profesionales en riesgo de ser sancionados penalmente.
La porción invalidada sancionaba a quien “apoye a difundir” expresiones de odio, violencia o discriminación. Para la Corte, esta redacción era demasiado amplia e imprecisa, lo que abría la puerta a interpretaciones que podían vulnerar derechos como la libertad de prensa y el acceso a la información.
No obstante, el máximo tribunal mantuvo vigente el resto del artículo, al considerar que sí es válido castigar a quienes inciten o provoquen directamente conductas de odio. En este punto, Esquivel subrayó que estos verbos implican una acción activa para fomentar violencia o discriminación.
La ministra también destacó la importancia de proteger a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBTIQ+, que enfrenta discriminación estructural y violencia sistemática. En ese sentido, defendió que la ley debe sancionar conductas que promuevan agresiones, pero sin afectar el ejercicio periodístico.
La fiscal general acordó revisar protocolos y coordinación con fiscalías estatales ante el alarmante nivel de violencia e impunidad en México.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de alto nivel con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, para abordar el fortalecimiento de los protocolos de investigación en casos de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, desapariciones y feminicidios.
El encuentro se realizó en un contexto marcado por la persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos, problemática que la ONU-DH documentó recientemente en el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado en Guanajuato.
De acuerdo con dicho informe, 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados en México durante la última década. El oficial de la ONU-DH, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, detalló que entre enero de 2016 y diciembre de 2025 fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios y 181 defensores, además de 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones.
Este viernes, me reuní con @HumbertoHe57613, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos @ONUDHmexico, para refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos y establecer mecanismos para trabajar conjuntamente. Me acompañaron… pic.twitter.com/GdYFVah1gm
El diagnóstico revela fallas estructurales en los mecanismos de protección, ya que 72 víctimas contaban con medidas preventivas al momento de ser asesinadas o desaparecer. Asimismo, 80 víctimas fueron mujeres y al menos 105 defendían causas ambientales, sectores particularmente vulnerables.
Durante la reunión, se subrayó la importancia de una investigación penal eficaz como garantía del derecho a la verdad y la justicia, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, eje central del trabajo que impulsa Ernestina Godoy al frente de la institución.
La ONU-DH advirtió que no fortalecer las capacidades del Estado perpetúa la impunidad y mantiene el riesgo para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el país.
La Jefa de Gobierno de la CDMX rechazó categóricamente versiones sobre censura y aseguró que en la capital hay plena libertad de expresión, al tiempo que llamó a un diálogo abierto sobre ética periodística y nota roja.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desmintió de manera tajante las versiones difundidas por algunos medios de comunicación que aseguraban que su administración había solicitado un supuesto “pacto de silencio” en torno a la nota roja. La mandataria calificó dichas afirmaciones como mentiras y llamó a cuestionar la ética periodística de quienes, dijo, recurren a la desinformación.
“Ni pacto de silencio ni censura. Son mentiras las informaciones que señalan que pedí un pacto de silencio. Todos ustedes estuvieron presentes y son testigos de este hecho”, afirmó Brugada ante medios, subrayando que en la capital no existe persecución ni censura contra periodistas, a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas.
#ÚltimaHora | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), desmiente a los medios de comunicación que desinforon asegurando que la mandataria capitalina había solicitado un pacto de silencio por la nota roja. Brugada detalló que esta fue una mentira y se debe de… pic.twitter.com/5OSZyB1hHY
La mandataria capitalina sostuvo que, si bien es legítimo que algunos medios no coincidan con el proyecto de transformación de la ciudad, lo que no es válido es mentir o desinformar. Reiteró que los medios tienen una función histórica de crítica y control del poder, la cual su gobierno respeta, pero advirtió que es distinto ejercer el periodismo a convertirse en difusores de miedo y falsedades.
Brugada también puso sobre la mesa el debate sobre la percepción de inseguridad, al señalar que, pese a que los homicidios y delitos de alto impacto han disminuido más del 50% de forma objetiva y verificable, la percepción ciudadana no ha bajado en la misma proporción. Reconoció que uno de los factores es el papel de la nota roja en algunos medios.
Finalmente, convocó a abrir un espacio de diálogo con periodistas, académicos, especialistas y organizaciones sociales para reflexionar sobre la función social de los medios, la ética periodística, el impacto de la nota roja y la relación entre medios y gobierno en una ciudad democrática y de derechos.
El organismo internacional llamó a fortalecer la prevención, la investigación y la protección institucional para evitar la repetición de agresiones contra quienes ejercen labores de interés público.
En los últimos 10 años, en México 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados, desaparecidos o sobrevivieron a atentados, de acuerdo con datos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La información fue dada a conocer por el oficial Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, durante la presentación del informe Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras y Periodistas.
El documento detalla que, entre enero de 2016 y diciembre de 2025, se registraron 89 asesinatos de periodistas, ocho de trabajadores de medios y 181 homicidios de defensores de derechos humanos. Además, se documentaron 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones relacionadas con estas labores.
Del total de víctimas, 80 eran mujeres y al menos 105 estaban vinculadas a la defensa del medio ambiente. La ONU-DH subrayó que siete de cada diez víctimas ya habían sufrido incidentes de inseguridad, y el 30% había denunciado agresiones previamente ante autoridades.
El organismo internacional reconoció avances en protocolos de investigación, análisis de contexto y emisión de medidas de protección, aunque advirtió que persisten retos estructurales.
Autoridades federales han destacado reformas legales y medidas de protección vigentes, así como el compromiso institucional para fortalecer los mecanismos de prevención y atención, en línea con los esfuerzos nacionales para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Alejandro Armenta se compromete a combatir la corrupción y otorgar resultados a los ciudadanos de Puebla.
El gobierno de Puebla, al mando de Alejandro Armenta, a través de un comunicado se ha comprometido a combatir la corrupción y otorgar resultados a los ciudadanos ante los problemas que han persistido durante décadas bajo los gobiernos neoliberales.
Estamos enfocados en generar bienestar a la población, no estamos confrontados con nadie, aseguró el gobernador, ya que ahora tiene como prioridad a las 400 mil familias que viven en pobreza alimentaria, además de arreglar las calles abandonadas y fortalecer el Programa de Obra Comunitaria.
Después de que Puebla estuviera bajo gobiernos neoliberales y se realizará “un saqueo institucionalizado”, el objetivo primario es resolver los problemas que eran denunciados desde que era diputado, por lo que trabaja para garantizar salud, tecnología, educación, desarrollo industrial y seguridad.
Enfatizó también que su gobierno no confronta ni persigue a nadie, respetando el derecho a la libertad de expresión y prensa, pero aclaró que la información no verdadera tendrá una respuesta puntual: “Como gobierno nuestra obligación es precisar la información y que las audiencias accedan a los datos reales”, afirmó.
