Conservadores y actores políticos impulsan prohibiciones y censura contra libros sobre género, diversidad y crítica social, encendiendo alarmas sobre la libertad de lectura en EUA.
De acuerdo con la American Library Association (ALA), los intentos de prohibir o restringir libros alcanzaron niveles récord en 2025, con más de 4 mil títulos impugnados. Lejos de ser casos aislados, se trata de una estrategia cada vez más organizada y politizada que busca limitar el acceso a contenidos críticos y con cuestiones de género considerados “incómodos”.
Entre los títulos más cuestionados aparecen obras como “Gender Queer” de Maia Kobabe, “The Perks of Being a Wallflower” y “A Clockwork Orange”. Las objeciones suelen centrarse en temas como diversidad sexual, identidad de género, violencia o consumo de sustancias, lo que revela un patrón: los libros más atacados son aquellos que abordan realidades sociales complejas o cuestionan normas tradicionales.
Detrás de este fenómeno, informes de PEN America señalan la creciente influencia de grupos conservadores que han hecho de la censura parte de su agenda política, acomodándose en gran medida al discurso de Donald Trump. Organizaciones como Moms for Liberty promueven listas de libros a retirar y presionan a escuelas y bibliotecas bajo el argumento de proteger a los menores. Sin embargo, datos recientes indican que más del 90% de las impugnaciones ya no provienen de padres individuales, sino de campañas coordinadas con respaldo político e incluso legislativo.
La prohibición de libros afecta de forma desproporcionada a obras con personajes LGBTQ+ o protagonistas de comunidades racializadas, lo que, de acuerdo a expertos, limita la representación y el acceso a perspectivas diversas. En muchos casos, estas restricciones también generan un efecto inhibidor en docentes y bibliotecarios, quienes enfrentan presiones legales o administrativas al momento de seleccionar materiales educativos.
Históricamente, la censura ha sido una herramienta de control ideológico, pero en el contexto actual adquiere nuevas dimensiones al combinar activismo digital, legislación y movilización política. Estados como Texas, Florida o Utah han aprobado normas que restringen contenidos en las aulas, lo que consolida un entorno donde la regulación del conocimiento se vuelve parte del debate electoral.
Frente a este panorama, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el problema no radica solo en los libros retirados, sino en el precedente que se establece. Limitar el acceso a ciertas ideas, señalan, no protege a las sociedades: las vuelve menos críticas.
El escenario recuerda a Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los libros son prohibidos y quemados para evitar que la sociedad piense de manera crítica. Hoy, aunque sin fuego, la lógica es similar: restringir ideas incómodas y limitar el acceso a distintas perspectivas.
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