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  • Milei busca eliminar etiquetado en Argentina pese a evidencia de éxito en México

    Milei busca eliminar etiquetado en Argentina pese a evidencia de éxito en México

    Por: Frank Alvarado

    Javier Milei quiere derogar la ley que obliga a advertir exceso de azúcares, grasas y sodio en alimentos, aunque estudios en México demostraron que el sistema redujo su consumo y obligó a la industria a disminuir ingredientes nocivos. 

    El presidente de Argentina, Javier Milei, impulsa la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos en Argentina, una norma aprobada en 2021 que obliga a colocar octógonos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, bajo el argumento de que genera “sobrecostos”, “confusión” en consumidores y limitaciones para la industria alimentaria.

    El proyecto, firmado por Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, ya ingresó al Senado y plantea eliminar por completo la Ley 27.642, una legislación que en 2020 fue aprobada en el Senado con 64 votos a favor y solo 3 en contra. La norma también prohibió el uso de caricaturas, celebridades y estrategias publicitarias dirigidas a menores en productos con sellos de advertencia.

    En los fundamentos del proyecto, Milei sostiene que el sistema de octógonos aplica criterios “simplificados” a alimentos distintos y provoca “distorsiones” económicas. Sin embargo, no presenta estudios técnicos ni cifras concretas que demuestren daños al consumo o a la industria. La oposición y organizaciones de salud pública acusan que la medida responde a presiones empresariales y a su enfermiza visión ideológica de desregulación del mercado.

    La experiencia de México contradice varios de los argumentos del gobierno argentino. Desde la entrada en vigor del etiquetado frontal en 2020 mediante la NOM-051, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) documentaron cambios reales en la industria alimentaria y en los hábitos de consumo. Un análisis sobre mil productos que representan más del 60% del mercado encontró una reducción de 63.1% en advertencias por exceso de sodio en panes y cereales, una disminución de 26.3% en grasas saturadas en snacks y cambios en 29% de los lácteos sólidos para reducir edulcorantes.

    Los investigadores también concluyeron que el etiquetado obligó a las empresas a reformular productos ultraprocesados para disminuir sellos de advertencia. De acuerdo con el doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, las bebidas ultraprocesadas redujeron hasta ocho gramos de azúcar por litro tras la implementación de la medida. Además, encuestas revelaron que 78% de los adultos toman en cuenta los sellos al comprar alimentos y que 80% de padres de familia modificaron hábitos de compra hacia productos considerados más saludables.

    Mientras países latinoamericanos fortalecen políticas contra la obesidad y enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar, sodio y grasas, el gobierno de Milei apuesta por desmontar una de las regulaciones alimentarias más visibles de Argentina. La discusión ya no gira solo en torno a etiquetas, sino al papel del Estado frente a la salud pública y el poder de la industria alimentaria.

    Ahora, el presidente argentino y “La Libertad Avanza” necesita al menos 37 votos para avanzar con la derogación y dependerá del respaldo de bloques aliados y gobernadores.

  • Escándalo en el Gobierno: Crecen las acusaciones contra Manuel Adorni

    Escándalo en el Gobierno: Crecen las acusaciones contra Manuel Adorni

    Un nuevo testimonio judicial aumenta las sospechas de corrupción sobre el jefe de Gabinete argentino. La situación plantea un desafío serio para el Gobierno de Javier Milei.

    El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo del huracán tras la declaración de un contratista que lo acusa de recibir 245.000 dólares en efectivo. La denuncia se suma a una investigación más amplia que ya examina sus propiedades, viajes y deudas.

    El contratista, Matías Tabar, trabajó en una casa de fin de semana de Adorni y afirmó que recibió el dinero sin factura a cambio de refacciones. La casa fue comprada en 2024 por la esposa del funcionario. Este nuevo testimonio ha intensificado las preocupaciones sobre el origen de estos fondos.

    Ante la prensa, Adorni defendió su posición, afirmando que ya había dado explicaciones a la sociedad y la Cámara de Diputados. Se comprometió a ampliar detalles si la Justicia lo requiere, pero evitó aclarar de dónde provenía el dinero.

    La causa legal investiga pagos en efectivo que superan los 356.000 dólares y deudas de al menos 335.000 dólares. El fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si estos montos son compatibles con el salario anterior de Adorni, que era de aproximadamente 2.500 dólares al mes.

    Entre las transacciones más complicadas se encuentra la compra de su casa en un barrio privado, que incluyó un préstamo de 100.000 dólares y otros 20.000 dólares de su propio bolsillo. Además, la investigación explora la adquisición de un departamento en Buenos Aires y una serie de viajes personales a lugares como Nueva York y Punta del Este.

    A pesar de la creciente presión, el Gobierno de Milei decidió mantener a Adorni en su puesto. Esta decisión genera críticas desde la oposición, que pide una nueva interpelación en el Congreso. Según encuestas recientes, el escándalo también afecta la imagen del oficialismo.

    El analista político Santiago Giorgetta asegura que este caso se ha convertido en un “foco de crisis” para el Gobierno. La ciudadanía reacciona con desconfianza cuando ve a un funcionario beneficiándose en medio de recortes en otras áreas críticas, como jubilaciones y educación.

    Diego Reynoso, otro politólogo, sostiene que mantener a Adorni en su cargo se está transformando en un “costo constante” para el Ejecutivo. Cada intervención pública del jefe de Gabinete genera cuestionamientos sobre su integridad, lo que complica aún más la agenda del Gobierno.

    La situación es delicada. Adorni, un aliado cercano de Milei, parece estar arrastrando a la administración hacia un desgaste continuo. La presión aumentará, y removerlo podría ser la única salida para evitar escalar este escándalo. La imagen del Gobierno depende de cómo maneje esta crisis y de la percepción pública que genere en los próximos meses.