En los últimos días ha dado mucho de qué hablar la polémica en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios relacionados con presuntos contactos con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades estadounidenses. La propia mandataria reconoció la autenticidad de las conversaciones, aunque sostiene que fue víctima de un engaño organizado por terceros y que nunca tuvo intención de comprometer información sensible ni de actuar fuera de los cauces institucionales.
El tema ha provocado un intenso debate político. Por un lado, existe quien considera que cualquier acercamiento con agencias estadounidenses constituye un acto cuestionable. Por el otro, también existe una realidad que pocas veces se explica con claridad: la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no es nueva ni extraordinaria. Desde hace décadas ambos países mantienen mecanismos permanentes de intercambio de inteligencia para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el terrorismo. Esa coordinación forma parte de la relación bilateral y está respaldada por acuerdos entre ambos gobiernos.
Conviene hacer un paréntesis importante. Desde 2025 la gobernadora y su entonces esposo, Carlos Torres, hicieron pública la cancelación de sus visas estadounidenses. Estados Unidos nunca informó oficialmente las razones de esa decisión, mientras que ambos han sostenido públicamente que no existe una acusación formal en su contra y han negado cualquier conducta ilícita.
Al mismo tiempo, en el espacio público han circulado diversas versiones sobre presuntas investigaciones financieras, propiedades en Estados Unidos y posibles indagatorias relacionadas con el entorno del exesposo de la gobernadora. Sin embargo, hasta este momento muchas de esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por autoridades estadounidenses ni mexicanas, por lo que deben entenderse como versiones y no como hechos acreditados.
Y aquí es donde, desde mi punto de vista, vale la pena hacer una reflexión.
Si una autoridad de otro país solicita una entrevista, una declaración o un intercambio de información dentro del marco legal, ¿realmente eso convierte automáticamente a una persona en culpable?
La respuesta debería ser no.
En Estados Unidos, particularmente agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la DEA o el Departamento de Justicia, realizan miles de entrevistas durante investigaciones que jamás terminan en una acusación penal. Formar parte de una investigación no equivale a ser declarado responsable. La investigación existe precisamente para determinar si existen o no elementos suficientes.
Por ello me parece equivocado que algunos pretendan convertir una reunión, una llamada telefónica o una entrevista en una sentencia anticipada. El debido proceso existe precisamente para evitar que una persona sea condenada únicamente por la opinión pública.
Si alguien tiene la certeza de su inocencia, comparecer acompañado de su abogado no debería representar un problema. Al contrario, es la oportunidad para aclarar cualquier duda y cerrar cualquier investigación con transparencia.
Naturalmente, si en algún momento existieran pruebas contundentes sobre la comisión de un delito, entonces corresponderá a las autoridades actuar conforme al derecho. Pero mientras eso no ocurra, tampoco resulta correcto construir culpabilidades únicamente sobre rumores, filtraciones o especulaciones.
Un tema distinto, aunque relacionado, es la cooperación judicial entre ambos países.
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mencionar el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya situación jurídica continúa siendo objeto de controversia entre México y Estados Unidos. Independientemente de ese caso en particular, también vale la pena preguntarse si la cooperación bilateral debería extenderse para revisar la situación de otros personajes vinculados históricamente con organizaciones criminales que hoy permanecen en territorio estadounidense bajo distintas figuras legales, incluyendo algunos testigos colaboradores.
Los acuerdos de colaboración con fiscales federales estadounidenses han sido una herramienta importante para desmantelar organizaciones criminales. Sin embargo, también generan cuestionamientos cuando algunos de esos colaboradores recuperan su libertad o continúan manteniendo influencia sobre estructuras delictivas desde el extranjero, según han documentado distintos procesos judiciales y reportajes de investigación.
La cooperación internacional no puede convertirse en un mecanismo selectivo. Si el objetivo común es combatir al crimen organizado, entonces la colaboración debe alcanzar tanto a funcionarios públicos eventualmente investigados como a integrantes de organizaciones criminales que continúan representando un riesgo para ambos países.
La justicia no debe distinguir entre colores partidistas, cargos públicos o antecedentes criminales. Debe distinguir únicamente entre pruebas y ausencia de pruebas.
Al final, ni toda investigación significa culpabilidad, ni toda cercanía con autoridades extranjeras constituye una traición. Lo verdaderamente importante es que las investigaciones se conduzcan con profesionalismo, respeto al debido proceso y absoluta transparencia.
Porque cuando la justicia se convierte en espectáculo político, pierde la sociedad. Pero cuando la justicia trabaja con evidencia, sin importar el nombre, el cargo o el partido, entonces gana el Estado de derecho.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
