Empresarios queretanos señalan presuntas extorsiones para acceder a contratos, mientras el morenista cuestiona el manejo de la proveeduría estatal.
El coordinador de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, aseguró que empresarios del estado le han reportado presuntas prácticas de extorsión y cobro de “moches” de hasta 30% para acceder a obras públicas durante la administración del gobernador Mauricio Kuri.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, Nieto sostuvo que el reclamo no proviene únicamente de sectores populares, sino también de integrantes de la iniciativa privada, quienes, según relató, cuestionan que el Gobierno de Querétaro no privilegie a empresas locales para la proveeduría.
“Se llegan a quejar con nosotros de que les están pidiendo el30% de moche para darles obra pública”, afirmó el también extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien calificó estos señalamientos como un problema de extorsión contra empresarios.
Nieto también acusó de que algunas contrataciones favorecerían a empresas externas presuntamente vinculadas con grupos políticos de administraciones anteriores. El morenista sostuvo que esta situación ha generado molestia entre empresarios queretanos, quienes, dijo, cuestionan qué está ocurriendo con los recursos y contratos públicos del estado.
El señalamiento se suma a las críticas de Nieto sobre lo que considera una estructura de élites políticas y económicas que mantiene influencia en Querétaro. En ese contexto, también acusó la existencia de un supuesto “cártel inmobiliario” y un “cártel del agua”, como parte de su diagnóstico sobre el estado rumbo a la elección de 2027.
Las acusaciones fueron realizadas por Nieto durante la entrevista y no constituyen por sí mismas una resolución o prueba judicial sobre los presuntos cobros. El morenista planteó que uno de los retos de su proyecto será modificar estas prácticas y ampliar la participación de empresas queretanas en la economía estatal.
El morenista afirmó que la agencia estadounidense tiene presencia en el estado y señaló que el gobernador Mauricio Kuri se ha mostrado públicamente cercano a sus integrantes.
El coordinador de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, afirmó que el FBI tiene presencia en el estado, situación que cuestionó al considerar que la participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano debe generar discusión sobre los alcances de la cooperación en materia de seguridad.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, Nieto fue cuestionado sobre la operación de agencias estadounidenses en Querétaro. El ex titular de la UIF respondió que el FBI se encuentra en la entidad y aseguró que el gobernador Mauricio Kuri incluso se ha tomado fotografías con integrantes de dicha agencia.
“El FBI está en Querétaro”, sostuvo Nieto, quien aclaró que, hasta donde tiene conocimiento, esa sería la agencia estadounidense cuya presencia identifica en el estado. También comparó la situación con otros estados, donde señaló que existen señalamientos sobre la presencia de distintas agencias de seguridad de Estados Unidos.
El tema surgió mientras Nieto hablaba sobre la estrategia de seguridad para Querétaro y una reciente conversación que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Según relató, entre los asuntos abordados estuvieron el huachicol físico en San Juan del Río, el robo a casa habitación y negocios, el crecimiento de la extorsión y la utilización de viviendas en colonias populares para la distribución de drogas.
Nieto sostuvo que existe coordinación entre autoridades federales y estatales para atender estos problemas, aunque expresó preocupación por la participación de organismos estadounidenses. También afirmó que en Querétaro se ha registrado una reducción de 38% en homicidio doloso, cifra que contrastó con la disminución nacional de 51% que, dijo, ha reportado el Gobierno de México.
La afirmación sobre la presencia del FBI fue realizada por Nieto durante la entrevista y no fue acompañada en ese momento por documentación presentada públicamente. El señalamiento forma parte de sus cuestionamientos a la política de seguridad y a la relación del gobierno estatal con agencias estadounidenses.
American Society of Mexico repite la fórmula de reunir políticos y empresarios bajo el discurso de la cooperación binacional.
La quinta Convención Binacional confirmó un panel con cuatro gobernadores mexicanos de distintos partidos. Todos hablarán sobre las ventajas de México en la exportación.
Libia Dennise García, Mauricio Kuri, Pablo Lemus y Alfredo Ramírez Bedolla compartirán el mismo escenario. Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán envían a sus mandatarios a la misma mesa. La pluralidad partidista sirve más a la fotografía que a un plan conjunto real.
Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, moderará esa conversación. Rubin representa abiertamente al Partido Republicano en México y buscó una candidatura al Congreso de Estados Unidos por Texas. Su doble papel genera dudas legítimas sobre la imparcialidad delforo.
Un dirigente partidista estadounidense modera a gobernadores mexicanos en un evento que se presenta como plural y neutral. Esa combinación debilita el discurso de diálogo abierto que la organización repite en cada edición.
TV Azteca figura como uno de los principales promotores del evento. La televisora pertenece a Grupo Salinas, un conglomerado con vínculos financieros previos con American Society. Esa cercanía entre medio y organizador limita la cobertura crítica que el público necesita.
La agenda promete abordar economía, inteligencia artificial, integración regional, energía, industria, T-MEC y seguridad. Michoacán enfrenta violencia constante y Ramírez Bedolla llega al panel sin compromisos verificables en esa materia. Los demás gobernadores tampoco detallan acciones concretas más allá del discurso exportador.
El evento repite así la misma fórmula de años anteriores. Mucha convocatoria, presencia mediática y pocos resultados medibles para la ciudadanía. Los habitantes de los cuatro estados representados necesitan políticas públicas, no solo paneles fotogénicos con líderes empresariales.
El gobernador de Querétaro propone polígrafo, pruebas toxicológicas y revisar el patrimonio de candidatos, aunque su propio partido arrastra cuestionamientos sobre figuras de alto perfil.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, propuso que los ocho partidos con registro estatal adopten un protocolo para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a las boletas. La iniciativa contempla pruebas toxicológicas, polígrafo, antecedentes penales y revisión de patrimonio, cuentas en el extranjero, inversiones y criptomonedas.
Kuri planteó además la llamada “Declaración 6 de 6”, así como evaluaciones realizadas por organismos independientes y que sus resultados sean públicos. “Quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer”, afirmó el mandatario, quien pidió a las fuerzas políticas asumir este estándar de cara al próximo proceso electoral.
El problema es que el discurso de Kuri choca con la realidad de Acción Nacional, partido al que pertenece y que enfrenta serios cuestionamientos por algunos de sus principales cuadros. ¿Por qué exigir filtros para los futuros candidatos mientras el PAN ha mantenido en sus filas a personajes cuya trayectoria ha estado marcada por acusaciones, investigaciones y problemas con la justicia?
Entre los casos más polémicos aparecen Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, además de otros políticos panistas que han enfrentado señalamientos judiciales o investigaciones. En particular, Anaya pasó años fuera de México mientras era investigado por la Fiscalía General de la República, mientras que Cabeza de Vaca ha enfrentado procesos y acusaciones que lo llevaron a buscar protección legal.
Por ello, el planteamiento de Kuri abre una pregunta incómoda para el PAN: ¿los filtros antinarco serán realmente para todos o únicamente para sus adversarios? Si el gobernador quiere transparencia, control de confianza y revisión patrimonial, debería comenzar por exigir esos mismos estándares dentro de su propio partido. De lo contrario, el protocolo corre el riesgo de convertirse en un discurso electoral más que en un verdadero mecanismo de blindaje contra la delincuencia organizada.
Libia Dennise García asumió la presidencia de la GOAN en una reunión donde cabían todos los gobernadores panistas alrededor de una mesa. Acción Nacional presume músculo, pero apenas gobierna cuatro estados del país.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue nombrada nueva presidenta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), un organismo que hoy representa a solo cuatro mandatarios estatales. La reunión, celebrada en San Miguel de Allende, contó con la presencia de Tere Jiménez (Aguascalientes), Mauricio Kuri (Querétaro) y Maru Campos (Chihuahua), es decir, todos los gobernadores que aún le quedan al PAN.
Lejos quedaron los tiempos en que Acción Nacional gobernaba buena parte del país. Hoy, la GOAN reúne a un grupo tan reducido que una combi de transporte público tendría lugares de sobra para trasladarlos a todos. Aun así, los mandatarios panistas hablaron de fortalecer el federalismo y construir una agenda nacional, pese a representar apenas una pequeña fracción de las 32 entidades del país.
Durante su mensaje, Libia Dennise García aseguró que la GOAN será un espacio para impulsar políticas públicas, fortalecer a los estados y trabajar por las familias mexicanas. También sostuvo que “un México fuerte se construye con estados fuertes”, mientras asumía el relevo de una organización cuyo peso político ha disminuido conforme el PAN ha perdido gubernaturas en los últimos procesos electorales.
La nueva presidenta también reconoció el trabajo de Maru Campos, quien dejó la dirigencia de la asociación asegurando que durante su gestión se fortaleció la voz de los estados y se impulsaron acuerdos en beneficio de la ciudadanía. La mandataria de Chihuahua afirmó que los gobiernos panistas demostraron resultados en empleo, inversión e innovación, antes de entregar la estafeta a su homóloga de Guanajuato.
Aunque el PAN intenta mantener viva la GOAN como un bloque político, la realidad es que el organismo atraviesa su etapa más reducida. Cuatro gobernadores buscan proyectar una imagen de fortaleza nacional, mientras el partido enfrenta uno de los momentos de menor presencia territorial de su historia reciente. En política, los números también hablan… y en este caso caben de sobra en una sola fotografía.
El caso desata señalamientos por presunto uso de recursos y desigualdad mientras ciudadanos enfrentan afectaciones por lluvias y obras deficientes en el estado
El hijo del gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, fue captado en los asientos más exclusivos del Estadio Azteca durante el partido de México en el Mundial 2026, en una zona donde los boletos alcanzaban precios de hasta 70 mil pesos, lo que ha desatado críticas en redes sociales por el contraste con la situación que viven miles de queretanos.
Las imágenes circularon mientras en el estado se reportaban afectaciones por lluvias y problemas en infraestructura pública, lo que ha intensificado los señalamientos sobre la élite política y sus privilegios, en un contexto donde ciudadanos denuncian falta de atención a servicios básicos.
En redes sociales, usuarios cuestionaron el origen de los recursos con los que se habría financiado la asistencia al encuentro, y criticaron el contraste entre la vida de lujo de familiares de funcionarios y las condiciones de abandono en distintas regiones del estado.
El episodio ha reavivado la discusión sobre la desigualdad y el uso del poder político, especialmente en eventos de alto costo como el Mundial, donde la presencia de figuras vinculadas a gobiernos locales genera polémica por el acceso a espacios de alto valor económico.
Hasta el momento, el gobernador Mauricio Kuri no ha emitido postura oficial sobre la difusión de estas imágenes, mientras el tema continúa creciendo en plataformas digitales y alimentando el debate sobre los privilegios dentro de la clase política.
El veto del gobernador Mauricio Kuri a la Ley de Identidad de Género en Querétaro y el silencio del PAN durante el Mes del Orgullo refuerzan las críticas por la postura conservadora del partido frente a los derechos de la diversidad sexual.
La decisión del gobierno de Querétaro de frenar la Ley de Identidad de Género colocó al PAN en el centro de los señalamientos por su postura frente a los derechos de la comunidad LGBT+. Aunque la reforma había sido aprobada por el Congreso Local a finales de abril, el gobernador Mauricio Kuri optó por vetarla, dejando en pausa un cambio que buscaba facilitar el reconocimiento legal de las personas trans.
La iniciativa planteaba que las personas trans mayores de edad pudieran hacer un cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin recurrir a procesos judiciales largos ni a requisitos médicos que organizaciones civiles consideran innecesarios y discriminatorios.
Como argumento para rechazar la reforma, Kuri sostuvo que la redacción podía dar paso a modificaciones relacionadas con menores de edad y que ello podría afectar la integridad de las familias. Sin embargo, colectivos de la diversidad sexual señalaron que esa interpretación desvió el objetivo original de la iniciativa, que estaba dirigida única y exclusivamente a personas adultas.
La controversia se suma al silencio que mantuvo el PAN durante el Mes del Orgullo, lapso en el que la dirigencia nacional evitó pronunciarse sobre las demandas de la Comunidad LGBT+. La ausencia de mensajes de respaldo fue interpretada por diversos sectores como una muestra más de la distancia que el partido mantiene respecto a las causas de la diversidad sexual.
Con ello, los blanquiazules vuelven a reforzar la imagen de un partido identificado con ideologías y posiciones conservadoras en temas de derechos civiles. Mientras otras fuerzas políticas impulsan reformas para ampliar el reconocimiento de las diversidades. El PAN continúa siendo señalado por privilegiar una política tradicional, que mantiene rezagados los avances en materia de inclusión e igualdad.
En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La mujer del vestido es Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
El gobernador admitió que el proyecto beneficiaría a adultos mayores y habitantes de zonas altas, pero aseguró que deberá esperar al próximo sexenio mientras continúan gastos millonarios en seguridad, giras y eventos.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que el proyecto de teleférico que conectaría San José El Alto con Plaza del Parque es “financieramente imposible” para su administración, pese a reconocer públicamente que sería una obra de gran ayuda para adultos mayores y habitantes de las zonas más altas de la capital. La declaración desató críticas entre ciudadanos que cuestionan las prioridades del gasto estatal.
Mientras el mandatario argumenta que no existe presupuesto suficiente para mejorar la movilidad urbana, su gobierno destinó 3 mil 919 millones de pesos a un contrato con la empresa Seguritech para la implementación de un sistema de videovigilancia y seguridad. El convenio fue señalado por realizarse bajo opacidad y sin licitación pública clara, además de que los resultados han sido cuestionados por el incremento de la violencia y la percepción de inseguridad en el estado.
Durante la operación de este modelo de seguridad, la incidencia delictiva reportó aumentos y diversas colonias denunciaron fallas constantes en cámaras y lentitud en la respuesta policial. Casos como el ataque en el bar Los Cantaritos, donde fueron asesinadas diez personas, aumentaron los señalamientos contra la estrategia de seguridad impulsada por la administración panista.
Las críticas también crecieron luego de revelarse gastos cercanos a 5 millones de pesos para traer al exfutbolista español Iker Casillas a una conferencia en Querétaro. El evento incluyó vuelos, hospedaje y logística; sin embargo, el propio Instituto del Deporte reconoció posteriormente que no cuenta con registros oficiales sobre asistentes ni informes que permitan medir el impacto real de la actividad financiada con recursos públicos.
A esto se suman los más de 5 millones de pesos ejercidos en viajes internacionales de Mauricio Kuri y miembros de su gabinete a destinos como Londres, Dubái, España, Austria, Arabia Saudita, Washington y Houston. Tan solo una gira a Londres superó el millón 200 mil pesos en vuelos, mientras otro recorrido por Europa y Medio Oriente habría costado más de 2 millones 235 mil pesos, sin contar viáticos y hospedajes.
Las declaraciones del gobernador generaron molestia entre habitantes de Querétaro, quienes señalan que sí existen recursos para contratos cuestionados, conferencias de lujo y giras internacionales, pero no para proyectos de movilidad que impactarían directamente en la calidad de vida de miles de personas.
El teleférico, que el propio Kuri reconoció como necesario, quedó nuevamente relegado bajo el argumento de la falta de presupuesto.
