Meta, matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar 16 mil 680 millones de dólares para zanjar un proceso impulsado por una coalición de 29 estados de Estados Unidos, que acusaba a la compañía de diseñar sus plataformas para atraer y generar dependencia entre menores. El acuerdo también contempla nuevas restricciones para proteger a niños y adolescentes.
El acuerdo deberá ser validado por un juez federal y permitirá a Meta evitar un juicio en California en el que enfrentaba acusaciones por presuntamente favorecer la adicción de menores a sus plataformas. La empresa niega las acusaciones y no reconoce responsabilidad, pero aceptó implementar cambios importantes en sus servicios.
Entre las nuevas medidas se contempla la verificación de edad y la eliminación de cuentas de menores de 13 años, además de restricciones para el uso nocturno. Las notificaciones y el acceso general a las aplicaciones serán bloqueados por defecto durante la noche, mientras que también se establecerá un límite diario de uso de dos horas.
El caso representa un fuerte golpe económico para la empresa, aunque el acuerdo es considerablemente menor a los 200 mil millones de dólares en posibles sanciones que enfrentaba si perdía el proceso. Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Meta subieron más de 3 por ciento en Wall Street.
Las acusaciones contra la compañía forman parte de una creciente ofensiva judicial en Estados Unidos por los posibles efectos de las redes sociales en los menores. Meta ya ha enfrentado condenas en otros casos y mantiene abiertos diversos procesos iniciados por jóvenes usuarios que sostienen que las plataformas contribuyeron a generar dependencia y agravaron problemas de salud mental.
Comenzó en Estados Unidos el juicio contra Meta, acusada por una coalición de 29 estados de haber diseñado Instagram y Facebook para fomentar la adicción entre adolescentes, ocultar los riesgos de sus plataformas y recopilar datos de menores sin autorización. La empresa rechaza las acusaciones.
Una fiscal de California acusó a Meta de aprovecharse deliberadamente de la vulnerabilidad de niños y adolescentesmediante funciones de Instagram y Facebook diseñadas para mantenerlos conectados durante el mayor tiempo posible. Durante el inicio del juicio en un tribunal federal de Oakland, Megan O’Neill sostuvo que el modelo de negocio de la compañía consiste en enganchar usuarios, retenerlos, recopilar sus datos y minimizar públicamente los riesgos asociados con sus plataformas.
La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles daños que sus redes podían provocar entre los menores, pero no habría actuado de manera suficiente para evitarlos. El exdirector de ingeniería de la compañía, Arturo Bejar, declaró que durante los primeros años de Facebook la prioridad era que el contenido llegara rápidamente a los usuarios, incluso cuando eso significaba que la seguridad quedara en segundo plano. La fiscalía también cuestiona herramientas como los filtros de apariencia y los mecanismos para limitar el tiempo de uso, que considera insuficientes o fáciles de evadir.
Meta, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que ha trabajado con padres, especialistas y autoridades para mejorar la seguridad de los usuarios jóvenes. La defensa argumentó que la empresa reconoce que algunas personas pueden desarrollar dificultades con el uso de sus plataformas y que, precisamente por ello, ha creado herramientas para reducir esos riesgos. Se espera que el director ejecutivo Mark Zuckerberg y el jefe de Instagram, Adam Mosseri, figuren entre los principales testigos del proceso.
El juicio podría convertirse en un precedente para una avalancha de demandas contra las grandes plataformas digitales, pues TikTok, Snapchat y YouTube también enfrentan acusaciones relacionadas con el impacto de sus servicios en la salud mental de los adolescentes. Los estados demandantes buscan sanciones económicas de hasta 200 mil millones de dólares, además de cambios en el funcionamiento de las aplicaciones, incluidos límites al tiempo de uso. El proceso podría extenderse durante seis semanas y el veredicto está previsto para octubre.
Periodistas y activistas pro-Palestina enfrentan suspensiones, bloqueos y menor alcance en Instagram y Facebook. Un informe documenta miles de casos y habla de borrado digital sistemático.
Faten Elwan siente que ya no existe en la red. Esta periodista de Jerusalén tiene más de 300 mil seguidores en Instagram. Antes sus publicaciones sobre Palestina alcanzaban a mucha gente. Ahora solo reciben unos cientos de vistas.
Ella cree que Meta la ha dejado en la sombra. La empresa aplica un método que reduce la visibilidad sin avisar. La gente le dice que solo la encuentra si busca su nombre exacto. Si no lo hace, ella desaparece.
Su cuenta sufrió la primera suspensión a finales de 2023. Desde entonces Meta la ha bajado ocho veces. En abril de 2026 la reactivaron de golpe. Su primera historia sobre un paseo junto al mar llegó a 30 mil vistas. Una hora después las siguientes apenas superaban unos cientos.
Elwan se reunió con representantes de Meta en mayo de 2025. Les contó su caso y mostró ejemplos. Según ella, no hubo reacción. Solo escucharon y no se comprometieron a nada. Ella compara a Meta con un director de escuela que castiga y calla al alumno molesto, pero a escala mundial.
Un informe reciente pone cifras a este problema. La organización palestina 7amleh y la Universidad de Utrecht analizaron 3 mil 520 casos verificados de violaciones de derechos digitales. El estudio se titula “Platformicide of Palestine 2021-2025”. Los autores crearon la palabra “platformicidio” para describir el borrado estructural de la presencia digital palestina.
Fabio Cristiano, investigador principal, asegura que no se trata de errores aislados. Es una práctica intencional. Combina reglas demasiado amplias, sanciones desproporcionadas, cambios de política repentinos y algoritmos que bajan el alcance. También incluye demoras en restaurar cuentas y poca comunicación con los usuarios.
Solo el 32,5 % de los casos tenía una violación clara de normas. En la mayoría Meta no dio explicación. Cuando sí lo hizo, usó casi siempre la política de Organizaciones e Individuos Peligrosos. Esa regla se aplicó en más de la mitad de los casos identificados y en más del 70 % entre periodistas.
Las consecuencias llegan directo a quienes informan desde Gaza. Las cuentas son su principal canal para mostrar lo que ocurre. Las suspensiones, los bloqueos de transmisiones en vivo y las eliminaciones de contenido dificultan que el mundo vea la realidad.
Maisoon Zoubi, especialista en medios, habla de un efecto de miedo. Muchos periodistas se autocensuran. Evitan publicar ciertas imágenes o reportes porque temen denuncias o sanciones. Yousef Abu Watfa, editor de Quds News Network, cuenta que Meta restringe su trabajo desde 2015. Durante la guerra la página de Facebook desapareció por completo. Solo sobrevivió la cuenta de Instagram en árabe.
Meta respondió que ha hecho cambios. Señaló informes de derechos humanos anteriores y ajustes en su política para permitir más debate político. También dijo que envía contenido marcado a moderadores que entienden mejor el árabe.
Sin embargo, 7amleh envió casi 2.800 apelaciones en cinco años. Casi la mitad no recibió respuesta. Lama Nazeeh, de la organización, pregunta si el programa de socios de confianza protege a los usuarios palestinos o solo a la imagen de Meta.
Cristiano pide una moderación mejor, no menor. Una que no trate el contenido palestino como algo excepcional o peligroso. Nazeeh va más lejos. Dice que el derecho de un pueblo a documentar su existencia no puede depender de la decisión de una sola empresa.
Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares por considerar que sus plataformas perjudicaron a menores. La empresa, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que apelará el fallo.
Un juez de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares tras determinar que sus plataformas contribuyeron a perjudicar a menores y generaron una “molestia pública”. La resolución deriva de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general del estado, Raúl Torrez, quien acusó a la compañía de no proteger adecuadamente a los niños frente a los riesgos presentes en sus redes sociales.
El fallo se suma a una condena dictada en marzo, cuando Meta fue sentenciada a pagar 375 millones de dólares en indemnizaciones después de que un jurado concluyera que sus plataformas expusieron a menores a depredadores, entre otros riesgos. En esta nueva resolución, el juez también impuso medidas adicionales para proteger a los usuarios menores de edad.
Entre las disposiciones destaca que Facebook e Instagram deberán limitar a 90 horas mensuales el tiempo acumulado de uso para menores de 18 años en Nuevo México, durante un periodo de cinco años. Durante el juicio, la fiscal Linda Singer sostuvo que los algoritmos de Meta podían dirigir a adultos hacia contenido publicado por adolescentes, mientras la empresa habría ocultado información interna relacionada con los riesgos para los jóvenes.
Meta rechazó la resolución y anunció que apelará el fallo, al tiempo que aseguró trabajar para mantener seguras sus plataformas. Parte de los 567 millones de dólares deberá destinarse a tratamientos de salud mental, programas de concienciación y prevención, mientras que el pago deberá efectuarse durante un plazo de cinco años.
Un grupo de 26 extrabajadores acusa a la empresa de discriminar a personas con discapacidad, en incapacidad médica y embarazadas durante recortes de personal.
26 exempleados de Meta Platforms presentaron una demanda en un tribunal federal de California en la que acusa a la compañía de utilizar un sistema basado en inteligencia artificial para seleccionar a trabajadores que serían despedidos, afectando de manera desproporcionada a personas con discapacidad, con licencias médicas o embarazadas.
De acuerdo con la demanda, presentada en Oakland, la empresa habría empleado criterios como la productividad y el uso de herramientas de inteligencia artificial para definir los recortes de personal anunciados este año, los cuales contemplaron la eliminación de cerca del 10% de su plantilla global, equivalente a unos 8 mil trabajadores.
Los demandantes, quienes permanecen en el anonimato y provienen de seis estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia, sostienen que Meta violó leyes federales y estatales que prohíben la discriminación laboral y las represalias contra empleados en situación de incapacidad médica o embarazo.
Meta rechazó las acusaciones y aseguró que las decisiones sobre la reducción de personal fueron tomadas por directivos y no por sistemas de inteligencia artificial. Un portavoz de la empresa calificó la demanda como infundada y negó que la IA haya determinado quiénes serían despedidos.
Cuatro estados de Estados Unidos calculan una sanción histórica contra la empresa antes del juicio de agosto en California.
Meta reveló en un documento judicial una cifra que sorprende a todos: cuatro estados de Estados Unidos le reclaman 1.4 billones de dólares. Los fiscales generales acusan a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre adolescentes. Además, la señalan por ocultar información sobre los riesgos reales de sus plataformas.
La empresa presentó esta cifra como respuesta a los escritos de los fiscales sobre el cálculo de posibles sanciones. El monto se acerca al valor bursátil completo de Meta, que ronda 1.5 billones de dólares. El juicio comenzará en agosto en Oakland, California, y enfrentará a la compañía con California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.
Meta rechazó por completo el cálculo de los estados. La empresa aseguró que las pruebas no respaldan una cifra tan elevada. También calificó la sanción como algo sin precedentes en la historia de las leyes de protección al consumidor. La compañía prometió seguir defendiéndose ante cada acusación presentada.
Los documentos de los estados permanecen bajo secreto de sumario. Aun así, durante una audiencia en junio, los fiscales explicaron su método de cálculo. Multiplican el número de infracciones por las multas que marca la ley estatal. Cada infracción representa a un adolescente o usuario joven afectado por las prácticas de Meta.
Actualmente, 29 estados demandan a Meta ante un tribunal federal. La mayoría argumenta que la empresa violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA. Según los demandantes, Meta recopiló datos de menores sin el consentimiento adecuado de sus padres.
La jueza federal Yvonne González Rogers presidirá el juicio de agosto. Ahí se revisarán todas las reclamaciones bajo la ley COPPA. También se analizarán las acusaciones de cuatro estados sobre publicidad engañosa relacionada con la seguridad de las plataformas.
Meta insiste en su inocencia y asegura que los fiscales carecen de pruebas sólidas. La empresa argumenta algo curioso: la “adicción a redes sociales” no existe como trastorno psiquiátrico reconocido. Por eso, según Meta, sus afirmaciones sobre seguridad no pueden considerarse falsas.
La compañía impulsó un nuevo sistema que registrará la actividad de sus trabajadores en computadoras, en busca de perfeccionar sus modelos de Inteligencia Artificial y avanzar hacia una automatización laboral.
La empresa Meta Platforms implementó un nuevo software interno en Estados Unidos, el cual permitirá registrar la actividad digital de sus empleados, incluyendo movimientos del mouse, clics y uso del teclado para mejorar el desarrollo de la IA.
El sistema conocido como Model Capability Initiative, también podrá capturar imágenes de las pantallas mientras los trabajadores realizan sus tareas cotidianas. La herramienta se añadirá en aplicaciones y plataformas laborales bajo el objetivo de recopilar información sobre cómo interactúan las personas con las computadoras.
La campaña busca que los datos ayuden a sus modelos de IA a replicar con mayor precisión acciones humanas, como tareas que impliquen decisiones simples o usar atajos de teclado, los cuales aún presentan complicaciones.
Andrew Bosworth, director de tecnología, ha señalado que esta recopilación de datos forma parte de un desarrollo de herramientas que permitan a la Inteligencia Artificial ejecutar tareas laborales de manera autónoma-
Magnates tecnológicos concentran el control de medios y plataformas: financian fusiones, adquieren periódicos y dominan redes, mientras los medios pierden hasta 25% de su tráfico, reduciendo la diversidad informativa.
Un grupo reducido de magnates tecnológicos, como Elon Musk, Larry Ellison y Jeff Bezos, está concentrando el control de los medios de comunicación en Estados Unidos y el mundo mediante adquisiciones y dominio de plataformas digitales. La investigación de MediaJustice, titulada “Media Capture: Who Controls the Story Controls the Future”, revela que este fenómeno no solo transforma el ecosistema informativo, sino que también reduce la pluralidad de voces.
Entre los principales actores identificados se encuentran Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), que ha tomado decisiones como la suspensión de periodistas y la modificación de políticas de moderación de contenido. También figura Larry Ellison, fundador de Oracle, quién financió con cerca de 6 mil millones de dólares la fusión de Paramount con Skydance Media y busca adquirir Warner Bros. Discovery, lo que le daría control sobre CBS News y CNN.
El informe también menciona a Jeff Bezos, dueño de Amazon, quien compró The Washington Post por 250 millones de dólares y ha impulsado recortes, como el despido de más de 300 periodistas en 2026. Otros empresarios destacados son Marc Benioff, propietario de Time Magazine, y Patrick Soon-Shiong, dueño de Los Angeles Times.
El reporte detalla que estas adquisiciones son posibles debido a la combinación de enormes reservas de capital en el sector tecnológico y la crisis financiera de los medios tradicionales. Por ejemplo, Paramount acumulaba cerca de 14.6 mil millones de dólares en deuda antes de su fusión. Según MediaJustice, el costo de estos rescates financieros suele traducirse en control editorial y cambios en la línea informativa.
Además de la compra directa de medios, el informe destaca la creciente dependencia económica de las redacciones respecto a empresas como Google y Meta, que han financiado medios mediante programas como Google News Initiative y Meta Journalism Project. Estas compañías también controlan el flujo de ingresos publicitarios: en 2024, Meta generó alrededor de 160 mil millones de dólares en publicidad, mientras que Alphabet superó los 260 mil millones.
Este control de plataformas digitales amplifica esta concentración de poder, ya que Meta, propiedad de Mark Zuckerberg y que tienea su mando Facebook, Instagram y WhatsApp, concentra miles de millones de usuarios, mientras que Oracle, de Larry Ellison, también participa en el control del algoritmo de Tik Tok en Estados Unidos.
El documento también advierte sobre el papel de la inteligencia artificial en este proceso. Grandes medios han firmado acuerdos millonarios con empresas tecnológicas como News Corp y Open AI por 250 millones de dólares. Sin embargo, estas alianzas han contribuido a una caída de hasta 25% en el tráfico hacia sitios de noticias debido a los resúmenes automatizados en buscadores, afectando especialmente a medios locales y comunitarios.
Para MediaJustice, esta propiedad de medios, financiamiento y control tecnológico configura un sistema en el que unos pocos empresarios no solo influyen en qué noticias se producen, sino también en cuáles llegan al público. En la práctica, esto se traduce en menos cobertura de problemáticas que afectan a comunidades marginadas, como el racismo estructural, la violencia policial o la desigualdad ambiental, así como en la desaparición de medios locales que históricamente han dado voz a estos sectores.
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió sobre ofensivas contra firmas de tecnología e inteligencia artificial estadounidenses, mientras reportó ataques con drones en Israel elevando la tensión en la región.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció que a partir de este miércoles 1 de abril, comenzará a arremeter contra compañías tecnológicas estadounidenses con presencia en Oriente Medio, al considerar que forman parte de la infraestructura clave en operaciones militares y de inteligencia artificial.
En un comunicado divulgado por la agencia Tasnim, el ejército militar iraní argumentó que empresas tecnológicas de la información, inteligencia artificial y telecomunicaciones, participaron en el seguimiento de objetivos, por lo que pasarán a ser consideradas como blancos.
Entre las empresas señaladas se encuentran Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Planter, Nvidia, J.P. Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42 y Boeing, las cuales incluían advertencias explícitas de posibles represalias.
El IRGC precisó que la soperaciones iniciarían a las 20:00 horas locales de Teherán, asimismo exhortó tanto a empleados como a residentes para evacuar de inmediato y resguardar sus vidas. Las advertencias señalaron operaciones dirigidas no solo a infraestructura, sino también a impactar en zonas de civiles aledañas.
Horas antes del anuncio, el ejército iraní informó sobre el lanzamiento de drones contra centros estratégicos vinculados a empresas como Siemens, Telecom y AT&T en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en Israel.
La advertencia de Irán incrementa la tensión agregando represalias, al advertir que por cada asesinato que se atribuya habrá acciones contra las empresas mencionadas, lo que expone la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y empresarial en escenarios de confrontación.
Un jurado de California responsabiliza a Meta y YouTube por la adicción de una joven a sus plataformas. Este veredicto podría cambiar la responsabilidad legal en el sector tecnológico.
Un jurado en Los Ángeles ha tomado una decisión histórica este 25 de marzo de 2026. Después de semanas de juicio, declaró que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, y YouTube, son responsables de la adicción a las redes sociales de una joven de 20 años. La corte ordenó a ambas empresas a pagar tres millones de dólares como compensación.
La demandante, conocida como K.G.M., afirmó que se volvió adicta a Instagram y YouTube durante su infancia. Según sus abogados, este veredicto es un triunfo significativo para ella y para muchas familias que enfrentan problemas similares. Ellos señalaron que “el momento de rendir cuentas ha llegado”.
Meta expresó su desacuerdo con el veredicto. Un representante de la empresa comentó que están considerando sus opciones legales. La empresa tendrá que cubrir el 70% de la indemnización, según la decisión del jurado.
Este caso se centra en el diseño adictivo de las plataformas, en lugar de en el contenido que generan. Los expertos creen que este enfoque puede abrir la puerta a más demandas de este tipo. Actualmente, hay alrededor de 1,500 casos similares pendientes contra diversas plataformas de redes sociales.
Además, el juicio se da en un momento en que la presión sobre las empresas tecnológicas es creciente. Ayer, un jurado en Nuevo México también encontró a Meta culpable de ocultar información relacionada con la explotación sexual infantil y le impuso una multa de 375 millones de dólares.
Este veredicto marca un antes y un después en la forma en que se aborda la responsabilidad de las plataformas digitales sobre la salud mental de sus usuarios. La decisión del jurado puede sentar un precedente importante para futuras demandas y cambios en la industria.
