El exgobernador priísta de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, compareció este jueves ante un juzgado estatal junto con sus ex secretarios de Gobierno y Finanzas, Arnoldo Ochoa González y Carlos Noriega García, respectivamente, por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos durante su administración (2016–2021).
Una de las acusaciones más graves apunta al destino opaco de un crédito bancario por 500 millones de pesos solicitado en 2020, supuestamente para ampliar el presupuesto de la obra insignia de su sexenio: el C5i. De ese monto, 400 millones no han podido ser justificados. El dinero iba a ser destinado, además, a la remodelación del Palacio de Gobierno, pero no hay evidencia de que esa obra se haya concretado.
Además, Peralta enfrenta una denuncia penal por ordenar el pago de casi mil millones de pesos a bancos —a unas semanas de concluir su gestión— mientras suspendía el pago de nómina a más de 5 mil trabajadores del gobierno estatal.
A esto se suman señalamientos por haber otorgado de forma irregular bases laborales a más de 200 empleados en 2021, así como por la venta de un predio público en Villa de Álvarez, conocido como la Ecogranja, a un precio de 240 pesos por metro cuadrado, cuando su valor comercial era varias veces superior. El terreno era utilizado por el DIF estatal para actividades educativas con niñas y niños.
En tanto, Arnoldo Ochoa está implicado por avalar los pagos a la banca en lugar de priorizar las obligaciones laborales del gobierno, y Carlos Noriega García ya fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 72 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado.
Al salir de la audiencia, Peralta Sánchez se negó a dar declaraciones, argumentando respeto al debido proceso. “Estoy alejado de la política, viendo los toros desde la barrera”, dijo. Sin embargo, el proceso judicial sigue avanzando y podría marcar un nuevo caso emblemático de corrupción en la élite priísta del occidente del país.
