Una vez más, desde uno de los escenarios políticos más importantes del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso sobre la mesa un tema que México no puede simplemente ignorar. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este 22 de septiembre, Trump afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que nuestro país debe recuperar el control de aquellas partes de su territorio que se encuentran bajo influencia de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, y esto también debe decirse para poner sus palabras en su contexto completo, aseguró mantener una muy buena relación con el gobierno mexicano y reconoció avances en la cooperación entre ambos países.
Las palabras son fuertes. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que Trump aborda el problema, especialmente cuando desde Washington se habla de utilizar el poder militar estadounidense contra organizaciones criminales en nuestra región. México es una nación soberana y la defensa de esa soberanía no puede estar sujeta a discusión. Pero defender nuestra soberanía tampoco debería significar cerrar los ojos ante un problema que existe dentro de nuestras fronteras.
Y aquí quiero hacer una precisión importante: sinceramente, no creo que toda la responsabilidad pueda depositarse simplemente sobre un gobierno, sobre un partido político o sobre una administración determinada. El problema del crimen organizado en México lleva décadas desarrollándose y ha adquirido dimensiones económicas, financieras, políticas y sociales que trascienden un sexenio.
Pensemos por un momento qué ocurriría si mañana el Estado mexicano decidiera combatir simultáneamente no solamente a quienes portan las armas, sino también a todos aquellos que administran dinero, lavan recursos, prestan nombres, constituyen empresas, adquieren propiedades, realizan operaciones financieras o protegen los intereses económicos de las organizaciones criminales. No existe una base seria que permita afirmar cuántas prisiones serían necesarias y sería irresponsable inventar una cifra. Lo que sí existe es evidencia suficiente para entender la enorme dimensión de esas redes.
En julio de este año, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones describieron estructuras integradas por operadores, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios señalados por corrupción y redes de lavado de dinero. Entre las empresas vinculadas históricamente por las autoridades estadounidenses con estas estructuras aparecen desarrollos turísticos, centros comerciales, compañías inmobiliarias, restaurantes, negocios agrícolas y empresas fachada.
Pero no tenemos que depender exclusivamente de lo que diga Estados Unidos. La propia Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México informó recientemente que, después de analizar estructuras presuntamente vinculadas al CJNG, identificó indicadores relacionados con operaciones en efectivo, vehículos de alta gama, joyas, inmuebles, transferencias internacionales, tarjetas y activos virtuales.
Ahí encontramos una parte del verdadero problema. El crimen organizado no vive solamente en la sierra, en una camioneta blindada o detrás de un arma larga. El dinero necesita circular. Necesita convertirse en propiedades, negocios, vehículos, inversiones y patrimonio. Necesita operadores y, en determinadas circunstancias, necesita corrupción y protección.
Por eso combatir únicamente al hombre armado es combatir solamente la parte visible del problema.
Existe además otra dimensión que pocas veces queremos discutir abiertamente: la normalización social del dinero proveniente de actividades criminales.
Durante muchos años hemos visto en México cómo personas relacionadas con personajes del crimen organizado terminan conviviendo dentro de círculos empresariales, sociales e incluso familiares. Aparece entonces una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos de preguntarnos de dónde salió el dinero?
No estoy diciendo que un hijo deba responder penal o moralmente por los delitos de su padre. Evidentemente no. Cada persona responde por sus propios actos. Tampoco puede condenarse a alguien simplemente por un parentesco o una amistad. Eso sería profundamente injusto.
Pero existe una diferencia enorme entre no responsabilizar a los hijos por los delitos de sus padres y convertir la riqueza de origen criminal en algo socialmente aceptable.
Porque detrás de determinados patrimonios pueden existir víctimas que nunca aparecen en las fotografías de las fiestas, las bodas o las reuniones familiares. Puede haber familias extorsionadas, empresarios despojados, jóvenes atrapados por las drogas, comunidades aterrorizadas y personas asesinadas. Cuando una sociedad termina admirando el automóvil, la casa, el rancho o la fiesta y deja de preguntarse de dónde salió el dinero, el crimen organizado ha ganado algo posiblemente más peligroso que territorio: ha ganado normalidad.
Por eso pienso que el principal motor para transformar esta situación tiene que ser la propia sociedad mexicana.
El gobierno tiene una responsabilidad enorme, por supuesto. Las fiscalías tienen una responsabilidad. Los jueces, las policías, las Fuerzas Armadas, las instituciones financieras y las autoridades fiscales también. Pero nosotros, como sociedad, tenemos otra: dejar de normalizar aquello que sabemos que destruye nuestras propias comunidades.
La evidencia internacional muestra además que el fenómeno ha dejado de limitarse desde hace mucho tiempo al narcotráfico. Organizaciones criminales mexicanas participan también en extorsión, tráfico de personas, robo de combustibles y otras economías ilícitas. El crimen organizado contemporáneo funciona cada vez más como una estructura empresarial diversificada.
En este escenario también debemos tener mucho cuidado con otro fenómeno: la guerra política y mediática.
En días recientes hemos observado una intensa discusión alrededor del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, particularmente respecto de su salario y su patrimonio. Romero rechazó públicamente esas acusaciones y afirmó que existe una campaña de difamación en su contra; sostuvo que sus propiedades fueron adquiridas desde hace décadas y negó que su salario sea superior al de la presidenta de la República.
¿Existe detrás de todos los ataques una operación política destinada a golpear a uno de los personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Es una posibilidad que algunos pueden interpretar políticamente, pero mientras no existan pruebas suficientes sería incorrecto presentarla como un hecho.
Lo que sí podemos decir es que Octavio Romero fue uno de los colaboradores importantes del gobierno de López Obrador y continúa ocupando una posición relevante dentro de la actual administración. En política existe una máxima antiquísima: divide y vencerás. Por eso tanto quienes gobiernan como quienes informan tienen una enorme responsabilidad. Las investigaciones periodísticas deben realizarse y los funcionarios deben rendir cuentas, independientemente del partido al que pertenezcan; pero las acusaciones también deben sustentarse con documentos y hechos verificables.
México necesita crítica, investigación y periodismo. Lo que no necesita es que cada acusación se convierta automáticamente en sentencia dependiendo de quién la publique o contra quién vaya dirigida.
Y llegamos entonces al otro gran concepto mencionado constantemente en la relación México-Estados Unidos: la soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido reiteradamente una relación de cooperación con Estados Unidos sin subordinación. Esa posición cobra especial importancia cuando el presidente estadounidense habla abiertamente de organizaciones criminales mexicanas como enemigos que deben ser combatidos con una estrategia mucho más agresiva. Trump llegó incluso a comparar a los cárteles con ISIS durante su discurso ante Naciones Unidas.
México debe defender su soberanía. En eso no debería existir duda. Pero la mejor defensa de nuestra soberanía no consiste únicamente en pronunciar discursos: consiste en construir un Estado suficientemente fuerte para que ninguna potencia extranjera pueda argumentar que tiene que resolver dentro de nuestro territorio aquello que nosotros no hemos podido resolver.
Soberanía significa territorio, pero también significa instituciones.
Significa policías confiables, fiscalías capaces, inteligencia financiera, tribunales funcionales, gobiernos municipales fuertes y autoridades que puedan ejercer el poder del Estado en cada rincón del país.
Precisamente por eso me parece interesante otra discusión reciente impulsada por la presidenta Sheinbaum: la propuesta de reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa enviada al Congreso propone que quien aspire a esos cargos y posea otra nacionalidad tenga que renunciar a ella antes de registrarse como candidato. La explicación de la presidenta fue que el interés de México debe estar por encima del interés de cualquier otro Estado.
En este punto sí quiero expresar claramente mi opinión personal.
Yo soy mexicano y también conozco perfectamente lo que significa tener vínculos, derechos y responsabilidades con más de un país. Respeto profundamente a los millones de mexicanos que poseen doble nacionalidad y considero que eso no disminuye en absolutamente nada su amor por México.
Pero la Presidencia de la República es diferente.
Si un mexicano con doble nacionalidad tuviera algún día el enorme honor de convertirse en candidato a presidente de México, considero razonable que en ese momento tome una decisión definitiva. Quien aspira a convertirse en jefe del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y representante máximo de nuestra nación debería asumir que su responsabilidad institucional está exclusivamente con México.
No porque poseer dos nacionalidades convierta a alguien en menos mexicano. No es eso.
Es porque la Presidencia representa algo excepcional.
Cuando alguien jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y defender los intereses de la nación, me parece congruente que no exista jurídicamente una segunda ciudadanía a la cual pueda recurrir mientras ejerce la máxima responsabilidad del Estado mexicano. Esa es mi posición y, naturalmente, habrá mexicanos que piensen diferente. Precisamente para eso existe el debate democrático.
Todo termina conectándose.
Trump habla desde Naciones Unidas sobre los cárteles. México responde defendiendo su soberanía. Nosotros discutimos hasta dónde puede llegar Estados Unidos y dónde debe comenzar nuestra propia responsabilidad. Pero quizá la pregunta verdaderamente importante no sea qué piensa Donald Trump de México.
La pregunta es qué vamos a hacer nosotros con México.
Porque ningún presidente estadounidense resolverá nuestros problemas. Ningún discurso en Naciones Unidas sustituirá a nuestras instituciones. Ninguna reforma por sí sola acabará con el crimen organizado.
México necesita recuperar espacios, instituciones y, sobre todo, valores sociales que durante décadas hemos permitido que se deterioren.
No podemos admirar el dinero y después sorprendernos por su origen. No podemos exigir gobiernos honestos mientras socialmente toleramos al que se enriqueció ilegalmente porque es amigo, vecino, conocido o familiar de alguien. No podemos exigir soberanía hacia afuera si toleramos impunidad hacia adentro.
Donald Trump lanzó desde la ONU una acusación severa contra México. Podemos rechazar su forma de expresarla, cuestionar su estrategia e incluso defendernos políticamente de cualquier intento de intervención. Pero sería un error desperdiciar la oportunidad de mirarnos también nosotros mismos.
México puede salir de esto.
Tenemos instituciones, empresarios, trabajadores, jóvenes, profesionistas, Fuerzas Armadas, servidores públicos y millones de ciudadanos que todos los días trabajan honestamente. Son infinitamente más los mexicanos que quieren vivir en paz que quienes viven del crimen.
Pero el cambio no llegará solamente desde Palacio Nacional, desde el Congreso, desde Washington ni desde Naciones Unidas.
Tiene que comenzar también en nuestra casa, en nuestras empresas, en nuestras comunidades y en nuestra manera de decidir qué conductas estamos dispuestos a aceptar.
Ánimo, mi querido México. Sí se puede salir de esto.
Pero el principal motor tiene que ser la sociedad.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
