El gobierno de Donald Trump abrirá un centro de detención de migrantes en la base militar de Fort Bliss, cerca de la frontera con México.
Este centro tendrá capacidad para cinco mil personas. La construcción comenzará con una capacidad inicial para mil migrantes.
Trump considera la lucha contra la migración ilegal una prioridad absoluta. Desde su regreso al poder, ha prometido expulsar a millones de migrantes sin visa.
Los críticos expresan preocupación por las condiciones en los centros de detención. Informes destacan abusos y trato degradante en instalaciones de Florida.
Las acciones de la administración incluyen redadas, arrestos y deportaciones en aviones militares. La situación en la frontera sigue siendo tensa y conflictiva.
Activistas advierten que se criminaliza a la población mexicana en EE.UU. por el tráfico de fentanilo, a pesar de que el 81% de los acusados son estadounidenses.
De 400 mil reos por delitos de drogas, solo el 12% está encarcelado por fentanilo. Expertos señalan que el discurso contra migrantes ignora datos oficiales.
Francisco Zamarripa, abogado en migración, afirma que los datos muestran que el 80% de los condenados por narcotráfico son ciudadanos estadounidenses. Esto contradice la narrativa oficial.
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, considera que la prioridad del gobierno estadounidense es cumplir metas numéricas, no detener criminales.
Los migrantes trabajan y contribuyen a la economía, pero su estatus los hace vulnerables. La criminalización de los migrantes no resuelve el problema del narcotráfico.
Cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, cansados del hacinamiento y largos retrasos en sus trámites migratorios, iniciaron una caravana rumbo a la Ciudad de México, buscando empleo y continuar sus procesos. Este grupo, de unas 400 personas de países como Colombia, Venezuela, Cuba y Haití, muestra un cambio de ruta respecto a las caravanas previas que buscaban llegar a la frontera norte.
En una entrevista para Reporte índigo, Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, explica que el sistema migratorio mexicano ha convertido a Tapachula en una especie de “capital de la migración”, donde la corrupción en organismos como COMAR y el INM obliga a los migrantes a pagar hasta 20 mil pesos para agilizar citas y obtener documentos que les permitan trabajar o moverse libremente.
Las caravanas no solo son una forma de protesta y autodefensa ante la inseguridad y la falta de vías legales para migrar, sino también una estrategia para evitar la extorsión de traficantes y la violencia de grupos criminales. En estas marchas, predominan familias completas, mujeres y niños, quienes encuentran en la unión una protección vital.
El interés de muchos migrantes por llegar a Estados Unidos ha disminuido debido a políticas migratorias más estrictas y los crecientes riesgos en el camino. Muchos prefieren quedarse en México o buscar oportunidades en otros países latinoamericanos, donde el proceso es menos peligroso.
Por último, Mujica denuncia un ataque a los derechos humanos tras la detención del activista Luis García Villagrán, defensor de migrantes y bajo protección gubernamental, acusado de facilitar documentos para los migrantes. Este caso es visto como un intento de frenar el libre tránsito y la defensa de esta población vulnerable.
El presidente Donald Trump anunció un nuevo censo que excluirá a inmigrantes indocumentados. La orden llega cinco años antes del próximo censo oficial de 2030.
Trump pidió al Departamento de Comercio que inicie un censo de alta precisión, utilizando datos de las elecciones de 2024. Esto genera controversia, ya que el censo tradicional incluye a todos los habitantes del país.
Actualmente, el Congreso puede ordenar censos adicionales, pero solo para fines estadísticos. Estos no deben usarse para redistribuir distritos electorales.
La medida coincide con intentos en Texas de redibujar el mapa electoral. Los demócratas en Texas se oponen y han abandonado el estado para bloquear la propuesta.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ejecutaron una emboscada el miércoles en un Home Depot de Westlake, utilizando un camión de alquiler como “caballo de Troya” para ingresar al estacionamiento y detener a hasta 16 migrantes, reportó Los Angeles Times.
Greg Bovino, jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza, denominó esta acción como la “Operación Caballo de Troya”. Tras semanas de relativa calma, la redada reactivó el temor a operativos migratorios más amplios, pese a la orden judicial que prohíbe la discriminación racial y el uso de patrullas móviles para ataques selectivos contra migrantes.
For those who thought immigration enforcement had stopped in Southern California, think again. The enforcement of federal law is not negotiable, and there are no sanctuaries from the reach of the federal government. 🇺🇸 https://t.co/jkZgG1WOdt
— Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) August 6, 2025
Un jornalero identificado como César relató que cerca de las 6 a.m., una camioneta amarilla de alquiler se acercó a los trabajadores en el estacionamiento. El conductor les pidió ayuda en español y, cuando varios se acercaron, agentes encubiertos saltaron del vehículo y comenzaron a perseguirlos. “Es la peor sensación que he tenido”, dijo César, quien frecuenta ese lugar en busca de empleo.
Un video difundido en redes muestra la parte trasera del camión abriéndose para revelar a los agentes. Penske Truck Rental, propietaria del camión, aseguró que no fue informada ni autorizó el uso de sus vehículos para esta operación y ya investiga el caso.
Penske destacó que prohíbe estrictamente el transporte de personas en el área de carga de sus unidades y reforzará sus políticas para evitar futuros usos indebidos.
Texas está capturando tres veces más migrantes que California, con un promedio de 142 arrestos diarios en comparación con 41 en el estado del demócrata Gavin Newsom.
Las políticas del gobernador Greg Abbott han intensificado la vigilancia y detención de migrantes. Desde enero, el promedio diario de arrestos ha crecido un 92% en Texas.
En contraste, California mantiene su estatus de santuario, limitando la cooperación con las autoridades migratorias. A pesar de esto, los arrestos de ICE en California han aumentado un 123%.
Ambos estados reflejan posturas opuestas sobre la inmigración. Texas refuerza su enfoque agresivo, mientras California busca proteger a los migrantes. Las diferencias en las políticas estatales marcan un claro contraste en el panorama migratorio en EE.UU.
Luis Rey García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, fue arrestado ayer en Tapachula, Chiapas, por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusado de delincuencia organizada, tráfico y Trata de Personas, confirmaron fuentes oficiales.
En 2022, fue vinculado a una investigación por la Fiscalía especializada en Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y en 1997 fue condenado a más de 12 años por secuestro y asociación delictuosa en Chiapas.
García Villagrán ha sido señalado de exponer a migrantes a riesgos extremos, cobrar por trámites de amparo y facilitar el tránsito irregular a cambio de pagos que oscilan entre 500 y 2 mil dólares. Además, ha denunciado corrupción en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Considerado por él mismo como un “elegido de Dios”, combina su discurso religioso con activismo migratorio. El año pasado expresó su apoyo a Donald Trump y criticó a la administración Biden-Harris.
El detenido organizaba caravanas migrantes desde Tapachula, siendo la más reciente prevista para este miércoles, bajo el nombre de Éxodo de la Justicia, en protesta por la falta de respuestas a solicitudes de asilo y trámites migratorios.
La detención ocurrió mientras participaba en una manifestación en el Parque Bicentenario, y se dirigía a su domicilio cuando fue capturado por autoridades federales.
Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a condados para retener a migrantes en cárceles locales, una red de apoyo comunitario en Binghamton, Nueva York, se organiza para resistir la política migratoria federal. Vecinos, iglesias y activistas han creado un “nuevo ferrocarril subterráneo” que brinda alimentos, transporte y protección a personas sin documentos, incluso organizando bodas clandestinas y cuidando a sus hijos.
De acuerdo con La Jornada, pese a que el alguacil del condado Broome firmó un acuerdo con ICE, la comunidad responde con protestas, talleres de “conoce tus derechos” y campañas contra la colaboración con autoridades migratorias. Grupos como Ciudadanos Preocupados de Binghamton y la Red de Justicia en las Cárceles impulsan leyes para prohibir que las cárceles locales sirvan de centros de detención migratoria.
Activistas locales han logrado reducir la presencia de inmigrantes detenidos en la zona, al pasar de cerca de 100 a menos de 10 personas en prisión. “ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’”, sostienen los organizadores. En un estado donde solo 4 de los 62 condados colaboran con ICE, la resistencia crece con apoyo de iglesias, mezquitas, sindicatos y prisioneros, formando un movimiento social que desafía la criminalización de la migración y exige respeto a los derechos humanos.
Durante mes y medio, barrios latinos de Los Ángeles vivieron una campaña de miedo orquestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizó 471 redadas entre el 6 de junio y el 20 de julio. De acuerdo con información recopilada por Milenio, la organización Chirla detectó que en promedio se ejecutaron 10 operativos diarios, principalmente en zonas como Panorama City, Pico Rivera y el Valle de San Fernando, donde el porcentaje de población hispana supera el 80%.
Las detenciones, muchas sin orden judicial y con agentes sin uniforme oficial, se dirigieron a trabajadores, mujeres embarazadas y ciudadanos con residencia legal o ciudadanía estadounidense, seleccionados bajo criterios de perfil racial, como hablar español, tener rasgos latinos o trabajar en empleos específicos.
Este patrón, documentado por Chirla y organizaciones aliadas, derivó en una demanda federal respaldada por la ciudad de Los Ángeles y su alcaldesa Karen Bass, la cual fue atendida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien emitió dos órdenes de restricción temporal (TRO). Una de ellas prohíbe a ICE realizar detenciones basadas en apariencia física, idioma o lugar de presencia sin sospecha razonable. La otra obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar acceso a representación legal incluso fines de semana y días festivos.
Este fallo marcó un freno legal a las redadas en California y sentó un precedente para otras ciudades del país que podrían unirse a la demanda. Mientras tanto, el Pentágono anunció el retiro de mil elementos de la Guardia Nacional de las calles de Los Ángeles, dejando únicamente 250 soldados para resguardar instalaciones federales como el Centro Metropolitano de Detención, epicentro de las protestas ciudadanas.
Las detenciones de migrantes mexicanos en Los Ángeles han caído significativamente, según Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en esa ciudad.
En un video, el cónsul informó que el personal del consulado realiza visitas diarias al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A partir de las visitas diarias que @ConsulMexLan 🇲🇽 realiza al centro ICE B-18 en Los Ángeles, hemos visto una disminución en las detenciones migratorias.
⚠ Esta situación puede cambiar. ⚖ Consulta a un abogado. Acércate a nosotros
— Carlos González Gtez (@carlos_glezgtez) August 1, 2025
González Gutiérrez destacó que, a mediados de junio, el consulado entrevistaba de 25 a 30 personas al día. Esta semana, el número bajó a solo 5 o 6 entrevistas diarias.
El cónsul aseguró que el personal consular continúa visitando a los detenidos para garantizar acceso a medicamentos, alimentos y representación legal. Esta acción sigue las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Juan Ramón de la Fuente.
A pesar de la disminución, el cónsul advirtió que esta tendencia podría ser temporal. Llamó a la comunidad mexicana a mantenerse alerta y buscar orientación legal confiable. El Consulado ofrece diagnósticos migratorios gratuitos por abogados especializados.
“Seguiremos trabajando todos los días para proteger tus derechos. Estamos para servir”, concluyó González Gutiérrez.
