La sanción confirmó el uso ilegal de recursos públicos para financiar al PRI en Chihuahua y exhibió una red de pagos a actores políticos, empresarios y comunicadores durante el gobierno de César Duarte.
El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo efectiva una multa de 97 millones 916 mil 665 pesos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI por la recepción ilegal de recursos públicos provenientes de la llamada “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. La sanción fue cubierta mediante descuentos al financiamiento público ordinario del partido y deriva de una resolución ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La investigación del INE acreditó que durante 2015 se desviaron recursos del erario de Chihuahua para beneficiar al PRI mediante un esquema de entrega de dinero en efectivo. De acuerdo con el expediente, a través de la Secretaría de Hacienda estatal se emitían cheques que eran cobrados por una empresa de traslado de valores; posteriormente, el efectivo regresaba a la tesorería para ser distribuido conforme a instrucciones del entonces gobernador.
Las indagatorias establecieron que 39.1 millones de pesos fueron entregados al entonces secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, como presuntos “apoyos extraordinarios”, mientras que el resto de los recursos era utilizado para cubrir compromisos personales y políticos de César Duarte. La autoridad electoral concluyó que el partido recibió aportaciones prohibidas por la legislación vigente, motivo por el cual impuso la sanción económica.
El caso también exhibió una red de corrupción integrada por funcionarios, políticos, empresarios y representantes de distintos sectores que habrían recibido recursos públicos de manera ilegal. Al menos 11 beneficiarios aceptaron haber cobrado dinero del erario y se acogieron al criterio de oportunidad, devolviendo parte de los recursos a cambio de colaborar con las investigaciones. Entre ellos figuran el exalcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, así como exlegisladores y exfuncionarios de distintas fuerzas políticas.
La resolución del TEPJF sostuvo que la multa cumple un efecto disuasivo y rechazó los argumentos del PRI para evitar el descuento de su financiamiento público. El caso de la “nómina secreta” forma parte de la Operación Justicia para Chihuahua, mediante la cual se han recuperado cerca de 2 mil millones de pesos entre sanciones, devoluciones, aseguramientos y créditos fiscales. A la fecha, el expediente continúa siendo uno de los casos más emblemáticos sobre el presunto desvío de recursos públicos con fines político-electorales durante la administración de César Duarte.
Con información de Zona Free.
