El alcalde de Toluca aclaró que, aunque las multas continúan suspendidas, las grúas retirarán los vehículos mal estacionados y el pago será para empresas concesionadas.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que la emisión de infracciones al Reglamento de Tránsito permanece suspendida en la ciudad. Sin embargo, advirtió que los vehículos que se estacionen en zonas prohibidas sí podrán ser retirados con el uso de grúas.
El funcionario explicó que la ley actual faculta retirar un automóvil si obstruye espacios restringidos. En estos casos, el Ayuntamiento de Toluca únicamente emite la orden de retiro para que una empresa concesionada realice el traslado de la unidad hacia el corralón correspondiente.
Ricardo Moreno puntualizó que el pago por el arrastre de los automóviles no ingresa al Gobierno municipal. Dicho cobro se realiza directamente a las empresas que cuentan con una concesión otorgada por el Gobierno del Estado de México.
Además, precisó que estas concesiones están sujetas a las tarifas autorizadas por la Secretaría de Movilidad. Por ello, los prestadores de este servicio están obligados a respetar el tabulador oficial vigente, lo cual busca evitar cobros abusivos o fuera de la ley cuando un vehículo es trasladado.
Las sanciones del INE y los embargos laborales siguen vaciando las arcas del tricolor, que ahora ve cómo buena parte de su financiamiento público se destina a pagar sus propios adeudos.
Al PRI en Hidalgo ya no solo le cuesta trabajo ganar elecciones, ahora también batalla para mantener a flote sus finanzas. El partido acumula 17 millones 279 mil 918 pesos en multas y embargos, una cifra que refleja años de irregularidades administrativas, problemas de fiscalización y conflictos laborales. Mientras presume ser una opción política, el tricolor destina buena parte de sus prerrogativas a cubrir deudas en lugar de fortalecer su estructura.
Del monto total, 16 millones 734 mil pesos corresponden a cinco sanciones firmes impuestas por irregularidades detectadas en procesos electorales y en la revisión de los informes anuales de 2019, 2022 y 2023. Entre ellas destacan 2.4 millones de pesos por anomalías en la elección local de 2024, además de multas por 6.3 millones y 7.6 millones de pesos derivadas de observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el partido fue sancionado por omitir comprobantes fiscales durante la fiscalización.
Como si el panorama no fuera suficiente, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) deberá descontar de manera gradual estas cantidades de las prerrogativas que recibe el PRI, pues las resoluciones ya quedaron firmes. En otras palabras, el financiamiento público del partido terminará sirviendo para pagar los errores acumulados durante años. Parece que el viejo lema de “vivir del presupuesto” ahora viene acompañado de una larga lista de adeudos.
El tricolor también enfrenta dos embargos derivados de laudos laborales. Uno ordena retener 85 mil 116 pesos a favor de un extrabajador, mientras que otro asciende a 460 mil 685 pesos, aunque por ahora solo podrán descontarse 149 mil 283 pesos, debido a que primero deben cubrirse las multas y los salarios del personal. Los embargos aún pueden ser impugnados, pero evidencian que los problemas financieros del partido van mucho más allá de las campañas electorales.
Por si faltara otro dolor de cabeza, el PRI y el PT impugnaron la redistribución de prerrogativas aprobada por el IEEH para financiar a nuevos partidos políticos. Sin embargo, con un historial de multas millonarias y recursos comprometidos, el reclamo del tricolor resulta difícil de vender: antes de exigir más dinero público, quizá debería explicar por qué terminó convirtiendo sus prerrogativas en una caja para pagar sanciones. Al PRI de Hidalgo no solo le pesan los años; también le pesan las cuentas por pagar.
Cuatro agrupaciones enfrentan sanciones por irregularidades en el manejo de recursos y reporte de gastos; podrían perder la posibilidad de obtener su registro para 2027.
El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila imponer multas por hasta 7 millones 724 mil pesos a cuatro organizaciones de la sociedad civil que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales, debido a presuntas irregularidades relacionadas con el origen de sus recursos y el reporte de gastos. De confirmarse las faltas, las agrupaciones también podrían enfrentar la negativa de su registro para participar en las elecciones de 2027.
De acuerdo con un anteproyecto elaborado por la consejera Rita Bell López, la organización “Que Siga la Democracia”, vinculada al exmorenista Edgar Garza, recibiría la sanción más alta, por 2 millones 842 mil pesos. El INE detectó gastos no reportados por ese monto, considerados los más elevados entre las agrupaciones evaluadas.
La segunda multa más alta sería para “México Tiene Vida A.C.”, ligada a Jaime Ochoa, por 2 millones 661 mil 227 pesos. Entre las irregularidades señaladas se encuentran aportaciones en efectivo superiores a los límites permitidos y recursos cuyo origen no pudo ser acreditado, incluido un donativo de un millón 221 mil pesos que no comprobó su legalidad.
Asimismo, “Construyendo Sociedades de Paz”, fundada por Hugo Eric Flores, podría ser sancionada con un millón 788 mil 333 pesos, mientras que “Personas Sumando”, organización vinculada a Guadalupe Acosta Naranjo y promotora del partido “Somos México”, enfrentaría una multa de 472 mil 923 pesos.
El Consejo General del INE discutirá las sanciones este viernes y tendrá hasta el 25 de junio para determinar si otorga o niega el registro como partidos políticos nacionales a estas organizaciones.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 32 proveedores por irregularidades en contrataciones. Se impusieron multas y restricciones para asegurar la transparencia en el sector público.
En un firme paso contra la corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó la sanción de 32 proveedores y contratistas en el primer trimestre de 2026. Este esfuerzo busca fortalecer la integridad en las compras públicas y combatir la impunidad.
La sanción se impuso entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Durante este periodo, se aplicaron multas que suman 15 millones 677 mil pesos y se impusieron 28 inhabilitaciones. Estas sanciones impiden a los proveedores participar en contratos con el gobierno por periodos que van de tres meses a dos años.
La mayoría de las infracciones se debieron a la presentación de información falsa. De los 32 casos, 24 implicaron datos engañosos en procesos de contratación. Dentro de las dependencias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lideró la lista de sanciones, con un total de 14 proveedores sancionados.
Las actividades económicas más afectadas por estas sanciones incluyen la prestación de servicios, que representa un 37.5% de los casos. El sector salud le sigue con un 34.37%, mientras que la adquisición y arrendamiento de bienes y la construcción ocupan un 15.62% y un 12.5%, respectivamente.
Cada uno de los proveedores sancionados fue notificado adecuadamente. Además, la información se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Los nombres de las personas físicas y morales también se encuentran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, disponible en línea.
La Secretaría reitera su compromiso con la transparencia y legalidad en las contrataciones públicas. Al sancionar las infracciones, se busca dar un mensaje claro: los contratos públicos tienen consecuencias. Es un paso crucial hacia un gobierno más honesto y responsable.
El tribunal de Taganski, Rusia, impuso nuevas multas a redes sociales y sitios web por no retirar información considerada ilegal, las autoridades insistieron en el control de información en línea.
Un tribunal del distrito de Taganski, Moscú, sancionó a varias plataformas digitales por no retirar contenidos considerados prohibidos por la legislación rusa. Las multas alcanzaron cerca de 17.8 millones de rublos, lo equivalente aproximadamente a más de 235 mil dólares.
Entre las empresas señaladas se encuentra Pinterest, que recibió una sanción de 46 mil 300 dólares por no limitar el acceso a ciertos contenidos. En el caso de Tiktok, la multa ascendió a 92 mil 600 dólares debido a faltas similares, lo que elevó la presión sobre estas redes sociales en territorio ruso.
Asimismo, Flickr fue sancionada con más de 50 mil dólares así como Wikimedia Foundation, quien es respaldada por Wikipedia, con más de 47 mil dólares, ambas por no haber eliminado información que las autoridades consideraron ilegal.
En los últimos años, Rusia ha multado de manera reiterada a diversas compañías como Apple, Amazon, Meta Platforms Inc,. Google, Telegram así como X, por motivos similares. Las autoridades han argumentado que las plataformas no retiraron con rapidez contenidos relacionados con drogas, suicidio o información considerada falsa, por lo que se ha mantenido entre el gobierno y las empresas en una gran tensión.
Las sanciones totales pasaron de más de 706 millones a 462 millones de pesos, luego de que consejeros aceptaran argumentos de los partidos y enviaran varios casos a procesos que podrían tardar años en resolverse.
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió reducir las multas impuestas a los partidos políticos por irregularidades detectadas en sus gastos ordinarios de 2024, pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) documentó diversas anomalías contables. La medida benefició a todas las fuerzas políticas, al disminuir de manera significativa el monto total de sanciones.
De acuerdo con la información revisada por el organismo electoral, las multas globales pasaron de 706.9 millones de pesos a 462.9 millones, luego de que los consejeros aceptaran diversos argumentos presentados por los partidos. Además, varios expedientes fueron enviados a “procedimientos oficiosos” o de “seguimiento”, lo que podría alargar durante años la resolución definitiva de los casos.
El partido con más irregularidades detectadas fue el Partido del Trabajo (PT), que logró la mayor reducción de sanciones, pasando de 215 millones de pesos a 93.5 millones, lo que representa un descuento cercano al 60 por ciento. En varios de los expedientes, la decisión de enviarlos a investigación adicional redujo de inmediato el monto de las sanciones.
Otros partidos también se vieron beneficiados con ajustes. El PRI pasó de 112.1 millones a 98.8 millones de pesos, mientras Morena redujo sus sanciones de 84.8 millones a 59.5 millones. En el caso del PAN, la multa bajó de 85.6 millones a 45.17 millones, mientras Movimiento Ciudadano pasó de 43 millones a 20.1 millones y el Partido Verde de 40.3 millones a 19.9 millones.
Durante la discusión, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió que enviar los expedientes a procedimientos oficiosos traslada al propio INE la carga de la prueba, cuando en realidad los partidos tienen la obligación de comprobar sus gastos. También señaló que algunos gastos fueron acreditados únicamente con facturas genéricas sin identificar a los beneficiarios, lo que genera dudas sobre su legalidad.
La revisión realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización incluyó 553 informes anuales de ingresos y gastos presentados por siete partidos políticos. Entre las irregularidades más frecuentes se detectaron egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista y uso indebido de recursos destinados a actividades específicas, conductas que ahora podrían tardar años en resolverse.
El Instituto Nacional Electoral detectó egresos sin comprobar, gastos no reportados y otras irregularidades en la fiscalización del financiamiento de partidos durante 2024.
El Instituto Nacional Electoral (INE) colocó al Partido del Trabajo (PT) como el partido con mayores multas por irregularidades en ingresos y gastos durante 2024, al acumular sanciones por 215 millones de pesos, de acuerdo con los proyectos que serán analizados por el Consejo General del organismo electoral.
El monto forma parte de un total de 706.9 millones de pesos en sanciones a partidos políticos, resultado de la revisión de millones de documentos y reportes financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, un año electoral en el que se disputaron 629 cargos federales —incluida la Presidencia de la República— y más de 20 mil puestos locales.
Según fuentes electorales, entre las irregularidades detectadas en el PT destacan cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad y gastos que no pudieron comprobarse, como el caso de boletos de avión reportados sin evidencia de uso. Tan solo en el ámbito federal, las anomalías atribuidas a su dirigencia nacional derivaron en investigaciones que suman aproximadamente 181 millones de pesos.
En la lista de sanciones le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 112.1 millones de pesos en multas, además de 87.7 millones adicionales correspondientes a dirigencias estatales. En tercer lugar aparece el Partido Acción Nacional (PAN), con 85.6 millones de pesos, mientras que Morena podría enfrentar sanciones por 84.8 millones.
Más atrás se encuentran Movimiento Ciudadano (MC) con 43 millones de pesos, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.3 millones, la mayoría de estas últimas relacionadas con irregularidades en el ámbito local.
El análisis del INE también revela que las faltas más comunes entre los partidos políticos son los egresos no comprobados y los gastos no reportados, que en conjunto representan 45.44% de las sanciones aplicadas.
Durante 2024, los partidos políticos recibieron más de 9 mil 900 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 6 mil 609 millones fueron para gasto ordinario y 3 mil 304 millones para campañas electorales.
El propio INE advirtió que las multas aplicadas en procesos electorales anteriores no han sido suficientes para frenar estas prácticas, por lo que insistió en fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó documentos falsos en procesos de contratación pública y aplicó multas e inhabilitaciones para proteger el interés público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de cuatro proveedores para participar en licitaciones y contrataciones de la administración pública federal, luego de comprobar que presentaron información falsa en distintos procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las sanciones fueron aplicadas a través del Órgano Interno de Control del instituto y forman parte de la estrategia de cero tolerancia a la corrupción en compras gubernamentales.
De acuerdo con la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, las resoluciones incluyen multas económicas y periodos de inhabilitación que van de un año a un año con tres meses, dependiendo de la gravedad de cada caso. Las irregularidades se detectaron en licitaciones nacionales, internacionales y adjudicaciones directas relacionadas con servicios médicos y suministros hospitalarios.
Entre los sancionados se encuentra María Esther Barrios Cabrera, multada con 643 mil pesos e inhabilitada por un año por entregar documentación ambiental falsa en una licitación de manejo de ropa hospitalaria. Asimismo, Gvicoa S.A. de C.V. recibió una sanción superior a 745 mil pesos y un año tres meses de inhabilitación por presentar un oficio apócrifo atribuido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
También fueron castigadas Comercializadora Svr, S.A. de C.V., por falsear una carta de apoyo en la compra de material terapéutico, y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., por intentar acreditar de forma irregular prórrogas de registros sanitarios en insumos del programa IMSS-Bienestar.
Las sanciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación e inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a las empresas contratar con el gobierno federal. La Secretaría reiteró que defenderá estas medidas para salvaguardar la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
La Comisión Nacional de Agua encontró irregularidades dentro de concesiones y sancionó múltiples casos de extracción ilegal de agua durante 2025.
Durante una revisión de 536 mil expedientes, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), identificó 980 casos graves de extracción ilegal de agua, conocida como aguachicoleo, además de 52 mil irregularidades en títulos de concesión y aprovechamientos de aguas nacionales.
En todo el país se llevaron a cabo 5 mil 682 visitas de inspección, de las cuales 3 mil 826 estuvieron centradas en cuencas y acuíferos. Entre las irregularidades más frecuentes se encontraron excavaciones sin autorización, uso indebido al concedido y falta de equipos de medición o mal funcionamiento de los mismos.
Como resultado, la Conagua aplicó 416 clausuras temporales, 252 definitivas, 25 caducidades de volumen, siete revocaciones y 25 suspensiones de concesiones. Además, se impusieron 835 multas por un total de 167.7 millones de pesos, principalmente en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Yucatán.
La dependencia explicó que las 52 mil inconsistencias en títulos son errores menores en nombres, direcciones o datos mínimos que se pueden corregir administrativamente, sin afectar los derechos de los concesionarios. El objetivo es garantizar el uso legal y responsable del agua en todo el país.
La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó sanciones por un total de 28.1 millones de pesos para los principales partidos políticos en México.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó decisiones controvertidas este miércoles. Por un lado, revocó una multa de 20 millones de pesos impuesta al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta multa se había aplicado debido a un estudio que se consideró como plagiado.
Los magistrados votaron de manera dividida con tres a favor y dos en contra. Los que apoyaron la revocación argumentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no demostró adecuadamente que el PRI incurriera en una infracción por el gasto del estudio. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien presentó el proyecto, destacó que el INE falló en analizar la originalidad del texto. Además, no se probaron las afirmaciones sobre el plagio.
En su resolución, el INE había acusado al PRI de cometer infracciones relacionadas con el financiamiento y uso de recursos durante el año 2019. No obstante, la Sala Superior consideró que no hubo un análisis suficiente del destino de los fondos.
Por otro lado, la Sala también anuló una multa de 8.1 millones de pesos aplicada al Partido Acción Nacional (PAN). El INE había argumentado que el partido había simulado servicios contratados. No obstante, los magistrados concluyeron que no había pruebas suficientes para demostrar la conducta irregular del PAN.
Las decisiones de la Sala Superior generan un debate sobre las sanciones financieras impuestas a los partidos políticos y su compromiso con la transparencia. La revocación de estas multas deja abierta la discusión sobre la supervisión electoral y la rendición de cuentas en el sistema político mexicano.
