El Congreso capitalino considera imponer multas de 281 mil pesos y hasta 12 años de prisión a quienes acaben con la vida de perros o gatos, además de penas más severas por violencia sexual contra animales.
El Congreso de la Ciudad de México evaluó una iniciativa, la cual propone hasta 12 años de prisión y multas de 281 mil pesos para quienes acaben con la vida de los perros o gatos. La reforma al Código Penal capitalino, presentada por la diputada Janette Guerrero, busca aumentar las sanciones por violencia sexual contra animales, imponiendo seis años de prisión así como multas de hasta 234 mil pesos.
Los casos de maltrato o crueldad contra animales tendrán sanciones de dos a seis años de cárcel así como sanciones económicas que van de 70 mil a 117 mil pesos. A quienes mantengan o respalden lugares ilícitos destinados al sacrificio de animales recibirán de cuatro a ocho años de prisión, además de multas adicionales.
La diputada Guerrero Maya destacó que los animales ya son reconocidos como seres sintientes en la Constitución de la CDMX; asimismo, enfatizó que este reconocimiento debe acompañarse de medidas legales efectivas.
La legisladora señaló la relación entre el maltrato animal y la violencia social, la crueldad se aprende y se transmite, por lo que proteger a los animales también ayuda a prevenir conductas violentas y a fortalecer la convivencia en la ciudad.
El Tribunal Electoral confirma multas a Movimiento Ciudadano por no combatir la violencia política de género y al PAN por un curso no realizado.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó sanciones a dos partidos políticos importantes en México. La primera multa afectó a Movimiento Ciudadano (MC), que recibió una penalización por no cumplir con las normas que protegen a las mujeres en la política.
En su fallo, los magistrados del TEPJF subrayaron que MC no modificó sus estatutos a tiempo. Esta omisión impide que se prevenga la violencia política contra las mujeres y se garantice la paridad en las candidaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya había señalado que MC solo cumplió parcialmente con sus obligaciones, lo que llevó a esta decisión.
Por otro lado, el TEPJF también aprobó una multa de 3 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN). Esta sanción se debe a que el PAN no pudo comprobar la realización de un curso de capacitación en fiscalización. El tribunal indicó que no había pruebas que respaldaran la existencia del curso, por lo que la justificación del partido no fue aceptada.
El magistrado Gilberto Bátiz, al presentar este caso, sostuvo que el INE tiene la responsabilidad de supervisar a los partidos políticos en cuestiones de transparencia y protección de datos. Este fallo enfatiza la importancia de que las organizaciones políticas cumplan con sus obligaciones para garantizar un entorno electoral justo y equitativo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los más de 160 jueces sancionados en la elección judicial pagar sus multas en parcialidades, tras detectar irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos, así como por el uso de acordeones físicos y digitales durante la jornada electoral.
De acuerdo con información de Excélsior, las sanciones impuestas suman más de 24 millones de pesos, incluyendo 6.3 millones por acordeones, 10 millones por fallas en campañas federales y 8 millones en elecciones locales. El INE notificará al SAT para que los sancionados soliciten beneficios fiscales y paguen sus deudas en abonos.
Cada multado podrá decidir el orden y forma de pago, según su capacidad económica. Las sanciones fueron individualizadas porque las candidaturas se financiaron con recursos propios, no públicos. Las principales faltas detectadas incluyen egresos no comprobados, ingresos prohibidos y aportaciones irregulares.
El INE contabilizó más de 8 mil fallas solo en el proceso federal y aplicó más de 10 millones de pesos en sanciones. El monto máximo por uso de acordeones no puede exceder el 10% del tope de gastos de cada cargo.
El aguachicol —extracción ilegal de agua— continúa sin freno en México: de 292 pozos clandestinos detectados, 117 fueron clausurados, pero 175 siguen operando, pese a haber recibido solo sanciones administrativas o multas, según un informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
De acuerdo con una investigación de La Razón, estas tomas ilícitas se distribuyen en 24 estados, con mayor concentración en Guanajuato (62), Chihuahua (31), Morelos (24), Coahuila (23) y Puebla (20). Las entidades sin registros son: CDMX, Chiapas, Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.
El reporte advierte que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 no contempla este tipo de extracciones ilegales como amenaza, lo que compromete su efectividad. Tampoco aborda riesgos derivados del cambio climático ni la mala planeación urbana y rural.
Las multas más altas alcanzaron los 423 mil pesos, como en casos de pozos con uso pecuario en Monclova, o agrícola en San Lorenzo Cacaotepec (Oaxaca). Sin embargo, el volumen exacto de agua sustraída no ha sido determinado, lo que impide conocer la magnitud real del daño.
Juan José Hernández, director del Igavim, señaló que la extracción irregular seguirá creciendo si no se incluye dentro de la estrategia hídrica nacional: “Si no puedes visualizar el problema, no puedes monitorearlo ni detener la sobreexplotación”, advirtió.
Además, indicó que muchas de estas tomas se realizan en negocios que tienen permisos legales pero rebasan los volúmenes autorizados por la creciente escasez.
El Instituto Nacional Electoral (INE) resolverá este lunes si sanciona a 118 personas electas para integrar el Poder Judicial, tras haber sido señaladas por aparecer en los llamados “acordeones” de votación, materiales que sugerían apoyar perfiles específicos en la elección judicial.
De acuerdo con una investigación de La Jornada, las multas propuestas por la Comisión de Fiscalización varían entre amonestaciones públicas y hasta 146 mil pesos, aunque no implican la pérdida del cargo ganado. La aparición en estos documentos, impresos o digitales, representó una ventaja indebida, según el proyecto.
Entre las figuras más destacadas está Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una sanción de 39 mil 712 pesos, y la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con la multa más alta entre los integrantes de la Corte: 127 mil 508 pesos.
También se propone multar con 146 mil 884 pesos a Celia Maya, quien encabezará el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
Por otro lado, el INE no encontró pruebas suficientes para sancionar a Morena, PT o PVEM, partidos que habían sido denunciados por presuntamente financiar los acordeones y al menos cinco sitios web con el mismo fin.
Aunque no se anularán nombramientos, el caso abre un precedente en la fiscalización del inédito proceso de elección judicial, donde el uso de herramientas informativas cruzó la línea hacia la ventaja indebida.
Los partidos políticos en México acumulan una deuda de más de 360 millones de pesos por multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente por recibir aportaciones prohibidas, no reportar gastos o usar recursos públicos con fines propagandísticos.
De acuerdo con cifras actualizadas del INE, citadas en una investigación de Misael Zavala para El Heraldo de México, el PRI encabeza la lista con 132.8 millones de pesos en sanciones, seguido del PVEM con 96.1 millones y el PT con 55.2 millones. Les siguen el PAN (52.9 millones), Movimiento Ciudadano (17 millones) y Morena, con 5.9 millones, a pesar de ser el partido con mayor financiamiento.
Las multas se aplican tanto a las dirigencias nacionales como estatales y se descuentan directamente de los recursos públicos que reciben mes con mes. De 2023 a 2024, el INE retuvo 395.8 millones de pesos por este concepto.
El dinero recaudado por estas sanciones es transferido al CONAHCyT para destinarlo a programas educativos. Mientras tanto, los partidos continúan operando en números rojos por no cumplir con las normas electorales.
CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos.
En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se aplicaron 16 sanciones, 13 relacionadas con prevención de lavado, por un total de 53.6 millones de pesos.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a estas instituciones de facilitar el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a organizaciones criminales, señalamiento que México calificó de infundado por falta de pruebas.
CIBanco reafirmó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales, y su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por un total de más de 92 millones de pesos. CIBanco fue multado con 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa enfrentó sanciones por 26 millones de pesos.
Las multas fueron impuestas entre el 25 y 30 de junio, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro. Las instituciones fueron señaladas por no cumplir con diversas disposiciones para prevenir el lavado de dinero y por fallas operativas.
La CNBV identificó problemas en los sistemas de recepción y registro de órdenes de compra-venta de acciones. También hubo omisiones en la entrega de información a los inversionistas y en la actualización de prospectos de fondos de inversión.
Además, las tres entidades financieras no cumplieron con las políticas de comunicación con organismos autorregulatorios. Estas faltas generan preocupación entre los reguladores sobre los riesgos en el sistema financiero.
Las infracciones ocurrieron entre 2021 y 2024, y aún no han sido pagadas. Las instituciones pueden impugnar las multas mediante recursos de revisión o juicios de nulidad.
Si aceptan las infracciones, las instituciones pueden obtener un descuento del 20 por ciento si pagan en los siguientes quince días hábiles. Las sanciones se canalizan a la Tesorería de la Federación, el SAT o Banxico.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones para grupos delictivos. Ante esto, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones, reemplazando a sus directivos.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ordenó a todos los bancos estadounidenses cortar transferencias que involucren a estas instituciones. Aunque se dio una prórroga, el nuevo plazo para cumplir con estas medidas es el 4 de septiembre.
El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado un nuevo delito en el Código Penal, tipificando los “pinchazos” como una amenaza creciente . La reforma, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina y la diputada Tania Nanette Larios Pérez , busca proteger a la población de la administración subrepticia de sustancias.
La nueva ley establece penas de dos a cinco años de prisión y multas que van de 50 a 300 días para quienes introduzcan sustancias sin consentimiento. Este cambio responde a un alarmante aumento en las denuncias de pinchazos, especialmente en el Metro. Los legisladores argumentan que esta medida es esencial para salvaguardar la integridad física y mental de los ciudadanos.
La reforma no solo aborda la tipificación del delito, sino que también busca incrementar las penas en casos donde se administren sustancias psicoactivas o cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables. Además, se contemplan sanciones más severas si el ataque se lleva a cabo en medios de transporte.
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó la importancia de este avance legislativo. La práctica delictiva implica introducir un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona sin su conocimiento, lo que puede alterar su estado. Las víctimas han reportado síntomas como mareos y confusión tras recibir el pinchazo.
Legisladores de distintos partidos expresaron su apoyo a la iniciativa. La diputada Olivia Garza de los Santos reconoció que, aunque la propuesta es un avance, aún se necesita endurecer las penas. En cambio, la diputada YuririAyala Zúñiga consideró que esta medida representa un paso significativo hacia la protección de los usuarios del transporte público.
El diputado Jesús Sesma Suárez afirmó que este dictamen reafirma el compromiso del gobierno capitalino con los derechos humanos. Por su parte, la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz señaló que los más vulnerables a estas agresiones son mujeres y jóvenes, quienes enfrentan riesgos en espacios públicos.
La diputada Patricia Urriza Arellano enfatizó que el problema de seguridad en el Metro va más allá de los pinchazos. La necesidad de un entorno seguro es crucial. Esta reforma pretende abordar una realidad preocupante y brindar a los ciudadanos la protección que merecen.
Con esta legislación, la Ciudad de México se posiciona como una de las primeras capitales en América Latina en tipificar la administración subrepticia de sustancias. La diputada Elizabeth Mateos Hernández celebró esta iniciativa, destacando su relevancia en un contexto donde la seguridad ciudadana es vital.
El nuevo delito representa un esfuerzo por parte del Congreso para adaptarse a las nuevas modalidades delictivas. Cada legislador reconoció la importancia de actuar rápidamente ante este problema, asegurando que todos los ciudadanos puedan viajar sin miedo en el transporte público.
Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en un auténtico experto en perder dinero. Su equipo, Mazatlán FC, ha acumulado 160 millones de pesos en multas por ser el peor en la tabla porcentual. Tal vez debería considerar cambiar su nombre a “Mazatlán FC: la máquina de perder dinero”.
Pero eso no es todo. Las empresas de Grupo Salinas también han visto días oscuros. Al igual que su club, parece que sus negocios siguen la misma tendencia de caer al fondo.
Mientras Mazatlán paga 80 millones de pesos por perder una vez más, otros clubes como FC Juárez celebran sus logros. Los Bravos han dejado atrás las malas costumbres y ahora pelean por un lugar en el Play-In. Quizás Salinas debería pedirles algunos consejos sobre cómo ganar en lugar de perder.
La próxima temporada será crucial. Los aficionados y los inversionistas esperan más que solo pérdidas. Si Salinas no encuentra la fórmula mágica para ganar, pronto podría convertirse en un chiste en el mundo del fútbol y los negocios. ¡El rey de las multas y las pérdidas sigue en su trono!
