Un juez de Bogotá ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella restituir en 48 horas las obras retiradas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con diversidad sexual, feminismo y procesos de paz. La resolución exhibe los riesgos de una decisión que, desde el principio, confundió la gestión cultural con la imposición ideológica y atentó contra la libertad artística.
Apenas a mediados de octubre, el gobierno de Abelardo de la Espriella retiró decenas de obras del Museo Nacional de Colombia con el argumento de evitar el “adoctrinamiento político”. La decisión provocó protestas y acciones judiciales, pues las piezas abordaban temas como diversidad sexual, feminismo y memoria histórica. El problema era evidente desde el inicio: un gobierno no puede convertir sus prejuicios ideológicos en criterio para decidir qué expresiones culturales merecen existir en un museo.
La justicia colombiana respaldó los reclamos y ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional devolver todas las piezas retiradas el 15 de octubre, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. El fallo determinó que su retiro ocurrió sin una justificación curatorial acreditada y restringió injustificadamente el derecho de la ciudadanía a conocer y apreciar esas expresiones culturales.
La resolución no obliga a exhibir las obras de manera permanente ni impide modificar las exposiciones; exige que esas decisiones respondan a criterios técnicos y curatoriales, no al desacuerdo ideológico de las autoridades. Aun así, el gobierno puede apelar el fallo en un plazo de tres días. La orden judicial representa un revés para una administración que había defendido la idea de impedir que los espacios culturales fueran “captados” por el llamado “socialcomunismo ateo”.
El episodio deja una lección fundamental: la libertad artística no está subordinada al gusto, la moral ni la ideología del gobernante de turno. Los museos deben poder mostrar obras incómodas, críticas o contrarias al poder, porque la cultura también sirve para cuestionar, recordar y debatir.
Si una autoridad puede retirar piezas simplemente porque no comparte sus ideas, el siguiente paso es convertir el patrimonio cultural en propaganda oficial. Y eso, más que combatir el adoctrinamiento, es imponerlo desde el poder.
