Museos colombianos rechazaron la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar del Museo Nacional de Bogotá piezas relacionadas con la diversidad sexual, los movimientos feministas, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz con las FARC. Las instituciones exigieron autonomía cultural y advirtieron que borrar contenidos por motivos ideológicos empobrece la comprensión de la historia.
Seis instituciones culturales colombianas alzaron la voz contra la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas del Museo Nacional de Bogotá por abordar temas políticos y sociales incómodos para el poder. El Museo de Arte Moderno de Bogotá, el de Barranquilla, el de Cartagena, el de Medellín, el Museo Rayo y el Museo de Arte Moderno del Tolima emitieron una declaración conjunta para cuestionar una medida que pone en entredicho la independencia de los espacios culturales.
Las obras y contenidos afectados están relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Los museos advirtieron que retirar objetos de la mirada pública por razones ideológicas limita la capacidad de la sociedad para comprender su pasado. Una institución cultural no está para contar únicamente las historias que agradan al gobierno en turno, sino también para preservar la memoria, mostrar contradicciones y abrir debates.
La postura de los recintos es contundente: la respuesta a las omisiones de un museo debe ser investigar más, incorporar nuevas voces y enriquecer las narraciones, no censurar aquello que incomoda al poder. Aunque reconocieron que toda exposición puede ser incompleta, defendieron que la solución consiste en ampliar la representación histórica, especialmente de los grupos que durante años han sido excluidos. La diversidad de perspectivas no debilita la historia; permite comprenderla con mayor profundidad.
Por ello, las instituciones exigieron autonomía para que ningún gobierno dicte los contenidos culturales según sus afinidades políticas y solicitaron a la ministra de Cultura, Paola Holguín, garantizar esa independencia y promover una revisión pública y fundamentada de las decisiones.
La censura no deja de ser censura porque se presente como una decisión administrativa o una revisión de contenidos: retirar piezas por su orientación política o social abre la puerta a que el gobierno manipule la memoria colectiva. Cuando el poder decide qué puede ver y conocer la ciudadanía, no está protegiendo la cultura, sino borrando la historia.
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