La situación en el Poder Judicial de la Federación ha dado un giro inesperado. Nacional Financiera (NAFIN) ha transferido más de 10,260 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirma que esta acción se realizó sin su consentimiento.
El CJF, que opera estos recursos a través de fideicomisos, recibió la noticia de la transferencia sin previo aviso. El consejo asegura que no giró instrucciones para que se realizara este movimiento. Este hecho ha llevado al CJF a emprender medidas legales y de conciliación.
Las autoridades del CJF señalaron que esta entrega se realizó sin consultarles en su calidad de fideicomitente. En su comunicado, subrayaron que se violaron las cláusulas del contrato que rige la administración de los fondos.
Además, el CJF recordó que, según la reforma al Poder Judicial, los jueces que declinen su candidatura o no sean electos tienen derecho a un pago extraordinario. Este pago debe financiarse con los recursos que provengan de la extinción de los fideicomisos.
Por su parte, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), envió una carta al CJF. En ella, solicitó que los jueces que se retiraron por jubilación o voluntariamente reciban la indemnización correspondiente. Este pago debería haberse realizado antes de diciembre de 2024.
Fuentes Velázquez expresó que el Estado Mexicano ha incumplido con esta obligación. Esto representa una violación de los derechos de los jueces que han solicitado el pago.
La directora de Jufed también enfatizó que el oficio SEPLE./27/GEN./003/1333/2025 debe asegurar el cumplimiento del pago extraordinario. Esto incluye a quienes ya se han separado de sus cargos y a quienes lo harán en el futuro. El cumplimiento de esta obligación no debe depender de la disponibilidad de recursos.
Finalmente, la Jufed instó al CJF a que realice el pago de manera inmediata. En caso de que haya algún impedimento, pidieron una explicación detallada que justifique la imposibilidad de realizar el pago. Esto permitirá a la Asociación defender los derechos de los jueces afectados.
