Frida Sofía Guzmán, nieta del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, expresó su respaldo a su padrastro, el boxeador Julio César Chávez Jr., detenido el 2 de julio en Los Ángeles por problemas con su visa y una orden de aprehensión en México.
La joven de 19 años publicó en sus historias de Instagram una foto con una banda roja en la cabeza bordada con el nombre de Chávez Jr., símbolo tradicional de apoyo en las peleas del boxeador, sin hacer comentarios sobre el proceso legal.
Frida Sofía, hija de Frida Muñoz y Édgar Guzmán López —hijo del ‘Chapo’ fallecido en 2008—, vive en Estados Unidos con su familia y mantiene una buena relación con su padrastro, a quien acompañó recientemente a una pelea contra Jake Paul.
En 2022, Chávez Jr. confirmó conocer a Ovidio Guzmán, otro hijo de ‘El Chapo’, a quien describió como “una buena persona” y mostró respeto hacia él, separando sus relaciones personales de rumores externos.
Desde abril, en la administración Trump se baraja la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra cárteles mexicanos. La propuesta —que había quedado en segundo plano— ha retomado fuerza en las últimas semanas, alimentando el debate sobre la soberanía de México y las medidas unilaterales de Estados Unidos.
Seis funcionarios estadounidenses, entre ellos Tom Homan, revelaron que el plan incluye operativos con drones contra objetivos estratégicos del narco, como líderes, vehículos o almacenes, y que aunque aún no hay decisión oficial, no se descartan acciones encubiertas sin el consentimiento del gobierno mexicano.
Estados Unidos ha incrementado sus vuelos de vigilancia sobre territorio mexicano, con autorización del actual gobierno. Según exfuncionarios, la Casa Blanca busca crear una plataforma de inteligencia para una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado, al que califica como amenaza para la seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que “se rechaza cualquier forma de intervención o injerencia. México colabora, pero no se subordina”. Ha aclarado que el enfoque debe estar en las causas estructurales, la inteligencia y la coordinación, no en bombardeos desde el extranjero.
Un juez federal en Baja California rechazó suspender la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., pendiente desde 2023 por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, con supuestos vínculos al Cártel de Sinaloa.
El juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez concedió una suspensión limitada: si Chávez Jr. es detenido en México, deberá ser presentado de inmediato ante el Ministerio Público y no podrá ser incomunicado ni maltratado.
La demanda de amparo enfrenta riesgo de ser desechada si no se ratifica en un plazo máximo de tres días. Además, su abogado debe aclarar en qué juzgado continuará el proceso, ya que inicialmente fue presentada ante un tribunal en la Ciudad de México.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que Chávez Jr. ha promovido hasta seis amparos para evitar su detención al ingresar al país, pero negó que se le haya concedido alguna suspensión provisional.
Gertz Manero acusó también a autoridades estadounidenses de proteger al boxeador, quien vivía libre en ese país y contrajo matrimonio, a pesar de la orden de captura vigente en México desde 2023.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó grabaciones de audio sobre la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena a la defensa de Rafael Caro Quintero, reveló The Guardian.
Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico y por su presunta participación en el crimen ocurrido en México en 1985.
Durante una audiencia reciente, la fiscalía estadounidense calificó las cintas como “altamente sensibles”. Aunque no se detalló cuántas grabaciones existen ni su contenido exacto, algunas transcripciones ya habían sido presentadas en un juicio de 1988.
Medios internacionales y el ex agente de la DEA Héctor Berrellez no descartan que en los audios pueda aparecer la voz del exagente de la CIA Félix Rodríguez, presuntamente involucrado en el caso.
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. tendrá este lunes 7 de julio su primera audiencia en Estados Unidos para definir su situación legal, informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
La defensa del pugilista, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa, ha promovido varios amparos para que pueda enfrentar su proceso en México y evitar su detención, señaló Gertz Manero.
Chávez Jr. fue detenido el pasado 3 de julio en Los Ángeles, California, tras vencer su visa de turista. La FGR confirmó que existen órdenes de aprehensión vigentes desde marzo de 2023 por delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas.
El titular de la FGR recriminó a autoridades estadounidenses por permitir que el boxeador se estableciera y actuara con libertad, pese a las solicitudes formales para su arresto. Chávez Jr. incluso solicitó una visa de residencia permanente amparándose en su matrimonio con Frida Muñoz, ligada a la familia de ‘El Chapo’ Guzmán.
Este no es el primer problema legal del pugilista en EE.UU.: en 2012 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y sin licencia, y en enero de 2024 fue detenido por posesión de armas ilegales, pagando una fianza bajo la condición de ingresar a un centro de rehabilitación.
Además, está vinculado conOvidio Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Chicago.
La Fiscalía de Estados Unidos ha compartido nuevas evidencias en el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Las pruebas incluyen grabaciones de audio del interrogatorio y tortura del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El fiscal Joseph Nocella envió una carta a los abogados de Caro Quintero, donde detalla las evidencias bajo la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal. Este documento incluye grabaciones que vinculan a Caro Quintero con actividades criminales y fotografías de asesinatos ocurridos en 1981 y 1985.
La fiscal Saritha Komatireddy confirmó que el gobierno de Estados Unidos aún evalúa si solicitará la pena de muerte. La próxima audiencia está programada para el 18 de septiembre de 2025, donde se decidirá el futuro del caso.
El juez Frederick Block programó esta cita para determinar si se avanzará a juicio o se considerará un acuerdo. La fiscalía también afirmó que la pena de muerte “sigue sobre la mesa”.
Caro Quintero enfrenta múltiples cargos, incluyendo dirigir una empresa criminal y conspiración para asesinato. Este narcotraficante es conocido por ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.
Recientemente, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 29 líderes de cárteles mexicanos. La fiscal Komatireddy destacó que existen registros de su participación en el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. Las grabaciones de la tortura a Camarena se presentarán como “pruebas sensibles” en el juicio.
Traficaron drogas, lavaron dinero, ejecutaron y armaron al crimen organizado en México, pero hoy varios de ellos caminan libres en Estados Unidos. Son al menos 23 criminales confesos que, a cambio de colaborar con la justicia estadounidense, han obtenido beneficios procesales que incluyen la libertad, pese a haber pertenecido a cárteles que Washington ha clasificado como organizaciones terroristas.
Entre ellos hay seis ex miembros del Cártel de Sinaloa, como Sergio Villarreal “El Grande”, Jesús Zambada “El Rey”, Vicente Zambada “El Vicentillo“, Pedro Flores, Tirso Martínez “El Futbolista” y Harold Poveda “El Conejo“, quienes han testificado en juicios clave contra Genaro García Luna y Joaquín “El Chapo ” Guzmán. Muchos de ellos ya están libres, con la condición de seguir disponibles como testigos.
Otros nombres son Óscar Nava Valencia “El Lobo” y su contador Elpidio Mojarro Pilo, testigos contra El Menchito, hijo del líder del CJNG. Ambos fueron líderes del Cártel del Milenio, parte de la Federación de Sinaloa, y lograron su libertad tras pactar con autoridades estadounidenses.
También hay colombianos en la lista, como Chupeta Ramírez y Jorge Cifuentes, socios directos del Chapo, así como operadores menos visibles, como Christian Rodríguez (exinformático del Chapo),Héctor Villarreal (extesorero de Coahuila), y El Jaguar, exjefe de sicarios del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
Algunos, como Pedro y Margarito Flores, construyeron redes de narcotráfico desde Chicago; uno de ellos incluso vive bajo nueva identidad como “consultor en seguridad”.
La lista cobra relevancia por estar integrada por miembros de cárteles señalados por la administración de Donald Trump como grupos terroristas: Sinaloa, CJNG y Los Zetas.
En contraste, otros personajes como Emma Coronel, Jessica Johanna Oseguera y Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo“, se declararon culpables pero no colaboraron. Sus sentencias fueron reducidas por evitar ir a juicio, pero sin beneficios adicionales.
Washington ha convertido la figura del testigo colaborador en una de sus herramientas más efectivas para desmantelar redes criminales, aunque eso implique dejar libres a quienes un día fueron piezas clave del narco mexicano.
VISA desconectó las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluida la CICash Multicurrency, tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.
La medida, que tomó por sorpresa al banco, fue notificada el domingo por la noche y confirmada el lunes al mediodía. Entró en vigor a las 14:00 horas de este lunes, informó CIBanco en un comunicado dirigido a sus clientes.
El banco aseguró que los fondos están protegidos y podrán ser reembolsados en moneda nacional o extranjera, según disponibilidad. CIBanco también acusó a VISA de incumplir el plazo de 21 días que había señalado el Tesoro estadounidense.
La intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha provocado la salida de importantes clientes corporativos. Se prevé que la fuga continúe en los próximos días.
El sistema financiero de Estados Unidos mueve cada año 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, sin que un solo banco haya sido sancionado o investigado, pese a las evidencias del propio Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el 95% de las alertas por lavado de dinero vinculadas con el tráfico de fentanilo se registran en bancos de EE. UU., un país que concentra la mayor población de consumidores de opioides en el mundo.
En los reportes bancarios de 2023, se identificaron mil 246 operaciones sospechosas relacionadas con el fentanilo y movimientos financieros por mil 400 millones de dólares. Toda la cadena —desde la compra de precursores hasta el blanqueo del dinero— pasa por bancos estadounidenses.
FinCEN confirmó que Estados Unidos es el trampolín del sistema financiero global para lavar dinero del narco. Le siguen México y China. Solo los bancos de EE. UU. concentran el 57% de las alertas, con epicentros en California, Florida, Nueva York y Arizona.
Pero mientras el Tesoro señala a bancos en otros países —como Vector, CIBanco e Intercam en México—, el sistema bancario estadounidense goza de impunidad, aunque su papel sea clave en el circuito financiero del narcotráfico.
El contraste es brutal: en EE. UU. es más fácil abrir una empresa fantasma que sacar una tarjeta de biblioteca, según la organización Integridad Financiera Global, que además ha documentado el lavado de 2 mil 300 millones de dólares en bienes raíces.
Las autoridades sí actúan, pero contra las “mulas” del dinero. Ayer mismo, el Departamento de Justicia anunció la sentencia de José Manuel Martínez Gómez, alias “El Meño”, operador financiero del CJNG, condenado a 100 meses de prisión por lavar 5.4 millones de dólares mediante criptomonedas.
