La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.
De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.
El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.
La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, criticó duramente la maniobra de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien intenta adelantar la selección de los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) antes de que concluya su mandato en la Corte.
Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum calificó como un intento de “albazo” la jugada de Piña, señalando que los ministros actuales “ya se van”, pues su salida está programada para el 1 de septiembre, cuando entrará en funciones la nueva integración de la SCJN, cuyos miembros serán elegidos por voto popular.
“Es absurdo, ya se van los ministros y ministras de la Corte actual (…) ¿Qué quiere hacer la ministra presidenta? Pues es adelantarse, ellos ya se van, se van en agosto, ellos dejan ya su cargo. El 1 de septiembre entra la nueva Corte conformada por 9 personas (…) Quieren adelantarse, quieren dar un albazo, dejar ellos su propio órgano administrativo (…) Está muy mal”, declaró Sheinbaum.
El señalamiento de la mandataria respalda la denuncia hecha por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien alertó sobre este intento de “madruguete” encabezado por Norma Piña y otros ministros de la Corte. De acuerdo con Ortiz, la Constitución establece que la designación de los integrantes del OAJ corresponde a la nueva integración de la SCJN y no a los actuales ministros, quienes perderán su cargo en unos meses.
Sheinbaum explicó que para que este albazo se concrete, se necesitan al menos ocho votos en el Pleno de la Corte, algo que, según dijo, no sería posible, pues ministras como Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes sí participarán en la nueva elección judicial, probablemente votarán en contra del acuerdo impulsado por Norma Piña.
Finalmente, la presidenta recomendó a los ministros de la SCJN enfocarse en cumplir su trabajo en los meses que les quedan, en lugar de intentar tomar decisiones que no les corresponden.
“Que en estos 5 meses que les quedan, se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes, por ejemplo, ¿Por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno, a lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público, y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte que va a ser elegida por el pueblo de México”, concluyó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, denunció públicamente lo que calificó como un intento de usurpación por parte de un grupo de ministros del máximo tribunal del país. Según Batres, el propósito de estos ministros es designar anticipadamente a tres integrantes del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), lo que consideró como un acto “inmoral” y contrario a la Constitución.
El OAJ es un organismo que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal en la administración de finanzas y recursos del Poder Judicial de la Federación, conforme a la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. Este órgano contará con cinco integrantes: uno nombrado por el Ejecutivo Federal y cuatro designados por la SCJN.
Esta mañana, en la sesión del pleno de la SCJN estaba incluido en el orden del día la votación de un acuerdo para la elección de 3 de los 5 miembros del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de acuerdo con el cual se realizaría ¡mañana!
Según la reforma, los miembros del pleno del OAJ deben ser designados el próximo 10 de septiembre. Sin embargo, Batres advirtió que un grupo de ministros intenta adelantar el nombramiento, lo que contravendría el artículo 100 de la Constitución.
La ministra también señaló que este intento podría ser una estrategia para perpetuar el control de la SCJN sobre los recursos financieros del Poder Judicial de la Federación y evitar futuras auditorías. En su opinión, esto constituye una confesión de parte respecto a posibles irregularidades en la administración actual.
Además, Batres destacó que este lunes el intento de nombramiento anticipado no prosperó debido a la ausencia de uno de los ministros, lo que impidió alcanzar la votación calificada necesaria. No obstante, el acuerdo no ha sido retirado, lo que mantiene la preocupación en torno a un posible abuso de poder.
Finalmente, Lenia Batres hizo un llamado a respetar el cumplimiento de la Constitucióny advirtió que obstaculizar los procesos establecidos podría representar una grave violación a los principios democráticos y legales que rigen al Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
La visita de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a Madrid para participar en la XII Cumbre de Mujeres Juristas abre un amplio debate sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con el sistema judicial en México.
Foto: Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Mientras Piña aboga desde el extranjero por la defensa del Estado de Derecho, su presencia en una nación que se ha convertido en un refugio para exiliados políticos mexicanos plantea interrogantes sobre su autenticidad y la efectividad de su mensaje.
A pesar de su papel como líder del máximo tribunal en el país, Piña ha hecho de su misión pública una defensa constante de la independencia judicial, a menudo criticando la situación del sistema legal en México. Sin embargo, su participación en un foro internacional, en lugar de enfocarse en la problemática local, puede interpretarse como un intento de capitalizar su figura en el ámbito internacional mientras el país enfrenta una seria crisis seria judicial.
España un refugio para políticos mexicanos
La elección de España como destino no es trivial. Este país ha sido el hogar de varios políticos mexicanos que, tras enfrentarse a la justicia o a la opinión pública, han optado por el exilio. Figuras como Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, Felipe Calderón entre otros han encontrado en la península ibérica un refugio, lo que pone en tela de juicio la credibilidad de quienes buscan soluciones desde lejos.
La presencia de Piña en este contexto puede ser vista como una contradicción: ¿cómo puede abogar por la independencia judicial y el Estado de Derecho en México mientras se encuentra en una nación que simboliza la fuga de políticos que eluden la rendición de cuentas?
Además, su mensaje sobre la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, aunque relevante, se diluye en el contexto de su ausencia en la Corte y las decisiones críticas que enfrenta el sistema judicial mexicano.
Falta dde compromiso de la ministra presidenta
La ministra destaca que la defensa de la independencia judicial es responsabilidad de toda la sociedad, pero al parecer, su compromiso se manifiesta más en foros internacionales que en acciones concretas en el país.
Es fundamental cuestionar si la defensa de la independencia judicial de Piña es una genuina preocupación por el bienestar de la ciudadanía o si es simplemente una estrategia para posicionarse en el ámbito internacional, sin abordar las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema judicial en México.
La verdadera protección de los derechos fundamentales y la promoción de un Estado de Derecho sólido requieren no solo palabras, sino acciones decididas y un compromiso real desde el corazón del sistema judicial.
En un momento en que la confianza de la SCJN se encuentra en niveles críticos, la figura de Norma Piña debería ser un faro de esperanza y no una imagen que evoca la evasión. La independencia judicial debe defenderse en México, no desde España.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó su propuesta para revisar la anulación de un crédito fiscal por más de 4,306 millones de pesos en favor de un casino.
El caso, identificado como solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 1789/2024, se refiere a un adeudo impuesto en 2019 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Juegos del Bajío, S.A. de C.V., correspondiente a impuestos sobre la renta (ISR), valor agregado (IVA) y empresarial a tasa única (IETU), además de recargos y multas.
Hoy, la Segunda Sala de la SCJN le quitó al Estado la oportunidad de recuperar más de 4,306 millones de pesos de un adeudo fiscal de un casino que al parecer falsificó documentos. pic.twitter.com/Khy4Npnhjz
Lenia Batres explicó que el SAT intentó impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que había fallado a favor de la empresa al considerar que el fisco no actuó dentro de los plazos legales. Sin embargo, la SCJN rechazó la solicitud de revisión, manteniendo el fallo a favor del casino.
La ministra criticó la decisión, argumentando que esta postura limita la capacidad del SAT para defender sus resoluciones fiscales, lo que contraviene el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. También destacó que la SCJN sí ha admitido recursos similares en el pasado, específicamente en 2023, cuando se aceptaron los expedientes 146/2019, 147/2019 y 644/2019.
Batres señaló que este criterio afecta la capacidad de las autoridades para combatir irregularidades fiscales, ya que, en este caso, el crédito fue cancelado con base en documentos notariales que el magistrado calificó como apócrifos.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la votación de hoy quedó tres votos en contra y siete votos a favor, señalando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) no tienen la capacidad de invalidar suspensiones de amparo contra la Reforma al Poder Judicial.
Así mismo, el supremo tribunal presidido por la ministra Norma Piña dio un plazo de 24 horas a los jueces de distrito que las otorgaron que presenten nuevos resolutivos.
Para mi es muy claro que el problema en abstracto es: la sala superior del TEPJ ¿puede decidir ella o las otras autoridades deben acatar o no una suspensión dictada por un juez de distrito?… yo creo que no, yo creo que para eso están las vías recursivas”, sentenció Piña, intentando obstaculizar una vez más el proceso de la Elección Judicial que ya nadie podrá detener y se llevará a cabo en junio próximo.
El TEPJF no puede decidir cuándo acatar o no una resolución de un juez de distrito: ministra presidenta de la SCJN Norma Piña. pic.twitter.com/bAxFsl5S9b
Ahora bien, lo que no pasó fue la propuesta de emitir un exhorto a las autoridades federales para dar cumplimiento a las suspensiones ordenadas por jueces en contra de la Reforma Judicial.
Tanto el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado de la República y, en su momento, los Comités Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo no acataron las suspensiones en contra del proceso de elección extraordinaria 2024-2025, incluida la Elección Judicial de personas juzgadoras prevista para el 1 de junio próximo 2025.
Por su parte, la ministra del pueblo Lenia Batres, denunció la contradicción y el evidente sesgo de la SCJN, que obedece a la dirección de la ministra Norma Piña.
…entonces caeríamos nosotros en una contradicción porque no estamos asumiendo como válida la actuación del TEPJ, es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea valida”, contrastó la ministra Lenia Batres.
El tribunal electoral emite una orden y la #SCJN busca invalidarla…
Pero el juzgado de distrito emite una orden y exige su validez 🤷♂️
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es improcedente la solicitud del Tribunal Electoral para que la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excusaran de participar en la sesión sobre la elección judicial.
Esta resolución impacta e interfiere directamente en los asuntos del TEPJF y daña el proceso electoral que pretende poner al centro la voz popular. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo público un proyecto de sentencia en el que ordena a todas las instancias involucradas, incluido el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), a acatar las suspensiones definitivas relacionadas con la elección.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Por mayoría de seis votos a tres, el pleno de la @SCJN desechó la petición del @TEPJF_informa para que Norma Piña y secuaces se excusaran de participar en el debate sobre los amparos contra la reforma judicial. pic.twitter.com/tI89F1l2Q1
El debate en la SCJN mostró posturas encontradas entre los ministros. Margarita Ríos Farjat, quien llegó al máximo tribunal propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, votó en contra de la solicitud del Tribunal Electoral, alineándose con la mayoría.
En contraste, las ministras del pueblo, Lenia Batres y Loreta Ortiz, también propuestas por el exmandatario, apoyaron la petición de excusar a los cuatro ministros que pretenden obstaculizar la democratización del Poder Judicial.
En una postura firme sobre la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia y facultades para intervenir en disputas entre jueces y magistrados en materia electoral. Destacaron que la Constitución establece que las sentencias del TEPJF son inatacables, reafirmando su carácter de última instancia.
Durante una conferencia de prensa, Soto Fregoso lamentó la existencia de un presunto proyecto atribuido al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se describe la situación del Tribunal Electoral como una “gran tragedia” y con un tono que, según la magistrada, está escrito con “lágrimas y dolor”.
“El tribunal está juzgando con apego a lo que gramaticalmente dice la Constitución”, enfatizó Soto Fregoso, subrayando la legalidad de las resoluciones aprobadas por mayoría dentro del órgano electoral.
Asimismo, informó que a las 9:47 de la mañana de este lunes, el TEPJF envió su respuesta a la SCJN, y solicitó que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes han hecho comentarios sobre el tema en medios de comunicación, se excusen de votar el próximo 13 de febrero.
Esta declaración refuerza la defensa de la autonomía del TEPJF frente a posibles intentos de intervención por parte de la Ministra Norma Piña y su séquito de ministros conservadores que llevan meses intentando sabotear no solo el proceso electoral judicial, sino la voluntad de decenas de millones de mexicanos que votaron por las reformas de la Cuarta Transformación.
